El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639), con el objetivo de corregir lo que considera deficiencias estructurales de la norma vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación y busca reducir la incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, frena proyectos productivos en distintas provincias.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la legislación actual genera superposición de competencias, discrecionalidad en su aplicación y conflictos con las jurisdicciones provinciales, que por mandato constitucional son dueñas de los recursos naturales. En ese sentido, el proyecto apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.
Según el comunicado oficial, la reforma establece criterios más precisos para identificar qué glaciares deben ser protegidos por cumplir una función hídrica efectiva. Además, refuerza estándares ambientales ya vigentes y elimina interpretaciones amplias que, a juicio del Gobierno, bloquearon inversiones bajo fundamentos ideológicos.
Más rol para las provincias y evaluación técnica
El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige preservar el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
En esa línea, la propuesta fortalece el rol de los gobiernos provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. También promueve la integración de capacidades técnicas y científicas locales, y una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y confiable al momento de tomar decisiones.
Desde el Ejecutivo destacan que el proyecto se inscribe en un esquema de “federalismo ambiental responsable”, que busca reglas claras y previsibles para todos los actores. La iniciativa responde, además, a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a reclamos históricos de provincias mineras y productoras de recursos estratégicos.
Entre ellas se encuentran Catamarca, Jujuy y Salta, que integran la Mesa del Litio, y Mendoza y San Juan, vinculadas al desarrollo cuprífero. El Gobierno solicitó al Congreso un tratamiento rápido del proyecto durante las sesiones extraordinarias.
El respaldo del sector minero
La propuesta fue bien recibida por el sector minero, que considera clave una actualización normativa para destrabar inversiones. Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, sostuvo que la definición sobre la Ley de Glaciares será determinante para el futuro de los proyectos anunciados.
“Lo que está en discusión hoy es cómo se define la Ley de Glaciares. Eso va a determinar si los anuncios de inversión se convierten en proyectos concretos o quedan solo en anuncios”, afirmó en diálogo con +E.
En la misma línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado en el que remarcó que existe consenso en proteger los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el artículo 1° de la ley vigente.
Sin embargo, la entidad planteó la necesidad de aclarar que no todos los glaciares cumplen esa función, y que las definiciones deben realizarse caso por caso, con sustento técnico y participación de especialistas. También reclamó una delimitación precisa del rol de las provincias, en línea con lo establecido por la Constitución.
Desde CAEM subrayaron que una redacción clara y previsible permitiría compatibilizar el desarrollo productivo y la infraestructura con el cuidado ambiental, al tiempo que generaría empleo y contribuiría al crecimiento económico del país.
