El conflicto judicial por el proyecto Vicuña sumó un nuevo capítulo luego de que la empresa confirmara que mantiene su actividad normal en San Juan, pese a la resolución dictada por la Justicia de La Rioja que ordenó la suspensión de tareas por 30 días. La firma aseguró no haber sido notificada formalmente.
Desde la compañía señalaron que hasta el momento no recibieron ninguna comunicación oficial vinculada con la medida judicial. Esa situación, remarcaron, impide evaluar jurídicamente el alcance del fallo y definir eventuales pasos a seguir en el corto plazo.
“No hemos sido oficialmente notificados de ninguna resolución. Cuando seamos notificados y la estudie el equipo de legales veremos los siguientes pasos”, indicaron desde la empresa, según informó Huarpe.
La operación minera continúa sin cambios
Mientras la controversia crece entre ambas provincias, desde la firma remarcaron que la operación minera no sufrió alteraciones. Según indicaron, las tareas previstas continúan desarrollándose con normalidad en territorio sanjuanino y sin restricciones operativas hasta ahora.
“Vicuña va a seguir operando con absoluta normalidad”, afirmaron desde la compañía, descartando por el momento cualquier paralización en el proyecto que se convirtió en uno de los desarrollos más observados de la región cordillerana.
La situación expone un escenario de incertidumbre respecto de la aplicación efectiva de la medida judicial riojana. El fallo exige la presentación de un estudio de impacto ambiental en La Rioja antes de permitir nuevas actividades vinculadas al emprendimiento.
El reclamo ambiental de La Rioja
La acción fue impulsada por la Fiscalía de Estado de La Rioja, que sostuvo que el proyecto podría generar consecuencias ambientales más allá de los límites jurisdiccionales de San Juan. Bajo ese argumento, pidió la suspensión preventiva de actividades relacionadas con Vicuña.
El secretario de Ambiente riojano, Santiago Azulay, defendió la postura provincial y remarcó que el planteo busca garantizar autonomía institucional y control ambiental sobre el territorio involucrado por el desarrollo minero.
“Somos exigentes y pedimos que se respete nuestra soberanía y nuestra autonomía provincial”, sostuvo Azulay al explicar la posición oficial de La Rioja frente al avance del proyecto.
Camino cortado y tensión política
Según explicó el funcionario, la resolución judicial comprende distintas tareas vinculadas con el emprendimiento, incluyendo circulación de vehículos, obras logísticas y actividades que eventualmente puedan producir impactos ambientales directos o indirectos.
En ese marco, también quedó interrumpido el tránsito sobre el camino de unos 140 kilómetros que atraviesa territorio riojano y conecta con la zona del proyecto, incluyendo sectores próximos a la reserva natural Laguna Brava.
“Cualquier actividad que pueda generar impacto queda comprendida dentro de la medida”, afirmó Azulay al referirse al alcance del fallo judicial dispuesto por los tribunales riojanos.
La salida que planteó La Rioja
Pese a la tensión generada, desde La Rioja dejaron abierta una vía rápida de resolución. El gobierno provincial indicó que, si la empresa presenta el estudio ambiental requerido, la suspensión podría levantarse de inmediato.
“Si la empresa presenta el estudio de impacto ambiental, la suspensión se levanta inmediatamente”, aseguró el funcionario, que también señaló que existieron instancias previas de diálogo con la compañía y autoridades sanjuaninas.
El conflicto por Vicuña combina intereses productivos, ambientales y políticos. Mientras San Juan sostiene la continuidad operativa del proyecto, La Rioja exige participación institucional en una discusión que promete seguir escalando.
