SAESA, firma argentina de comercialización energética, y SPARK, firma de soluciones técnicas en ingeniería, presentaron ante las autoridades nacionales una propuesta de iniciativa privada para el reacondicionamiento y puesta en operación comercial de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP), ubicada en la provincia de Neuquén. La PIAP es la mayor instalación de producción de óxido de deuterio (D2O) del mundo y se encuentra inactiva desde 2017.
“La PIAP es un activo estratégico único en el mundo. Con su reactivación, Argentina entra al TOP 5 de productores mundiales de agua pesada, junto a Canadá, India, Rumania y China. Hoy le cuesta al país más de 12 millones de dólares al año sin producir nada. Nuestra propuesta convierte ese pasivo en un activo exportador de primer nivel mundial, al servicio de la energía nuclear, la farmacéutica y la investigación científica global”, afirmó Juan Bosch, CEO de SAESA.
La construcción de la PIAP requirió una inversión de US$ 1.000 millones. Entró en operación comercial en 1993 y alcanzó su récord de producción en 1998. El agua pesada (D2O) es un insumo crítico para los generadores de energía nuclear de tipo CANDU en operación en Canadá, India, Rumania, Corea del Sur y China, así como para la industria farmacéutica de compuestos deuterados, la investigación científica y la industria de semiconductores.
Sobre el proyecto
La PIAP cuenta con los recursos técnicos y humanos para transformar el gas natural y la energía de Vaca Muerta — disponibles en abundancia en la provincia de Neuquén — en agua pesada de alta pureza para exportación. La planta procesará hasta 600.000 m³/día de gas, convirtiendo uno de los recursos energéticos más abundantes de Argentina en un producto de exportación sofisticado que integra al país a las cadenas productivas globales de energía nuclear, salud, biotecnología y farmacéutica.
La propuesta de SAESA y SPARK contempla una inversión de capital privado de U$S 120 millones para modernizar las instalaciones de la PIAP, sin requerir desembolso del Estado, con proyección de puesta en operación comercial dentro de un plazo de 36 meses a partir de la aprobación del proyecto.
