El estudio de impacto ambiental y social del gasoducto y el poliducto de Argentina LNG en Río Negro fue presentado este lunes en la audiencia pública convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande. La jornada permitió analizar los cuatro estudios ambientales del proyecto que estuvieron a cargo de la consultora Serman & Asociados.

La exposición estuvo a cargo de Mariano Mikulicic, director del área ambiental de la consultora, y de María Eugenia Lahaye.

El proyecto prevé transportar gas natural rico por un ducto de 48 pulgadas y condensados no estabilizados por un poliducto de 24 pulgadas. Ambos irán desde Meseta Buena Esperanza, en Neuquén, hasta el norte de la sierra de Sierra Grande. Son 526 kilómetros: 82 en Neuquén y 444 en Río Negro.

El estudio abarcó todas las etapas: la movilización de equipos y personal, la construcción, la operación y el cierre, con la desafectación y retiro de las instalaciones. Además de los ductos, la obra suma válvulas de bloqueo, trampas scraper y estaciones de medición a lo largo de la traza.

Cómo se estudió la traza

El primer paso fue armar la línea de base ambiental y social, una radiografía de la zona antes de la obra. Para eso trabajó un equipo multidisciplinario de abogados ambientales, biólogos, geólogos, sociólogos, arqueólogos, paleontólogos, limnólogos y químicos, que midieron desde el riesgo geológico hasta la calidad del aire y el ruido.

En el plano biológico se relevaron la vegetación, la fauna y los organismos del río Limay. También se identificaron las áreas protegidas cercanas. “La traza no es atravesada por ningún área protegida”, aclaró Lahaye frente al público.

En el plano social se analizaron los usos del suelo, las poblaciones cercanas y los caminos que las conectan. El estudio detectó la presencia de la comunidad Leufuche, cuyo territorio es atravesado por la traza en la zona próxima al río Limay.

Con toda esa información se hizo un análisis de sensibilidad, que marca dónde hay que reforzar los controles, por ejemplo los relevamientos arqueológicos. El resultado fue una sensibilidad de baja a media, porque los ductos pasan lejos de las principales localidades y de zonas de alto valor para la biodiversidad.

Una metodología, no una opinión

Para cruzar la obra con el ambiente, la consultora aplicó la norma NAG-153, que fija cómo evaluar los proyectos de transporte de gas. “No es apreciativa, no es que ‘me parece que’”, explicó Lahaye, que insistió en que la calificación de cada impacto surge de un método cuantitativo.

Cada impacto se mide por su intensidad, su extensión, el momento en que ocurre, cuánto perdura, si es reversible, si se suma a otros impactos o proyectos y si se repite en el tiempo. También se evalúa si es positivo o negativo y cuán recuperable resulta.

Los impactos se concentran en la obra

Como en toda infraestructura lineal, el grueso de los impactos aparece durante la etapa constructiva, cuando hay que abrir la tierra, enterrar los caños y volver a taparlos. La obra avanza por tramos, con dos o tres frentes de trabajo en paralelo, y no interviene toda la traza al mismo tiempo.

Primero se abre una pista de trabajo y se retira la vegetación. Después se cava la zanja, se colocan y conectan los ductos y se vuelve a cubrir. Durante ese período, los superficiarios no pueden usar esa franja de sus campos.

Para acelerar la recuperación, el diseño ya incluye una medida clave: la capa superficial del suelo, donde están las semillas y la materia orgánica, se guarda por separado. Al tapar la zanja se usa esa misma tierra, lo que favorece la revegetación natural de la traza.

El gasoducto y el poliducto se construirán de manera simultánea, en zanjas separadas pero sobre una misma pista. Una vez terminados, quedarán en paralelo a 10 metros de distancia, una separación de seguridad fijada por normativa internacional, y a una profundidad que variará según el suelo y los cruces.

El cruce del río Limay

El paso más delicado es el del río Limay. Allí se hará una perforación horizontal dirigida: el ducto pasará por debajo del lecho y entrará y saldrá lejos de las orillas y de la llanura de inundación. El río tiene allí unos 200 metros de ancho, y el cruce se proyecta con unos 1000 metros de largo.

Los demás cursos de agua, muchos de ellos temporales, fueron analizados con estudios topográficos e hidrológicos. El objetivo es que los ductos no alteren el escurrimiento superficial ni provoquen inundaciones o erosión. En rutas y vías férreas, la mayoría de los cruces será subterránea.

Durante la operación, los impactos son de menor importancia, pero duran toda la vida útil del proyecto. El estudio destaca la compatibilidad de usos: la ganadería, principal actividad sobre la traza, puede seguir sobre los ductos. Lo que queda prohibido es excavar en esa franja.

Otro impacto que se extiende en el tiempo son las emisiones fugitivas de metano, propias de este tipo de instalaciones. Para el cierre, el estudio prevé impactos similares a los de la construcción, porque los ductos deberán limpiarse y quedar en el lugar o ser desenterrados.

Cuatro ductos en el mismo corredor

El estudio incluyó un análisis específico de impactos acumulativos. En un sector de la traza conviven cuatro obras lineales: el gasoducto y el poliducto de Argentina LNG, el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el gasoducto de San Matías, del otro proyecto de GNL.

Lahaye admitió que la suma de obras aumenta el impacto en esa zona. Pero sostuvo que concentrarlas es mejor que abrir trazas separadas: se reduce la fragmentación de hábitat y es más fácil recomponer una franja continua que muchos parches.

Las medidas siguen una jerarquía de mitigación: evitar el impacto, minimizarlo, restaurar y, como último recurso, compensar. Todas se ordenan en un Plan de Gestión Ambiental y Social, con programas de protección ambiental, biodiversidad, monitoreo, contingencias y patrimonio cultural ante hallazgos arqueológicos o paleontológicos.

El plan social contempla contratos de servidumbre y compensaciones económicas con los superficiarios, además de un proceso de debida diligencia con la comunidad Leufuche. También incluye un programa para priorizar mano de obra y proveedores locales durante los 33 meses de obra, y un plan de abandono para dentro de más de 30 años.