La Legislatura de Chubut aprobó el jueves, por amplia mayoría, la ley de fomento a la economía del conocimiento y la innovación tecnológica, una norma que el oficialismo presenta como una herramienta para diversificar la matriz productiva. Pero el debate no se quedó en el software: sectores de la oposición y organizaciones ambientales advierten que el texto podría dejar una rendija abierta a la minería.
El proyecto de ley 084/2026 fue presentado por la diputada María Andrea Aguilera, de Despierta Chubut, el bloque del gobernador Ignacio Torres. Crea un régimen de financiamiento, asistencia técnica y capacitación para emprendimientos, empresas, cooperativas y consorcios de base tecnológica, además de un fondo específico y un Consejo Asesor Provincial.
“No alcanza con tener profesionales si no tienen dónde desarrollarse. No alcanza con tener investigadores si sus conocimientos no encuentran posibilidades ciertas y concretas de aplicación”, sostuvo Aguilera. La diputada aclaró que la norma no beneficia a empresas particulares y que deberá respetar la legislación ambiental, hídrica y de tierras fiscales.
El oficialismo cerró filas. Karina Otero habló de generar empleo calificado en el interior provincial, y Sergio Ongarato aclaró que el parque solar de Paso de Indios acompañará el crecimiento del pueblo y no abastecerá centros de datos. Daniel Hollmann había señalado que la ley da un marco de alivio fiscal a más de 90 proyectos.
Qué establece la nueva ley
La norma adopta una definición amplia de economía del conocimiento. Incluye desarrollo de software, producción audiovisual, biotecnología, industria aeroespacial, inteligencia artificial, robótica y ciberseguridad. También suma los centros de procesamiento de datos y los servicios de almacenamiento de información, considerados infraestructura digital estratégica.
Entre las herramientas figuran aportes no reembolsables, líneas de crédito con el Banco del Chubut, subsidios temporales a salarios y bonificaciones por contratar personal calificado. Todo se canaliza a través del Fondo de Fomento Tecnológico (FONTECH), que se integra con partidas presupuestarias, aportes de convenios, donaciones y multas.
Uno de los puntos más sensibles es el Régimen Especial de Radicación. Las empresas podrán pedir la cesión, el uso o la compra de tierras fiscales, con la obligación de permanecer al menos diez años en la provincia. La ley prioriza la meseta central y los municipios con menos infraestructura productiva.
El texto incluye algunos resguardos. Aclara que los instrumentos de promoción no habilitan actividades prohibidas ni reemplazan permisos ambientales. Además, obliga a los proyectos de infraestructura digital a declarar sus necesidades de agua y energía, y establece que el apoyo estatal no autoriza por sí solo su uso.
Los reparos de la oposición
La objeción más técnica la planteó Norma Arbilla, de Arriba Chubut. La diputada cuestionó la definición de la autoridad de aplicación, compartida entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Producción, y la falta de asignaciones presupuestarias específicas para garantizar el funcionamiento del fondo.
Su compañera de bloque, Vanesa Abril, pidió que el proyecto volviera a comisión para precisar los mecanismos de financiamiento, los beneficios y las responsabilidades de cada organismo. “Nadie podría oponerse a un proyecto de ley que plantee oportunidades de desarrollo. El tema es cómo se plantea”, dijo.
Sergio González, de Chubut Unido, aseguró que su espacio no se opone al empleo ni a la producción, aunque marcó diferencias con la propuesta. Mariela Williams, de Primero Chubut, pidió precisiones sobre los cambios planteados durante el debate para evaluar modificaciones en el articulado.
La crítica más dura llegó desde la izquierda. Juan Aquino, del Frente de Izquierda Unidad, cuestionó la inclusión de los centros de datos en el régimen y advirtió sobre su impacto ambiental y el uso de los recursos naturales. También preguntó qué derechos conservará la provincia sobre los desarrollos financiados con dinero público.
La sombra de la megaminería
En una provincia donde la megaminería moviliza a miles de personas, dos líneas del texto encendieron alertas. El artículo 4 incluye los servicios geológicos y de prospección entre las actividades promovidas. Y entre las cadenas productivas que se buscan fortalecer aparece, de manera explícita, la “minería sustentable”.
El Observatorio Petrolero Sur advirtió que, aunque la ley no habilita actividades prohibidas, la exploración minera no está vedada en Chubut. El riesgo, según la organización, es que los fondos terminen financiando la etapa previa de la minería en la meseta central, la misma zona que se buscó zonificar en 2021.
El antecedente pesa. En diciembre de 2021, la Legislatura aprobó la zonificación minera para Gastre y Telsen; tras las protestas del llamado Chubutazo, la derogó por unanimidad seis días después. Sigue vigente la ex Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y el uso de cianuro.
Un dato no menor: Aguilera, autora de la nueva norma, fue una de las legisladoras que en 2021 votó en contra de la zonificación y luego impulsó su derogación. La ley aprobada no menciona la ex Ley 5001 ni modifica la normativa minera vigente.
Data centers, el otro foco del debate
La discusión se cruzó con un anuncio reciente: el proyecto Atlas GigaHub, de la polaca Green Capital, que prevé instalar un megacentro de datos cerca de Trelew con una inversión de US$3300 millones. La ley da marco legal al plan Chubut Hub Digital 2030, presentado en julio por Torres.
Aguilera respondió en el recinto que, cuando se habla de centros de datos, “aparecen los fantasmas de que vienen a llevarse el agua”. Sostuvo que esas instalaciones hacen funcionar servicios de uso diario y acusó a Aquino de reducir toda la ley a los data centers.
El diputado de izquierda replicó que no se trata de fantasmas sino de hechos concretos, ligados al acuerdo del gobierno con Green Capital. Según su planteo, la provincia aporta el territorio, el agua y la energía, mientras los beneficios para las comunidades todavía no se ven con claridad.
La ley entrará en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla y 180 para habilitar la inscripción en el Registro Provincial de Empresas y Emprendimientos de la Economía del Conocimiento.
