La aprobación del Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) fue celebrado por las provincias productoras. Una de ellas fue Chubut donde se considera que el Régimen será una respuesta al cuello de botella que tienen los proyectos energéticos.
“Puede hacerse foco en la infraestructura de transporte de energía eléctrica que se encuentra saturada”, consideró el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce.
Además, remarcó que “las líneas que necesitamos para llevar la energía eólica son obras que demandan 2.000 millones de dólares, por lo que este régimen puede dinamizar mucho el sector
En este sentido, el funcionario desmintió las versiones del avance de la megaminería en Chubut y destacó que la Ley N°5.001 -que establece la prohibición en la provincia de actividad minera metalífera con la modalidad a cielo abierto y utilización de cianuro- continúa vigente, pese a la aprobación del RIGI.
“La versión que se expone es bastante catastrófica, desatinada y malintencionada”, aseveró Ponce y destacó que “se lee una intencionalidad política, sobre todo cuando hablan de un decreto al que le endilgan la firma del gobernador, cuando en realidad se trata de una disposición”.
En este sentido, el titular de la cartera hidrocarburífera explicó que “lo más importante que queremos remarcar es que esto no quiere decir en ningún momento que se vaya a explotar, acá lo que se está haciendo es la adjudicación de una mina vacante, un título que le da el derecho sobre determinado mineral a una persona”.
Profundizando en este aspecto, detalló que “la explotación en si se define como labor minera; uno porque exploró o se topó con un mineral puede pedir el derecho sobre ese mineral, esa es la manifestación”.
“El gobernador (Ignacio) Torres ha manifestado en más de una oportunidad que en Chubut no hay licencia social para la megaminería”, remarcó el funcionario.
“Para lograr una explotación hay infinidad de pasos administrativos, hay que hacer una labor legal, una marcación de pertenencia, una mensura, después viene la etapa de estudio de impacto ambiental, de consultas y registros de oposición, y si se lograra perfeccionando todos esos trámites administrativos, aun así, probablemente algunos proyectos quedarían alcanzados por la Ley 5.001”, sentenció Ponce.
