El Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 41 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La senadora neuquina Julieta Corroza fue la única en no definirse, reflejando un escenario político dividido.
El resultado evidenció un respaldo transversal que incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y parte del interbloque kirchnerista. Entre los apoyos se destacaron Lucía Corpacci y Sergio Uñac. Tras la votación, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.
La sesión marcó un punto de inflexión en el debate entre protección ambiental y desarrollo productivo. Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa busca fortalecer el cuidado de los recursos hídricos sin frenar inversiones. En cambio, sectores críticos advirtieron sobre posibles vacíos normativos y riesgos de fragmentación en la aplicación de criterios ambientales.
El Gobierno Nacional defendió la reforma como una herramienta para ordenar el marco legal vigente y reducir la conflictividad judicial. Según sus impulsores, la actualización permitirá brindar previsibilidad a proyectos productivos, especialmente en minería, sin resignar estándares ambientales. Sin embargo, organizaciones y legisladores opositores manifestaron preocupación por el impacto futuro.
Argumentos a favor: federalismo, eficiencia y desarrollo
Durante el debate, senadores oficialistas y aliados sostuvieron que la reforma fortalece el federalismo ambiental. El fueguino Agustín Coto afirmó que la norma preserva las reservas hídricas permanentes y armoniza la legislación con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, sin eliminar protecciones existentes.
Coto explicó que el nuevo texto incorpora áreas al inventario del IANIGLA sin modificar su estatus jurídico. En ese sentido, sostuvo que el sistema mantiene su carácter preventivo y evita interpretaciones discrecionales. “Todo sigue protegido”, resumió, al defender el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.
Desde San Juan, Bruno Olivera Lucero destacó que la Nación fija presupuestos mínimos que no anulan las autonomías provinciales. Rechazó la idea de una confrontación entre agua y minería y cuestionó los criterios actuales del inventario, basados principalmente en imágenes satelitales.
Olivera Lucero consideró que el enfoque vigente paraliza proyectos por presunciones técnicas. Además, planteó que Argentina es uno de los pocos países que categoriza jurídicamente el ambiente periglacial, lo que genera restricciones singulares. Según su visión, una revisión metodológica permitirá mayor precisión sin debilitar controles.
La senadora salteña Flavia Royón respaldó la reforma con datos sobre el uso del agua. Señaló que en San Juan el 94% se destina al agro, el 4% al consumo humano y apenas el 1,2% a la industria, incluida la minería, lo que relativiza su impacto hídrico.
En el cierre del debate, Patricia Bullrich sostuvo que el país necesita compatibilizar crecimiento y ambiente. Cuestionó la dicotomía entre empleo y preservación y afirmó que el desarrollo responsable es una condición indispensable para reducir la pobreza estructural.
Críticas, advertencias y reacción del sector minero
Desde la oposición, surgieron cuestionamientos sobre la descentralización de criterios técnicos. El pampeano Pablo Bensusán alertó que la reforma puede generar hasta doce interpretaciones diferentes. Calificó el proyecto como anticientífico e irresponsable, y advirtió sobre el debilitamiento del sistema nacional de protección.
El bonaerense Maximiliano Abad afirmó que la iniciativa no soluciona los problemas existentes y abre nuevos conflictos. Señaló que permitir a las provincias modificar inventarios invierte la jerarquía normativa y anticipó una posible ola de judicializaciones.
Abad sostuvo que la inseguridad jurídica puede desalentar inversiones. Según explicó, un marco fragmentado transmite incertidumbre a empresas interesadas en proyectos de largo plazo. En ese contexto, consideró que la norma podría generar efectos contrarios a los buscados por el Gobierno.
Desde el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti remarcó el carácter irreversible del daño ambiental. Advirtió que la explotación de glaciares implica pérdidas irreparables y denunció que la reforma genera incertidumbre donde antes existía previsibilidad normativa.
En paralelo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras celebró la aprobación. En un comunicado, destacó que la reforma fortalece la protección hídrica y habilita un desarrollo responsable, promoviendo inversiones y empleo de calidad bajo estándares ambientales exigentes.
La entidad resaltó el rol de las provincias como administradoras de recursos naturales y valoró el consenso político alcanzado. Además, sostuvo que la actualización permitirá identificar con mayor precisión áreas protegidas y zonas aptas para actividades productivas, reduciendo conflictos legales y demoras en proyectos.
La reforma transfiere facultades a los distritos para identificar glaciares con función hídrica, basándose en criterios técnico-científicos. Defensores aseguran que no existen vicios constitucionales y recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El futuro del proyecto dependerá ahora del debate en Diputados.
