La Cámara de Diputados de Mendoza aprobó este jueves el paquete de leyes mineras impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo, en una jornada extensa y atravesada por manifestaciones en el centro de la capital provincial. La iniciativa más relevante fue la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino, conocido como Proyecto San Jorge, que ahora pasará al Senado para su sanción definitiva prevista para el 9 de diciembre.

Desde temprano, organizaciones sociales y asambleístas se instalaron en la Peatonal Sarmiento para rechazar las propuestas vinculadas al desarrollo minero. La sesión comenzó pasadas las 12.30, mientras el oficialismo aguardaba la definición del peronismo, lo que demoró el inicio del debate legislativo.

El orden parlamentario avanzó de menor a mayor controversia. Tres proyectos fueron aprobados con rapidez, pero la discusión sobre PSJ Cobre Mendocino ocupó casi la mitad de la jornada. Finalmente, obtuvo 32 votos positivos y 13 negativos, con rechazos del PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde.

Un debate reabierto 14 años después

El proyecto, que contempla una inversión de 559 millones de dólares para extraer cobre en Uspallata (Las Heras), retoma su tratamiento tras el rechazo unánime que sufrió en la Legislatura en 2011. Con nuevos inversores y un rediseño técnico, el oficialismo defendió su aprobación como una oportunidad para dinamizar la economía mendocina.

El jefe del Interbloque de Cambia Mendoza, Enrique Thomas, sostuvo que la provincia necesita una minería moderna y controlada, con reglas claras y procedimientos transparentes. Afirmó que el contexto es distinto al de hace 14 años y aseguró que el proyecto puede convertirse en un motor de empleo e inversión.

Thomas señaló que Uspallata enfrenta altos niveles de empleo público y pobreza, y remarcó que la minería representa un camino para generar trabajo privado. También vinculó este impulso con la política nacional, que considera la minería uno de los motores productivos estratégicos.

Desde la oposición, el jefe del bloque PJ, Germán Gómez, justificó su rechazo asegurando que el proyecto no cumple con los requisitos de la Ley 7722. Sostuvo que el oficialismo avanzó sin buscar consensos amplios y que ciertos puntos del proyecto se cumplieron de manera parcial. Aun así, insistió en que el peronismo está a favor de la minería, pero “no en estas condiciones”.

Un paso adelante para Mendoza

Antes del debate central, se aprobaron tres iniciativas con 39 votos positivos y 6 negativos. La primera fue la creación del Fondo de Compensación Ambiental, destinado a intervenir ante daños colectivos, emergencias y zonas degradadas. Se financiará con multas, tributos ambientales, indemnizaciones, aportes por evaluaciones de impacto y donaciones.

El Fondo permitirá ejecutar acciones de restauración cuando no exista un responsable determinado, y ofrecerá herramientas de compensación para zonas afectadas por actividades industriales. También prevé obras de recomposición ecológica y la adhesión voluntaria de municipios y del Departamento General de Irrigación.

Luego se aprobó la regulación de regalías mineras, adecuándolas a la Ley Nacional 24.196, que fija un máximo del 3% boca mina. La distribución será 88% para Rentas Generales, con un 15% afectado al Fondo de Desarrollo Socioambiental, y 12% para municipios adheridos, destinado exclusivamente a infraestructura social, ambiental y productiva.

El tercer proyecto aprobado fue el paquete de 27 Declaraciones de Impacto Ambiental que integran la segunda etapa de Malargüe Distrito Minero Occidental II. Estas DIAs se elaboraron tras una audiencia pública y evaluaciones técnicas de organismos provinciales, nacionales, universitarios y municipales.

El conjunto incluye proyectos como Cuprum, Pampa, Tango, Excalibur, Lucero, Sierra Azul y Angélica, entre otros. Con esta aprobación, Malargüe alcanzará 65 proyectos de exploración minera, consolidándose como el principal polo de desarrollo del sector en la provincia.