La primera reunión entre los gobernadores y el presidente Javier Milei dejó mucha tela por cortar. Los lineamientos de la política económica fueron el eje principal de la convocatoria, pero hubo un punto que sobresalió: el pedido de Santa Cruz para recuperar áreas de YPF.

Según informó el Gobierno de Santa Cruz, el mandatario Claudio Vidal habría conseguido el visto bueno de “El León” para la recuperación de áreas hidrocarburíferas de la empresa de mayoría estatal que no tienen actividad. En el gobierno del exdirigente gremial consideran que “los yacimientos maduros tienen mucho para dar todavía”.

En este sentido, Vidal recordó que tiene la firme decisión de recuperar parte de la producción hidrocarburífera que Santa Cruz viene perdiendo en los últimos años, a causa de la desinversión planteada por la operadora y las “malas políticas de YPF en las gestiones anteriores”. Según los datos que exhibe el mandatario, la misma cayó de unos 600 millones de dólares en 2016 a menos de la mitad el pasado año 2022, donde registró inversiones por 253.709.000 de dólares.

 

 

El mandatario santacruceño le explicó al Presidente que pide las áreas petroleras de yacimientos maduros para entregarlas a empresas locales más pequeñas, “que van a dar mejor utilización que las operadoras grandes, que tienen la mirada puesta en cuencas más rentables, como ocurre con Vaca Muerta”.

“La falta de inversión llevó a que la empresa estatal pase de producir 23.779.063 barriles de petróleo en 2015 a 14.423.334 en 2022; y eso representa una caída de 9.355.729 de barriles en 7 años”, agregó.

Según el Gobierno de Santa Cruz, esta medida permitiría reactivar Pymes locales y regionales que volverían a trabajar de forma sostenida. Se iniciará un pequeño círculo económico virtuoso entre las empresas, los trabajadores, los sindicatos y el estado provincial. Se inyectarán metros cúbicos al oleoducto que desde las costas caletenses se llevan los barcos petroleros.

Otro de los puntos que se abordó en la reunión convocada por Milei fue la vuelta del impuesto a las Ganancias donde los gobernadores se posicionaron en contra de la medida y acercaron un proyecto de ley en el que solicitan el reparto del 70% del impuesto al cheque, firmado originalmente por los mandatarios entrantes y salientes de todas las provincias.