PDVSA y Shell firmaron cinco órdenes de servicio para ampliar la producción de hidrocarburos y mejorar la confiabilidad de las operaciones en el estado de Monagas, en el oriente de Venezuela. La rúbrica llegó después de una recorrida por el Centro Operativo Amana, en el campo Carito-Pirital, donde ambas empresas revisaron los avances de su alianza técnico-financiera.
La inspección la encabezaron el presidente de PDVSA, Héctor Obregón, y el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Jovanny Martínez, junto al vicepresidente ejecutivo de Shell, Adam Lowmass, y el vicepresidente comercial de Shell Venezuela, Elías Nucette. Los documentos los firmaron Nucette y Hervis Márquez, director de Producción Oriente de PDVSA.
Durante la visita, los equipos técnicos verificaron el funcionamiento de la Estación de Flujo Amana y los procesos de instalación, calibración y certificación del medidor fiscal, el instrumento que registra los volúmenes producidos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, destacó en sus redes el avance de la alianza con Shell.
Por qué Shell mira el norte de Monagas
Carito y Pirital son de las pocas zonas del país con crudo liviano y mediano, además de gas asociado. Ese petróleo se usa como diluyente del Merey 16, la mezcla con la que Venezuela vuelve exportable el crudo extrapesado de la Faja del Orinoco.
El área también encaja en la estrategia de Shell, centrada en el gas natural. El norte de Monagas está cerca de la infraestructura gasífera terrestre y concentra algunos de los mayores niveles de quema y venteo de gas del país, un problema ambiental y operativo que PDVSA arrastra desde hace tiempo.
La relación no empezó ahora. En marzo, Shell firmó acuerdos preliminares para desarrollar Carito y Pirital y avanzar con el proyecto gasífero Dragon, en aguas venezolanas. En junio, la compañía suscribió además acuerdos por el campo de gas Loran y cuatro órdenes de servicio y compras para Monagas.

La apertura tras la caída de Maduro
Los convenios con Shell se suman a los 80 acuerdos energéticos que Venezuela firmó en 2026, según informó Rodríguez a comienzos de noviembre. La lista incluye a BP, TotalEnergies, Hunt Oil, SLB, ExxonMobil, XRG y UCC Holding, entre otras empresas.
Esa apertura comenzó después de la operación militar de Estados Unidos del 3 de enero, que dejó más de un centenar de muertos y terminó con la captura de Nicolás Maduro, detenido en Nueva York. A fines de enero, la Asamblea Nacional aprobó una reforma de la ley de hidrocarburos que da más autonomía a los socios extranjeros.
En febrero, el gobierno inició además una revisión integral de todos los proyectos de petróleo y gas. Como parte de ese proceso, PDVSA asumió temporalmente la administración y la venta del crudo de numerosos contratos de producción compartida.
Ingresos en cuentas del Tesoro
El 9 de enero, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva 14373, que declaró una emergencia nacional y dispuso que los ingresos petroleros venezolanos depositados en cuentas del Tesoro estadounidense quedaran protegidos de embargos y reclamos de acreedores.
La Casa Blanca sostiene que esos fondos son propiedad soberana de Venezuela bajo custodia de Estados Unidos. El economista venezolano Víctor Álvarez, en cambio, ubica la medida dentro de una arquitectura de control sobre el comercio exterior del país, junto con las licencias de la OFAC y la política arancelaria.
Mientras tanto, las sanciones estadounidenses aplicadas contra Venezuela durante la última década siguen vigentes, aunque parcialmente flexibilizadas mediante licencias generales de la OFAC que habilitan a empresas extranjeras a operar en el sector energético venezolano.