Mediante una nota, el Gobierno de Neuquén solicitó al Gobierno nacional que deje sin efecto la instrucción remitida a Enarsa con relación a las concesiones de las represas que vencen a en jurisdicción de las provincias de Río Negro y Neuquén.
La misiva es firmada por el fiscal de Estado, Raúl Gaitán y el ministro de Energía y Recursos Naturales, Alejandro Monteiro y dirigida a la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón.
La nota expresa el posicionamiento de la provincia de Neuquén y enumera una a una las propuestas para el mejor manejo de las concesiones hidroeléctricas con el consiguiente beneficio para las poblaciones de Neuquén y Río Negro.
Neuquén insiste en que el debate por el manejo de las centrales hidroeléctricas es más amplio que una simple concesión o de buenas prácticas de federalismo. Es el uso del agua en todas sus formas. Las grandes discusiones de la humanidad que se avecinan tienen un factor común: agua y energía.
Por ello, la carta afirma que “Desde hace años se ha intentado mediante mecanismos de concertación, que se defina junto a la provincia de Rio Negro el destino de los aprovechamientos hidroeléctricos. Sin embargo, solo se obtuvieron respuestas evasivas por parte de las autoridades nacionales…Frente a ese proceso, nos sorprende la solución ejecutada por la Secretaría de Energía de la Nación arrogándose facultades en forma excluyente sobre el futuro de los Complejos Hidroeléctricos, en clara violación de la buena fe que debió prevalecer en las negociaciones”.
“Desde las provincias se propone la creación de una empresa hidroeléctrica regional tripartita, conformada por el Estado Nacional, junto con las provincias de Neuquén y Río Negro. Entre los ejes centrales del proyecto, se deberá contemplar una renta por la explotación comercial de las centrales generadoras que permita la ejecución de un programa de obras hidroeléctricas multipropósito, de infraestructura y de desarrollo productivo a consensuar entre las partes”, sostiene el documento.
Neuquén ya ha manifestado que resulta necesario que la creación de esta empresa sea a quien se ceda la administración de las represas y no a Enarsa, ni de manera transitoria ya que en nuestro país “las cuestiones transitorias tienden a transformarse en permanentes”.
En concordancia con esto desde las provincias se deben actualizar y fijar las nuevas normas de manejo del agua, sobre cuidados ambientales y de seguridad de presas que van a regir a futuro las cuales deberán formar parte del futuro contrato de operación o de concesión que se vaya a otorgar a la empresa encargada de la administración y operación de las represas.
En relación a la participación de las provincias en la renta que se genere a partir de la explotación de las centrales hidroeléctricas de nuestra región mediante el uso de nuestros recursos naturales, la posición de Neuquén es que debe contemplarse una tarifa que permita, por un lado llevar adelante correctamente y de manera segura la operación y mantenimiento de las represas, que permita realizar las obras de mantenimiento y de seguridad que fueran necesarias, que se incorpore una contribución a los municipios y/o comisiones de fomento aledaños a los emprendimientos y que permita el fondeo de un fondo específico para obras hidroeléctricas y/o productivas en nuestra misma región, dando prioridad a aquellas que aseguren el resguardo de vidas y bienes de la población aguas abajo. De la misma manera, dicha tarifa debe contemplar el financiamiento para el funcionamiento adecuado de los organismos interjurisdiccionales de control sobre las represas como lo son la Autoridad interjurisdiccional de cuencas (AIC) y de seguridad de presas (ORSEP).
Además de la carta enviada, el gobierno provincial ratificó también su posición en relación con que se debe volver a instrumentar para las Provincias de Neuquén y Río Negro la Tarifa Comahue como una herramienta de estricta justicia para con los habitantes de ambas provincias que hoy ven encarecida sus tarifas por el impacto de los costos de transporte y las pérdidas del sistema que se aplica.