Nación elimina los subsidios de la clase media y alta

El Gobierno puso en marcha un “Período de Transición” para implementar un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, mediante el Decreto 465/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez, busca contribuir al paso de un esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados para propiciar la puesta en funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE).

Los objetivos del nuevo esquema son: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.

En la argumentación del documento oficial, se expuso que “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.

Mientras que “en cambio, los subsidios focalizados buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.

Ante esto, el Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura”.

De esta manera, la Secretaría de Energía avanzará con la reducción de los subsidios para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), con el fin de “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”.

Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía”.

Las facultades de Energía durante el “Periodo de Transición”:

  1. Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas.
  2. Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
  3. Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
  4. Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
  5. Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
  6. Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
  7. Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
  8. Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.

Otro fuerte ajuste en el precio de los combustibles

El Gobierno dispuso actualizar el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) desde el 1° de junio, por lo que el sábado los precios de los combustibles subirán entre 1% y 1,5%.

Al incremento impositivo, se le podría agregar una suba en el orden del 2% y 3% extra que terminaría elevando los precios entre un 3% y un 4,5% en el comienzo del sexto mes del año.

El plus que resta definir estaría vinculado a la devaluación mensual del 2% del dólar, la variación del precio internacional del petróleo y al ajuste en el precio de los biocombustibles autorizado hace 15 días por la Secretaría de Energía.

Tras postergar el aumento de los tributos en mayo, el Ejecutivo determinó aplicar las actualizaciones de los periodos pendientes con un nuevo cronograma de gradualidad, fijado mediante el Decreto 466/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La normativa estableció que “los efectos de los incrementos en los montos de los impuestos precitados, derivados de las actualizaciones correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2023, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, conforme a un cronograma de gradualidad, cuyo último tramo, referido a la actualización correspondiente al cuarto trimestre calendario del año 2023, resultaría aplicable a partir del 1° de junio de 2024, inclusive”.

Asimismo, resolvió que “a partir de esa misma fecha también surtirán efecto los incrementos en los referidos montos originados en la actualización correspondiente al primer trimestre calendario del año 2024”.

El cronograma para los combustibles

De esta manera, el nuevo cronograma fijó que para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 30 de junio de 2024, ambas fechas inclusive, los montos de impuesto se incrementarán en los importes que se detallan a continuación: $10,121 el ICL sobre la nafta y $8,245 el ICL sobre el gasoil que también tendrá una suba extra de $4,464. Mientras que el incremento al IDC será de $0,619 para la nafta y de $0,935 para el gasoil.

En tanto que “para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1° de julio de 2024, inclusive, deberá considerarse el incremento total en los montos de impuesto”.

El Decreto firmado por el presidente, Javier Milei, el ahora ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que “con el fin de estimular el crecimiento de la economía garantizando un sendero fiscal sostenible, resulta razonable diferir parcialmente los efectos de los incrementos que resultarían aplicables a partir del 1° de junio de 2024 para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil”.

A falta de la comunicación de las petroleras sobre el traslado del aumento de los impuestos a los precios de los combustibles, más el incremento extra que resta definir, la nafta y el gasoil subirían de mínima entre 1% y 1,5% promedio en la Ciudad de Buenos Aires.

“El nivel de ajuste en la energía debería ser de 80% o 90%”

El economista especializado en energía, Nicolás Gadano, consideró “inevitable” y “correcto” el ajuste aplicado en los últimos días sobre el precio de los combustibles ya que, según explicó, hay un retraso de los mismos, producto del congelamiento con tasas de inflación de 10%.

En declaraciones a FM Milenium, contempló que “hubiera sido un poco más equilibrado que, si la gente va a hacer el esfuerzo de pagar el aumento importante, algo de ese aumento en combustibles hubiera ido a mejorar la recaudación porque es importantísimo cerrar el déficit fiscal cuanto antes”.

Con respecto a la electricidad y el gas, el economista comentó que hay “aumentos pendientes bastante importantes” ya que “las tarifas quedaron muy retrasadas” no sólo en términos de segmentación, sino porque “los costos del sistema energético son todos en dólares (al tipo de cambio oficial)”.

“La gran devaluación de diciembre tiró los costos para arriba y los precios denominados en pesos, incluso los de las tarifas para usuarios N1 (sin subsidios), necesitan un nuevo ajuste asociado a la devaluación”, argumentó.

En este sentido, Gadano estimó que “el nivel de ajuste debería ser de alrededor de 80% o 90% en el precio de la energía imputado en la boleta, mientras que -añadió- también está el problema del transporte y la distribución”.

A su vez, señaló que “las tarifas de las compañías de distribución también están retrasadas” y “las compañías de gas están reclamando aumentos de hasta 400% en su parte del precio”.

“Sumando el precio del gas, la electricidad, el transporte, y la distribución, estamos hablando de aumentos de entre 100% y 400% en la factura” con el “problema adicional” de que hay “precios y tarifas muy distintas por tipos de usuarios”, precisó Gadano.

“Los usuarios N3 quedaron con precios de la energía ecléctica que cubren menos del 10% del costo y si uno quisiera llevarlo al costo, habría que multiplicar por 10”, ejemplificó.

Por otra parte, opinó que “vender las acciones estatales de YPF no tiene ningún sentido”, al analizar la propuesta de privatización de empresas públicas, entre ellas la petrolera, vigente en el Decreto 70/2023 y en el proyecto de Ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

“En el DNU vigente hay una conversión de empresas públicas a sociedades anónimas (S.A.), que en el caso de YPF no tiene impacto porque YPF es una S.A. hace 30 años”, explicó el economista, y remarcó que “en la lista de empresas sujetas a privatización en el proyecto de Ley figura YPF, cuyo 49% de sus acciones está en manos de actores privados y el 51% en manos estatales”.

De esa manera, ahondó, “se podría entender que con esa Ley el Congreso autorizaría al Poder Ejecutivo para vender esas acciones”, las cuales “están en la mira de quienes ganaron el juicio a la Argentina por el fallido de la Ley de Expropiación de 2012”, advirtió.

En esta línea, Gadano subrayó que “nadie en el sector energético cree que la composición accionaria de YPF sea un problema para el desarrollo del sector”, con lo cual, aseveró, “no sea cosa que el Congreso destrabe eso y se la lleven estos acreedores”.

Wintershall Dea reestructura sus negocios

Wintershall Dea se está posicionando de cara al futuro con una estructura corporativa modificada. Esto reforzará la competitividad de la compañía con actividades crecientes en la gestión del carbono y el hidrógeno, reducirá los costes administrativos y consolidará aún más su orientación estratégica.

“Hemos adaptado nuestra estrategia corporativa a los retos del sector energético y a la ya decidida salida de Rusia, y estamos enfocando nuestra estructura organizativa en consecuencia”, explica Mario Mehren, CEO de Wintershall Dea.

En el futuro, el directorio ejecutivo de Wintershall Dea estará compuesto únicamente por tres miembros: el presidente del Directorio Ejecutivo y Director General (CEO) Mario Mehren, la directora de Operaciones (COO) Dawn Summers y el director financiero (CFO) Paul Smith.

El miembro del Directorio Hugo Dijkgraaf, Director de Tecnología (CTO) de Wintershall Dea, dejará la compañía el 30 de noviembre de 2023. Sus áreas de responsabilidad se transferirán a los demás departamentos del Directorio. Thilo Wieland, miembro del Directorio responsable de las regiones de Rusia, América Latina y Transporte, ya ha abandonado la empresa con anterioridad.

La compañía reducirá sus costos administrativos mediante el cambio previsto en la estructura organizativa. En total, se ahorrarán unos 200 millones de euros anuales, aproximadamente la mitad de ellos mediante recortes de personal.

La empresa planea recortes de empleo que incluirán unos 500 puestos, de los cuales unos 300 estarán en Alemania. “Estamos ajustando nuestro modelo operativo y reforzando las actividades operativas en nuestras unidades de negocio internacionales en particular. Para ello, tenemos que dar el difícil paso de reducir nuestros equipos en Alemania”, afirma Mario Mehren. Los recortes de puestos de trabajo se harán de la forma más socialmente responsable posible. Los planes exactos para las sedes alemanas se están negociando ahora con los representantes de los trabajadores.

Wintershall Dea creará una provisión de 225 millones de euros en el tercer trimestre de 2023 para la ejecución de los planes de reestructuración.

Al mismo tiempo, se reestructurarán las unidades de negocio internacionales de Wintershall Dea. Entre otras cosas, las actividades en Argelia, Egipto, Libia y los Emiratos Árabes Unidos continuarán bajo una unidad de negocio conjunta para la región MENA. Se mantendrán las oficinas locales de El Cairo, Abu Dabi y Trípoli.

En el futuro, la única sede administrativa de Wintershall Dea será Kassel. La empresa tiene allí su sede desde hace casi 70 años. Desde la fusión de Wintershall y DEA en 2019, la compañía mantiene dos sedes en Kassel y en Hamburgo. Unos 100 puestos de trabajo se trasladarán desde la casa matriz de Hamburgo a Kassel de forma socialmente responsable. Hamburgo seguirá siendo la sede de la Unidad de Negocios Alemania de Wintershall Dea.

Avanza la salida desde Rusia

Con sus planes para una nueva estructura organizativa, Wintershall Dea también está reaccionando a las nuevas realidades desde la guerra de agresión de Rusia a Ucrania.

La compañía sigue trabajando en su retirada completa de Rusia. En este contexto, primero se separarán legalmente el negocio internacional de E&P y la producción nacional, así como las actividades de gestión del carbono y del hidrógeno, de todas las empresas conjuntas con intereses rusos. Esto incluye también las participaciones en las empresas conjuntas en Rusia, las participaciones en Wintershall AG (51% de participación) en Libia y Wintershall Noordzee BV (50% de participación) en los Países Bajos, así como las participaciones en Nord Stream AG (15,5% de participación).

“Nuestra decisión es clara: abandonamos Rusia. La separación legal de nuestro negocio internacional de las participaciones rusas con este fin es un paso más”, afirma Mario Mehren. La separación legal se completará a mediados de 2024.