Uso del agua y glaciares: la minería pide reglas claras

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) reafirmó su compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con función hídrica relevante, y planteó la necesidad de llevar certezas técnicas a la discusión en torno a la Ley de Glaciares. El objetivo, señalaron, es despejar temores genuinos y evitar interpretaciones que no mejoran la protección ambiental.

Desde la entidad remarcaron que la minería moderna en Argentina se desarrolla bajo criterios de sustentabilidad, con controles técnicos exigentes y un uso eficiente de los recursos naturales. En ese marco, subrayaron el impacto positivo del sector en términos de empleo y desarrollo productivo en distintas regiones del país.

Actualmente, la actividad minera genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Según proyecciones del sector, esa cifra podría duplicarse en los próximos años si se consolidan nuevos proyectos, siempre bajo estándares ambientales rigurosos y marcos normativos claros.

El uso del agua en la minería

Uno de los puntos que más interés genera en el debate público es el uso del agua. Desde CAEM explicaron que la minería representa una fracción mínima del consumo hídrico total. En las regiones donde hay actividad minera, aproximadamente el 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que la industria utiliza el 7% restante.

Dentro de ese porcentaje industrial, la minería ocupa apenas el 1%. Esta proporción, señalaron, suele ser desconocida o malinterpretada en el debate público, lo que alimenta preocupaciones que no siempre se corresponden con los datos reales del uso del recurso.

En los yacimientos metalíferos, el agua cumple múltiples funciones operativas, desde la perforación segura hasta la separación de minerales. Sin embargo, a diferencia de lo que suele suponerse, la mayor parte del agua utilizada no se pierde.

Recirculación y eficiencia hídrica

Entre el 70% y el 90% del agua empleada en los procesos mineros se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula de manera continua. Esto permite reducir significativamente la necesidad de nuevas captaciones y minimizar el impacto sobre las fuentes naturales.

Desde la cámara destacaron que esta eficiencia no es solo el resultado de tecnología, sino también de planificación, ingeniería y monitoreo permanente. La minería moderna, aseguraron, puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas estratégicas.

Experiencias internacionales en países con larga tradición minera, como Canadá o Suecia, muestran que es posible combinar desarrollo productivo con resguardo ambiental, aplicando estándares técnicos avanzados y controles estrictos.

Los Azules uno de los proyectos de cobre más grande del mundo.

Controles ambientales y marco regulatorio

Además de la eficiencia operativa, la actividad minera en Argentina está sujeta a un marco regulatorio riguroso. Para operar, cada proyecto debe presentar un Informe de Impacto Ambiental, regulado por la Ley 24.585, que evalúa de forma integral su interacción con el entorno, incluido el recurso hídrico.

Estos estudios se actualizan cada dos años y son evaluados y auditados por autoridades provinciales. En muchos casos, participan organismos técnicos, universidades y comunidades locales a través de esquemas de monitoreo ambiental participativo.

A estos controles oficiales se suman auditorías permanentes y la adopción de estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM, ISO o IRMA. Estas certificaciones agregan capas adicionales de control y contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso del agua.

La necesidad de aclaraciones técnicas

En el contexto del debate sobre la Ley de Glaciares, desde CAEM plantearon la importancia de incorporar aclaraciones técnicas más precisas, especialmente en lo referido a las zonas periglaciares. El objetivo es evitar que crioformas sin función hídrica relevante sean consideradas áreas estratégicas.

Según la entidad, estas interpretaciones generan restricciones innecesarias que no fortalecen la protección ambiental y, al mismo tiempo, limitan el desarrollo productivo y la generación de empleo. “Proteger el ambiente requiere leyes claras”, sostuvieron.

Reforma a la Ley de Glaciares: el Ejecutivo apunta a reglas claras y desarrollo productivo

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639), con el objetivo de corregir lo que considera deficiencias estructurales de la norma vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación y busca reducir la incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, frena proyectos productivos en distintas provincias.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que la legislación actual genera superposición de competencias, discrecionalidad en su aplicación y conflictos con las jurisdicciones provinciales, que por mandato constitucional son dueñas de los recursos naturales. En ese sentido, el proyecto apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Según el comunicado oficial, la reforma establece criterios más precisos para identificar qué glaciares deben ser protegidos por cumplir una función hídrica efectiva. Además, refuerza estándares ambientales ya vigentes y elimina interpretaciones amplias que, a juicio del Gobierno, bloquearon inversiones bajo fundamentos ideológicos.

Más rol para las provincias y evaluación técnica

El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige preservar el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

En esa línea, la propuesta fortalece el rol de los gobiernos provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. También promueve la integración de capacidades técnicas y científicas locales, y una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y confiable al momento de tomar decisiones.

Desde el Ejecutivo destacan que el proyecto se inscribe en un esquema de “federalismo ambiental responsable”, que busca reglas claras y previsibles para todos los actores. La iniciativa responde, además, a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a reclamos históricos de provincias mineras y productoras de recursos estratégicos.

Entre ellas se encuentran Catamarca, Jujuy y Salta, que integran la Mesa del Litio, y Mendoza y San Juan, vinculadas al desarrollo cuprífero. El Gobierno solicitó al Congreso un tratamiento rápido del proyecto durante las sesiones extraordinarias.

El respaldo del sector minero

La propuesta fue bien recibida por el sector minero, que considera clave una actualización normativa para destrabar inversiones. Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, sostuvo que la definición sobre la Ley de Glaciares será determinante para el futuro de los proyectos anunciados.

“Lo que está en discusión hoy es cómo se define la Ley de Glaciares. Eso va a determinar si los anuncios de inversión se convierten en proyectos concretos o quedan solo en anuncios”, afirmó en diálogo con +E.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado en el que remarcó que existe consenso en proteger los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el artículo 1° de la ley vigente.

Sin embargo, la entidad planteó la necesidad de aclarar que no todos los glaciares cumplen esa función, y que las definiciones deben realizarse caso por caso, con sustento técnico y participación de especialistas. También reclamó una delimitación precisa del rol de las provincias, en línea con lo establecido por la Constitución.

Desde CAEM subrayaron que una redacción clara y previsible permitiría compatibilizar el desarrollo productivo y la infraestructura con el cuidado ambiental, al tiempo que generaría empleo y contribuiría al crecimiento económico del país.

Con 29 votos a favor, Mendoza habilita PSJ Cobre Mendocino y apuesta al desarrollo minero

El Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, una decisión que obtuvo 29 votos afirmativos, seis negativos y una abstención. Con este aval legislativo, la provincia ingresa en una nueva etapa para su industria minera y habilita un desarrollo que podría convertirse en un motor económico para la región.

La vicegobernadora Hebe Casado celebró la votación y la definió como un punto de quiebre para la provincia. Sostuvo que se trata de “un día histórico para Mendoza” y afirmó que la provincia “va a ser la que aporte el cobre que el mundo está demandando con urgencia”. También insistió en que el escenario social y político es diferente al de años pasados. “Esto es definitivo, no vamos a dar ni un solo paso atrás. La licencia social de hoy no es la misma de años atrás. La ciudadanía y la academia acompañan al proyecto”, expresó en diálogo con LN+.

Desde el Congreso nacional, la diputada Jimena Latorre reforzó la postura positiva de la dirigencia provincial. En su cuenta de X destacó que la aprobación de la DIA representa “un paso histórico para ampliar el desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando el ambiente”, y remarcó que el proyecto avanza bajo “controles estrictos y pleno cumplimiento de la ley vigente”.

Casado detalló además que el emprendimiento podría generar entre 2000 y 3000 empleos formales, con salarios que superan los promedios provinciales. También subrayó que Mendoza percibirá regalías bajo el esquema previsto por la legislación que establece un tope del 3%.

El respaldo al proyecto fue acompañado por un comunicado de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que calificó el avance legislativo como un mensaje de alcance nacional. La entidad consideró que la aprobación reafirma el rol de la minería responsable como herramienta de desarrollo. “Mendoza demuestra que es posible compatibilizar crecimiento económico, cuidado ambiental y bienestar social gracias a la previsibilidad regulatoria y el diálogo con todos los actores”, afirmó la cámara.

La sesión legislativa estuvo marcada por la presencia de grupos antimineros que se manifestaron fuera del edificio, lo que generó un clima tenso durante la votación. Aun así, el apoyo político también alcanzó a otro expediente: la DIA para la exploración del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que obtuvo sanción definitiva por 31 votos contra tres. Este paquete incluye 27 iniciativas de exploración en el sur provincial.

El proyecto PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la capital provincial. Se perfila como la primera iniciativa cuprífera de mediana escala en Mendoza y uno de los desarrollos más relevantes del país desde la puesta en marcha de Bajo de la Alumbrera, lo que expone el peso estratégico que tendrá para la matriz minera nacional.

Un proceso técnico y participativo

Los fundamentos de la decisión legislativa detallan que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó informes técnicos de distintos organismos, dictámenes sectoriales y el análisis del Informe Final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente incorporadas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera elaboró el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y observaciones sobre el estudio presentado.

El procedimiento también contempló diversas instancias de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y una Audiencia Pública con amplia difusión. Se habilitó además la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso completo a la documentación tanto en formato físico como digital. El expediente incluyó también el proceso de consulta previa con comunidades originarias asentadas en el área de influencia del proyecto.

La Declaración de Impacto Ambiental introduce una metodología que segmenta las etapas de construcción, operación, cierre y post-cierre. Además, organiza su contenido en cinco ejes centrales: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social. Esta estructura apunta a reforzar la transparencia y la trazabilidad del proceso ambiental.

Con este avance legislativo, Mendoza deja atrás años de incertidumbre en torno a la actividad minera y coloca al cobre en el centro de su estrategia productiva de largo plazo.

El litio impulsaría un récord histórico en las exportaciones mineras

El sector minero argentino podría registrar en 2025 su mayor volumen de exportaciones medidas en valores nominales. Así lo anticiparon la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que proyectan un crecimiento del 14% interanual impulsado principalmente por el litio, el oro y la plata.

La estimación surge del último Informe Productivo de la Minería Argentina elaborado por CAEM, que analiza las perspectivas de producción de las principales compañías del sector. De cumplirse el escenario proyectado, el país alcanzaría una producción superior a 1,1 millones de onzas de oro, más de 19,6 millones de onzas de plata y cerca de 130.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2025.

Según el estudio, el 81% de las exportaciones mineras se concentra actualmente en el oro y la plata. Sin embargo, se advierte que muchos de los principales yacimientos llevan décadas en operación y enfrentan una merma sostenida en sus niveles de producción desde 2020. Esta baja de volúmenes se ha compensado hasta ahora con un incremento en los precios internacionales, aunque las entidades alertan que cualquier retroceso en las cotizaciones podría poner en riesgo la continuidad de ciertas operaciones.

El informe considera un escenario moderado, con un cumplimiento del 85% de los volúmenes estimados y estabilidad en los precios de referencia: US$ 3.300 por onza de oro, US$ 32 por onza de plata y US$ 8.500 por tonelada de litio LCE. Estos valores se alinean con proyecciones del Banco Mundial y el CME Group, y son monitoreados también por la Secretaría de Minería de la Nación.

El DLE comienza a ganar terreno en el litio.

El litio, un motor exportador

Además de augurar un nuevo récord en términos nominales, CAEM y la BCR destacaron que 2025 marcaría el quinto año consecutivo de crecimiento de las exportaciones mineras. En particular, subrayaron el “récord productivo del litio argentino”, con una proyección de crecimiento del 75% interanual, en línea con las ampliaciones de capacidad que se están concretando en distintos proyectos.

Durante el primer semestre de 2025, el crecimiento interanual ya supera el 30%, lo que refuerza las expectativas para el cierre del año. El dinamismo del sector se apoya no solo en los minerales tradicionales, sino también en las crecientes inversiones en exploración y construcción de proyectos de cobre, con los que Argentina busca sumar un nuevo complejo exportador en el mediano plazo.

Desde las entidades remarcaron que el escenario previsto combina oportunidades de expansión con desafíos estructurales. Entre ellos se mencionan los altos costos operativos, la necesidad de mejorar la infraestructura logística y energética, y la incertidumbre regulatoria. Aun así, destacan que la minería tiene potencial para consolidarse como un motor estratégico del comercio exterior argentino.

“El 2025 espera consolidarse como un nuevo año de crecimiento exportador en valor”, afirmaron desde CAEM y la BCR, aunque advirtieron que mantener la competitividad requerirá estabilidad macroeconómica, reglas claras y acceso fluido a insumos y divisas.

RIGI: Un impulso necesario para consolidar inversiones mineras

Por la comisión directiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM)

Desde la industria minera argentina entendemos que son fundamentales los avances que se logren en cuanto a las adhesiones de las provincias al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dado que es una herramienta que ayudará a la concreción de importantes inversiones destinadas a desarrollar la producción minera argentina, con un gran efecto en la generación de empleo genuino, impulso a proveedores locales, sensible mejora de infraestructura, aporte de divisas y desarrollo de poblaciones que se encuentran expectantes y entusiastas con el avance de esta industria.

Este Régimen, destinado a inversiones en sectores clave para el crecimiento sostenido de la economía argentina, es fundamental para generar confianza de los inversores en el país. Es imprescindible para reforzar la competitividad frente a otros países que poseen recursos minerales similares y que han sabido desarrollar significativamente su minería a partir de contar con previsibilidad en materia cambiaria, seguridad jurídica, marco tributario competitivo y obras de infraestructura apropiadas.

Es necesario brindar algunos datos que son más que elocuentes para ilustrar de qué hablamos cuando decimos que la minería dinamiza las economías regionales: Los proyectos mineros toman para su construcción entre 3 y 5 años según su envergadura, y producen industrialmente durante no menos de 30. Un solo proyecto minero puede llegar a contratar durante su construcción aproximadamente 800 pymes, manteniendo durante su vida productiva y en forma permanente alrededor de 600. La gran mayoría de esas pymes son proveedores argentinos, cuya fuerza laboral es también argentina.

Las proyecciones de empleo hablan de entre 3.000 y 5.000 personas trabajando para cada uno de esos proyectos. Podemos comprender el impacto que esto tiene en las provincias donde se desarrolla la minería y el efecto positivo que se extiende a todo el territorio nacional.

En el contexto actual, el RIGI contribuye a generar las condiciones que favorezcan la puesta en marcha de los yacimientos de cobre, proyectos de gran magnitud que llevan años en carpeta y que serán transformacionales para la región. También los de litio, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad que abre la electromovilidad. Resulta necesario, además, estimular la inversión en exploración para desarrollar nuevos proyectos de oro y plata y ampliar los existentes, que producen las principales exportaciones mineras del país, pero que se encuentran en declinación por la falta de incentivos para extender su vida útil.

Desde CAEM creemos que hay que aprovechar cada oportunidad posible para poner en valor los recursos minerales. Para que los más de 25.000 millones de dólares que tenemos en cartera de proyectos sean yacimientos en producción. Para triplicar las exportaciones actuales, alcanzando los 12.000 millones de dólares anuales y para duplicar los más de 100.000 empleos que actualmente generamos, llevando nuevas oportunidades a más argentinos.

CAEM: “La suba de regalías golpearía la confianza de los inversores”

La suba de las regalías encendió las alarmas en la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM). Sus miembros consideran que esta iniciativa “complicaría el escenario para competir por inversiones y vuelve a golpear la confianza de los inversores en el país”.

Mediante un comunicado, desde CAEM consideraron que una suba en el porcentaje de las regalías es un contrasentido y supone un retroceso en el camino hasta aquí transitado con el propósito de generar condiciones de mayor competitividad para el país.

En este sentido, afirmaron que la Ley de Inversiones Mineras busca ser un paraguas que brinde certezas a las empresas con voluntad de aportar para la Argentina inversiones de gran volumen, de carácter productivo y con largo plazo de recupero.

“La modificación de esta herramienta clave tendrá consecuencias en la confianza en nuestro país como destino de inversiones y tendrá los efectos contrarios a los que se busca propiciar con el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI)”, sostuvieron.

Asimismo, remarcaron que el país ya posee una carga tributaria mayor a la de otros países competidores en materia de inversión. “La presión impositiva argentina es alta y sumamente regresiva”, consideraron.

“Nuestro país está ante una oportunidad inigualable para desarrollar un sector estratégico, pero el aumento de las regalías lejos de transformarse en la solución inmediata que algunos imaginan para afrontar los problemas del actual contexto económico, podría generar el efecto contrario. Más impuestos, menos competitividad, menos inversiones”, aseveraron.

“Una modificación de este tipo impactaría negativamente en los proyectos productivos de oro y plata, que hoy representan el 70% de las exportaciones del país. En este segmento, dada la falta de nuevas inversiones, contamos mayormente con yacimientos maduros, cuyos costos de producción se van incrementando”, destacaron.

“Subir la presión impositiva sobre los mismos impactará acortando su vida útil, y en consecuencia, habrá menor recaudación, alcanzando un resultado opuesto al buscado. Se trata, además, de un sector donde no se generará un recambio, ya que no hay en cartera proyectos nuevos que estén iniciando su producción en los próximos años”, subrayaron.

El impacto en el litio

Desde CAEM también advirtieron que la medida afectará a los proyectos de litio, tanto los que están en construcción como los que están en producción. “La ventana de oportunidad con la que cuenta la industria no acepta alteraciones en la seguridad jurídica”, destacaron.

“Siendo un sector en pleno desarrollo y el país con la mayor cantidad de proyectos a nivel global, el impacto en el cambio de las reglas de juego significaría un desaliento para nuevas inversiones”, aseguraron.

También marcaron que alcanzará a los nuevos proyectos y ampliaciones que se esperaba propiciar con el RIGI. “Este es un tema sensible, prueba de ello es la escasa cantidad de grandes proyectos que se han puesto en marcha en las últimas décadas”, afirmaron.

En este marco, pusieron de ejemplo que, si se toma a los principales proyectos mineros en condiciones de avanzar en los últimos diez años, y que – mayormente – por cuestiones de contexto país han sufrido dilaciones en su puesta en marcha, el país, al día de hoy, ha perdido exportaciones anuales por USD 8.000 millones.

“Esa pérdida no solo se mide en dinero: se traduce también en casi 100.000 puestos de trabajo que ya deberían estar activos y sumados a los que hoy reportamos, y en miles de pymes que ya deberían estar produciendo. Debe entenderse claramente: perjudicar la confianza y la competitividad del país tiene un costo que pagamos a diario todos los argentinos”, aseveraron.

“La inversión en minería en la Argentina no ha crecido por dos motivos fundamentales: falta de confianza y de competitividad. Frente a esto, el RIGI se muestra como una opción clave para motorizar la industria minera, especialmente los grandes proyectos de cobre”, subrayaron.

“Entendemos que el RIGI apunta en el sentido correcto, y por ello nos preocupa que una medida tan largamente esperada quede diluida al ser acompañada de un proyecto que avanza en sentido contrario”, agregaron.

Las recomendaciones de CAEM

Asimismo, advirtieron que “aún con los beneficios del RIGI, apenas se lograría equiparar las condiciones que ofrecen nuestros países vecinos, en condiciones de mayor estabilidad” e instalaron a que el Congreso analice el escenario completo y las decisiones se tomen con miras al futuro.

“La minería solo genera riqueza para el país cuando hay empresas trabajando. En promedio, una empresa minera deja en el país 80% de lo que genera (entre impuestos, pago de salarios, compras a proveedores nacionales, etc.)”, afirmaron.

“Por el contrario, cuando los proyectos no avanzan, entre los principales perjudicados están las provincias que se ven privadas de una fuente de ingresos y de mejora económica, con claro impacto en el desarrollo social”, añadieron.

Desde CAEM aseguraron que el país tiene una valiosa posibilidad de convertirnos en un país que genere riqueza y desarrollo a partir de un aprovechamiento inteligente de sus recursos.

“Si en lugar de una estrategia racional, se prioriza una salida fácil que castiga a un sector productivo con gran potencial de crecer, seguiremos siendo un país rico que condena a su población a la falta de oportunidades, y que genera, en cambio, cada vez más pobreza”, destacaron.

CAEM pidió por el RIGI para volver a generar confianza

“El país está sumergido en una crisis de confianza y el RIGI es una solución para ese problema”. Así lo aseguró Franco Mignacco, vicepresidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en la inauguración de la Expo San Juan Minera, donde subrayó la vital importancia de la minería para el desarrollo económico y social del país.

El evento, organizado por Panorama Minero, contó con la participación de más de 13,000 personas y 300 empresas, lo que refleja la magnitud e influencia de esta industria en la región.

Durante su discurso, Mignacco resaltó la robustez de la cadena de valor minera en San Juan, destacando que un solo proyecto en etapa de construcción puede generar más de 790 empresas proveedoras, de las cuales el 90% son pymes nacionales. En la etapa de operación, más de 560 empresas participan activamente, con solo 50 de ellas siendo extranjeras. Este dato ilustra el fuerte compromiso del sector minero con los proveedores y las pequeñas y medianas empresas argentinas.

CAEM y la necesidad de incentivos

Mignacco mencionó que de cada 100 dólares invertidos por una empresa minera en Argentina, 80 dólares permanecen en el país, beneficiando directamente a la economía local. Sin embargo, advirtió sobre la crisis de confianza que atraviesa el país y la urgencia del régimen de incentivos para grandes inversiones (RIGI), que podría restablecer la credibilidad y atraer nuevos proyectos mineros.

“Argentina ha vulnerado la Ley de Inversiones Mineras, la 24196, en reiteradas oportunidades, lo que ha causado que hoy tengamos un pipeline de proyectos muy buenos en esta nueva etapa de la electromovilidad y la transición energética, pero que no podemos ir hacia adelante porque no tenemos reglas claras”, afirmó.

El vicepresidente de CAEM también señaló que Argentina enfrenta una fuerte competencia de países como Chile y Perú, que tienen cargas fiscales más bajas y abogó por un régimen que facilite el desarrollo de los proyectos mineros, dado que Argentina posee recursos valiosos y ha realizado extensas labores de exploración y planificación.

Proyectos y objetivos futuros

Mignacco delineó ambiciosos objetivos para el sector minero argentino, incluyendo la materialización de proyectos valuados en más de 25,000 millones de dólares, la duplicación de los empleos directos e indirectos hasta alcanzar las 200,000 personas en los próximos diez años, y la triplicación de las exportaciones anuales de 4,000 millones de dólares a 12,000 millones de dólares.

En este sentido, el vicepresidente de CAEM hizo un repaso de los sectores clave dentro de la minería argentina. En el caso del litio, mencionó que actualmente hay tres proyectos en producción y más de 20 en cartera, con seis en construcción. A pesar de la caída en los precios, las inversiones no se han detenido. En cuanto al cobre, destacó la preeminencia de San Juan con proyectos como Josemaría, Pachón y Los Azules.

También se refirió a la minería del oro y la plata, que representa el 70% de las exportaciones mineras del país, subrayando la necesidad de fomentar la exploración para prolongar la vida útil de los proyectos existentes. Asimismo, expresó preocupación por los minerales de segunda y tercera categoría, especialmente en Córdoba y Buenos Aires, donde las capacidades productivas han caído drásticamente.

Franco Mignacco cerró su discurso reiterando la importancia de la minería como motor de desarrollo para San Juan y el país. Agradeció a todos los presentes y enfatizó la necesidad de colaboración entre el sector público y privado para transformar el potencial minero argentino en una realidad concreta y próspera.

La minería exige acuerdos para impulsar la producción en el NOA

La minería es el horizonte que persigue el norte argentino de la mano de la producción de litio. Se espera que los proyectos aceleren en los próximos años y ya se planifica lo que viene. Las autoridades toman nota y trabajan en acuerdo para impulsar el concepto de regionalidad en materia minera.

En este sentido, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, se reunió con representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Cámara Minera de Jujuy donde los puntos centrales fueron la consolidación de un esquema de desarrollo de proveedores, contratación de mano de obra e infraestructura.

El encuentro se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno de Jujuy y contó con la participación el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola y el titular de la Cámara Minera de Jujuy, Carlos Carrillo; el ministro de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud; el secretario de Minería de Jujuy, José Gómez; representantes mineros de Salta y Catamarca, e integrantes de la cámara jujeña.

En este marco, Cacciola enfatizó que “la idea es profundizar el concepto de regionalidad en materia minera”.

La visión de la minería

Si bien, ponderó “los avances de las provincias producto de acuerdos en los últimos años”, marcó la necesidad de “consolidar un esquema regional de desarrollo de proveedores, contratación de mano de obra local e infraestructura”, con el objetivo de “evitar conflictos entre las provincias”.

“Estamos convencidos que la complementación de las tres provincias con proyectos avanzados o producción de litio, tienen la posibilidad de crecer mucho más si logran acuerdos que abarquen a la región y no solo a las provincias en particular”, explicó.

“Si cada uno toma solo su situación particular, va a suceder que, en vez de obtener beneficios para la actividad, impactará de forma negativa para el desarrollo de futuros proyectos”, agregó.

Asimismo, las Cámaras solicitaron “la mantención de las reglas establecidas para que el inversor que llegue a las provincias comprometidas con el desarrollo de litio, logre consolidarse e incorporar nuevas inversiones”, indicó.

Cacciola, calificó a la reunión de “muy positiva”, y afirmó que “el gobernador Carlos Sadir tiene en claro que estos temas se tienen que encaminar en ese sentido”, como también que “la integración público-privada es fundamental para obtener los mejores logros en materia de desarrollo minero”.

El valor agregado

Por su parte, Carrillo especificó que el objetivo de encuentro fue “llevar la mirada de la Cámara Minera al gobernador, tanto a nivel nacional como regional”, además de evaluar “las posibilidades de articulación entre el sector público y privado”.

Valoró que se haya dialogado sobre “políticas públicas, acciones de gobierno y privadas”, como también sobre “la difusión del impacto de las políticas mineras en Jujuy y la región, y de su importancia para el desarrollo sostenible a largo plazo”.

Por último, el titular de la Cámara Minera de Jujuy remarcó como fundamental “la articulación público-privado para el crecimiento de la industria y la provincia”.

Las partes acordaron dar continuidad a las mesas de trabajo conjunta entre el estado provincial y las cámaras del norte argentino, a fin de generar una agenda en común que aborden cuestiones regionales vinculados a la industria minera.

CAEM exigió que el “Dólar Minero” abarque a todos los productos

El Ministerio de Economía de la Nación publicó el martes en el Boletín Oficial la Resolución 507/2023, oficializando la puesta en marcha del “Dólar Minero” que además abarca al automotriz y al de pesca en toda la República Argentina bajo el “programa de incremento exportador”. Tanto el sector público como el privado fijaron su postura. Si bien hubo entusiasmo al comienzo, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) pidió corregir el instrumento y solicitó que abarque a todos los productos mineros del país.

“La minería metalífera ingresa en el programa de Incremento Exportador. Gracias a esta medida, la actividad va a recibir un impulso clave para potenciar las inversiones y las exportaciones del sector”, escribió la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, en su cuenta de X.

“Fortalecer las reservas e incentivar la industria minera es el objetivo central de quienes integramos el equipo de Sergio Massa”, agregó la funcionaria.

En tanto, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) pidió cambios en la implementación de la herramienta financiera.

“En los últimos meses hemos trabajado en conjunto y mantenido reiteradas reuniones con los equipos del Ministerio de Economía y la Secretaría de Minería de la Nación. No obstante, la norma conocida presenta una inclusión parcial de productos mineros dejando fuera otros relevantes, tales como la plata en bruto y el litio”, advirtió.

“Es fundamental subrayar que el atraso cambiario afecta a todas las empresas de nuestra industria. Por lo tanto, desde la Cámara Argentina de Empresas Mineras abogamos por el acceso a un tipo de cambio que sea coherente con el otorgado a otras actividades exportadoras”, aseveró.

“La minería representa un componente fundamental de la economía nacional, siendo el sexto complejo exportador del país y una destacada fuente de divisas, gracias a su constante superávit en la balanza comercial”, subrayó.

“Para continuar invirtiendo y mantener el ritmo de producción que caracteriza a nuestro sector, es esencial que el “dólar minero” sea accesible para todas las exportaciones mineras y no se limite únicamente a una parte de ellas. En línea con ello, es imprescindible que las SIRAS y SIRASE que se encuentran pendientes sean aprobadas para continuar con los esquemas productivos”, destacó.

“Sería deseable que la medida contemple a Rocas y Minerales industriales, que abarcan productos como cal, boratos, bentonita, yeso, caliza, diatomita, dolomita, rocas ornamentales, cuarzo, entre otros, así como a los minerales metalíferos tales como zinc, plomo, hierro y cobre. Todos estos productos representaron un total de USD 132 millones en exportaciones generadas por las pequeñas y medianas empresas del sector en 2022”, subrayó.

“En nuestras reuniones con las autoridades, hemos enfatizado el compromiso de la industria para la pronta liquidación de divisas, manteniendo bajos niveles de stock y agilizando el proceso de exportación de productos comercializables. Esto se refleja en el hecho de que, a pesar de las dificultades experimentadas, durante los primeros ocho meses de este año, el sector minero ha exportado un total de USD 2.584 millones, una cifra que incluso supera el promedio de años anteriores”, afirmó.

“Confiamos en que la omisión inicial será corregida, permitiendo a nuestra industria continuar contribuyendo de manera virtuosa a la economía nacional y promoviendo el desarrollo en las provincias, tal como lo ha hecho de manera constante y ejemplar hasta el momento”, consideró CAEM.