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Enarsa

tgs invertirá casi U$S 800 millones para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

La empresa Transportadora de Gas del Sur (tgs) fue adjudicada para ejecutar la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner —también conocido como Gasoducto Perito Moreno— tras un proceso licitatorio nacional e internacional convocado por Energía Argentina S.A. (ENARSA).

El proyecto incrementará la capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d), conectando Tratayén con Salliqueló, y representa una inversión superior a los 560 millones de dólares. Esta expansión permitirá sustituir importaciones de gas durante el período invernal y aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

La iniciativa fue presentada en junio de 2024 por tgs al Ministerio de Economía, y posteriormente declarada de Interés Público Nacional. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA para llevar adelante la licitación pública, que incluyó la construcción, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.

 

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor”, afirmó Oscar Sardi, CEO de tgs.

Se estima que este proyecto generará beneficios a la balanza comercial por más de 700 millones de dólares al año, además de un ahorro fiscal de 450 millones anuales por sustitución de importaciones.

Tres nuevas plantas compresoras y mayor capacidad

La ampliación contempla la instalación de tres nuevas plantas compresoras a lo largo de la traza del gasoducto, más un equipo adicional en la planta existente en Tratayén, alcanzando un total de 90.000 HP.

Con esta infraestructura, la capacidad total del gasoducto llegará a 35 MMm³/día en el invierno de 2026. tgs también lanzará un concurso abierto para asignar la capacidad incremental a los interesados en contratarla bajo un esquema de libre acceso.

Además, se prevé una etapa complementaria que permitiría sumar otros 6 MMm³/día si la demanda lo requiere, ampliando aún más la capacidad de transporte hacia el sistema nacional.

Para llevar ese volumen de gas hacia los principales centros de consumo, tgs ejecutará una ampliación en su sistema regulado. Esta incluye 20 kilómetros de cañerías paralelas y 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, lo que permitirá operar a mayor presión.

Con una inversión de más de 220 millones de dólares, esta obra facilitará la llegada de gas al Área Metropolitana de Buenos Aires, el litoral y el norte del país, reduciendo la dependencia de GNL importado desde la Terminal Escobar y de combustibles líquidos para generación eléctrica.

El gas transportado por el sistema de tgs será transferido al sistema de Transportadora de Gas del Norte (TGN) a través del Gasoducto Mercedes-Cardales, ampliando la cobertura energética y mejorando la competitividad industrial.

La planta compresora Salliqueló dará alivio al transporte de shale gas.

tgs, un actor central en la infraestructura energética

tgs es la principal transportadora de gas natural del país, con más de 9.250 kilómetros de gasoductos en siete provincias. La compañía cuenta con 35 instalaciones y emplea a más de 1.100 personas.

En Neuquén, se consolidó como el primer midstreamer de Vaca Muerta con la planta de acondicionamiento de Tratayén y un sistema de gasoductos de 183 km. Además, opera el Gasoducto Perito Moreno desde su puesta en marcha en 2023.

Con esta nueva adjudicación, tgs refuerza su posición estratégica dentro de la infraestructura energética argentina, impulsando el desarrollo del gas no convencional y la seguridad energética del país.

Nación oficializó nuevas condiciones para la privatización de las represas

El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de nuevas condiciones al pliego de licitación para la venta de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. La medida quedó plasmada en la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La norma aprueba la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. Esta licitación abarca la venta del paquete accionario de las sociedades titulares de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Un paso clave en el proceso de privatización

El texto oficial recuerda que, en abril de 2024, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a conformar estructuras societarias para asumir de manera transitoria la operación de estas centrales. De esa instrucción surgieron cuatro nuevas sociedades anónimas, con participación mayoritaria de ENARSA.

Posteriormente, por el Decreto 718/2024 se otorgó la concesión a esas sociedades para operar los aprovechamientos hidroeléctricos, aunque la entrada en vigencia quedó supeditada al resultado del proceso licitatorio y a la transferencia de acciones.

En agosto de 2025, el Gobierno avanzó con la autorización para privatizar totalmente ENARSA, separando sus actividades por unidad de negocio. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía de la Nación quedó facultada para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional que permitirá transferir las acciones de las represas a operadores privados.

Las centrales involucradas en esta licitación son estratégicas para el sistema eléctrico nacional. Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fueron creadas específicamente para canalizar la transición de la gestión pública a la privada.

La privatización se realizará bajo las modalidades previstas en la Ley 23.696, con un concurso nacional e internacional sin base. Esto significa que el precio se definirá en el marco de la competencia entre oferentes, sin un valor mínimo preestablecido.

Nación y las provincias todavía no ponen fechas para la licitación de las represas del Comahue.

Cambios en los pliegos y respuestas a consultas

Desde la apertura del concurso, el 20 de agosto de 2025, distintos interesados realizaron consultas técnicas y jurídicas sobre las condiciones de participación. Estas inquietudes fueron canalizadas a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía.

Como resultado de este proceso, se introdujeron aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, así como a sus anexos y subanexos. Según detalla la resolución, las modificaciones apuntan a “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” aspectos que surgieron del intercambio con los potenciales oferentes.

La Circular Modificatoria N° 4 incorpora formalmente estos cambios y actualiza las reglas del concurso. La medida lleva la firma del ministro de Economía, Mariano Cúneo Libarona.

La resolución dispone que la circular modificatoria se publique durante tres días en el Boletín Oficial, así como en el portal electrónico de contrataciones públicas CONTRAT.AR, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en la página de la Secretaría de Energía.

Esta difusión busca garantizar la máxima transparencia y acceso a la información para todos los interesados en participar en el proceso. La norma también establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación.

Un proceso observado de cerca

La privatización de estas represas marca un hito en la política energética del país. Se trata de activos estratégicos que, en conjunto, representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina. Su futuro será definido por el resultado de esta licitación.

Los pliegos licitatorios y las sucesivas modificaciones son observados de cerca por empresas nacionales e internacionales. La dinámica de este proceso también es seguida por las provincias involucradas, especialmente aquellas que albergan las centrales hidroeléctricas.

La resolución publicada se apoya en un entramado legal y regulatorio que incluye la Ley 15.336, la Ley 24.065 y la Ley 27.742, entre otras normas. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y coordina el procedimiento junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

En este contexto, el Gobierno busca completar en los próximos meses el proceso de transferencia de acciones, con la expectativa de atraer inversiones privadas para la modernización y operación eficiente de las represas.

Con la Circular Modificatoria N° 4 ya vigente, los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las nuevas disposiciones antes de la apertura formal de sobres. La definición de adjudicatarios marcará un cambio estructural en el mapa energético nacional.

La publicación en los portales oficiales garantiza que los documentos estén disponibles para todos los interesados, en línea con los estándares de transparencia y competencia.

La Resolución 1569/2025 se inscribe así como un nuevo paso en la avanzada privatizadora del sector hidroeléctrico, en un contexto de cambios profundos en la política energética nacional.

Tettamanti: “Queremos energía al menor costo posible para impulsar el desarrollo”

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, delineó en dos foros energéticos consecutivos la hoja de ruta de la política energética oficial. En ambos encuentros, planteó una transformación estructural orientada a reducir costos, garantizar la competencia y restablecer un marco regulatorio previsible.

Durante el Renewables & Electricity Day, la funcionaria remarcó que “el fin último de las políticas energéticas es que la Argentina pueda desarrollarse y crecer” y que para lograrlo “se necesita energía al mejor costo posible, tanto para que la industria produzca como para que el usuario consuma”.

Tettamanti destacó la necesidad de diferenciar claramente los segmentos de la cadena productiva. “Los monopolios naturales deben regularse con apego absoluto a la ley, garantizando tarifas justas y sostenibles”, sostuvo. Además, señaló que durante la última década solo en un breve período se respetaron plenamente las normas tarifarias, un escenario que el actual Gobierno no quiere repetir.

En ese marco, remarcó que el sector competitivo debe regirse por las reglas del libre mercado y la gestión privada. “Las inversiones deben responder a incentivos reales y no a decisiones discrecionales”, afirmó.

La secretaria explicó que el esquema energético argentino ya atravesó una etapa de privatización en los años 80, que se revirtió en los últimos años. “Hoy el objetivo es volver a privatizar la gestión, devolver al sector privado su rol de inversor y operador”, enfatizó.

Descentralización y rol de CAMMESA

Otro eje central es redefinir el papel de CAMMESA. Según Tettamanti, la propuesta es que la compañía vuelva a su función original de administrar el despacho eléctrico, mientras que el sector privado contrata libremente la energía. Los grandes usuarios podrán optar entre contratos a término o el mercado spot.

“Queremos que la competencia y el funcionamiento de los mercados aseguren la eficiencia en las decisiones”, dijo.

Asimismo, planteó que la reforma apunta a descentralizar la gestión de combustibles y la contratación de energía. Las distribuidoras seguirán teniendo generación asignada para la demanda residencial, pero deberán pagar precios estacionalizados al valor del spot o salir a contratar directamente.

Tettamanti subrayó que ninguna política pública puede sostenerse sin estabilidad macroeconómica. “El sector energético está altamente dolarizado; las decisiones deben ser consistentes con los lineamientos del Ministerio de Economía”, puntualizó.

También garantizó que el Gobierno mantendrá el respeto a los derechos adquiridos y al Plan Gas. “Respetar el Plan Gas significa respetar contratos, volúmenes y precios”, explicó.

En ese sentido, detalló que los contratos vigentes podrán mantenerse bajo las mismas condiciones, de forma optativa y con plena seguridad jurídica. Además, anunció la descentralización de la compra de combustibles, que dejará de concentrarse exclusivamente en ENARSA.

Lineamientos para el mercado de gas

Al día siguiente, durante el Congreso del Mercado de Gas organizado por ACIGRA, Tettamanti presentó los lineamientos centrales para la reestructuración del sector gasífero. Entre ellos, destacó la unificación de entes reguladores, la regularización tarifaria con mecanismos de actualización continua, la implementación transparente del passthrough de gas y la normalización del mercado mayorista.

También mencionó el reordenamiento del sistema de transporte con contratos firmes y la transferencia de la gestión de compra de gas a las distribuidoras, retirando la intervención directa de ENARSA.

“Para que haya inversión, las industrias necesitan previsibilidad”, afirmó Tettamanti al explicar el proceso de regularización tarifaria. La funcionaria indicó que la Revisión Quinquenal Tarifaria definió niveles en 30 cuotas y un mecanismo de actualización mensual para evitar la pérdida de valor real.

Sobre el passthrough de gas, explicó que ENARGAS estableció un procedimiento claro para que las distribuidoras adquieran el gas que suministran a los usuarios. “Queremos avanzar hacia la privatización de la gestión de compra de gas”, señaló.

Además, enfatizó la necesidad de reorganizar el sistema de transporte. “Si las distribuidoras no saben qué rutas de transporte firme tendrán para su demanda prioritaria, o las industrias desconocen de qué cuencas deben comprar, se vuelve muy difícil descentralizar y liberar el mercado de compra y venta de gas natural”, advirtió.

Hacia un esquema competitivo y estable

Para la secretaria, cada distribuidora debería contratar transporte en rutas que le permitan abastecer a sus usuarios y buscar contratos de suministro a largo plazo. Con ello, se apunta a un esquema en el que la competencia y la eficiencia marquen el ritmo del mercado energético argentino.

Tettamanti insistió en que las reformas tienen como norte un sistema basado en reglas claras, estabilidad macroeconómica y respeto a los contratos. “Queremos energía al menor costo posible para impulsar el desarrollo y garantizar previsibilidad a quienes invierten y consumen”, concluyó.

La privatización de Nucleoeléctrica será parcial

El Gobierno nacional oficializó mediante decreto la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), compañía encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema mixto de participación público-privada, con el Estado manteniendo la mayoría accionaria.

El texto define la venta de un 44% del capital social mediante licitación pública, de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se organiza un Programa de Propiedad Participada para destinar un 5% de las acciones a trabajadores. El 51% de la compañía quedará bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

A diferencia de versiones anteriores, el nuevo decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación accionaria, que actualmente equivale al 20% del capital social. De esta manera, el organismo continuará como accionista relevante dentro de la compañía.

Una privatización parcial

La norma se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que autorizan procesos de privatización. El Poder Ejecutivo argumentó que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y garantizar el financiamiento de proyectos estratégicos en curso.

Según el Boletín Oficial, Nucleoeléctrica recibió durante 2023 transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado nacional. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal y limitar la intervención estatal en sectores que pueden desarrollarse con participación privada.

El esquema prevé que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de la empresa. Además, la CNEA continuará dentro del paquete accionario, lo que asegura su presencia institucional en la toma de decisiones sobre la actividad nuclear.

Proyectos estratégicos

El decreto destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra la capacidad operativa de sus centrales bajo estándares internacionales de seguridad.

No obstante, la empresa requiere financiamiento adicional para encarar proyectos clave. Entre ellos figuran la extensión de vida de la Central Atucha I, prevista para volver al sistema eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.

El Gobierno considera que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y reforzar la competitividad de la compañía frente a otros generadores del mercado eléctrico.

Lo que viene para Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante el procedimiento de privatización. El proceso incluirá la licitación pública internacional y la implementación del Programa de Propiedad Participada.

El decreto instruye además a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones en poder de Energía Argentina S.A. (Enarsa) al Estado nacional, y a Enarsa a traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía antes de la licitación.

Con esta estructura, el Estado conservará el 51% de la compañía y garantizará que la CNEA mantenga su participación accionaria. El objetivo oficial es atraer inversiones para financiar los proyectos de largo plazo, sin perder el control estatal de una empresa estratégica en materia energética y nuclear.

Solicitaron informes sobre los envíos de gas de Bolivia

La producción de gas en Bolivia entró en un declino difícil de contrarrestar en el corto tiempo. Esto llevó a que Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) ponga en dudas el cumplimiento de los contratos de exportación de gas con Argentina y Brasil y alertó a las autoridades del Gobierno nacional.

En este marco, la diputada nacional Jimena Latorre presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno nacional información sobre la posible suspensión del contrato con YPFB.

En el pedido de informes se destaca el cronograma de licitación y de obras previsto para las tareas de reversión del Gasoducto del Norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con Energía Argentina.

En este sentido, Latorre solicitó que Nación informe sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.

Asimismo, la legisladora pidió que se le comunique qué multas se aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por Energía Argentina ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.

 

RESOLUCIÓN Pedido de informes ABASTECIMIENTO GAS DE BOLIVIA

 

La diputada acompañada por su par Pamela Verasay también pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano.

Por último, Latorre reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.

Hay que recordar que la Secretaría de Energía de Nación instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a realizar una operación de crédito reintegrable que garantice la disponibilidad de la totalidad de los fondos necesarios para ejecutar la obra “Proyecto de Revisión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

Entre los fundamentos de esa instrucción, la cartera energética destaca que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a ENARSA que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad. Que la circunstancia descripta posiciona en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta que las principales centrales termoeléctrica radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.

Apud: “Tienen apuro de hacer cosas antes de irse”

La decisión del Gobierno nacional de delegar el manejo de las represas hidroeléctricas del Comahue no para de recibir críticas. El exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, coincidió con el gobernador de Neuquén, y Arabela Carreras, mandataria de Río Negro, sobre las últimas acciones de la administración de Alberto Fernández.

Si bien desde Nación informaron que se convocará a una mesa de diálogo, los gobiernos provinciales preparan diferentes estrategias para que las centrales no queden bajo el poder de la empresa que lidera Agustín Gerez.

En este marco, Apud consideró que las autoridades nacionales “tienen un apuro de hacer cosas antes de irse” y “toman decisiones que van a afectar los próximos años”.

Las represas hidroeléctricas El Chocón, Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila representan más del 15% de la potencia disponible en todo el Sistema Interconectado Nacional y son la mitad de la potencia hidroeléctrica que tiene el sector.

Para Apud, la decisión que encabezó Flavia Royón es “coherente con el kirchnerismo en cuanto a intervenir tanto como pueda” y consideró que el Frente de Todos no seguirá conduciendo el destino del país por lo que pidió que se tomen medidas pensando en el futuro de la comunidad.

“Lo correcto sería que el próximo gobierno decida qué hacer y para eso hay una cláusula en el contrato de concesión que dice que el Estado nacional puede implementar una prórroga de un año. Lo que sugerimos un grupo de exsecretarios de Energía y el grupo de Energía de uno de los candidatos de la oposición, es que se aproveche ese plazo de extensión y llamar a licitación por ‘x’ cantidad de años para la operación, mantenimiento y la inversión porque son centrales que tienen más de 30 a 50 años”, subrayó el exfuncionario en diálogo con Radio del Sur.

“Es necesario hacer un diagnóstico de la situación, de las estructuras civiles, de la parte electromecánica, etc. y ver qué inversiones son necesarias hacer para hacer una actualización en busca que puedan seguir rindiendo 20 años o más”, agregó.

Para el exsecretario de Energía, el Gobierno no tiene que perder el tiempo en armar “instituciones u organismos parasitarios”. “¿Para qué van a poner una empresa del Estado con un montón de gente que entra políticamente con un presupuesto altísimo? Eso hay que sacárselo de la cabeza porque el perjudicado es el ciudadano, que va a haber incrementado el costo de su energía por estos organismos parasitarios”, criticó.

“Hay que buscar la manera para que sea más competitiva la energía y generar condiciones mejores condiciones. El Estado recibe muchísimo dinero por impuestos ¿para qué se tiene que meter a administrar y a contratar más gente? Evidentemente porque hay otros negocios ahí”, aseveró.

“Siempre está la prédica de la soberanía y son todas pavadas. Son todas cosas que la gente tiene que empezar a entender que son relatos de un sector que quiere beneficiarse del Estado y no generar servicios que sean útiles para la población”, cuestionó.

En este sentido, Apud recordó que las empresas a cargo de las centrales tienen un reclamo que ronda los 800 millones de dólares debido a las decisiones de cambiar constantemente el precio de la energía. “El próximo gobierno debería juntarse con las concesionarias, negociar que retiren los reclamos y las condiciones de inversión, pero no venir de prepo y decir ‘voy a armar una empresa y después veo si le doy algo a las provincias’. Eso no sirve”, evaluó.

Enarsa se haría cargo de cuatro represas

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, criticó la decisión del gobierno de instruir a Enarsa a hacerse cargo de la generación de energía eléctrica, al vencimiento de las concesiones en las centrales El Chocón-Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila.

“La ignorancia y la avaricia es tal que, en lugar de hacer uso del año de prórroga del contrato y dejar que el próximo gobierno defina su política energética, se apoderan de cuatro meses de recursos para hacer caja”, denunció Latorre.

“La secretaria de Energía, Flavia Royón, mediante una nota de Instrucción, pone a una empresa deficitaria que subsiste a fuerza de transferencias del Tesoro, sin condiciones ni procedimiento de delegación alguno, a cargo de cuatro complejos hidroeléctricos fundándose en una ley que le indica hacer todo lo contrario. La ‘instrucción’ de Royón esta viciada de nulidad. Ella, de inoperancia“, advirtió la diputada mendocina.

“La decisión afecta a las provincias dueñas de los bienes y también la operatividad del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico”, resaltó Latorre y añadió: “Los complejos afectados representan el 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país”.

Hay que recordar que los legisladores nacionales por Mendoza, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, presentaron en el Congreso de la Nación dos iniciativas con respecto a la propiedad y facultad concedente de las centrales hidroeléctricas y la otra que deroga un decreto del gobierno de facto de Lanusse sobre las regalías de Los Nihuiles

La primera de ellas impulsa la “Federalización de la Generación de Energía Hidroeléctrica”, tendiente a actualizar la normativa vigente. Por ello requerirán de un marco legal ordenado, que brinde seguridad jurídica a las inversiones por venir y que sea consecuente y respetuoso de la Constitución Nacional.

La iniciativa propone modificar el articulado de la Ley N° 15.336, con el fin que la normativa establezca que “la generación de energía eléctrica será de jurisdicción provincial o nacional, conforme al territorio en el que se encuentre emplazada su fuente” y que “corresponde a las provincias o al Estado Nacional, otorgar las concesiones y ejercer las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”.

“Entre agosto de este año y 2029 vencen las concesiones de once centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa y San Juan”, explicó Latorre.

“Ante la inminencia de los vencimientos el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”, agregó la diputada nacional.

En tanto, Cornejo subrayó: “con el objeto de reorganizar el régimen de generación de energía eléctrica en un marco acorde a la Constitución Nacional, es que entendemos que el título para la actividad de generación hidroeléctrica debe ser otorgado por las provincias; el comercio interprovincial de la electricidad está sujeto a regulación federal y las concesiones provinciales no pueden interferir con ella”.

Por otra parte se presentó un proyecto para la derogación del Decreto 1560/73, y que la regalía prevista en el artículo 43° de la Ley 15.336 por la utilización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sea liquidada en su totalidad y retroactivamente a la provincia de Mendoza, en tanto titular exclusivo de la fuente hidroeléctrica, hasta la finalización de la concesión, momento en el que, como se propone en el primer proyecto, el poder concedente pasaría a la provincia y dicho artículo 43 quedaría derogado.

En 1973, el Poder Ejecutivo Nacional de facto a cargo del General Lanusse, ordenó ilegítimamente a través del decreto N° 1.560/73 que Agua y Energía liquidará en favor de La Pampa el cincuenta por ciento (50%) de las regalías que pagaba a Mendoza, situación que se mantiene hasta el presente, pese a los reiterados esfuerzos de Mendoza por derogar el decreto de Lanusse.

“Existe una demanda histórica de Mendoza respecto de las regalías hidroeléctricas del sistema de los Nihuiles, que tiene un reparto de regalías único en el país”, advirtió Latorre y agrego La teoría de la fuente hidroeléctrica es la que aplica nuestro país para liquidar las regalías en cuarenta y tres centrales hidroeléctricas de todo el país, con la única excepción del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Ante esto, Cornejo comentó que “hemos hecho un gran trabajo en todo este tiempo. No tenemos cortes de luz o de electricidad, como ha tenido AMBA o el gran Buenos Aires, en pleno verano. Eso ha sido un gran trabajo, se hizo cuando Jimena estaba en el EPRE, pero también de las autoridades actuales del ente de contralor y la Secretaría de Servicios Públicos”, aseguró y dijo que “hemos ampliado líneas con fondos que son provinciales. Se ha hecho un trabajo que mejora el servicio”.

Si bien el río Atuel es un río interprovincial “de curso sucesivo”, todas las presas y centrales hidroeléctricas que conforman el Sistema del Atuel, entendidas jurídicamente como fuente hidroeléctrica), se encuentran en la provincia de Mendoza.