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Enarsa

Solicitaron informes sobre los envíos de gas de Bolivia

La producción de gas en Bolivia entró en un declino difícil de contrarrestar en el corto tiempo. Esto llevó a que Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) ponga en dudas el cumplimiento de los contratos de exportación de gas con Argentina y Brasil y alertó a las autoridades del Gobierno nacional.

En este marco, la diputada nacional Jimena Latorre presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno nacional información sobre la posible suspensión del contrato con YPFB.

En el pedido de informes se destaca el cronograma de licitación y de obras previsto para las tareas de reversión del Gasoducto del Norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con Energía Argentina.

En este sentido, Latorre solicitó que Nación informe sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.

Asimismo, la legisladora pidió que se le comunique qué multas se aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por Energía Argentina ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.

 

RESOLUCIÓN Pedido de informes ABASTECIMIENTO GAS DE BOLIVIA

 

La diputada acompañada por su par Pamela Verasay también pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano.

Por último, Latorre reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.

Hay que recordar que la Secretaría de Energía de Nación instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a realizar una operación de crédito reintegrable que garantice la disponibilidad de la totalidad de los fondos necesarios para ejecutar la obra “Proyecto de Revisión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

Entre los fundamentos de esa instrucción, la cartera energética destaca que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a ENARSA que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad. Que la circunstancia descripta posiciona en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta que las principales centrales termoeléctrica radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.

Apud: “Tienen apuro de hacer cosas antes de irse”

La decisión del Gobierno nacional de delegar el manejo de las represas hidroeléctricas del Comahue no para de recibir críticas. El exsecretario de Energía de la Nación, Emilio Apud, coincidió con el gobernador de Neuquén, y Arabela Carreras, mandataria de Río Negro, sobre las últimas acciones de la administración de Alberto Fernández.

Si bien desde Nación informaron que se convocará a una mesa de diálogo, los gobiernos provinciales preparan diferentes estrategias para que las centrales no queden bajo el poder de la empresa que lidera Agustín Gerez.

En este marco, Apud consideró que las autoridades nacionales “tienen un apuro de hacer cosas antes de irse” y “toman decisiones que van a afectar los próximos años”.

Las represas hidroeléctricas El Chocón, Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila representan más del 15% de la potencia disponible en todo el Sistema Interconectado Nacional y son la mitad de la potencia hidroeléctrica que tiene el sector.

Para Apud, la decisión que encabezó Flavia Royón es “coherente con el kirchnerismo en cuanto a intervenir tanto como pueda” y consideró que el Frente de Todos no seguirá conduciendo el destino del país por lo que pidió que se tomen medidas pensando en el futuro de la comunidad.

“Lo correcto sería que el próximo gobierno decida qué hacer y para eso hay una cláusula en el contrato de concesión que dice que el Estado nacional puede implementar una prórroga de un año. Lo que sugerimos un grupo de exsecretarios de Energía y el grupo de Energía de uno de los candidatos de la oposición, es que se aproveche ese plazo de extensión y llamar a licitación por ‘x’ cantidad de años para la operación, mantenimiento y la inversión porque son centrales que tienen más de 30 a 50 años”, subrayó el exfuncionario en diálogo con Radio del Sur.

“Es necesario hacer un diagnóstico de la situación, de las estructuras civiles, de la parte electromecánica, etc. y ver qué inversiones son necesarias hacer para hacer una actualización en busca que puedan seguir rindiendo 20 años o más”, agregó.

Para el exsecretario de Energía, el Gobierno no tiene que perder el tiempo en armar “instituciones u organismos parasitarios”. “¿Para qué van a poner una empresa del Estado con un montón de gente que entra políticamente con un presupuesto altísimo? Eso hay que sacárselo de la cabeza porque el perjudicado es el ciudadano, que va a haber incrementado el costo de su energía por estos organismos parasitarios”, criticó.

“Hay que buscar la manera para que sea más competitiva la energía y generar condiciones mejores condiciones. El Estado recibe muchísimo dinero por impuestos ¿para qué se tiene que meter a administrar y a contratar más gente? Evidentemente porque hay otros negocios ahí”, aseveró.

“Siempre está la prédica de la soberanía y son todas pavadas. Son todas cosas que la gente tiene que empezar a entender que son relatos de un sector que quiere beneficiarse del Estado y no generar servicios que sean útiles para la población”, cuestionó.

En este sentido, Apud recordó que las empresas a cargo de las centrales tienen un reclamo que ronda los 800 millones de dólares debido a las decisiones de cambiar constantemente el precio de la energía. “El próximo gobierno debería juntarse con las concesionarias, negociar que retiren los reclamos y las condiciones de inversión, pero no venir de prepo y decir ‘voy a armar una empresa y después veo si le doy algo a las provincias’. Eso no sirve”, evaluó.

Enarsa se haría cargo de cuatro represas

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Jimena Latorre, criticó la decisión del gobierno de instruir a Enarsa a hacerse cargo de la generación de energía eléctrica, al vencimiento de las concesiones en las centrales El Chocón-Arroyito, Alicurá, Planicie Banderita y Piedra del Águila.

“La ignorancia y la avaricia es tal que, en lugar de hacer uso del año de prórroga del contrato y dejar que el próximo gobierno defina su política energética, se apoderan de cuatro meses de recursos para hacer caja”, denunció Latorre.

“La secretaria de Energía, Flavia Royón, mediante una nota de Instrucción, pone a una empresa deficitaria que subsiste a fuerza de transferencias del Tesoro, sin condiciones ni procedimiento de delegación alguno, a cargo de cuatro complejos hidroeléctricos fundándose en una ley que le indica hacer todo lo contrario. La ‘instrucción’ de Royón esta viciada de nulidad. Ella, de inoperancia“, advirtió la diputada mendocina.

“La decisión afecta a las provincias dueñas de los bienes y también la operatividad del Sistema Argentino de Interconexión Eléctrico”, resaltó Latorre y añadió: “Los complejos afectados representan el 50 por ciento de la energía hidroeléctrica del país”.

Hay que recordar que los legisladores nacionales por Mendoza, Alfredo Cornejo y Jimena Latorre, presentaron en el Congreso de la Nación dos iniciativas con respecto a la propiedad y facultad concedente de las centrales hidroeléctricas y la otra que deroga un decreto del gobierno de facto de Lanusse sobre las regalías de Los Nihuiles

La primera de ellas impulsa la “Federalización de la Generación de Energía Hidroeléctrica”, tendiente a actualizar la normativa vigente. Por ello requerirán de un marco legal ordenado, que brinde seguridad jurídica a las inversiones por venir y que sea consecuente y respetuoso de la Constitución Nacional.

La iniciativa propone modificar el articulado de la Ley N° 15.336, con el fin que la normativa establezca que “la generación de energía eléctrica será de jurisdicción provincial o nacional, conforme al territorio en el que se encuentre emplazada su fuente” y que “corresponde a las provincias o al Estado Nacional, otorgar las concesiones y ejercer las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”.

“Entre agosto de este año y 2029 vencen las concesiones de once centrales hidroeléctricas ubicadas en las provincias de Neuquén, Río Negro, Mendoza, Tucumán, Chubut, Santa y San Juan”, explicó Latorre.

“Ante la inminencia de los vencimientos el Gobierno Nacional lo único que ha hecho es la creación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), que a la fecha no ha presentado un solo informe de los que la norma le encomienda”, agregó la diputada nacional.

En tanto, Cornejo subrayó: “con el objeto de reorganizar el régimen de generación de energía eléctrica en un marco acorde a la Constitución Nacional, es que entendemos que el título para la actividad de generación hidroeléctrica debe ser otorgado por las provincias; el comercio interprovincial de la electricidad está sujeto a regulación federal y las concesiones provinciales no pueden interferir con ella”.

Por otra parte se presentó un proyecto para la derogación del Decreto 1560/73, y que la regalía prevista en el artículo 43° de la Ley 15.336 por la utilización del Sistema Hidroeléctrico Los Nihuiles sea liquidada en su totalidad y retroactivamente a la provincia de Mendoza, en tanto titular exclusivo de la fuente hidroeléctrica, hasta la finalización de la concesión, momento en el que, como se propone en el primer proyecto, el poder concedente pasaría a la provincia y dicho artículo 43 quedaría derogado.

En 1973, el Poder Ejecutivo Nacional de facto a cargo del General Lanusse, ordenó ilegítimamente a través del decreto N° 1.560/73 que Agua y Energía liquidará en favor de La Pampa el cincuenta por ciento (50%) de las regalías que pagaba a Mendoza, situación que se mantiene hasta el presente, pese a los reiterados esfuerzos de Mendoza por derogar el decreto de Lanusse.

“Existe una demanda histórica de Mendoza respecto de las regalías hidroeléctricas del sistema de los Nihuiles, que tiene un reparto de regalías único en el país”, advirtió Latorre y agrego La teoría de la fuente hidroeléctrica es la que aplica nuestro país para liquidar las regalías en cuarenta y tres centrales hidroeléctricas de todo el país, con la única excepción del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles

Ante esto, Cornejo comentó que “hemos hecho un gran trabajo en todo este tiempo. No tenemos cortes de luz o de electricidad, como ha tenido AMBA o el gran Buenos Aires, en pleno verano. Eso ha sido un gran trabajo, se hizo cuando Jimena estaba en el EPRE, pero también de las autoridades actuales del ente de contralor y la Secretaría de Servicios Públicos”, aseguró y dijo que “hemos ampliado líneas con fondos que son provinciales. Se ha hecho un trabajo que mejora el servicio”.

Si bien el río Atuel es un río interprovincial “de curso sucesivo”, todas las presas y centrales hidroeléctricas que conforman el Sistema del Atuel, entendidas jurídicamente como fuente hidroeléctrica), se encuentran en la provincia de Mendoza.