tgs inicia la ampliación del Gasoducto Perito Moreno

Transportadora de Gas del Sur (tgs) anunció hoy el inicio formal de las obras de ampliación del Gasoducto Perito Moreno (GPM) y de sus sistemas troncales regulados. El proyecto busca dar respuesta al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, permitiendo inyectar un volumen adicional de 14 MMm³/día al sistema nacional.

Tras haber resultado adjudicataria en la licitación de ENARSA en octubre de 2025, tgs puso en marcha un plan de obras que se estima estará operativo para el invierno de 2027. Los trabajos principales incluyen:

  • Nuevas Plantas Compresoras: Se construirán tres plantas en la provincia de La Pampa (Casa de Piedra, Doblas y Chacharamendi).
  • Refuerzo en Tratayén: Se sumará un equipo compresor en la planta existente en Neuquén, alcanzando un total de 90.000 HP de potencia instalada.
  • Ampliación del Sistema Regulado: Para asegurar que el gas llegue al Gran Buenos Aires y al Norte del país, se instalarán 20 km de cañería paralela y 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, que además será adecuado para operar a mayor presión.

Convocatoria a contratar la nueva capacidad de transporte

Coincidiendo con el inicio de las obras, tgs lanzó hoy los Concursos Abiertos para adjudicar la capacidad incremental de transporte. Esta convocatoria está dirigida a productores y usuarios interesados en contratar servicios en firme bajo dos tramos:

  • Tramo GPM: 14 MMm³/día desde Tratayén hasta Salliqueló.
  • Tramo Sistema Regulado: 12 MMm³/día desde Salliqueló hasta el área del Gran Buenos Aires.

“Esta expansión es vital para evacuar el potencial de Vaca Muerta y garantizar el abastecimiento interno en los centros de mayor consumo y el norte argentino”, destacaron desde la compañía.

Los interesados pueden consultar las bases y condiciones en el sitio oficial: www.tgs.com.ar/transporte

Con foco en el invierno, el Gobierno habilita la competencia privada en el GNL

El Gobierno Nacional dio un nuevo paso en la reorganización del sistema energético al convocar a una licitación pública nacional e internacional para la importación y comercialización privada de gas natural licuado (GNL). La medida apunta a seleccionar un operador que utilice la capacidad disponible de la terminal de Escobar y entregue el gas regasificado en Los Cardales.

La iniciativa fue instrumentada mediante la Resolución 33/2026 de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, y establece los lineamientos técnicos, económicos y operativos que regirán el proceso. El objetivo central es que el abastecimiento se defina mediante competencia, con reglas claras, trazabilidad y mayor previsibilidad para el sistema.

Según lo dispuesto, la licitación contará con una etapa de precalificación destinada a evaluar antecedentes técnicos, experiencia y solvencia financiera de los interesados. Solo quienes superen esa instancia podrán presentar ofertas económicas, que serán comparadas en función del menor adicional en dólares por millón de BTU sobre el marcador internacional TTF.

El criterio de adjudicación se basará en la propuesta que ofrezca el menor diferencial respecto del índice Title Transfer Facility, publicado por Intercontinental Exchange. Ese adicional deberá cubrir todos los costos logísticos y operativos, incluyendo flete marítimo, regasificación, almacenamiento, comercialización y transporte por gasoducto hasta el punto de entrega.

El esquema prevé la designación de un único operador privado que actuará como comercializador-agregador, concentrando la coordinación de buques, la administración de inventarios y la utilización de la unidad flotante de almacenamiento y regasificación. De esta manera, se busca evitar superposiciones y conflictos en una infraestructura que requiere gestión unificada.

La instalación del proyecto de GNL fue un dilema para el país.

La búsqueda de garantizar eficiencia operativa en el GNL

Desde la Secretaría de Energía explicaron que las características técnicas de la terminal de Escobar imponen la necesidad de una administración coordinada. Los informes oficiales advierten que una operatoria fragmentada podría generar problemas en la asignación de ventanas de arribo de buques y en la gestión de los tanques de almacenamiento.

La resolución establece que el adjudicatario deberá celebrar un contrato de servicios y acceso con el titular o cesionario de la capacidad de la terminal. Dicho contrato tendrá una duración de un año calendario desde su firma, con asignación total de capacidad durante el período invernal comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2026.

Fuera de ese período, las partes podrán acordar el uso de la capacidad disponible con el objetivo de optimizar la infraestructura en beneficio del sistema. Esta flexibilidad busca maximizar el aprovechamiento de la terminal y reducir costos estructurales en los meses de menor demanda.

El marco regulatorio también fija un precio máximo para la venta del gas regasificado en el mercado interno. Ese valor no podrá superar el marcador TTF más el adicional adjudicado, garantizando que los usuarios finales accedan a un suministro competitivo y alineado con referencias internacionales.

Para las distribuidoras, la medida prevé criterios que permitan contar con precios ciertos al momento de contratar, facilitando su traslado a tarifas conforme a la normativa vigente. En el caso de la industria y de los generadores eléctricos, se aplicarán mecanismos específicos que otorguen mayor flexibilidad comercial.

YPF busca explotar los recursos de Vaca Muerta con el GNL.

Plazos, rol de ENARSA y objetivos de mediano plazo

El cronograma oficial establece que el proceso licitatorio deberá concluir en un plazo aproximado de 40 días desde la publicación de la resolución. Una vez adjudicado, el contrato con la terminal deberá firmarse dentro de los cinco días posteriores, con el objetivo de anticiparse al pico de demanda invernal.

La convocatoria y ejecución operativa quedarán a cargo de Energía Argentina Sociedad Anónima, conforme a las instrucciones y bases que apruebe la autoridad de aplicación. ENARSA continuará cumpliendo un rol central en la transición hacia un esquema con mayor participación privada.

El texto oficial también contempla la posibilidad de declarar desierta la licitación si las ofertas no resultan convenientes o no cumplen con los requisitos establecidos. En ese escenario, la Secretaría podrá instruir la continuidad del mecanismo actual para asegurar el abastecimiento durante 2026.

Asimismo, se reconoce el derecho del adjudicatario a igualar la mejor oferta en una eventual licitación para el invierno de 2027, siempre que ese proceso se concrete. Esta cláusula apunta a fomentar la continuidad operativa y a reducir riesgos para los inversores.

Nación habilitó la importación privada de GNL

El Gobierno Nacional puso en marcha un nuevo esquema para asegurar el abastecimiento durante los meses de mayor demanda, por el cual la importación y la comercialización de Gas Natural Licuado (GNL) pasarán a ser realizadas por el sector privado mediante competencia.

La medida responde a que no existe actualmente capacidad suficiente de transporte para que todo el gas disponible en cuenca llegue en volumen necesario a los principales centros de consumo, especialmente en el AMBA y el Litoral. Por eso, en invierno es necesario complementar con GNL.

Este cambio se inscribe en la decisión de avanzar con la privatización de activos y actividades de ENARSA y de retirar al Estado del rol de empresario e intermediario en el mercado energético, para concentrarse en su función propia: establecer reglas, garantizar transparencia y asegurar el abastecimiento. En línea con ese objetivo, ENARSA deja de importar y comercializar GNL y el proceso pasa a estar a cargo de operadores privados, bajo un mecanismo competitivo.

Hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores internacionales —del orden de 15 a 17 USD por MMBTU— y luego lo vendía a valores equivalentes al precio del Plan Gas, alrededor de 2,7 USD por MMBTU, cubriendo esa diferencia con subsidios pagados con recursos de todos los argentinos. El nuevo esquema elimina esa intermediación estatal y traslada la responsabilidad comercial y operativa al sector privado, con reglas claras.

A partir de esta medida, se asignará por licitación el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar y quien resulte adjudicado se hará cargo de traer el GNL, regasificarlo e inyectarlo al sistema para abastecer a distribuidoras y generadores eléctricos. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación definirá las condiciones del proceso y los criterios operativos para asegurar previsibilidad. Si el procedimiento no lograra un resultado, ENARSA podrá intervenir de forma transitoria para evitar cualquier riesgo de faltantes.

Para evitar distorsiones en un contexto donde la terminal operativa es única y se vuelve un punto crítico del abastecimiento, el esquema incorpora un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno. Ese tope se fijará en función de un marcador internacional y un adicional que cubrirá los costos logísticos y operativos —flete, regasificación, almacenaje, comercialización y traslado por gasoducto hasta el punto de entrega en Cardales. Además, ese adicional se determinará mediante un procedimiento competitivo entre empresas, de modo de reflejar eficiencia y asegurar la mejor oferta disponible.

El objetivo es garantizar el suministro cuando más se necesita, ordenar la formación de precios a través de competencia y avanzar en un mercado más transparente, donde el Estado deje de actuar como operador y se enfoque en asegurar reglas y control para el funcionamiento del sistema.

Menos subsidios, más inversión: las claves del plan energético

En el Energy Day organizado por EconoJournal, Daniel González, secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, trazó un balance del año y delineó las claves de política energética para 2026. Según el funcionario, el Gobierno avanzó “de manera decisiva en la normalización del sistema energético argentino”, un proceso que combina reducción de los subsidios, desregulación y mayor participación privada.

Recordó que, al asumir, los subsidios energéticos representaban el 1,5% del PBI. “Con el esquema actual y las proyecciones del Presupuesto 2026 los reducimos a 0,5%”, indicó, para luego remarcar que el recorte “no es solo un ajuste fiscal”, sino parte de un proceso más amplio destinado a “ordenar el sector, bajar costos sistémicos e incentivar la inversión privada”.

González sostuvo que la reinstalación de la ecuación económica del sector fue determinante. “Revisamos tarifas que brindan previsibilidad y capacidad de financiamiento. Desregulamos progresivamente el mercado y habilitamos a los generadores a adquirir libremente su propio combustible”, explicó. Según dijo, todas estas señales ya se reflejan en el interés privado a través de “licitaciones hidroeléctricas, proyectos de almacenamiento en AMBA e iniciativas como la de TGS”.

De cara a lo que viene, anticipó un escenario favorable. “Para 2026 espero un año de consolidación: más inversión, más previsibilidad y un sector privado respondiendo a señales claras y estables”, afirmó.

YPF acelera en Vaca Muerta.

“Vaca Muerta recién empieza”: productividad y señales de mercado

Al abordar la agenda de hidrocarburos, González defendió la continuidad de los incentivos para la producción y la reducción de cargas impositivas. “El objetivo es seguir reduciendo impuestos distorsivos sin comprometer la disciplina fiscal”, señaló. En ese marco, recordó la eliminación de retenciones al crudo convencional y reconoció que, aunque “el impuesto sobre el no convencional es malo”, el contexto fiscal actual impide su eliminación.

Asimismo, advirtió que la caída del precio internacional del petróleo puede moderar el ritmo de actividad, aunque no provocar un freno abrupto. “Vaca Muerta tiene un diferencial clave: la productividad de nuestros pozos es dos o tres veces superior a la del Permian, aun con costos e impuestos mayores”, sostuvo.

El cambio estructural, según González, está en el nuevo régimen de precios. “Hoy los precios en Argentina son libres: se vende por paridad de exportación, sin precios artificiales como el ‘barril criollo’. Esta es una señal estructural que mejora la competitividad y la planificación de largo plazo”, remarcó.

El ingreso de Continental Resources a la formación neuquina fue para el funcionario una señal contundente. “Es una de las compañías independientes más relevantes de Estados Unidos. Su ingreso demuestra confianza en la competitividad estructural de la roca”, dijo. Y concluyó: “Vaca Muerta recién empieza: solo el 5% está desarrollado y la oportunidad a futuro es inmensa”.

Transición en el mercado de gas y compras de GNL

González insistió en que el Gobierno mantiene un proceso de salida progresiva del Estado de los mercados energéticos. “Estamos avanzando en retirar gradualmente a ENARSA del centro del mercado de gas, del mismo modo que estamos haciendo con CAMMESA en electricidad”, explicó.

Recordó que ENARSA se encuentra en un proceso de privatización y que su rol activo “ya no es necesario en un mercado que recuperó solvencia y capacidad de contratación”. Sobre el Plan Gas, afirmó que cumplió una función importante, pero que es tiempo de pasar a un nuevo esquema. “Hoy necesitamos que los productores contraten directamente con privados. Por eso estamos promoviendo esquemas voluntarios para que ese cambio ocurra de forma ordenada”, dijo.

Respecto al abastecimiento de GNL para el invierno, precisó que la prioridad es minimizar la carga fiscal. “Si logramos completar la transición antes del invierno, las compras estarán a cargo de comercializadores privados; si no, ENARSA se hará cargo una vez más”, adelantó. De todos modos, confió en que la competencia será determinante para mejorar precios: “Estoy convencido de que la competencia y la desregulación permitirán obtener precios más bajos”.

“Lo que estamos haciendo es transparentar el costo del sistema”, enfatizó.

Obras eléctricas y el salto del RIGI

González también detalló el avance en infraestructura eléctrica. Explicó que el Gobierno está terminando el diseño de la licitación para la expansión del sistema de transmisión AMBA I, que será ejecutada por el sector privado por primera vez en la historia. “Queremos garantizar un modelo robusto, atractivo y sin margen de error, porque al adjudicar la primera obra debemos lanzar inmediatamente las siguientes”, afirmó. Aunque esperaba publicarla antes de fin de año, dijo que se priorizó “que el diseño sea impecable”.

En cuanto al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sostuvo que el programa atraviesa un momento de fuerte dinamismo. “El RIGI está siendo extraordinariamente exitoso. Hoy contamos con más de 27 proyectos presentados, mitad de energía y mitad de minería, y varios más en carpeta”, detalló.

Si bien todavía no se evaluó formalmente su extensión, González señaló que la decisión debería tomarse este verano. Su postura es clara: “Mi recomendación personal será prolongarlo, porque refleja el modelo económico al que aspiramos: sin retenciones, con impuestos más bajos y procedimientos ágiles”.

Nueve empresas compiten por quedarse con las represas del Comahue

El futuro de las principales represas hidroeléctricas de la Patagonia se empieza a definir: el Gobierno confirmó que nueve empresas se presentaron para participar del proceso de licitación destinado a reprivatizar la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La adjudicación implicará la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que administran estas centrales, en lo que constituye un movimiento estructural dentro del sector energético.

La iniciativa se desarrolla bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) junto con la Secretaría de Energía. El proceso busca concluir antes de fin de año con la definición de los nuevos operadores.

IPS Renewal SA, Central Puerto, Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (conformado por Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora SAU, Enel Argentina, AES Argentina Generación, Pampa Energía y Edison Inversiones SAU son las empresas que se disputarán las represas del Comahue.

La reprivatización fue formalizada mediante la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco de la segunda fase de desinversión de ENARSA dispuesta por el Decreto 286/2025.

Desde el Gobierno destacaron que el lanzamiento de la licitación generó un fuerte interés tanto local como internacional. Solo en la etapa de consultas se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas de potenciales oferentes, lo que fue interpretado como una señal de confianza del mercado.

Para las autoridades, se trata de un activo atractivo por su rol estratégico en el sistema eléctrico y su impacto en la seguridad energética del país.

Una nueva modalidad

Una de las características más novedosas del proceso es que, por primera vez en este tipo de licitaciones, todo se realizará de manera digital a través de la plataforma Contrat.Ar. La Oficina Nacional de Contrataciones será la responsable del sistema, que permite gestionar los procesos con trazabilidad completa y elimina la tradicional modalidad de sobres físicos, incluso en un procedimiento que podría involucrar ofertas millonarias.

El Gobierno asegura que este esquema digital garantiza mayor transparencia y competencia, pilares fundamentales para un proceso que busca atraer inversiones privadas en infraestructura energética de gran escala. También representa un cambio de paradigma respecto del modelo de gestión estatal que predominó en los últimos años, con un enfoque más orientado hacia la eficiencia operativa y la capacidad de financiamiento del sector privado.

Central Puerto consolidó su posición en el mercado.

Las exigencias para quedarse con las represas

El pliego licitatorio establece exigencias técnicas que restringen la participación a compañías con experiencia comprobada. Los postulantes deberán acreditar operación en centrales hidroeléctricas de al menos 100 MW tanto en promedio histórico como en los últimos dos años, junto con una disponibilidad técnica superior al 90% en ese período. Además, se requiere un historial de al menos cinco años de gestión continua en activos de generación hidroeléctrica de gran potencia.

La Secretaría de Energía explicó que dicho pliego fue elaborado junto a la ATEP y en coordinación con las provincias de Neuquén y Río Negro, que albergan estos complejos clave para el sistema interconectado nacional. El objetivo es asegurar que la transición hacia nuevos operadores no afecte la seguridad del suministro y preserve estándares elevados en la gestión de infraestructura crítica.

La licitación continuará ahora con la evaluación de la calificación técnica de los interesados. En una etapa posterior se realizará la apertura de las ofertas económicas, donde se definirá finalmente quiénes asumirán el control operativo de las represas. Desde el Gobierno remarcan que el Estado dejará de tener el rol de operador directo, pero conservará la función de regulador y supervisor del servicio.

Mientras se avanza en la definición de los futuros concesionarios, la reprivatización de las represas del Comahue se consolida como uno de los procesos más relevantes del año en materia energética. Su impacto se proyecta no solo en términos de eficiencia y competitividad, sino también en la capacidad de atraer nuevas inversiones para una matriz eléctrica que requiere más generación y una infraestructura moderna para sostener la demanda futura.

tgs invertirá casi U$S 800 millones para ampliar el Gasoducto Perito Moreno

La empresa Transportadora de Gas del Sur (tgs) fue adjudicada para ejecutar la ampliación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner —también conocido como Gasoducto Perito Moreno— tras un proceso licitatorio nacional e internacional convocado por Energía Argentina S.A. (ENARSA).

El proyecto incrementará la capacidad de transporte de gas en 14 millones de metros cúbicos por día (MMm³/d), conectando Tratayén con Salliqueló, y representa una inversión superior a los 560 millones de dólares. Esta expansión permitirá sustituir importaciones de gas durante el período invernal y aprovechar el potencial de Vaca Muerta.

La iniciativa fue presentada en junio de 2024 por tgs al Ministerio de Economía, y posteriormente declarada de Interés Público Nacional. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA para llevar adelante la licitación pública, que incluyó la construcción, operación y mantenimiento de la nueva infraestructura.

 

“Las obras de transporte que llevaremos a cabo en el Gasoducto Perito Moreno son fundamentales para el desarrollo de Vaca Muerta, ya que otorgarán una solución para la evacuación de la producción de gas incremental conectándola con el mercado consumidor”, afirmó Oscar Sardi, CEO de tgs.

Se estima que este proyecto generará beneficios a la balanza comercial por más de 700 millones de dólares al año, además de un ahorro fiscal de 450 millones anuales por sustitución de importaciones.

Tres nuevas plantas compresoras y mayor capacidad

La ampliación contempla la instalación de tres nuevas plantas compresoras a lo largo de la traza del gasoducto, más un equipo adicional en la planta existente en Tratayén, alcanzando un total de 90.000 HP.

Con esta infraestructura, la capacidad total del gasoducto llegará a 35 MMm³/día en el invierno de 2026. tgs también lanzará un concurso abierto para asignar la capacidad incremental a los interesados en contratarla bajo un esquema de libre acceso.

Además, se prevé una etapa complementaria que permitiría sumar otros 6 MMm³/día si la demanda lo requiere, ampliando aún más la capacidad de transporte hacia el sistema nacional.

Para llevar ese volumen de gas hacia los principales centros de consumo, tgs ejecutará una ampliación en su sistema regulado. Esta incluye 20 kilómetros de cañerías paralelas y 15.000 HP adicionales en el Gasoducto Neuba III, lo que permitirá operar a mayor presión.

Con una inversión de más de 220 millones de dólares, esta obra facilitará la llegada de gas al Área Metropolitana de Buenos Aires, el litoral y el norte del país, reduciendo la dependencia de GNL importado desde la Terminal Escobar y de combustibles líquidos para generación eléctrica.

El gas transportado por el sistema de tgs será transferido al sistema de Transportadora de Gas del Norte (TGN) a través del Gasoducto Mercedes-Cardales, ampliando la cobertura energética y mejorando la competitividad industrial.

La planta compresora Salliqueló dará alivio al transporte de shale gas.

tgs, un actor central en la infraestructura energética

tgs es la principal transportadora de gas natural del país, con más de 9.250 kilómetros de gasoductos en siete provincias. La compañía cuenta con 35 instalaciones y emplea a más de 1.100 personas.

En Neuquén, se consolidó como el primer midstreamer de Vaca Muerta con la planta de acondicionamiento de Tratayén y un sistema de gasoductos de 183 km. Además, opera el Gasoducto Perito Moreno desde su puesta en marcha en 2023.

Con esta nueva adjudicación, tgs refuerza su posición estratégica dentro de la infraestructura energética argentina, impulsando el desarrollo del gas no convencional y la seguridad energética del país.

Nación oficializó nuevas condiciones para la privatización de las represas

El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de nuevas condiciones al pliego de licitación para la venta de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. La medida quedó plasmada en la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La norma aprueba la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. Esta licitación abarca la venta del paquete accionario de las sociedades titulares de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Un paso clave en el proceso de privatización

El texto oficial recuerda que, en abril de 2024, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a conformar estructuras societarias para asumir de manera transitoria la operación de estas centrales. De esa instrucción surgieron cuatro nuevas sociedades anónimas, con participación mayoritaria de ENARSA.

Posteriormente, por el Decreto 718/2024 se otorgó la concesión a esas sociedades para operar los aprovechamientos hidroeléctricos, aunque la entrada en vigencia quedó supeditada al resultado del proceso licitatorio y a la transferencia de acciones.

En agosto de 2025, el Gobierno avanzó con la autorización para privatizar totalmente ENARSA, separando sus actividades por unidad de negocio. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía de la Nación quedó facultada para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional que permitirá transferir las acciones de las represas a operadores privados.

Las centrales involucradas en esta licitación son estratégicas para el sistema eléctrico nacional. Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fueron creadas específicamente para canalizar la transición de la gestión pública a la privada.

La privatización se realizará bajo las modalidades previstas en la Ley 23.696, con un concurso nacional e internacional sin base. Esto significa que el precio se definirá en el marco de la competencia entre oferentes, sin un valor mínimo preestablecido.

Nación y las provincias todavía no ponen fechas para la licitación de las represas del Comahue.

Cambios en los pliegos y respuestas a consultas

Desde la apertura del concurso, el 20 de agosto de 2025, distintos interesados realizaron consultas técnicas y jurídicas sobre las condiciones de participación. Estas inquietudes fueron canalizadas a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía.

Como resultado de este proceso, se introdujeron aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, así como a sus anexos y subanexos. Según detalla la resolución, las modificaciones apuntan a “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” aspectos que surgieron del intercambio con los potenciales oferentes.

La Circular Modificatoria N° 4 incorpora formalmente estos cambios y actualiza las reglas del concurso. La medida lleva la firma del ministro de Economía, Mariano Cúneo Libarona.

La resolución dispone que la circular modificatoria se publique durante tres días en el Boletín Oficial, así como en el portal electrónico de contrataciones públicas CONTRAT.AR, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en la página de la Secretaría de Energía.

Esta difusión busca garantizar la máxima transparencia y acceso a la información para todos los interesados en participar en el proceso. La norma también establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación.

Un proceso observado de cerca

La privatización de estas represas marca un hito en la política energética del país. Se trata de activos estratégicos que, en conjunto, representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina. Su futuro será definido por el resultado de esta licitación.

Los pliegos licitatorios y las sucesivas modificaciones son observados de cerca por empresas nacionales e internacionales. La dinámica de este proceso también es seguida por las provincias involucradas, especialmente aquellas que albergan las centrales hidroeléctricas.

La resolución publicada se apoya en un entramado legal y regulatorio que incluye la Ley 15.336, la Ley 24.065 y la Ley 27.742, entre otras normas. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y coordina el procedimiento junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

En este contexto, el Gobierno busca completar en los próximos meses el proceso de transferencia de acciones, con la expectativa de atraer inversiones privadas para la modernización y operación eficiente de las represas.

Con la Circular Modificatoria N° 4 ya vigente, los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las nuevas disposiciones antes de la apertura formal de sobres. La definición de adjudicatarios marcará un cambio estructural en el mapa energético nacional.

La publicación en los portales oficiales garantiza que los documentos estén disponibles para todos los interesados, en línea con los estándares de transparencia y competencia.

La Resolución 1569/2025 se inscribe así como un nuevo paso en la avanzada privatizadora del sector hidroeléctrico, en un contexto de cambios profundos en la política energética nacional.

Tettamanti: “Queremos energía al menor costo posible para impulsar el desarrollo”

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, delineó en dos foros energéticos consecutivos la hoja de ruta de la política energética oficial. En ambos encuentros, planteó una transformación estructural orientada a reducir costos, garantizar la competencia y restablecer un marco regulatorio previsible.

Durante el Renewables & Electricity Day, la funcionaria remarcó que “el fin último de las políticas energéticas es que la Argentina pueda desarrollarse y crecer” y que para lograrlo “se necesita energía al mejor costo posible, tanto para que la industria produzca como para que el usuario consuma”.

Tettamanti destacó la necesidad de diferenciar claramente los segmentos de la cadena productiva. “Los monopolios naturales deben regularse con apego absoluto a la ley, garantizando tarifas justas y sostenibles”, sostuvo. Además, señaló que durante la última década solo en un breve período se respetaron plenamente las normas tarifarias, un escenario que el actual Gobierno no quiere repetir.

En ese marco, remarcó que el sector competitivo debe regirse por las reglas del libre mercado y la gestión privada. “Las inversiones deben responder a incentivos reales y no a decisiones discrecionales”, afirmó.

La secretaria explicó que el esquema energético argentino ya atravesó una etapa de privatización en los años 80, que se revirtió en los últimos años. “Hoy el objetivo es volver a privatizar la gestión, devolver al sector privado su rol de inversor y operador”, enfatizó.

Descentralización y rol de CAMMESA

Otro eje central es redefinir el papel de CAMMESA. Según Tettamanti, la propuesta es que la compañía vuelva a su función original de administrar el despacho eléctrico, mientras que el sector privado contrata libremente la energía. Los grandes usuarios podrán optar entre contratos a término o el mercado spot.

“Queremos que la competencia y el funcionamiento de los mercados aseguren la eficiencia en las decisiones”, dijo.

Asimismo, planteó que la reforma apunta a descentralizar la gestión de combustibles y la contratación de energía. Las distribuidoras seguirán teniendo generación asignada para la demanda residencial, pero deberán pagar precios estacionalizados al valor del spot o salir a contratar directamente.

Tettamanti subrayó que ninguna política pública puede sostenerse sin estabilidad macroeconómica. “El sector energético está altamente dolarizado; las decisiones deben ser consistentes con los lineamientos del Ministerio de Economía”, puntualizó.

También garantizó que el Gobierno mantendrá el respeto a los derechos adquiridos y al Plan Gas. “Respetar el Plan Gas significa respetar contratos, volúmenes y precios”, explicó.

En ese sentido, detalló que los contratos vigentes podrán mantenerse bajo las mismas condiciones, de forma optativa y con plena seguridad jurídica. Además, anunció la descentralización de la compra de combustibles, que dejará de concentrarse exclusivamente en ENARSA.

Lineamientos para el mercado de gas

Al día siguiente, durante el Congreso del Mercado de Gas organizado por ACIGRA, Tettamanti presentó los lineamientos centrales para la reestructuración del sector gasífero. Entre ellos, destacó la unificación de entes reguladores, la regularización tarifaria con mecanismos de actualización continua, la implementación transparente del passthrough de gas y la normalización del mercado mayorista.

También mencionó el reordenamiento del sistema de transporte con contratos firmes y la transferencia de la gestión de compra de gas a las distribuidoras, retirando la intervención directa de ENARSA.

“Para que haya inversión, las industrias necesitan previsibilidad”, afirmó Tettamanti al explicar el proceso de regularización tarifaria. La funcionaria indicó que la Revisión Quinquenal Tarifaria definió niveles en 30 cuotas y un mecanismo de actualización mensual para evitar la pérdida de valor real.

Sobre el passthrough de gas, explicó que ENARGAS estableció un procedimiento claro para que las distribuidoras adquieran el gas que suministran a los usuarios. “Queremos avanzar hacia la privatización de la gestión de compra de gas”, señaló.

Además, enfatizó la necesidad de reorganizar el sistema de transporte. “Si las distribuidoras no saben qué rutas de transporte firme tendrán para su demanda prioritaria, o las industrias desconocen de qué cuencas deben comprar, se vuelve muy difícil descentralizar y liberar el mercado de compra y venta de gas natural”, advirtió.

Hacia un esquema competitivo y estable

Para la secretaria, cada distribuidora debería contratar transporte en rutas que le permitan abastecer a sus usuarios y buscar contratos de suministro a largo plazo. Con ello, se apunta a un esquema en el que la competencia y la eficiencia marquen el ritmo del mercado energético argentino.

Tettamanti insistió en que las reformas tienen como norte un sistema basado en reglas claras, estabilidad macroeconómica y respeto a los contratos. “Queremos energía al menor costo posible para impulsar el desarrollo y garantizar previsibilidad a quienes invierten y consumen”, concluyó.

La privatización de Nucleoeléctrica será parcial

El Gobierno nacional oficializó mediante decreto la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), compañía encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema mixto de participación público-privada, con el Estado manteniendo la mayoría accionaria.

El texto define la venta de un 44% del capital social mediante licitación pública, de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se organiza un Programa de Propiedad Participada para destinar un 5% de las acciones a trabajadores. El 51% de la compañía quedará bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

A diferencia de versiones anteriores, el nuevo decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación accionaria, que actualmente equivale al 20% del capital social. De esta manera, el organismo continuará como accionista relevante dentro de la compañía.

Una privatización parcial

La norma se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que autorizan procesos de privatización. El Poder Ejecutivo argumentó que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y garantizar el financiamiento de proyectos estratégicos en curso.

Según el Boletín Oficial, Nucleoeléctrica recibió durante 2023 transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado nacional. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal y limitar la intervención estatal en sectores que pueden desarrollarse con participación privada.

El esquema prevé que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de la empresa. Además, la CNEA continuará dentro del paquete accionario, lo que asegura su presencia institucional en la toma de decisiones sobre la actividad nuclear.

Proyectos estratégicos

El decreto destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra la capacidad operativa de sus centrales bajo estándares internacionales de seguridad.

No obstante, la empresa requiere financiamiento adicional para encarar proyectos clave. Entre ellos figuran la extensión de vida de la Central Atucha I, prevista para volver al sistema eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.

El Gobierno considera que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y reforzar la competitividad de la compañía frente a otros generadores del mercado eléctrico.

Lo que viene para Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante el procedimiento de privatización. El proceso incluirá la licitación pública internacional y la implementación del Programa de Propiedad Participada.

El decreto instruye además a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones en poder de Energía Argentina S.A. (Enarsa) al Estado nacional, y a Enarsa a traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía antes de la licitación.

Con esta estructura, el Estado conservará el 51% de la compañía y garantizará que la CNEA mantenga su participación accionaria. El objetivo oficial es atraer inversiones para financiar los proyectos de largo plazo, sin perder el control estatal de una empresa estratégica en materia energética y nuclear.

Solicitaron informes sobre los envíos de gas de Bolivia

La producción de gas en Bolivia entró en un declino difícil de contrarrestar en el corto tiempo. Esto llevó a que Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) ponga en dudas el cumplimiento de los contratos de exportación de gas con Argentina y Brasil y alertó a las autoridades del Gobierno nacional.

En este marco, la diputada nacional Jimena Latorre presentó un proyecto de resolución solicitando al Gobierno nacional información sobre la posible suspensión del contrato con YPFB.

En el pedido de informes se destaca el cronograma de licitación y de obras previsto para las tareas de reversión del Gasoducto del Norte y los planes de contingencia para el abastecimiento de gas y centrales térmicas de generación eléctrica de la región centro y norte del país, afectada por la suspensión unilateral del contrato por parte de YPFB del contrato que mantiene con Energía Argentina.

En este sentido, Latorre solicitó que Nación informe sobre el número de usuarios en alto riesgo de abastecimiento, detallando usuarios residenciales, comerciales e industriales en la región.

Asimismo, la legisladora pidió que se le comunique qué multas se aplicaron a YPFB por incumplimiento de contrato y cuál fue el temperamento y las medidas tomadas por Energía Argentina ante la notificación de transformar en interrumpible un contrato de abastecimiento en firme como es el vigente y cuáles son las consecuencias de que YPFB deje de entregar gas firme en el próximo pico de consumo invernal.

 

RESOLUCIÓN Pedido de informes ABASTECIMIENTO GAS DE BOLIVIA

 

La diputada acompañada por su par Pamela Verasay también pidió al Ejecutivo que ponga a disposición los estudios de reservas comprobadas en Bolivia que garantizaron la construcción del Gasoducto del GNEA y que informe cuál será la función del gasoducto GNEA sin abastecimiento de gas boliviano.

Por último, Latorre reclamó que se ponga a disposición de la Cámara de Diputados de la Nación el texto de la sexta adenda suscripta entre ENARSA e YPFB.

Hay que recordar que la Secretaría de Energía de Nación instruyó a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) a realizar una operación de crédito reintegrable que garantice la disponibilidad de la totalidad de los fondos necesarios para ejecutar la obra “Proyecto de Revisión del Gasoducto Norte – Obras Complementarias al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”.

Entre los fundamentos de esa instrucción, la cartera energética destaca que “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó y notificó formalmente a ENARSA que a partir del año 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de gas natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad. Que la circunstancia descripta posiciona en condiciones de alto riesgo de desabastecimiento de gas natural y energía eléctrica a los usuarios del centro y norte del país, habida cuenta que las principales centrales termoeléctrica radicadas en dicha región dependen del gas importado desde el Estado Plurinacional de Bolivia para poder generar y no tienen como alternativa la posibilidad de utilizar combustibles líquidos”.