Una nueva ley para priorizar el empleo local en Vaca Muerta

Bajo el título “Máxima apropiación Neuquina de la Renta Petrolera”, el diputado provincial Darío Martínez presentó en la Legislatura de Neuquén un proyecto de ley destinado a maximizar la contratación de trabajadores, pymes y empresas neuquinas en la industria petrolera.

La propuesta busca asegurar que sean prioritarias la contratación local hasta agotar tal oferta por parte de las concesionarias y operadoras de la cuenca Neuquina.

“El proyecto de ley establece objetivos claros, entre ellos maximizar la apropiación neuquina de la renta generada por la actividad petrolera, priorizar la contratación de trabajadores y empresas locales, y propender a que las Pymes y empresas neuquinas incrementen su participación en la cadena de valor de la industria hidrocarburífera”, señaló el legislador.

“Con esta ley, le vamos a dar la herramienta al gobierno provincial para garantizar que las empresas productoras, las operadoras y grandes empresas de servicios especiales, contraten obligatoriamente la mano de obra, y a las pymes y empresas neuquinas disponibles, antes de buscar contratistas o trabajadores fuera de la provincia”, afirmó Martínez.

El proyecto también contempla la creación del Observatorio del Valor Agregado Neuquino en la Actividad Hidrocarburífera (VAN), encargado de monitorear, analizar y controlar el cumplimiento de la ley.

“Este proyecto de ley tiene como objetivo principal poner en valor la riqueza de Vaca Muerta y asegurar que los beneficios de su explotación lleguen directamente a los neuquinos. Es fundamental garantizar que el desarrollo económico de nuestra provincia se traduzca en oportunidades de trabajo y crecimiento para nuestra gente”, concluyó Martínez.

Cuáles son los cambios en la reforma de la Ley de Hidrocarburos

El Estado podrá intervenir en el comercio exterior de hidrocarburos por cuestiones vinculadas a “la seguridad del suministro”, de acuerdo con lo establecido en una de las modificaciones al proyecto de ley de “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos“.

La iniciativa, que establece una serie de cambios al proyecto de ley, también delimitó las competencias de la Nación y las provincias “sin dejar de reafirmar que es una ley federal”.

“Se estableció sin duda alguna que la exportación e importación es libre y es un derecho”, puntualizó el Poder Ejecutivo en la presentación de las modificaciones en el capítulo referido a los hidrocarburos.

No obstante, se aclaró que “puede haber una objeción por parte de la Secretaría de Energía, limitada al momento de otorgar la solicitud y por motivos técnica y económicamente en la seguridad del suministro”.

Entre otros aspectos relevantes, en los cambios se aclaran “los casos en los que correspondía actuar a la Nación o a las provincias”, remarcando que la ley de Hidrocarburos es “federal”.

“Asimismo, a tono con la conciliación de las facultades Nación-Provincias, se mantuvieron las facultades de la autoridad de aplicación respectiva de controlar los programas de desarrollo y compromisos de inversión y la elaboración conjunta del pliego modelo entre Nación y provincias”, agregó.

Los gobernadores, según trascendió, habían solicitado que el proyecto priorizara el abastecimiento interno, un concepto que no es igual a autoabastecimiento, ya que prevé que la seguridad energética se garantice no sólo con lo producido en el país.

En el documento con las nuevas propuestas se estableció un nuevo régimen de competencia de las licitaciones públicas en función de una oferta de regalías sobre un valor base del 15%, afectado por un factor “X” de exclusiva elección del oferente, y se fijó “un límite máximo de hasta 10 años para plazos más extensos que los fijados por la ley, aclarándose que, en ningún caso, la concesión puede ser fijada a perpetuidad”.

Al respecto, se subrayó que “constituye causal de nulidad la adjudicación de permisos o concesiones al vencimiento de los plazos originales sin mediar una licitación pública y abierta”.

Para el caso de la reconversión de concesiones de convencional a no convencional, se previó que se pueda solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026 y por un único plazo de 35 años, de modo de dar tiempo a los concesionarios para amortizar la inversión a realizar en dicho proceso.

En la presentación de los cambios se sostuvo que “dichos cambios no importan modificaciones a las concesiones de explotación y concesiones de transporte otorgadas con anterioridad, las cuales se seguirán rigiendo los plazos establecidos por el marco legal existente”.

Por otra parte, y para reconocer a los titulares de las áreas ingresos actualizados, se modificaron los valores del canon anual por barriles, y su ajuste en función del precio del barril.

Por último, se estableció un régimen de autorizaciones de transporte con libre acceso, de habilitación para el procesamiento; y se reguló la actividad de almacenaje bajo régimen de autorizaciones, figura que hasta el momento no estaba prevista normativamente en la ley.

El convencional bajo un manto de dudas

La producción convencional lleva cinco años consecutivos en caída. Las autoridades buscan la manera de reconvertir al segmento y esperan la liberación del sector para impulsar la actividad. El Gobierno de Chubut avanzó en este sentido y presentó dos proyectos que proponen una reforma en la Ley de Hidrocarburos: cambiar la forma de adjudicar las áreas petroleras y eximir un bono de compensación.

Según la gestión de Ignacio Torres, las propuestas tienen como fin acelerar los tiempos de las concesiones petroleros para reactivar “áreas improductivas”, y modificar los artículos vinculados al bono compensador por agotamiento del recurso.

En este marco, el concejal de Comodoro Rivadavia, Ezequiel Cufré, puso reparos sobre los proyectos de ley al considerar que apuntan directamente a la principal economía de la provincia y de la región sin previa consulta de las autoridades de la Cuenca.

“El Ejecutivo Municipal ha salido fuertemente a manifestar una advertencia, una preocupación y a exhortar a los legisladores a que tengan prudencia en el tratamiento por la implicancia que tiene el proyecto en donde contempla dos cosas principales que hacen al negocio petrolero o a la discusión de la actividad petrolera”, sostuvo el exministro de Hidrocarburos de Chubut.

“La primera es que se pretende omitir la discusión, el marco en el seno de la legislatura de cualquier otorgamiento de una concesión petrolera en donde en la actualidad requiere de la aprobación mayoritaria de la legislatura para que se apruebe cualquier negociación y se envía un proyecto de ley en donde se propone que solamente se requiera la aprobación del Ejecutivo”, analizó en diálogo con Radio Nacional.

“Por otro lado, que es otra situación que nos pone en alerta y nos preocupa sobremanera, que el segundo proyecto de ley propone eximir el bono de compensación. Después se verá en qué tono significa eximir, si es un 5%, un 10% o un 10. Eso no ha sido discutido y desconocemos cuáles son las intenciones”, consideró.

Cufré cuestionó que el Gobierno del Chubut no invite a los actores de la actividad hidrocarburífera y del sector político para debatir este tipo de proyectos. “Conozco el marco legal y me llama la atención cuál de todo esto a raíz de la importancia que tiene la actividad petrolera para nuestra provincia”, subrayó el referente de la Cuenca del Golfo San Jorge.

El exministro de Hidrocarburos de Chubut recordó que el fruto del marco legal en la actividad petrolera se dio mediante una plena discusión, consenso y debate de todos los sectores políticos en el seno de la Legislatura. “De pronto, omitir este paso, omitir el debate, omitir lograr un consenso de la amplia mayoría nos llama la atención. No nos queda claro. No entendemos qué fin se persigue. Entonces, por supuesto, que nos hemos puesto en alerta y me asocio al llamado a la reflexión de los legisladores de la provincia en el debate de esta idea”, aseguró.

Reactivar al convencional

Por su parte, la diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, cruzó al municipio de Comodoro Rivadavia por desinformar sobre los proyectos de ley y afirmó que la Cuenca del Golfo San Jorge no perderá ingresos.

“Lamentamos profundamente que se haya salido a dar información falsa desde un comunicado de la Municipalidad que nada tiene que ver con lo propuesto, buscando generar enfrentamiento y alarma, cuando el mandato y el temperamento de la comunidad, en tiempos delicados como los que atravesamos, impone otras articulaciones y prudencia”, aseveró.

Además, Romero aseguró que “somos los garantes de que las cosas resulten para mejor, y que nadie le saque nada a la ciudad, pero es fundamental buscar ser parte de la solución, y tener un intercambio respetuoso con todos para empujar para el mismo lado”.

La legisladora también manifestó que “el régimen que se busca implementar es exclusivamente para áreas inactivas, y las concesiones, reducciones y facultades que se plantea otorgar son únicamente en ese marco, y circunscriptas a esas áreas, que a su vez buscamos revitalizar. Queremos generar incentivos para las inversiones, aprovechar las ventanas de oportunidad, buscar alternativas.”

“Nada se ha hecho desde el municipio en estos 20 años para contribuir a frenar el declino, traer inversiones, apoyar políticas de reactivación y de compensación de todo lo que hemos perdido, desde tierras hasta recursos, desde infraestructura, hasta oportunidades. Sin embargo, son bienvenidos todos al debate, a sumar, este gobierno provincial arrancó hablando con todos, no hemos hecho diferencias entre propios y ajenos, pero el verdadero diálogo se construye con gestos concretos, anteponiendo el intercambio frontal al oportunismo político”, concluyó.

Ley de Hidrocarburos: que el árbol no tape el bosque

*Por Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASiPeGyBio)

Antes de evaluar los contenidos que presentó el Poder Ejecutivo en lo referente al área de hidrocarburos, las formas de llevar a cabo una política también son importantes. Lo lógico sería que un gobierno que cuenta con minorías parlamentarias lleve sus proyectos de cambios estructurales al sitio donde deben darse las discusiones: el Congreso Nacional, ya que es imposible avanzar sin consensos.

Los decretos y las leyes que quiera promulgar el Ejecutivo jamás deben interferir con las atribuciones de los demás poderes, ni con el legislativo ni con el judicial -que en el caso del DNU ya recibió la primera medida cautelar de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo-.

La industria petrolera, y la de energía en general, es un rubro clave para el desarrollo económico del país y cuenta con un potencial enorme de cara al futuro. En el medio, el mundo brinda algunas oportunidades especiales respecto a la demanda energética y necesita un abastecimiento que el suelo argentino puede darle.

Los grandes proyectos de exploración offshore en las costas de la provincia de Buenos Aires, las mejoras en infraestructura como el caso del Gasoducto Néstor Kirchner, las inversiones en las refinerías de Bahía Blanca y Ensenada, y por supuesto el potencial de Vaca Muerta, son sólo una muestra de cómo el país tiene las cualidades para exportar, mejorando la balanza comercial energética y consiguiendo los dólares que el país necesita.

No sólo eso, éstas latentes oportunidades también son el camino indicado para que la economía crezca en su conjunto, tanto a nivel productivo como en materia de empleo, ya que cuando hablamos de estos proyectos hablamos de decenas de miles de puestos de trabajo que ya se están generando.

No se puede romper la dinámica virtuosa dentro del promisorio escenario energético nacional simplemente por los “formas”. Por eso, como tal, el sector petrolero debe ser escuchado antes de cualquier medida específica. Por ejemplo, aunque no esté formalmente en los proyectos enviados, los trabajadores del sector no pueden volver a cargar con el tributo del Impuesto a las Ganancias, como algunas voces del gobierno nacional deslizaron. Por lo menos debería ser a través del diálogo y el consenso que se llegue a estas cuestiones.

En lo que respecta al contenido de los proyectos, lo más importante a mencionar es que los mismos establecen, a grandes rasgos, la liberación de los precios y de las exportaciones de hidrocarburos, lo que implica la desaparición del “barril criollo”, el precio diferencial que permitía desanclar el petróleo de los vaivenes internacionales. Las productoras podrán vender crudo a paridad de exportación y las refinadoras comercializarán las naftas y gasoil en el mercado interno a paridad de importación.

El impacto tiene ganadores y perdedores, como cualquier medida económica que impacta a gran escala. Los trabajadores de cualquier sector, a través de sus representaciones sindicales, deben permanecer alerta frente a los grandes cambios, sean o no los adecuados para el contexto.

En ese sentido, se debe remarcar que quienes más cargan el peso de Ganancias son los petroleros, que vieron perjudicados durante mucho tiempo el poder adquisitivo de sus ingresos salariales. No se puede volver atrás con una medida que beneficia a los trabajadores.

En ese sentido, desde las distintas organizaciones sindicales y los correspondientes mecanismos de representación, se harán llegar a los ámbitos legislativos todas las posturas frente al futuro laboral. Sin embargo, antes de discutir contenidos deben respetarse las instituciones y cuidar el diálogo, ya que es el único camino posible para sacar el país adelante.

GNL: Diputados buscará darle media sanción al proyecto de ley

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió hoy dictamen de mayoría en una plenario de comisiones sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que promueve la producción del Gas Natural Licuado (GNL), y buscará darle media sanción en la sesión especial convocada para mañana al mediodía.

En las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda el Frente de Todos, con el respaldo del interbloque Federal; Provincias Unidas, Ser y el Movimiento Popular Neuquino, consiguió 42 firmas (sobre 72 totales) para que su texto prevalezca por sobre el de la oposición.

La principal coalición opositora, Juntos por el Cambio, presentó un dictamen de minoría con objeciones a la iniciativa.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Energía, Santiago Igon, señaló que luego “de mucho trabajo con los diferentes bloques, se han llegado a contemplar algunas modificaciones respecto al texto original del Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado”.

Desde la oposición, el diputado del Pro Francisco Sánchez cuestionó que “este proyecto no ha tenido la posibilidad de tratarse ni debatirse en comisión y las modificaciones que se le han realizado no se podrán mensurar”.

“Tenemos que darnos el tiempo para discutir el mejor proyecto de GNL y no así de manera desprolija y a las apuradas”, agregó.

Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, se expresó en el mismo sentido: “Queremos realmente una política de Estado como esta que nos permita en esta área a los argentinos estabilizar la economía, necesitamos más tiempo para tratar este tema e incluir a la oposición”.

Por su parte, la radical Pamela Verasay, argumentó: “Este tipo de regímenes y de leyes deberían ser votadas por unanimidad, ese es el mejor ejemplo que le podría dar un Estado a una industria cuando quiere promocionarla, pero con herramientas, no de esta manera, a los empujones”.

Por otra parte, el presidente del interbloque Federal, Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, se manifestó a favor del proyecto, y aclaró: “La sentencia que puso la jueza Loretta Preska se la puso al Estado nacional no a la empresa YPF; es muy importante que cuidemos a la empresa YPF de ciertas confusiones que no conviene instalar en el Congreso argentino”.

Sobre el final de la reunión, el diputado nacional del MPN y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, puso de relieve que “el superávit que se generaría a partir de esta industria podría equilibrar la balanza de pagos, las reservas del Banco Central y la inflación, necesitamos esta ley en pos del bienestar de todos los argentinos”.

“Los sindicatos, las fuerzas vivas y las intendencias y concejos deliberantes de mi provincia se han expresado, de alguna manera, enviándoles el pedido a los diputados para que aprobemos esta política de Estado”, agregó.

En el mismo sentido, agregó que “esos intendentes o concejales integran fuerzas políticas que hoy, acá, sus partidos nacionales se oponen a esta ley; y se lo hacen porque hay un gran desconocimiento, porque se ponen a hablar y representan la voz de un electorado al que, claramente no representan”.

Sobre los cuestionamientos de JXC a los tiempos del debate, añadió: “Hay un sinnúmero de manifestaciones que nada tienen que ver con la realidad, se preguntan si es el momento antes de unas elecciones. ¿Y cuando es el momento?, después, antes de un posible ballotage, después que haya un presidente electo? Para algunos parece que nunca es el momento”.

En el cierre, el presidente del bloque del Frente de Todos, expuso: “La ventana de tiempo que se presenta como una oportunidad para la Argentina es ahora, todo lo que generemos ahora tiene un nivel de inversión que se verá a futuro, pero para esto necesitamos mover la rueda productiva con esta ley”.

“Nos estamos perdiendo la oportunidad de dar un debate estratégico. En las dos reuniones anteriores nadie puso en cuestión la posibilidad de tener un régimen de GNL”, se sorprendió, ante los cuestionamientos que surgieron hoy.

El santafesino, continuó: “Sobre la posible inversión de Petronas, ya que esto es solo un marco de funcionamiento, aún faltan las licitaciones, y si esta ley hipotéticamente fuera mala, como dicen algunos, y las inversiones no llegaran, porcentaje de pérdida sobre cero sería cero”.

“Entonces seria abstracta, pero lo hacemos porque hay una oportunidad detrás de esto”, remarcó.

Por último, en referencia a la oposición, dijo: “En las reuniones anteriores no se apuntaba al GNL, se apuntaba a la provincia de Neuquén. Decían ‘porque todos tenemos que subsidiar a esa provincia’, lo que es un error, porque es parte de una política integral de la Argentina”

Con la inclusión de este proyecto en el temario, el Frente de Todos solicitó una sesión para mañana para debatir además un conjunto de proyectos económicos, como la iniciativa que devuelve el IVA de productos de la canasta básica familiar, y la reforma a la ley de alquileres, además de la creación de tres universidades, entre otras.

La sanción de esta iniciativa -que el Gobierno envió al Congreso el 29 de mayo- es sustancial para el Poder Ejecutivo, de manera de dar el marco adecuado para avanzar, entre otros previstos, en el acuerdo firmado en septiembre de 2022 por YPF con la empresa malaya Petronas.

El proyecto comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones de inversión, en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas/año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

La iniciativa oficial declara “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte”.

Además, dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización del GNL en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

También se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

La ley de hidrógeno bajo observación

La ley de Hidrógeno no termina de convencer a todos los sectores. La normativa, tal como adelantó eolomedia, genera críticas en Chubut, la provincia con los parques eólicos más eficientes de Latinoamérica.

Los integrantes de la asociación civil Transición Energética Sostenible (TES) le plantearon estas inquietudes a Flavia Royón y la secretaria de Energía se comprometió a evaluar estas propuestas.

TES es un actor fundamental en la actividad energética. La asociación impulsó encuentros donde empresas, cámaras, organizaciones civiles y el sector público nacional y provincial abordaron los desafíos y las oportunidades que representan los recursos renovables para una transición energética con alto impacto para el conjunto de Chubut.

Los temas más destacados fueron la energía eólica y el hidrógeno verde y sus derivados, y algunas otras alternativas productivas.

Previo a estas actividades, las Secretarías de Energía y de Asuntos Estratégicos presentaron el jueves la Estrategia Nacional de Hidrógeno (ENH). La iniciativa es una hoja de ruta nacional a 2030 y 2050 para desarrollar el hidrógeno de bajas emisiones.

En ese marco, TES se reunió con la secretaria de Energía, Flavia Royón, para expresarle observaciones sobre el proyecto de Ley que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional.

En el contexto de la reunión, la asociación manifestó que el hidrógeno verde (producido a través de fuentes renovables) no está siendo lo suficientemente promovido, siendo el mismo un vector clave para la región.

Por lo cual, expresaron que es imprescindible producir una adecuación en contenidos específicos del proyecto de Ley, considerando los extraordinarios recursos eólicos del país y la región, y la incipiente demanda de los mercados internacionales, con el consecuente desarrollo regional. Asimismo, se remarcó que el hidrógeno verde permitirá a la región insertarse en el mapa mundial de rutas de comercialización de este vector y sus derivados.

Por su parte, Royón manifestó su compromiso a considerar los aspectos observados para realizar una eventual revisión del mencionado proyecto de Ley.

 

 

Asimismo, en el marco de la Expo Industrial Comodoro Rivadavia, se abordaron en tres paneles la transición energética, considerando experiencias regionales e internacionales.

Se actualizaron las principales conclusiones del Foro de Transición Energética 2022 y se resaltó en especial la importancia de contar con una hoja de ruta regional que institucionalice al hidrógeno como política pública.

Además, una asesora del Ministerio de Energía de Uruguay expuso la estrategia para acelerar la descarbonización energética y posicionar al hidrógeno verde como combustible para el desarrollo. A su tiempo, la Cámara de Industria y Comercio Argentino Alemana (AHK Argentina) expuso la trayectoria de Alemania para impulsar la transición energética y el hidrógeno verde, haciendo hincapié en la importancia de contar con políticas públicas que le den previsibilidad a las inversiones y proyectos de empresas.

También la AHK se puso a disposición de las empresas Pymes de la región para acompañarlas en este camino de transición energética.

En uno de los paneles participó un integrante de la Plataforma H2 Argentina, quien reiteró la necesidad de compromiso, proactividad y decisión para contar con un marco regulatorio sólido que permita viabilizar proyectos de hidrógeno en la región. Aluar, Capex-Hychico, Fortescue, Genneia coincidieron en las afirmaciones de la Plataforma H2 y valoraron el trabajo que TES viene realizando en la región.

En este marco, el presidente de TES concluyó, afirmando que “la transición energética es un tren que está pasando, tiene la puerta abierta, nos está invitando a subir, y el momento es ahora”.

Sin marco regulatorio no se puede “llegar adelante el proyecto con Petronas”

El presidente de YPF, Pablo González, aseguró en la Cámara de Diputados que se requiere un marco regulatorio para “valorizar el potencial de Vaca Muerta” y “aumentar la inversión extranjera”, al defender la iniciativa de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) que declara “de interés público nacional” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación.

González expuso junto al CEO de la empresa, Pablo Iuliano, en un plenario de las comisiones de Energías y Combustibles, y de Presupuesto acerca del proyecto de producción de GNL que la compañía busca llevar adelante junto a la malaya Petronas y el marco regulatorio adecuado.

El proyecto que impulsa el Poder Ejecutivo declara “de interés público nacional” la licuefacción de gas natural con destino a la exportación y sus actividades asociadas y vinculadas con su almacenamiento, comercialización y transporte.

González dijo que “el gas ha sido declarado como una energía de transición, y la Argentina tiene recurso muy abundante en Vaca Muerta” agregó el directivo al considerar que “es necesaria esta norma que vuelva competitivo el proyecto” que demandará un total de 50.000 millones de inversión durante los próximos 35 años.

En ese marco el funcionario insistió en que “hace falta un marco regulatorio para poder llegar adelante el proyecto suscripto con Petronas” para la construcción de la primera planta productora de GNL que le permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas, un recurso estratégico en el mundo.

En ese sentido, González detalló que Petronas “es un socio estratégico que tiene más de 40 años de experiencia en la industria y es socio desde 2014”, y es el cuarto productor global de GNL.

De esta manera se abrió el debate sobre una de las iniciativas que envió el Gobierno el 30 de mayo último sobre temas energéticos que son la ley de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono y otros gases de efecto invernadero y la promoción de la producción de gas natural licuado (GNL).

El proyecto dispone la creación de un nuevo “Régimen de Promoción para Grandes Proyectos de Inversión en GNL” que comprende la realización de inversiones en bienes y obras de infraestructura destinadas al transporte de gas natural para la producción, licuefacción, almacenaje y comercialización en el territorio nacional y en los mercados de exportación.

A lo largo del proyecto se establece que se otorgarán beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

En cuanto al acuerdo firmado entre YPF y Petronas el proyecto comprende desde la producción de gas en un bloque de Vaca Muerta, su transporte por un gasoducto de 620 kilómetros desde el yacimiento hasta la terminal de procesamiento y su industrialización.

En la fase 1 de la industrialización, se prevé la instalación de dos barcos licuefactores y en la segunda fase, la construcción de una planta de licuefacción escalable con una capacidad de producción final de 25 millones de toneladas al año, lo que equivale a 465 barcos metaneros.

La inversión estimada es de US$ 10.000 millones en la primera etapa, lo que permitirá producir hasta 5 millones de toneladas al año de GNL, y se prevé que dentro de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas anuales.

También se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria”, la garantía de un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

Una ley para la cadena de valor del litio

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, consideró fundamental iniciar un proceso de industrialización del litio para aprovechar al máximo la cadena de valor de este recurso estratégico. Estamos trabajando en la cadena de industrialización del litio. Por ello, ahora en junio, vamos a tener la Mesa del Litio en Catamarca para seguir definiendo políticas de trabajo conjuntas y una ley específica sobre lo que pretendemos de la industrialización del litio para aprovechar al máximo su cadena de valor”, dijo el mandatario provincial.

En diálogo con Radio Acuario, Jalil mencionó también la importancia que tendrá una futura aprobación de la Ley de Electromovilidad en el Congreso.

“La minería es uno de los sectores estratégicos para el desarrollo y crecimiento de Catamarca. Junto a los gobernadores de Salta y Jujuy, se avanza en acuerdos en común para el beneficio de los habitantes de la región que posee una de las mayores reservas de litio del mundo”, dijo Jalil.

“Catamarca es la provincia que más regalías mineras cobra y tiene el mejor acuerdo. Recibimos el 3,5% que es el mayor valor de facturación que cobra una provincia, los aportes del fideicomiso, además del 70% de mano de obra catamarqueña que se contrata y la contratación de proveedores locales”, agregó.

En cuanto a la nacionalización del litio, Jalil subrayó que “los recursos pertenecen a las provincias”, afirmó al remarcar que “debe haber un acuerdo político cuando se habla de minería”, para lo cual señaló que la próxima semana ingresará el proyecto de ley en la Legislatura provincial para que la oposición forme parte del directorio de la empresa estatal Camyen.

Jalil, también valoró que a partir de los fondos del fideicomiso minero (cerca de $10.000 millones de pesos) se construyen obras en los departamentos de Belén, Antofagasta y Tinogasta, y pronto iniciarán la construcción de 200 viviendas para esos departamentos.

“Las obras están pensadas para el desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó.

A su vez, el mandatario indicó “somos un proyecto político que lidera Lucía (Corpacci) y donde trabajamos con todos los intendentes. Como Gobernador procuro que todos nuestros habitantes tengan los servicios necesarios y posibilidades de desarrollo en cualquier punto del territorio catamarqueño”, afirmó el mandatario provincial.

Finalmente, destacó que “Catamarca generó más de 10.000 puestos de trabajo privado que se expresan en más catamarqueños que se quedan a vivir en sus lugares de origen. Están contenidos en nuevas empresas textiles, en las obras públicas, en el turismo, en la minería”.

El hidrógeno y su tan anhelado marco regulatorio

Se hizo desear, pero finalmente llegó. El Gobierno nacional envió el proyecto de ley de promoción del hidrógeno de bajas emisiones de carbono a la Cámara baja del Congreso.

La iniciativa lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y del ministro de Economía, Sergio Massa.

La normativa precisa que para la misma se utilizarán “definiciones y tipologías por colores -verde, azul y rosado-, consistentes con las nomenclaturas conocidas internacionalmente respecto a la fuente de energía utilizada para su obtención”.

Los tipos de hidrógeno son definidos bajo un criterio tecnológico donde el verde y el rosa corresponden a su producción a partir de electrólisis de agua de fuente de energía renovable y nuclear, respectivamente. En tanto que el azul es empleado para la fuente que utiliza “gas natural incluyendo una etapa de captura de carbono”.

Para el caso de hidrógeno azul, el proyecto prevé que “la autoridad de aplicación defina, en la reglamentación, los estándares de máximos de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad producida para ser considerado como tal” y que “involucren la utilización o transformación de combustibles fósiles y en cuyo proceso productivo se incluyen una o más etapas de captura, y el almacenamiento o utilización de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su obtención de manera de reducir significativamente su liberación a la atmósfera”.

Más adelante, la iniciativa establece “la creación de instituciones para la certificación de origen de la producción, las cuales certificarán las características del proceso de producción del hidrógeno incluyendo la fuente de energía y nivel de emisiones asociados, así como establecerán estándares de seguridad para la producción. Las certificaciones locales estarán en línea con estándares reconocidos internacionalmente”.

El proyecto de ley contempla “exigencias orientadas al desarrollo de proveedores locales en la cadena de producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional que contribuya a la generación de empleos vinculados al sector. Estas exigencias se van incrementando con los años, en función de la estimación de la curva de aprendizaje”.

También prevé mecanismos de certificación y auditoría que sanciona a aquel proyecto de producción de hidrógeno que, a lo largo de su duración, supere los niveles de emisión de gases de efecto invernadero declarados al momento de presentar la Declaración de Inclusión al régimen de promoción, o los máximos tolerables para su clasificación como hidrógeno azul. En este sentido, ningún potencial productor de hidrógeno gris podría ser beneficiado por la norma propiciada.

El proyecto contempla incentivos fiscales de promoción de la producción para atraer inversiones; la introducción de certificaciones de calidad, de seguridad y de origen y el fomento al desarrollo de la cadena de valor local.

Las particularidades de la ley de hidrógeno

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, anunció que el proyecto “completó su circuito administrativo” y que “en los próximos días va a ser enviado a Presidencia” para su consideración y firma, por lo que anticipó que su sanción permitirá “dar el marco para que este sector se pueda desarrollar“.

Royón sostuvo que “esto lleva tiempo, discusión y lleva una construcción, porque lo que estamos discutiendo no es solo qué beneficios fiscales se pone dentro de la ley, sino de lo que estamos discutiendo es qué modelo de país queremos, qué modelo de desarrollo y que esta ley refleje eso”, enfatizó en un evento en el que la necesidad de contar con un marco jurídico adecuado fue un tema recurrente formulado por los expositores que formaron parte de los distintos paneles.

La iniciativa que distribuyó el Palacio de Hacienda contempla que para su clasificación “se utilizan definiciones y tipologías por colores (verde, azul y rosado), consistentes con las nomenclaturas conocidas internacionalmente respecto a la fuente de energía utilizada para su obtención“.

Los tipos de hidrógeno son definidos bajo un criterio tecnológico donde el verde y el rosa corresponden a su producción a partir de electrólisis de agua de fuente de energía renovable y nuclear, respectivamente, en tanto que el azul es a partir del reformado de gas natural incluyendo una etapa de captura de carbono”.

Para el caso de hidrógeno azul, el proyecto prevé que “la autoridad de aplicación defina, en la reglamentación, los estándares de máximos de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad producida para ser considerado como tal” y que “involucren la utilización o transformación de combustibles fósiles y en cuyo proceso productivo se incluyen una o más etapas de captura, y el almacenamiento o utilización de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas en su obtención de manera de reducir significativamente su liberación a la atmósfera”.

En la elaboración del proyecto se tuvieron en consideración los Lineamientos para la Transición Energética fijados por la Resolución de la Secretaría de Energía N° 1036/21, el Acuerdo de París, las metas establecidas en la NDC y el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

Es decir, que “se utiliza el gas natural sólo como transición, en un sendero de reducción de su uso, lo cual concuerda con los lineamientos para la transición energética trazados por la Secretaría de Energía. En este sentido, los beneficios y/o exenciones fiscales previstos para la producción de hidrógeno azul son menores que los correspondientes al hidrógeno verde“.

Más adelante, la iniciativa establece “la creación de instituciones para la certificación de origen de la producción, las cuales certificarán las características del proceso de producción del hidrógeno incluyendo la fuente de energía y nivel de emisiones asociados, así como establecerán estándares de seguridad para la producción. Las certificaciones locales estarán en línea con estándares reconocidos internacionalmente”.

El proyecto de ley contempla “exigencias orientadas al desarrollo de proveedores locales en la cadena de producción de hidrógeno y la consolidación de una matriz productiva nacional que contribuya a la generación de empleos vinculados al sector. Estas exigencias se van incrementando con los años, en función de la estimación de la curva de aprendizaje”.

También prevé mecanismos de certificación y auditoría que sanciona a aquel proyecto de producción de hidrógeno que, a lo largo de su duración, supere los niveles de emisión de gases de efecto invernadero declarados al momento de presentar la Declaración de Inclusión al régimen de promoción, o los máximos tolerables para su clasificación como hidrógeno azul. En este sentido, ningún potencial productor de hidrógeno gris podría ser beneficiado por la norma propiciada.

A los fines del mantenimiento de los beneficios previstos en la ley, se exige la realización de actividades de investigación y desarrollo en el territorio nacional que se vinculen, únicamente, con la producción de hidrógeno de bajas emisiones y sus vectores, ya sea que las lleven a cabo internamente o en vinculación con proveedoras de servicios intensivos en conocimiento nacionales, o en actuación con organismos nacionales de ciencia y tecnología.

Entre los beneficios fiscales y financieros se incluye la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias, la acreditación y/o devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado, la extensión del plazo para computar los quebrantos, la deducción de la Carga Financiera del Pasivo Financiero, el pago a cuenta en el Impuesto a las Ganancias por un importe equivalente al 10% del monto del componente nacional que fuera incorporado de forma excedente a los mínimos establecidos, las exenciones por importación de bienes (solo por 10 años). debe tratarse de la importación de mercaderías nuevas, sin uso, previa acreditación que no existe producción nacional de las mismas o bien cuando existiendo, ésta última no cuenta con la cantidad suficiente para satisfacer la demanda o dichos bienes no posean las características mínimas requeridas, la estabilidad fiscal (Los plazos se van acotando en función del momento de adhesión al Régimen), el acceso al Mercado Único Libre de Cambios (MULC).

De la misma manera, se establecen alícuotas porcentuales máximas, medidas en términos del valor FOB por tonelada, que varían en función del tipo de hidrógeno y el momento en que se efectúan. La alícuota del 0% se aplica a las exportaciones realizadas durante los primeros 10 años de vigencia de la ley y para el tipo de hidrógeno verde o rosa, y sus vectores asociados.

En tanto, los proveedores de la cadena gozarán de la exención de aranceles respecto a la importación de bienes de capital, líneas de producción, partes y/o piezas – nuevas en todos los casos-, destinadas a aumentar la oferta nacional y a la integración nacional de conjuntos y subconjuntos de la cadena de valor del hidrógeno de bajas emisiones, en la medida que sean destinados a los proyectos promovidos en el marco del régimen promocional de la ley.