Qué dice el acuerdo que modificará el régimen de exportaciones del convencional

El Gobierno nacional y la provincia de Chubut firmaron un acta estratégica que redefine el esquema fiscal aplicable a la exportación de petróleo convencional. El acuerdo llega en un momento sensible: la producción de las cuencas maduras continúa en descenso y los técnicos del sector alertan que, de no revertirse esta tendencia, Argentina podría enfrentar en tres años la necesidad de importar crudo pesado para abastecer su sistema de refinación.

La preocupación por el avance del declive llevó a Nación, Chubut y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH)a consensuar un mecanismo de trabajo conjunto. La iniciativa no elimina los derechos de exportación, sino que modifica el régimen vigente para mejorar la competitividad del petróleo extraído en yacimientos convencionales o maduros.

Según el acta, la Secretaría de Energía definirá las posiciones arancelarias alcanzadas y la adecuación del esquema fiscal.

El documento firmado afirma que la producción convencional enfrenta un escenario complejo producto del agotamiento natural de los yacimientos, los mayores costos operativos y el impacto de las condiciones macroeconómicas internacionales. En ese marco, el acuerdo busca frenar una caída que podría tener consecuencias económicas y estratégicas para el país.

Los incentivos de las provincias

El acta establece que la provincia de Chubut y la CEPH deberán presentar en un plazo de 60 días un detalle de las medidas ya implementadas y las que aplicarán para acompañar el esfuerzo nacional. Entre estas acciones se mencionan reducciones de regalías y cánones en áreas maduras, la reconversión de concesiones de explotación y acuerdos de alivio laboral y tributario destinados a sostener la actividad en la Cuenca del Golfo San Jorge.

El texto destaca que estas medidas provinciales constituyen un eje fundamental para recuperar la competitividad de los yacimientos convencionales. El declive de estas áreas no solo afecta los niveles de producción: también impacta en la recaudación, los ingresos por regalías y la estabilidad laboral en las regiones petroleras. Por eso, el acuerdo subraya la importancia de mantener y actualizar los esquemas de incentivos vigentes.

Además, Chubut deberá garantizar la continuidad de los beneficios fiscales existentes e incorporar nuevos estímulos para proyectos que demuestren inversiones verificables en producción convencional o que aporten a la extensión del horizonte productivo de las cuencas maduras. Esta obligación busca asegurar que el esfuerzo fiscal tenga un correlato en la actividad real.

El convencional pide un marco regulatorio.

Las operadoras deberán reinvertir

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es el compromiso asumido por las operadoras. El acta establece que las compañías deberán destinar la totalidad de los recursos derivados de la modificación de los derechos de exportación, así como los ingresos adicionales provenientes de la recomposición de precios internos, exclusivamente a nuevas inversiones en producción convencional.

El documento detalla que dichas inversiones deberán priorizar proyectos orientados a incrementar la producción de hidrocarburos mediante desarrollo, recuperación secundaria o terciaria, reactivación de equipos de torre, perforación de nuevos pozos y puesta en valor de pozos inactivos o de baja productividad. También resalta la necesidad de incorporar tecnologías que contribuyan a mejorar la eficiencia operativa y a reducir costos.

Para garantizar estos compromisos, Chubut será la responsable del seguimiento, fiscalización y control del cumplimiento por parte de las empresas, sin perjuicio de la normativa federal vigente. Asimismo, dentro de los próximos 60 días, la provincia y las operadoras deberán definir criterios precisos para calcular los valores de inversión obligatorios que surgirán de los beneficios fiscales.

Este esquema implica que cualquier mejora económica derivada de la modificación del régimen exportador no podrá destinarse al saneamiento de balances, distribución de dividendos u otros fines corporativos: deberá transformarse directamente en actividad, servicios y empleo en la cuenca.

Las medidas de fuerza se suspenden en Vaca Muerta.

Un marco para sostener el empleo

La firma del acta se inscribe en un contexto de preocupación creciente por la pérdida de puestos de trabajo vinculados al declive del convencional. Las cuencas maduras han atravesado en los últimos años caídas sostenidas de actividad, derivadas tanto de la baja del crudo como del envejecimiento natural de los pozos, con consecuencias directas sobre la actividad de equipos de torre, contratistas y servicios especializados.

El acuerdo reconoce expresamente que los esfuerzos provinciales, empresariales y sindicales requieren un acompañamiento nacional para sostener la competitividad del sector. Por eso, el compromiso de reinversión obligatoria se vincula de manera directa con la necesidad de frenar el deterioro del empleo y recomponer la cadena de actividad que sostiene la producción convencional.

Además del compromiso fiscal y regulatorio, el acta reconoce que las empresas asociadas a la CEPH y las organizaciones sindicales de la Cuenca del Golfo San Jorge han celebrado acuerdos orientados a mejorar la competitividad y contribuir a la sostenibilidad del sector. Estos acuerdos, menciona el documento, incluyen medidas laborales y operativas que se alinean con la necesidad de sostener la actividad.

El acta también deja planteado un objetivo de fondo: abrir un nuevo ciclo de inversiones que permita recomponer el nivel de equipos activos, reactivar pozos inactivos y extender la vida útil de yacimientos que, sin incentivos, se encuentran en franca declinación.

Argentina moderniza su red eléctrica con una inversión de US$6.600 millones

El Gobierno Nacional estableció un listado de obras prioritarias en todo el país para para mitigar cuellos de botella y fortalecer la red eléctrica, que serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas, a través del esquema de concesión de obra.

El plan incluye la incorporación 5.610 nuevos kilómetros de líneas, un 38.3% más que el actual, con una inversión de más 6.600 millones de dólares que permitirá asegurar el buen funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuello de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas.

Las obras de ampliación serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas, sin un costo para el Estado, a través del mecanismo de Concesión de Obra, y se solventarán mediante el pago de un concepto tarifario por parte de los usuarios que sean beneficiados con esta nueva infraestructura.

La priorización de la ampliación del transporte se definió en el marco de la emergencia del sector energético nacional, dictada en diciembre de 2023, y forman parte del Plan de Contingencia para meses críticos 2024-2026.

Para tomar dimensión de la situación crítica en la que el Gobierno de Javier Milei encontró la situación del sistema eléctrico, es importante destacar que en los últimos años se tendrían que haber invertido 30.000 millones de dólares en obras. Por el contrario, se gastaron 150.000 millones de dólares en subsidios durante 20 años. Todo esto financiado con emisión monetaria y su consecuente inflación.

La falta de líneas de alta tensión son el cuello de botella de las renovables.

Una red eléctrica débil

Específicamente en los últimos 6 años, se realizaron solo el 38% de las inversiones necesarias en la red eléctrica, generando que hoy el 35% de las instalaciones del sistema se encuentren al fin de su vida útil. La última obra de alta tensión que se realizó a nivel nacional fue en 2017 y en AMBA en 2006, es decir, hace 19 años.

En este sentido, las líneas de transporte eléctrico no acompañaron el crecimiento de la demanda: esta última subió un 20% en los últimos 10 años, mientras que las líneas de transporte de alta tensión apenas el 8%. Esto generó cuellos de botella y un sistema fuertemente saturado.

Las obras priorizadas se definieron en base a los estudios presentados, el análisis y recomendaciones realizadas por la Comisión de Transporte Eléctrico, que integraron la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (ATEERA), la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), el Consejo Federal de la Energía Eléctrica (CFEE), el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), la Unidad de Especial Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica (UESTEE), con participación de esta Secretaría.

Listado de obras de urgente y prioritaria ejecución:

  • AMBA I
  • AMBA II + STATCOM Rodríguez (Buenos Aires)
  • Línea 500 kV Vivoratá – Plomer (Buenos Aires)
  • Línea 500 kV Plomer – O´Higgins (Buenos Aires)
  • Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel (Neuquén) – Bahía Blanca (Buenos Aires)
  • ET Comodoro Rivadavia Oeste 500/132 kV – 450 MVA (Chubut)
  • Alternativa ESTE Línea 500 kV Río Santa Cruz – Puerto Madryn
  • Alternativa OESTE Línea 500 kV CH Kirchner – Futaleufú – Piedra del Águila (Santa Cruz, Chubut y Río Negro)
  • Línea 500 kV Río Diamante (Mendoza) – Charlone – O´Higgins (Buenos Aires)
  • Línea 500 kV Rodeo – Chaparro – La Rioja Sur
  • Línea 500 kV Malvinas – San Francisco (Córdoba) – Santo Tomé (Corrientes)
  • Et El Espinillo 500/132 kV (Formosa)
  • Línea 500 kV Lavalle – Chumbicha (Catamarca)
  • Línea 500 kV Chaparro – Antofagasta de la Sierra (Catamarca) – Punta – Cobos (Salta)
  • Línea Interconexión Internacional 500 kV Yaguaca (Bolivia) – Salvador Mazza (Salta) – San Juancito (Jujuy)
  • Línea Interconexión Internacional 500 kV Villa Hayes (Paraguay) – Formosa
  • Línea Interconexión 500 kV Santa Cruz – Tierra del Fuego

Con inversión del sector privado en un país ordenado y estable, Argentina se encamina en el sendero de los países normales.

El reclamo para que Nación elimine las retenciones al petróleo

Una de las premisas del acuerdo de paz social y competitividad que se firmó el fin de semana en Chubut es tomar impulso en el reclamo a Nación por la eliminación de los derechos de exportación que hoy afectan al petróleo producido en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero también a las demás regiones productoras.

La medida, según el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce, tiene como objetivo central preservar el empleo y sostener la actividad en un contexto de fuerte presión económica sobre el sector.

“Lo que firmamos es un acuerdo entre todos los sectores: empresas, sindicatos, municipios y provincia, para avanzar en medidas conjuntas que ayuden a incrementar la producción y preservar el trabajo en la cuenca. El reclamo por los derechos de exportación es clave en este momento”, señaló Ponce, en diálogo con Cadena Tiempo.

La principal preocupación es el impacto negativo del derecho de exportación del 8% que aplica Nación sobre el crudo. Este descuento no solo afecta a las operaciones de exportación, sino que también distorsiona el mercado interno.

“Ese 8% hace que el precio de exportación sea más bajo, y como consecuencia, los compradores locales también presionan hacia abajo los precios en el mercado interno. Termina afectando a toda la cadena”, explicó el funcionario.

La pelota del lado de Nación

El acuerdo firmado recientemente en la provincia tiene un carácter estratégico: aúna la voz de todos los involucrados en la producción hidrocarburífera regional para fortalecer el reclamo ante Nación. “La única manera de lograr cambios es avanzar en bloque, sin priorizar intereses particulares. Necesitamos decisiones federales que acompañen a la industria”, afirmó Ponce.

Aunque el foco está en Chubut, el reclamo también podría ser respaldado por otras provincias productoras. “Sabemos que cada cuenca tiene sus particularidades. Neuquén, por ejemplo, atraviesa otra realidad. Pero en el fondo, todos los reclamos son complementarios y hay intereses comunes. Podríamos lograr un acompañamiento de provincias vecinas”, agregó el ministro.

 

Impacto fiscal

Además del impacto económico sobre las empresas productoras, el derecho de exportación también representa una pérdida fiscal directa para las provincias. “Es importante remarcar que estos derechos no son coparticipables. Nación se queda con ese 8%, pero no devuelve nada a las provincias. Es una sustracción neta de recursos que debería destinarse a sostener la actividad local”, detalló Ponce.

El ministro enfatizó que el objetivo no es solo defender al sector empresario, sino a toda la cadena de valor, incluyendo a los trabajadores, proveedores y comunidades que dependen de la industria. “La producción petrolera mantiene miles de empleos directos e indirectos. Si se estabiliza la actividad ahora, cuando los precios internacionales mejoren, vamos a poder volver a incorporar personal y recuperar operaciones que se han reducido”, consideró.

Escenario favorable

A pesar de los desafíos locales, hay un factor que podría jugar a favor de la Cuenca del Golfo San Jorge: el renovado interés internacional por el crudo pesado que produce Chubut. “El crudo Escalante, que antes se pagaba 8 dólares por debajo del precio de referencia, hoy se vende incluso 1, 2 o hasta 3 dólares por encima del valor internacional”, explicó el funcionario.

Este fenómeno se debe a la reconfiguración del mercado global, tras la salida de importantes productores de crudo pesado como Venezuela y Rusia, por sanciones geopolíticas.

“Las refinerías del mundo necesitan una mezcla de crudos livianos y pesados. La sobreoferta de crudo liviano en Estados Unidos y la falta de pesados generó una alta demanda del tipo de crudo que produce nuestra cuenca, que además tiene bajo contenido de azufre”, destacó Ponce.

En este contexto, el ministro sostuvo que eliminar las retenciones a la exportación permitiría aprovechar plenamente esta ventana de oportunidad internacional.

“Tenemos un crudo demandado, con calidad, en un momento donde el mundo lo necesita. Pero si seguimos con esta carga fiscal distorsiva, no vamos a poder capitalizarlo. Necesitamos condiciones de competitividad reales para mantener la producción y el empleo en la región”, aseguró el titular de la cartera hidrocarburífera.

Nación fijó un nuevo plazo para la privatización de hidroeléctricas

El Gobierno nacional fijó un nuevo plazo para convocar a un concurso público que permita avanzar en la privatización de cuatro empresas hidroeléctricas, respondiendo a un pedido de los gobernadores patagónicos involucrados en el proceso.

La decisión fue formalizada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 263/2025, estipulando “un plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente para llamar al Concurso Público Nacional e Internacional”.

En agosto del año pasado se había establecido un periodo de seis meses para concretar la convocatoria, siendo renovado desde cero en octubre, cuando se designó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas como organismo encargado de efectuar la venta de la porción mayoritaria de las acciones que transitoriamente está bajo control estatal. El plazo venció este 10 de abril, por lo cual se procedió a la extensión.

La mencionada instancia se busca llevar a cabo con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante de las sociedades Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A, Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A, Cerros Colorados Hidroeléctrica S.A y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A.

La nueva prolongación del lapso determinado para avanzar con el concurso se debe a una solicitud formal de los gobernadores patagónicos que tienen injerencia en el proceso al estar emplazadas las represas hidroeléctricas en sus territorios.

Las hidroeléctricas a punto de privatizarse

Al respecto, en la normativa se detalló que “teniendo en cuenta lo solicitado en la Nota del 7 de abril de 2025 por los Gobernadores de las Provincias del Neuquén y de Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, respectivamente, resulta pertinente establecer un nuevo plazo para llamar a Concurso Público Nacional e Internacional”.

Al justificar la determinación, se expresó que está vinculada a que “dichas provincias cuenten con un término razonable para que sus equipos técnicos puedan hacer un análisis completo del proceso que se inicia y así poder transmitir al Estado Nacional una acabada respuesta sobre el tema”.

Asimismo, se remarcó que “en pos de la satisfacción del interés público comprometido y del resguardo de los intereses de la Nación y de las Provincias del Neuquén y de Río Negro, la referida solicitud resulta atendible en términos de razonabilidad, por lo que corresponde fijar un plazo de 15 días contados a partir de la publicación del presente, con el fin de que las mencionadas provincias y todos los organismos interjurisdiccionales involucrados en esta materia tomen la debida participación en el proceso”.

La actividad de las hidroeléctricas ubicadas en la región Comahue continúa a cargo de las firmas concesionarias que tenían contrato vigente hasta finales del 2023, al ser prorrogado hasta avanzar con la nueva licitación, pero el título de propiedad pasó a estar transitoriamente bajo la tutela estatal para concretar el correspondiente concurso.

Nación desreguló el mercado de GLP y modificó el Programa Hogar

Nación eliminó los precios máximos en el mercado de GLP y estableció un precio de referencia, al tiempo que mantuvo el subsidio para los hogares de menores recursos para comprar garrafas que no tengan acceso a la red de gas natural.

Lo hizo a través de la 15/2025 en el Boletín Oficial de la Secretaría de Energía que se publicó en el Boletín Oficial.

La norma eliminación los Precios Máximos al derogar la Resolución 70/2015, que establecía ese valor para fraccionadores y distribuidores de GLP, particularmente para garrafas de 10, 12 y 15 kg.

Asimismo, fijó Precios de Referencia para las garrafas de 10, 12 y 15 kg, los cuales serán publicados en la página web del Ministerio de Economía.

La norma aclara que estos precios son una guía para el mercado, pero no son obligatorios. A su vez, se elimina la regulación sobre la asignación de bocas de carga a los fraccionadores. Estos podrán acordar libremente el acceso a las mismas.

También se eliminó la asignación de aportes a productores y cupos a fraccionadores. De esta forma se busca que los recursos se asignen según las dinámicas del mercado.

Con respecto al Programa Hogar mantendrá subsidios directos a hogares de bajos recursos que no tienen acceso a gas por redes.

Los subsidios serán otorgados a titulares de hogares de bajos recursos o viviendas de uso social o comunitario que no estén abastecidos por el servicio de gas por redes.

La Secretaría de Energía de la Nación realizará un seguimiento, control y fiscalización de los sujetos activos de la industria del GLP, con la facultad de sancionar en caso de incumplimiento.

“Tarifas focalizada”: el nuevo objetivo del Gobierno

María Tettamanti trazó un extenso panorama de la situación energética del país donde el punto central estuvo puesto en las tarifas de los servicios públicos. La secretaria de Energía de la Nación explicó los objetivos que se delinearon para lograr un esquema más eficiente y equitativo.

En el marco del Energy Day, organizado por Econojournal, la funcionaria reconoció que en el último año hubo un salto importante en las tarifas. Sin embargo, destacó que este proceso se dio sin los problemas judiciales ni las medidas cautelares que complicaron iniciativas similares en el pasado.

“Yo creo que es porque la sociedad en general entendió que lo que no se paga por un lado, se paga por el otro. Lo que estamos viendo es que, si bien las tarifas son más altas, la contracara de eso es bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, en definitiva. Entonces, pagamos más por las tarifas, pero pagamos menos impuestos. ¿Qué impuesto? El impuesto inflacionario”, subrayó.

“Más adelante espero sean otros impuestos. Hoy por lo menos nos contentamos con que el impuesto inflacionario que nos ataca el bolsillo haya bajado”, agregó.

Tarifas en el centro de la escena

Uno de los ejes de la política tarifaria que Tettamanti explicó con detalle es la segmentación de las tarifas de electricidad y gas, que busca ser más focalizada en quienes realmente necesitan ayuda estatal.

“La idea final es ir a una tarifa focalizada, que es lo más parecido a una tarifa social. Pero, en definitiva, es decir: estas personas no necesitan ayuda del Estado para pagar la energía, y estas personas sí. Y las personas que lo necesitan, que el esquema que simplemente, que es el que ya está en marcha, sea un esquema en el que fomente la eficiencia en el uso”.

Para lograr este objetivo, explicó que se trabajará con un bloque mínimo subsidiado, mientras que el consumo que exceda ese límite reflejará el costo real de producción, transporte y distribución. Este esquema ya tiene avances significativos en el gas natural, pero en energía eléctrica aún falta ajustar las tarifas según las diferencias geográficas y climáticas que afectan el consumo.

“En energía eléctrica no [hay diferenciación], se fijó un promedio anual y ahí sí estamos trabajando para que refleje un poco mejor las diferencias de necesidad de consumo que tienen las familias en las distintas geografías argentinas debido al tema climático”, explicó.

Una transición para el equilibrio

Respecto al futuro inmediato, la secretaria anticipó que antes de la implementación definitiva del esquema focalizado, habrá un período de transición de segmentación. Este proceso se extenderá hasta abril, como establece un decreto vigente. “Después ya iremos a una tarifa focalizada”, indicó.

El esquema de transición actual establece tres niveles: N1, N2 y N3. Según Tettamanti, se busca simplificar este sistema. “Queremos cambiar un poco lo que hoy existe. Un periodo como una transición más de estos pocos meses, pero todo en la dirección de ir a una tarifa focalizada. Como siempre fue un esquema típico de un bloque de tarifa social donde tiene algún tipo de bonificación”, aseveró

En el debate sobre la relación entre tarifas e inflación, Tettamanti expresó su visión monetarista del problema y cómo las tarifas encajan dentro del panorama macroeconómico. “Estoy convencida, y lo estamos viendo, que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, con lo cual no creo que un aumento de tarifa aumente la inflación”, consideró.

“Lo que sí obviamente pasa es que un aumento de tarifa va a aumentar el costo de la canasta básica y eso va a tener, más que nada, un impacto social y político, no tanto económico en términos inflacionarios”, agregó.

La funcionaria también reconoció que este impacto debe ser manejado con cuidado para evitar tensiones sociales, aunque insistió en que corregir los precios relativos es una necesidad urgente.

“Pagamos más tarifas, pero pagamos menos impuestos. Y la inflación, que es el impuesto inflacionario, afecta mucho más a los sectores vulnerables. Por eso, esta corrección es una de las claves para avanzar en un esquema sustentable”, destacó.

El desafío de la sustentabilidad

Al ser consultada sobre los planes de revisión tarifaria integral, Tettamanti destacó la importancia de mantener un equilibrio entre los costos y la capacidad de pago de los usuarios. Aunque aseguró que el objetivo es claro, reconoció las limitaciones que impone la macroeconomía.

“Está claro, el objetivo es que las tarifas tienen que estar determinadas de acuerdo a los principios de la ley: la tarifa es justa y razonable, cubrir los costos, la amortización para que las empresas inviertan y tener una rentabilidad justa y razonable. Eso es lo que tiene que suceder. Yo creo que vamos a poder lograrlo”, afirmó.

Además, remarcó que la previsibilidad en las políticas tarifarias es fundamental para atraer inversiones al sector energético. “El sector va a invertir no solamente si ve que hoy las reglas son buenas para invertir, sino que esto sea perdurable en el tiempo. Y eso es lo que no ha sucedido en el pasado”.

La secretaria de Energía se mostró optimista respecto a los avances logrados en su gestión, pero enfatizó que el cambio requiere tiempo y paciencia. “A veces uno tiene muy claro dónde quiere llegar, pero no siempre las condiciones son ideales. Hay que ir un poco más despacio, pero llegar ahí. Estamos convencidos de que podemos hacerlo”.

Chirillo renunció a la Secretaría de Energía

Javier Milei pateó el tablero en la Secretaría de Energía. El mandatario decidió remover a Eduardo Rodríguez Chirillo como titular de la cartera y abre un abanico de interrogantes en uno de los sectores más pujantes de la actividad económica. El exfuncionario era el blanco de diversos cuestionamiento en el manejo de la cartera.
La salida de Chirillo es sensible para Casa Rosada. El ahora exfuncionario había llegado a la Secretaría de Energía debido a su cercanía con el Presidente desde la campaña y fue uno de los encargados de elaborar la hoja de ruta del Gobierno de La Libertad Avanza en la industria.
“Este jueves, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, presentó su renuncia por motivos personales y continuará colaborando con el Ministerio de Economía en diferentes proyectos”, subraya el comunicado enviado desde el Gobierno nacional.En el mismo documento se destaca que el ministro de Economía, Luis Caputo, agradeció “el enorme trabajo y el sacrificio personal realizado por Eduardo durante su gestión para cumplir con su tarea comprometido con la Patria al frente de la Secretaría de Energía”.

La palabra de Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, en las redes confirmó la noticia de la salida de Rodríguez Chirillo: “me dijo que dado los problemas que ha tenido de salud, y que si bien ahora se encuentra mucho mejor, va a necesitar más tiempo para sí mismo”.

“Junto con Daniel González le hemos pedido que se quedara como asesor, para poder seguir contando con su colaboración. Eduardo ha sido un pilar fundamental en estos primeros meses de gobierno, no solo por su enorme aporte en todo lo referido a Energía, sino también por la elaboración de la Ley Bases”, agregó.

El mensaje de Chirillo

Por su parte, Chirillo le agradeció a Javier Milei y a Luis Caputo “por la confianza depositada en mi persona desde el primer momento. Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este equipo de trabajo, comprometido con la reconstrucción del sector energético, cuyos resultados ya son verificables y palpables”.

“He procurado aportar lo mejor de mí, a través de la elaboración de reformas estructurales proyectadas, desde abril 2023 antes de asumir, y con las políticas implementadas desde la Secretaría de Energía, con el objetivo de contribuir al crecimiento sostenible del sector energético en favor de todos los argentinos. Tengo la convicción de que, manteniendo la continuidad del rumbo originalmente diseñado, se podrán alcanzar los objetivos trazados. Seguiré apoyando al Gobierno y al Presidente desde el lugar que sea resulte más conveniente”, consideró en su cuenta de X.

El reemplazo

El reemplazo de la silla caliente de la cartera energética será María Tetamantti, que está vinculada con el ala dura de Juntos por el Cambio. Tetamantti posee más de 30 años de trayectoria en la industria trabajando en distintas empresas del sector, incluyendo posiciones en el Ejecutivo nacional. “Ha sido una persona de consulta del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González”, afirma el documento oficial.

Cuáles son las causas de los cortes de gas

El atraso en la conclusión de obras clave, una deficiente programación de compras y un invierno anticipado formaron un combo perfecto para que la Argentina atraviese un nuevo invierno con problemas en el suministro de gas.

Cuando el grueso de la población confiaba en que la construcción del gasoducto desde Vaca Muerta era la solución definitiva, apareció una situación climática anómala y se multiplicaron los problemas.

Ante la coyuntura el Gobierno declaró la preemergencia energética lo que disparó el corte de suministro a los usuarios con contratos interrumpibles.

Consultado por NA, el ex secretario de Energía Daniel Montamat describió un panorama complicado para los próximos meses.

“Se anticipó el invierno y estamos demandando unos 140 m3 por día al duplicarse la demanda residencial que es de 70/80 m3”, detalló, al tiempo que aclaró que “el sector industrial está en semi recesión en las distintas partes del país porque si no hubiera trepado más”.

Montamat señaló que desde el “lado de la oferta tenemos el problema que Bolivia nos está mandando menos gas y deberíamos haber empezado antes las obras de reversión del gasoducto del Norte para inyectar el gas de Vaca Muerta. Esas obras han empezado, pero no van a estar para el invierno, con lo cual se van a sentir las restricciones en la zona norte del país”.

Añadió que el gasoducto “Neuba III (que trae el gas de Vaca Muerta) está iniciado y terminado en una primera etapa y está transmitiendo 11 millones de m3 por día y debería estar transportando el doble”.

A su vez, también marcó que “hay una demora en las obras de comprensión para que por el mismo caño entre a pasar más gas”.

Montamat indicó que por una mala programación “se importaron 20 barcos de GNL y posiblemente se hayan tenido que haber importado más”.

El especialista señaló que “en resumen, se anticipó el invierno, creció a la demanda y hay que despejar cuellos de botella. Gas hay, pero está faltando logística y un poco de articulación y programación”, remató.

Sin gas para el invierno

Un diagnóstico similar realizó Emilio Apud, quien también ocupó el cargo de secretario de Energía, pero con especial énfasis en los errores que se produjeron con la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Tras enumerar sus discrepancias por la construcción y el manejo de la empresa ENARSA durante el invierno pasado, Apud remarcó a esta agencia que “el gasoducto se inauguró cinco veces y está por la mitad”.

El exfuncionario también puntualizó que por el ducto circulan sólo 11 millones m3 cuando debieran transportarse 22 millones m3.

“El invierno llegó antes y el Gobierno tenía prevista importaciones de 20 barcos y ahora pidió 10 más, pero mientras tanto para que las centrales eléctricas no sustituyan todo el gas por gas oil que es más cinco veces más caro, entonces se recurre a cortarle el gas a quienes tienen abastecimiento interrumplible”, añadió.

Si bien admitió que el heredó una situación complicada, Apud consideró que “este Gobierno también se durmió un poco en los laureles ya que tendría que haber evaluado acelerar los pagos a las firmas que están haciendo las plantas compresoras para contar con 10 millones m3 más diarios porque en última instancia, lo que se le estaba adeudando para que continuaran con los trabajos era del orden de los U$S 35/40 millones que no es nada en comparación con lo que cuesta la importación de gas o de gasoil”.

Por su parte, la ex subsecretaria de planificación energética y directora de la Fundación Encuentro, Cecilia Garibotti afirmó que “el año pasado nos aseguramos con el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner podamos abastecer al país con gas local, que se tenía que complementar con plantas compresoras y con la reversión del Gasoducto Norte, pero todas estas obras las frenó el gobierno actual”.

Nación se comprometió a que el RIGI nuclee los proyectos de hidrógeno

El Foro de Transición Energética e Hidrógeno Verde fue un éxito y no se debió solo a su gran convocatoria. El evento organizado por el Gobierno del Chubut y Plataforma H2 Argentina permitió que los actores de la industria trazarán un camino para el combustible del futuro e intercambiar puntos de vista.

Sin embargo, el logro más importante fue conseguir el compromiso de Nación para modificar el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) para que pueda nuclear a los proyectos de hidrógeno verde en el país.

Todo comenzó con la presentación de Juan Manuel Alfonsín. El director ejecutivo de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader) consideró que el plazo para adherirse al régimen que propone la administración de Javier Milei es de dos años, contados a partir de la entrada en vigencia de la iniciativa, con la posibilidad de extenderlo por dos años más.

Esto implica que los proyectos de hidrógeno verde queden afuera porque requieren por lo menos entre 12 y 15 años.

Otro de los puntos que juega en contra es que el hidrógeno verde implica inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares lo cual sobrepasa los 900 millones que establece el RIGI. Tampoco se puede obviar la infraestructura o los tiempos que implican los electrolizadores.

“¿Cuántos se imaginan ustedes que puede encargar un electrolizador para un proyecto, aunque sea piloto a mediana escala? No menos de 3 a 5 años”, consideró Alfonsín.

“Un proyecto de verdad de hidrógeno verde hay que pensarlo a 100 años. Comienza con una generación y le van a seguir 2, 3, 4 más. Los proyectos deben tener estabilidad jurídica, pero deben tener estabilidad a lo largo de toda la vida del proyecto”, aseguró.

Las palabras de Alfonsín permitieron que los actores de la industria destacaran que era necesario una modificación del RIGI para dar el primer paso hacia la industrialización del hidrógeno verde en Argentina. Las críticas hacia el régimen de inversiones se multiplicaron en el foro que se realizó en Comodoro Rivadavia.

Las consultas por el hidrógeno

Mariela Beljansky, subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación, estuvo en el último panel del evento y fue quien recogió el guante. Lo primero que señaló fue que el hidrógeno verde tiene mucha relevancia para el Gobierno nacional y que las consultas de los inversores sobre el vector energético superan a las de GNL.

La funcionaria aseguró que el Estado se reducirá a su mínima expresión para no obstaculizar el esfuerzo de los privados. “Lo que dice la Ley Bases es un concepto muy distinto, y es que tengan el derecho a exportar el producto que han fabricado, teniendo, por supuesto, que cumplir con un checklist, pero no teniendo que pasar por pedidos o autorizaciones”, aseveró.

“Eso es un cambio total para minimizar el riesgo. No hay que pasar por un funcionario de turno que hoy me da un permiso y mañana no me lo da, o me da un permiso por un tiempo tan corto que es inviable para el que quiere hacer un contrato a largo plazo aceptarlo, y por lo tanto me dificulta el financiamiento”, agregó.

El compromiso de modificaciones

Beljansky se esperanza con que la Ley Bases reciba media sanción en Diputados y se comprometió a realizar cambios en el RIGI. Sin embargo, cuestionó que los proyectos de ley de hidrógeno implican la contratación de mano de obra local y manifestó que eso deberá ser una decisión de los inversores.

“Desde el Estado Nacional lo que pretendemos es revisar las cosas que están bien y que cada una de las cámaras o de los sectores diga cuáles son las cosas que sí o sí necesitan para que esto se destrabe. Ya entendimos que lo del RIGI necesita algunos ajustes para considerar los tiempos de implementación de los proyectos de hidrógeno. Bueno, acerquen una propuesta”, afirmó.

En este sentido, la subsecretaria de Transición y Planeamiento Energético de la Nación instó a que los legisladores sean actores activos en estas modificaciones. “La voluntad de este lado está absolutamente”, aseguró.

“No redactemos de más, seamos austeros, pero digamos las cosas que sí o sí hacen falta para que esto comience, porque al final del 2024 tenemos que estar sentados en la mesa del hidrógeno para que en 2030 o en 2028 seamos un actor importante donde ya tengamos proyectos en ejecución”, consideró.

En este marco, Juan Carlos Villalonga contestó el llamado de Beljansky y afirmó que habrá “reuniones intensas y rápidas”. “Uno no pierde el vicio legislativo, ya hemos hablado con la diputada Roxana Reyes y otros (legisladores), vamos a armar ese team legislativo para tener un trabajo intenso, continuo y para que rápidamente tengamos los instrumentos que se necesitan discutir, para poder consensuarlos y llevarlos a las Cámaras. También la plataforma va a estar disponible para desarrollarlo, pero creo que esto es el cómo seguimos”, destacó el presidente de GLOBE y miembro de la Plataforma H2 Argentina.

Luis Lucero es el nuevo secretario de Minería de la Nación

Después de un mes y medio de estar sin conducción, el Ministerio de Economía designó a Luis Lucero como el nuevo secretario de Minería de la Nación. Se trata de un abogado especializado en la industria minera, en derecho de los recursos naturales y con amplia experiencia en financiamiento de proyectos, en materia societaria, y en arbitrajes y litigios complejos.

La cartera había quedado acéfala el 10 de febrero pasado, cuando la salteña Flavia Royón renunció al puesto. Royón era la única funcionaria de alto rango del equipo de Sergio Massa que había permanecido en la cartera con la llegada del Gobierno de Javier Milei.

Durante el período de Massa, Royón se había desempeñado como secretaria de Energía y pasó al área de Minería en diciembre. Sin embargo, fue uno de los dos funcionarios a los que Milei desplazó por el fracaso en el Congreso de la Ley de Bases.

El recorrido de Lucero

Según informó el Ministerio de Economía de la Nación, Lucero recibió el título de abogado de la Universidad de Buenos Aires; cursó un Posgrado en Derecho Empresario de la Universidad Argentina de la Empresa, y luego varios cursos y seminarios de especialización, destacándose los realizados en temas de política de gobierno y estrategia corporativa en minería en la Universidad de Dundee; en negociación en Harvard Law School; en fundamentos de ciencias de la organización tanto en Columbia Business School como en la Universidad de Cambridge. Lucero además recibió el título de Master of Arts, con honores, por University College London (UCL).

Ex-socio del estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal y, anteriormente, de muy importantes estudios jurídicos del país, también se desempeñó como consultor en derecho extranjero en Pillsbury Winthrop Shaw Pittman en los Estados Unidos y ha ocupado posiciones en el directorio y comisiones fiscalizadoras de diversas empresas mineras, distribuidoras de gas, industriales y financieras.

El futuro secretario de Minería expuso en diversas instituciones nacionales e internacionales sobre temas vinculados a la industria minera y financiamiento de proyectos, destacándose el Center for Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy, University of Dundee, donde fue nombrado Honorary Lecturer por el período Octubre 2010 a Septiembre 2013; la Rocky Mountain Mineral Law Foundation; y el United Stated Geological Survey, y ha sido reconocido como un profesional destacado en su área de práctica por numerosas publicaciones locales e internacionales.