La presentación del programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño” busca generar nuevas condiciones para impulsar la actividad en Santa Cruz. La propuesta redefine la relación entre el Estado y las operadoras, orientando beneficios a partir de inversiones verificables y actividad incremental.
El acuerdo fue rubricado junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y representantes de las principales compañías que operan en la región. La iniciativa apunta a crear un marco técnico y administrativo más preciso para evaluar proyectos y establecer un esquema de incentivos condicionado al cumplimiento de objetivos productivos.
Según explicaron desde el Gobierno provincial, la prioridad es recuperar niveles de actividad en yacimientos que muestran declino y generar las condiciones para atraer nuevas inversiones. El esquema combina estímulos fiscales con un sistema de control técnico que busca asegurar que los beneficios dependan exclusivamente de resultados comprobables.
Regalías atadas a inversión
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la adecuación de las regalías en función del nivel de inversión efectiva. La provincia plantea que no habrá beneficios automáticos, sino que se otorgarán únicamente cuando las empresas presenten planes verificables que impliquen mayor actividad respecto de los compromisos ya asumidos.
Para acceder a condiciones más favorables, las operadoras deberán ejecutar proyectos que incluyan perforaciones adicionales, intervenciones sobre pozos existentes y reactivación de equipos. Cada iniciativa será evaluada técnicamente por el Ministerio de Energía y Minería a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos.
La autoridad provincial podrá solicitar ampliaciones, ajustes o documentación adicional antes de la aprobación de los proyectos. El objetivo es garantizar que los beneficios estén vinculados al incremento real de la actividad y no a planes teóricos o compromisos ya incluidos en concesiones anteriores.
El foco de la recuperación de Santa Cruz
El programa dedica un capítulo específico a los yacimientos maduros, que constituyen la base de la producción en Santa Cruz y enfrentan desafíos crecientes por el declino natural y los mayores costos operativos. El Gobierno considera que estas áreas requieren una estrategia diferenciada para sostener su aporte a la economía provincial.
El esquema propone un conjunto de acciones orientadas a recuperar productividad mediante perforaciones adicionales, intervenciones sobre pozos existentes y la reactivación de equipos inactivos. Las operadoras deberán presentar propuestas fundamentadas técnicamente para definir la viabilidad de cada proyecto.
La identificación de los yacimientos que requieren intervención se realizará con criterios objetivos vinculados al nivel de declino, la antigüedad de los pozos y el desempeño histórico. De esa forma, la provincia busca priorizar las áreas donde la actividad incremental puede generar mayor impacto inmediato.
Nuevas áreas: Palermo Aike, D-129 y offshore
Además de los yacimientos maduros, el acuerdo contempla incentivos específicos para el desarrollo de nuevas áreas estratégicas, especialmente en segmentos no convencionales y offshore. Entre ellas figura Palermo Aike, considerada una de las formaciones con mayor potencial en la Cuenca Austral.
Otra área incluida en el esquema es D-129, ubicada en el Golfo San Jorge, que podría convertirse en un vector de desarrollo para la provincia si los programas exploratorios confirman el potencial estimado. El objetivo es diversificar la matriz productiva e incorporar tecnologías que permitan ampliar la frontera energética.
En paralelo, se establecen beneficios destinados al desarrollo offshore, un segmento que requiere niveles de inversión elevados y procesos exploratorios más complejos. Los incentivos estarán vinculados al avance efectivo de las actividades y a la presentación de programas de inversión acordes a la magnitud de estos proyectos.
Condiciones diferenciadas y plazos para acceder a beneficios
El acuerdo fija reglas particulares para cada tipo de producción. Para las áreas maduras, se establece una alícuota general del 12% o la posibilidad de una reducción de hasta tres puntos para la producción convencional, con vigencia entre mayo de 2026 y abril de 2027.
En contraparte, las nuevas producciones en proyectos no convencionales y offshore podrán acceder a una alícuota del 5%, con un horizonte de hasta diez años según las condiciones específicas de cada concesión. Este diferencial busca atraer inversiones a sectores que requieren mayores riesgos y plazos de maduración.
La aprobación de estos beneficios dependerá del cumplimiento estricto de los compromisos asumidos por las empresas. El Gobierno provincial mantendrá un sistema de control para verificar que las actividades prometidas se ejecuten en tiempo y forma.
Información estratégica y control técnico permanente
Otro eje del acuerdo es la obligación de las operadoras de presentar información detallada sobre sus planes de actividad. Los datos deberán incluir historiales de producción, programas de inversión, actividad incremental e información operativa relevante, todo con carácter de declaración jurada.
La autoridad provincial podrá solicitar ampliaciones o rechazar proyectos que no cumplan con los criterios establecidos. La consistencia y verificabilidad de los datos será determinante para otorgar beneficios y acompañar el avance de cada iniciativa.
Con este sistema, el Gobierno busca garantizar un equilibrio entre incentivo y control estatal, manteniendo el rol de supervisión sin afectar la dinámica de inversión. El objetivo es asegurar que los recursos públicos se destinen a programas con resultados concretos.
Impacto esperado: producción, empleo y desarrollo
El programa de Santa Cruz apunta a recuperar la producción hidrocarburífera en un contexto desafiante para las cuencas maduras. Entre sus metas figuran el aumento de la actividad en campo, la reactivación de equipos y el fortalecimiento del empleo directo e indirecto asociado al sector.
Las autoridades consideran que la recuperación productiva permitirá dar impulso a la cadena de valor hidrocarburífera, especialmente en servicios especializados y logística. A su vez, se espera que los incentivos contribuyan a sostener la presencia de operadoras y proveedores en la provincia.
Más allá de los efectos inmediatos, el acuerdo plantea una hoja de ruta basada en un análisis técnico y económico de mediano plazo. La provincia busca consolidar un modelo que combine incentivos, planificación y control como herramientas para transformar el potencial energético en más producción, inversión y trabajo.
