Enero significó alcanzar un superávit económico. El primer objetivo de Nación fue completado con éxito, pero hay ciertas cuestiones que comienzan a mirarse de reojo. Una de ellas es el atraso en el pago de los incentivos del Plan Gas.Ar. La demora comenzó a generar recelo en las empresas del sector y ya se evalúan medidas.
Si bien el Gobierno nacional anunció una y otra vez que se respetarían todos los contratos firmados, en la industria hidrocarburífera empiezan con desconfianza ciertas actitudes por parte de los funcionarios de la gestión de Javier Milei.
Según pudo saber +e, las compañías esperan los pagos comprometidos del Plan Gas.Ar para poder tener un poco de previsibilidad con respecto al futuro. “Nos deben a todos”, sostuvieron desde la actividad ante la consulta de este medio.
Los equipos técnicos comienzan a hacer cálculos de la deuda registrada para avanzar en un reclamo por parte de todas las operadoras. “Estamos evaluando hacer un reclamo formal por parte de todo el sector”, consideraron.
En el programa de incentivos se establece que las productoras se comprometen a producir gas para tres destinos: dos bajo contratos y uno libre. El primero instituye contratos con las distribuidoras y Cammesa. Mientras que el último permite que las empresas negocien entre sí.
El problema de la falta de pagos se da con Cammesa o, en menor medida, con Enarsa, ya que las distribuidoras pagan directamente y no deberían registrarse consecuencias mientras se recaude mediante los usuarios.
“El tema son las transferencias del Estado, que pueden venir por dos vías. Una es el pago directo que hacen, que es el diferencial de precio que no pagan las distribuidoras y que se lo da directamente el Estado a las empresas y también a las provincias. Y, otro punto, es vía Cammesa y, en menor medida, vía Enarsa, para las últimas rondas. Entonces, hay que ver si se frenó solo la transferencia directa o también los pagos de Cammesa, que paga el 100% del precio del gas”, explicó Juan José Carbajales, en diálogo con +e.
Las consecuencias
El esquema del Plan Gas.Ar tiene previstos ciertos plazos de pago y, si bien no hay una tasa de interés que se pueda ir acumulando, existe la posibilidad de que los productores reclamen un certificado de créditos fiscales para pagar sus contribuciones. Para el director de la consultora Paspartú, es difícil activar esa cláusula. “Nadie quiere hacerlo, porque además todos dejan en evidencia que el Estado no está pagando y se crea un clima de inestabilidad en el sector. Es una herramienta que tienen a mano”, subrayó.
Asimismo, los productores tienen contratos firmados con distribuidores y Cammesa que implican fuertes penalidades si se rompe la cadena de pagos. “La producción tendría que seguir estando, pero podrían llegar a alegar una fuerza mayor. Es complicado hacerlo si el Estado no les paga, pero las empresas están acostumbradas a esa pulseada histórica”, detalló el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.
El esquema originario del Plan Gas.Ar establece que los productores cobran el 85% del precio mediante la presentación de una declaración jurada y el otro 15% se cobra cuando se hacen todas las mediciones.
“Este segundo pago siempre se demoró mucho más, a veces más de la cuenta. Pero es menor, es un 15%. La clave está en el 85% que las empresas ven inmediatamente”, aseveró.
“El Gobierno anunció un superávit durante enero y eso no es sostenible durante mucho tiempo, sumado a que hay una disputa con los gobernadores. Si no les pagan a las empresas, tampoco les pagan a las provincias ese 15%. Para Neuquén es sumamente importante, pero también están involucradas las provincias de la Cuenca del Golfo San Jorge y de la Cuenca Austral. Si esto se profundiza, las empresas tienen la posibilidad de dejar de invertir y, por ende, dejar de producir. Pero va a ser difícil que lo hagan con los volúmenes contractualizados. Lo pueden hacer con el volumen que sobra”, detalló.
“De hecho, lo hemos visto este verano. Sobraba gas, el precio spot bajó, empiezan a cerrar pozos y quieren exportar más. Va a haber licitaciones de Cammesa y el precio baja y quieren meter la producción donde sea. Pero son volúmenes incrementales, todo lo que es adicional. Pero no lo que está contractualizado”, aseguró Carbajales.
