El Gobierno nacional dio un paso clave en la reconfiguración del mercado del gas natural al modificar el funcionamiento del Plan Gas.Ar y avanzar en la salida del Estado como intermediario en los contratos de compraventa. La medida quedó plasmada en la Resolución 606/2025 de la Secretaría de Energía, que redefine el rol de Energía Argentina (EA) y acelera el retorno a relaciones contractuales directas entre privados.
La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de la participación estatal en actividades consideradas propias del sector privado. En ese marco, el Ejecutivo busca ordenar el esquema heredado del Plan Gas.Ar, lanzado en un contexto macroeconómico distinto y con un fuerte protagonismo del Estado en la administración del mercado.
Uno de los ejes centrales de la resolución es la cesión de los contratos de compraventa de gas natural que Energía Argentina firmó con los productores. Esos acuerdos, destinados al abastecimiento de la demanda prioritaria, pasarán ahora a manos de las distribuidoras de gas por redes, eliminando la intermediación estatal.
Con este cambio, los productores cobrarán directamente de las distribuidoras el precio del gas incorporado en las tarifas, mientras que el Estado mantendrá el esquema de compensaciones previsto en el Plan Gas.Ar para cubrir la porción subsidiada del precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El objetivo oficial es que el precio del gas refleje, de manera progresiva, la libre interacción entre oferta y demanda.
La resolución también se vincula con el proceso de privatización total de Energía Argentina, iniciado por decreto en abril de este año. En ese contexto, el Gobierno considera necesario “reconducir” las relaciones contractuales vigentes y evitar intermediaciones que, según el diagnóstico oficial, ya no resultan justificadas.
Menos controles y alivio regulatorio para los productores
Además de la cesión de contratos, la norma introduce cambios relevantes en las obligaciones que pesaban sobre los productores adheridos al Plan Gas.Ar. Entre ellos, se elimina la obligación de informar trimestralmente el avance de los planes de inversión comprometidos, aunque se mantiene la exigencia de cumplir con esas inversiones.
La Secretaría de Energía conservará la facultad de solicitar información puntual si lo considera necesario, pero el alivio administrativo apunta a reducir cargas regulatorias en un contexto de normalización del mercado. Esta flexibilización no alcanza a los compromisos asumidos en las rondas más recientes del plan, que seguirán bajo el régimen vigente.
Otro cambio técnico de peso es la eliminación del factor de división por 0,7 en el cálculo de los compromisos de inyección de gas para los productores que adhieran a la resolución. Esta modificación impacta directamente en las obligaciones de entrega y es vista por el sector como una señal de mayor previsibilidad operativa.
En paralelo, el Gobierno elevó al 90% el porcentaje de pago provisorio de las compensaciones que perciben los productores por las entregas realizadas, sobre la base de las declaraciones juradas mensuales. El ajuste busca mejorar el flujo financiero del sector sin alterar los objetivos centrales del esquema.
Nuevo esquema contractual y rol del ENARGAS
La resolución también ordena la asignación de volúmenes correspondientes a la Ronda 4.2 del Plan Gas.Ar. En este proceso, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tendrá un rol de supervisión, garantizando que la transición contractual se realice de manera ordenada.
Energía Argentina deberá informar a los productores cómo se distribuirán los volúmenes entre las distintas distribuidoras y, eventualmente, CAMMESA. La prioridad será asegurar el abastecimiento del denominado “Gas de Pico” para los años 2024 y 2025, clave para cubrir la demanda invernal.
La adhesión al nuevo esquema será voluntaria, tanto para productores como para distribuidoras, pero no admitirá condiciones parciales. Quienes acepten deberán formalizar nuevos contratos directos, que deberán ser presentados ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS.
Según el Gobierno, los cambios no implican un impacto directo en las tarifas finales de los usuarios, ya que se trata de modificaciones instrumentales. Sin embargo, la resolución marca un punto de inflexión: el inicio del desarme del Plan Gas.Ar tal como fue concebido y un paso más en la salida del Estado del negocio del gas.
