El convencional está en caída libre. La reconfiguración del mapa petrolero genera preocupación en las provincias, pero principalmente en la Cuenca del Golfo San Jorge donde hay preocupación de que los despidos sigan aumentando y el ingreso por regalías sean cada vez más bajos.
La diputada nacional por Chubut, Ana Clara Romero, presentó un proyecto de ley que impulsa un régimen de incentivos para la inversión en hidrocarburos convencionales, con el objetivo de frenar el declive productivo en yacimientos maduros. La iniciativa busca reactivar la actividad en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Salta, entre otras.
El régimen está orientado exclusivamente a los yacimientos de hidrocarburos convencionales, que han sufrido una merma sostenida en su producción debido al agotamiento natural, la menor presión en los pozos y el aumento de costos operativos. La ley no incluye a proyectos de tipo offshore ni no convencionales.
Uno de los pilares del proyecto es ofrecer seguridad jurídica y fiscal por 30 años, lo que significa que las empresas no se verán afectadas por cambios tributarios, aduaneros o cambiarios una vez aprobado su proyecto de inversión. Esto representa una ventaja clave frente a la volatilidad que afecta al sector energético.
Incentivos fiscales, aduaneros y financieros
Las empresas que se acojan al régimen y cumplan con los requisitos establecidos accederán a una serie de beneficios económicos concretos. Entre ellos se incluye una amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias sobre inversiones en infraestructura, equipamiento y obras civiles directas.
Las importaciones y compras locales de bienes y servicios estarán exentas de derechos de importación, con una alícuota del 0%, al igual que la exportación de hidrocarburos convencionales extraídos bajo este régimen. También se establece una alícuota reducida del 25% para el Impuesto a las Ganancias, en lugar del 35% habitual.
Proyecto convencional Ana Clara Romero
Otro beneficio clave es la deducción del 50% de los gastos en prospección, exploración y abandono de pozos, siempre que estén contemplados en el plan aprobado. A su vez, las empresas podrán computar el IVA con una alícuota preferencial del 10,5% en la adquisición de bienes de capital.
El proyecto también contempla el acceso a líneas de crédito preferenciales para financiar equipos, tecnología e inversiones en seguridad ambiental. Estas líneas estarán disponibles para empresas beneficiarias y sus proveedores vinculados a las tareas de extracción y desarrollo.
Requisitos, control y adhesión de provincias
Para acceder al régimen, las empresas deben estar inscriptas en el Registro de Empresas Petroleras del Estado Nacional, no tener deudas fiscales ni previsionales y presentar un proyecto con una duración mínima de cinco años. También podrán asociarse con otras firmas jurídicas que cumplan con los mismos requisitos.
La Secretaría de Energía de la Nación será la autoridad de aplicación encargada de evaluar, aprobar y monitorear cada proyecto, así como de dictar las normas complementarias y aplicar sanciones por incumplimiento. Los beneficios cesarán automáticamente si se detecta el incumplimiento sustancial del plan de inversión aprobado.
El régimen solo se aplicará en aquellas provincias que adhieran formalmente mediante una ley. A su vez, las provincias y municipios que se sumen no podrán cobrar más del 15% en regalías sobre el petróleo y gas producido, y deberán ofrecer un descuento mínimo del 30% en el Impuesto de Sellos.
Un pedido convencional
La iniciativa surge como respuesta al abandono progresivo de pozos y al creciente desinterés en el segmento convencional, debido al auge de los hidrocarburos no convencionales como Vaca Muerta. Sin embargo, el petróleo convencional sigue representando una porción significativa de la matriz energética del país.
Según datos incluidos en el proyecto, solo en Chubut existen más de 21.000 pozos perforados, de los cuales casi 12.000 están inactivos o abandonados. Además, el alto costo de producción y la baja rentabilidad han generado pérdidas millonarias en exportaciones y caída de ingresos fiscales.
El proyecto plantea que medidas como las aquí propuestas pueden recuperar pozos marginales, generar empleo de calidad y fortalecer las economías regionales. También busca complementar al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), que no contempla específicamente este segmento productivo.
