El Senado de Mendoza aprobó este martes la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino, una decisión que obtuvo 29 votos afirmativos, seis negativos y una abstención. Con este aval legislativo, la provincia ingresa en una nueva etapa para su industria minera y habilita un desarrollo que podría convertirse en un motor económico para la región.
La vicegobernadora Hebe Casado celebró la votación y la definió como un punto de quiebre para la provincia. Sostuvo que se trata de “un día histórico para Mendoza” y afirmó que la provincia “va a ser la que aporte el cobre que el mundo está demandando con urgencia”. También insistió en que el escenario social y político es diferente al de años pasados. “Esto es definitivo, no vamos a dar ni un solo paso atrás. La licencia social de hoy no es la misma de años atrás. La ciudadanía y la academia acompañan al proyecto”, expresó en diálogo con LN+.
Desde el Congreso nacional, la diputada Jimena Latorre reforzó la postura positiva de la dirigencia provincial. En su cuenta de X destacó que la aprobación de la DIA representa “un paso histórico para ampliar el desarrollo, generar más empleo y seguir cuidando el ambiente”, y remarcó que el proyecto avanza bajo “controles estrictos y pleno cumplimiento de la ley vigente”.
Casado detalló además que el emprendimiento podría generar entre 2000 y 3000 empleos formales, con salarios que superan los promedios provinciales. También subrayó que Mendoza percibirá regalías bajo el esquema previsto por la legislación que establece un tope del 3%.
El respaldo al proyecto fue acompañado por un comunicado de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que calificó el avance legislativo como un mensaje de alcance nacional. La entidad consideró que la aprobación reafirma el rol de la minería responsable como herramienta de desarrollo. “Mendoza demuestra que es posible compatibilizar crecimiento económico, cuidado ambiental y bienestar social gracias a la previsibilidad regulatoria y el diálogo con todos los actores”, afirmó la cámara.
La sesión legislativa estuvo marcada por la presencia de grupos antimineros que se manifestaron fuera del edificio, lo que generó un clima tenso durante la votación. Aun así, el apoyo político también alcanzó a otro expediente: la DIA para la exploración del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que obtuvo sanción definitiva por 31 votos contra tres. Este paquete incluye 27 iniciativas de exploración en el sur provincial.
El proyecto PSJ Cobre Mendocino se ubica a 37 kilómetros de Uspallata y a 97 kilómetros de la capital provincial. Se perfila como la primera iniciativa cuprífera de mediana escala en Mendoza y uno de los desarrollos más relevantes del país desde la puesta en marcha de Bajo de la Alumbrera, lo que expone el peso estratégico que tendrá para la matriz minera nacional.
Un proceso técnico y participativo
Los fundamentos de la decisión legislativa detallan que el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental incluyó informes técnicos de distintos organismos, dictámenes sectoriales y el análisis del Informe Final de la Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera. Con las respuestas del proponente incorporadas al expediente, la Autoridad Ambiental Minera elaboró el Informe Técnico Final que reúne conclusiones y observaciones sobre el estudio presentado.
El procedimiento también contempló diversas instancias de participación ciudadana: consulta pública, talleres, visitas técnicas y una Audiencia Pública con amplia difusión. Se habilitó además la presentación de aportes por escrito y se garantizó el acceso completo a la documentación tanto en formato físico como digital. El expediente incluyó también el proceso de consulta previa con comunidades originarias asentadas en el área de influencia del proyecto.
La Declaración de Impacto Ambiental introduce una metodología que segmenta las etapas de construcción, operación, cierre y post-cierre. Además, organiza su contenido en cinco ejes centrales: Agua, Biodiversidad, Patrimonio cultural y Qhapaq Ñan, Aire y emisiones, y Participación ciudadana y control social. Esta estructura apunta a reforzar la transparencia y la trazabilidad del proceso ambiental.
Con este avance legislativo, Mendoza deja atrás años de incertidumbre en torno a la actividad minera y coloca al cobre en el centro de su estrategia productiva de largo plazo.
