La tensión en Medio Oriente volvió a escalar y sacudió los mercados globales. En respuesta a un ataque de Estados Unidos sobre instalaciones nucleares, el Parlamento iraní aprobó una iniciativa que impulsa el cierre del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más relevantes para el comercio de petróleo y gas en el planeta.
La moción fue votada por la mayoría de los legisladores de la Asamblea Consultiva Islámica y será analizada por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, liderado por el ayatolá Alí Jamenei. Aunque la medida aún no está en vigencia, el mensaje ya fue enviado: Irán podría restringir el acceso a una vía clave para la energía mundial.
Ormuz, un cuello de botella
El Estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Por este estrecho marítimo circula cerca del 20% del petróleo y más del 30% del gas natural licuado que consume el mundo. El solo anuncio de una posible interrupción bastó para que los mercados comenzaran a reaccionar.
Algunas cadenas internacionales, como la turca TRHaber, citan fuentes militares iraníes que advierten sobre una posible interrupción inminente del tránsito marítimo. Paralelamente, el general Esmaeil Kousari, integrante de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, confirmó que la intención de cerrar el estrecho está sobre la mesa, aunque aclaró que la decisión final corresponde al Consejo de Seguridad.
Las repercusiones en los mercados energéticos fueron inmediatas. Según análisis de ING Research, una eventual paralización del tráfico en Ormuz podría llevar el precio del barril por encima de los 120 dólares. Si el conflicto se intensifica, no se descarta que el Brent alcance niveles similares a los de 2008, cuando superó los 145 dólares.
“La amenaza de un cierre prolongado representa una presión directa sobre el equilibrio energético global”, sostuvo Warren Patterson, jefe de estrategia de commodities en ING. Incluso un acuerdo diplomático, agregó, no sería garantía de una baja inmediata de los precios.
Lo que significa para Argentina
La semana pasada, el Brent rondó los 77 dólares, pero todo indica que el mercado abrirá con fuertes subas si se confirma el avance del conflicto. La incertidumbre sobre el abastecimiento global condiciona las decisiones de gobiernos, grandes consumidores y petroleras.
En Argentina, la situación se sigue con atención. El alza del crudo puede dejar una señal positiva y otra negativa.
Por un lado, permite estabilizar un precio internacional que había llegado a caer a 59 dólares. Si el Brent logra sostenerse por encima de los 80 dólares, el horizonte para el sector energético nacional sería más previsible y favorable.
Horacio Marín, CEO de YPF, remarcó recientemente que Vaca Muerta puede seguir siendo rentable incluso con un barril inferior a los 45 dólares. “Lo podemos desarrollar a un precio mucho más bajo. Ganamos menos, pero no perdemos plata. Ese es el break-even”, explicó. En ese contexto, el shale neuquino se mantiene competitivo.
La Cuenca del Golfo San Jorge, más orientada al convencional, podría ser una de las principales beneficiadas por un crudo más caro. Los precios deprimidos habían complicado las inversiones y operaciones en esa región. Si el Brent escala, las perspectivas podrían mejorar tras más de una década de dificultades.
Riesgo inflacionario en el surtidor
Pero no todo es ganancia. La otra cara del aumento del petróleo se ve en los surtidores. Guillermo Lego, gerente general de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), advirtió que a comienzos de julio podría aplicarse un nuevo incremento de hasta un 5% en los combustibles.
YPF ya concretó un ajuste del 5% el fin de semana pasado, en respuesta a la suba del Brent y al recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. Si la situación en Medio Oriente se agrava, es probable que la presión sobre los precios locales continúe.
El Gobierno enfrenta un desafío adicional: contener la inflación. Una nueva suba en las naftas podría tener un impacto directo en el índice de precios que mide el INDEC, complicando los planes oficiales para reducir el costo de vida.
