La Cámara Alta dio un paso clave para la reforma que más expectativas genera en la industria minera. Tras dos jornadas de discusión, la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado emitió dictamen favorable al proyecto que plantea modificaciones a la Ley de Glaciares, acercándolo a la instancia de media sanción.
El debate fue conducido por el presidente de la comisión, el senador por Catamarca Flavio Fama, y contó con intervenciones de representantes de provincias con actividad minera, funcionarios del Poder Ejecutivo, cámaras empresariales, especialistas y organizaciones ambientalistas. La diversidad de voces reflejó las tensiones entre desarrollo productivo y protección ambiental.
La continuidad del tratamiento quedó suspendida debido a las restricciones de agenda legislativa asociadas al debate del Presupuesto 2026. En este contexto, la votación quedaría pendiente hasta después del 10 de febrero y requerirá una nueva convocatoria a sesiones extraordinarias.
Fama remarcó que “es posible cuidar el ambiente sin frenar el desarrollo”, y destacó la necesidad de consensos federales que atiendan las realidades de las provincias. La iniciativa incorpora dos modificaciones centrales respecto del marco vigente.
Por un lado, redefine el alcance de las áreas protegidas, restringiendo la prohibición de actividad en glaciares y zonas periglaciares únicamente a aquellos cuerpos de hielo que cumplan funciones hídricas estratégicas. Uno de los argumentos principales es que, a 15 años de la aprobación de la ley, el Instituto Nacional responsable del inventario apenas completó la primera etapa y no avanzó en la evaluación del impacto hídrico.
El proyecto también transfiere a las provincias la responsabilidad de delimitar estas áreas, con el objetivo de agilizar los estudios y avanzar en autorizaciones ambientales. Esa potestad responde a un reclamo recurrente de los gobernadores de distritos mineros, que cuestionan la incertidumbre legal vigente. El sanjuanino Marcelo Orrego consideró que la norma actual presenta “imprecisiones que generan interpretaciones distorsivas” e impiden un desarrollo sostenible.
Desde Catamarca, el gobernador Raúl Jalil sostuvo que la minería es clave en la transición energética y afirmó que los procesos para aprobar informes de impacto ambiental deben acelerarse. Las autoridades provinciales insisten en reducir la ambigüedad normativa para establecer con precisión dónde está permitida la exploración y dónde rige la prohibición.
El sector empresario también respaldó el proyecto. Desde CAMARCO señalaron que una redacción que dé certeza jurídica permitirá avanzar con responsabilidad ambiental y garantizar la protección del recurso hídrico, al tiempo que abre oportunidades de empleo en las economías regionales.
El debate seguirá abierto, con posturas encontradas sobre los riesgos ambientales y la necesidad de inversiones en un sector considerado estratégico para la transición energética global. El tratamiento legislativo en 2026 será decisivo para el futuro del marco regulatorio minero en Argentina.
