El Gobierno nacional oficializó mediante decreto la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), compañía encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema mixto de participación público-privada, con el Estado manteniendo la mayoría accionaria.
El texto define la venta de un 44% del capital social mediante licitación pública, de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se organiza un Programa de Propiedad Participada para destinar un 5% de las acciones a trabajadores. El 51% de la compañía quedará bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
A diferencia de versiones anteriores, el nuevo decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación accionaria, que actualmente equivale al 20% del capital social. De esta manera, el organismo continuará como accionista relevante dentro de la compañía.
Una privatización parcial
La norma se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que autorizan procesos de privatización. El Poder Ejecutivo argumentó que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y garantizar el financiamiento de proyectos estratégicos en curso.
Según el Boletín Oficial, Nucleoeléctrica recibió durante 2023 transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado nacional. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal y limitar la intervención estatal en sectores que pueden desarrollarse con participación privada.
El esquema prevé que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de la empresa. Además, la CNEA continuará dentro del paquete accionario, lo que asegura su presencia institucional en la toma de decisiones sobre la actividad nuclear.
Proyectos estratégicos
El decreto destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra la capacidad operativa de sus centrales bajo estándares internacionales de seguridad.
No obstante, la empresa requiere financiamiento adicional para encarar proyectos clave. Entre ellos figuran la extensión de vida de la Central Atucha I, prevista para volver al sistema eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.
El Gobierno considera que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y reforzar la competitividad de la compañía frente a otros generadores del mercado eléctrico.
Lo que viene para Nucleoeléctrica
El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante el procedimiento de privatización. El proceso incluirá la licitación pública internacional y la implementación del Programa de Propiedad Participada.
El decreto instruye además a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones en poder de Energía Argentina S.A. (Enarsa) al Estado nacional, y a Enarsa a traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía antes de la licitación.
Con esta estructura, el Estado conservará el 51% de la compañía y garantizará que la CNEA mantenga su participación accionaria. El objetivo oficial es atraer inversiones para financiar los proyectos de largo plazo, sin perder el control estatal de una empresa estratégica en materia energética y nuclear.
