Con el RIGI, Rio Tinto invertirá US$251 millones para ampliar Fénix

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó, mediante la Resolución 431/2026, una nueva adhesión de un proyecto minero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa Minera del Altiplano, subsidiaria de Rio Tinto, obtuvo el aval oficial para su plan de inversiones denominado “Expansión Fase 1B”, que busca ampliar la capacidad productiva del yacimiento Fénix, ubicado estratégicamente en el Salar del Hombre Muerto, dentro de la provincia de Catamarca.

La resolución firmada por Luis Caputo destaca que estos incentivos aportan certidumbre y seguridad jurídica a los inversores extranjeros y nacionales. El objetivo prioritario es garantizar la prosperidad económica mediante el incremento de exportaciones de mercaderías y servicios, favoreciendo la creación genuina de empleo en regiones estratégicas.

Las metas de producción de Rio Tinto

El proyecto de Minera del Altiplano contempla una expansión significativa en la producción de carbonato de litio. Según el documento oficial, la capacidad instalada pasará de veintiocho mil quinientas toneladas anuales a un total de treinta y ocho mil toneladas. Este incremento de nueve mil quinientas toneladas refuerza el perfil exportador.

Para alcanzar estos objetivos, el plan de inversiones asciende a un total de doscientos cincuenta y un millones de dólares estadounidenses. Los activos computables incluyen la construcción de una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una Planta de Carbonato, además de infraestructura clave para el procesamiento del mineral extraído.

El RIGI aprobó dos nuevos proyectos.

El Ministerio de Economía, en su resolución, detalló la justificación oficial del régimen para este tipo de desembolsos industriales: “El RIGI tiene como objetivos prioritarios incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras a fin de garantizar la prosperidad del país, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos e incrementar las exportaciones”.

Infraestructura y desarrollo de proveedores

La obra civil no se limita exclusivamente a la extracción en el salar catamarqueño. El proyecto incluye la perforación de nuevos pozos de salmuera y la instalación de tuberías complejas. También se prevé la edificación de instalaciones auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción proyectada.

Un componente esencial es la construcción de una planta compresora de gas natural en Olacapato, provincia de Salta. Esta instalación permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos La Puna y Fénix. Dichas obras son vitales para asegurar el suministro energético constante que requiere la producción de litio.

Respecto al impacto en la cadena de valor, la empresa se comprometió a que el sesenta por ciento de su inversión en proveedores sea local. Esta cifra supera ampliamente el mínimo del veinte por ciento exigido por la ley vigente. Así, el Ministerio de Economía busca potenciar la industria nacional.

Beneficios fiscales y horizonte productivo

La adhesión al RIGI otorga a Minera del Altiplano beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de gran relevancia para la viabilidad financiera. El Ministerio de Economía aprobó un listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicias especiales. Estas medidas buscan reducir los costos de capital y acelerar la ejecución productiva.

El cronograma de obras estipula que la construcción del proyecto finalizará en noviembre del año 2026. Sin embargo, se prevé que el inicio de las operaciones comerciales ocurra en julio de ese mismo año. Para entonces, la firma deberá haber acreditado el cumplimiento de los montos mínimos de inversión.

El salvavidas del Comahue: las empresas pagaron las concesiones por las represas

Luis Caputo consiguió un poco de aire. La nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue son una realidad y el Gobierno nacional consiguió fondos frescos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, las arcas del Gobierno nacional se engrosaron en un poco más de los 700 millones de dólares que implicó la operación por las represas hidroeléctricas.

Cómo siguen las represas del Comahue

Ahora, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. Según el Boletín Oficial, el acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

Central Puerto y Aluar se anotan por las represas.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.

Nación oficializó nuevas condiciones para la privatización de las represas

El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de nuevas condiciones al pliego de licitación para la venta de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. La medida quedó plasmada en la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La norma aprueba la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. Esta licitación abarca la venta del paquete accionario de las sociedades titulares de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Un paso clave en el proceso de privatización

El texto oficial recuerda que, en abril de 2024, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a conformar estructuras societarias para asumir de manera transitoria la operación de estas centrales. De esa instrucción surgieron cuatro nuevas sociedades anónimas, con participación mayoritaria de ENARSA.

Posteriormente, por el Decreto 718/2024 se otorgó la concesión a esas sociedades para operar los aprovechamientos hidroeléctricos, aunque la entrada en vigencia quedó supeditada al resultado del proceso licitatorio y a la transferencia de acciones.

En agosto de 2025, el Gobierno avanzó con la autorización para privatizar totalmente ENARSA, separando sus actividades por unidad de negocio. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía de la Nación quedó facultada para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional que permitirá transferir las acciones de las represas a operadores privados.

Las centrales involucradas en esta licitación son estratégicas para el sistema eléctrico nacional. Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fueron creadas específicamente para canalizar la transición de la gestión pública a la privada.

La privatización se realizará bajo las modalidades previstas en la Ley 23.696, con un concurso nacional e internacional sin base. Esto significa que el precio se definirá en el marco de la competencia entre oferentes, sin un valor mínimo preestablecido.

Nación y las provincias todavía no ponen fechas para la licitación de las represas del Comahue.

Cambios en los pliegos y respuestas a consultas

Desde la apertura del concurso, el 20 de agosto de 2025, distintos interesados realizaron consultas técnicas y jurídicas sobre las condiciones de participación. Estas inquietudes fueron canalizadas a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía.

Como resultado de este proceso, se introdujeron aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, así como a sus anexos y subanexos. Según detalla la resolución, las modificaciones apuntan a “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” aspectos que surgieron del intercambio con los potenciales oferentes.

La Circular Modificatoria N° 4 incorpora formalmente estos cambios y actualiza las reglas del concurso. La medida lleva la firma del ministro de Economía, Mariano Cúneo Libarona.

La resolución dispone que la circular modificatoria se publique durante tres días en el Boletín Oficial, así como en el portal electrónico de contrataciones públicas CONTRAT.AR, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en la página de la Secretaría de Energía.

Esta difusión busca garantizar la máxima transparencia y acceso a la información para todos los interesados en participar en el proceso. La norma también establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación.

Un proceso observado de cerca

La privatización de estas represas marca un hito en la política energética del país. Se trata de activos estratégicos que, en conjunto, representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina. Su futuro será definido por el resultado de esta licitación.

Los pliegos licitatorios y las sucesivas modificaciones son observados de cerca por empresas nacionales e internacionales. La dinámica de este proceso también es seguida por las provincias involucradas, especialmente aquellas que albergan las centrales hidroeléctricas.

La resolución publicada se apoya en un entramado legal y regulatorio que incluye la Ley 15.336, la Ley 24.065 y la Ley 27.742, entre otras normas. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y coordina el procedimiento junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

En este contexto, el Gobierno busca completar en los próximos meses el proceso de transferencia de acciones, con la expectativa de atraer inversiones privadas para la modernización y operación eficiente de las represas.

Con la Circular Modificatoria N° 4 ya vigente, los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las nuevas disposiciones antes de la apertura formal de sobres. La definición de adjudicatarios marcará un cambio estructural en el mapa energético nacional.

La publicación en los portales oficiales garantiza que los documentos estén disponibles para todos los interesados, en línea con los estándares de transparencia y competencia.

La Resolución 1569/2025 se inscribe así como un nuevo paso en la avanzada privatizadora del sector hidroeléctrico, en un contexto de cambios profundos en la política energética nacional.

La privatización de Nucleoeléctrica será parcial

El Gobierno nacional oficializó mediante decreto la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), compañía encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema mixto de participación público-privada, con el Estado manteniendo la mayoría accionaria.

El texto define la venta de un 44% del capital social mediante licitación pública, de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se organiza un Programa de Propiedad Participada para destinar un 5% de las acciones a trabajadores. El 51% de la compañía quedará bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

A diferencia de versiones anteriores, el nuevo decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación accionaria, que actualmente equivale al 20% del capital social. De esta manera, el organismo continuará como accionista relevante dentro de la compañía.

Una privatización parcial

La norma se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que autorizan procesos de privatización. El Poder Ejecutivo argumentó que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y garantizar el financiamiento de proyectos estratégicos en curso.

Según el Boletín Oficial, Nucleoeléctrica recibió durante 2023 transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado nacional. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal y limitar la intervención estatal en sectores que pueden desarrollarse con participación privada.

El esquema prevé que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de la empresa. Además, la CNEA continuará dentro del paquete accionario, lo que asegura su presencia institucional en la toma de decisiones sobre la actividad nuclear.

Proyectos estratégicos

El decreto destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra la capacidad operativa de sus centrales bajo estándares internacionales de seguridad.

No obstante, la empresa requiere financiamiento adicional para encarar proyectos clave. Entre ellos figuran la extensión de vida de la Central Atucha I, prevista para volver al sistema eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.

El Gobierno considera que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y reforzar la competitividad de la compañía frente a otros generadores del mercado eléctrico.

Lo que viene para Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante el procedimiento de privatización. El proceso incluirá la licitación pública internacional y la implementación del Programa de Propiedad Participada.

El decreto instruye además a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones en poder de Energía Argentina S.A. (Enarsa) al Estado nacional, y a Enarsa a traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía antes de la licitación.

Con esta estructura, el Estado conservará el 51% de la compañía y garantizará que la CNEA mantenga su participación accionaria. El objetivo oficial es atraer inversiones para financiar los proyectos de largo plazo, sin perder el control estatal de una empresa estratégica en materia energética y nuclear.