Urea para exportar: la planta de fertilizantes de Pampa Energía fue aprobado por el RIGI

El Ministerio de Economía aprobó esta semana la adhesión al RIGI del proyecto Fertilizantes, la planta de urea y amoníaco que Pampa Energía, a través de su controlada Fértil Pampa SAU, viene armando desde hace meses en el Puerto de Ingeniero White. La resolución 1468/2026, firmada por Luis Caputo, confirma lo que en el mercado energético ya se daba por descontado, aunque igual generó satisfacción en la compañía: el proyecto queda encuadrado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo, la categoría más alta que ofrece el régimen.

La planta combinará dos unidades gemelas de urea granulada, de 3.000 toneladas diarias cada una, con una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día. El gas natural de Vaca Muerta será la materia prima central, lo que conecta directamente el yacimiento neuquino con la costa atlántica bonaerense a través de los gasoductos existentes.

La ubicación no es casual. El predio de 80 hectáreas está pegado al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, con acceso a aguas profundas para exportar sin escalas intermedias. Esa cercanía portuaria fue uno de los argumentos que la empresa remarcó ante el comité evaluador del régimen.

Pampa Energía sigue creciendo en Vaca Muerta

Una apuesta de US$2.700 millones a cuatro años

Según el comunicado que Pampa Energía envió a la CNV, la inversión total del proyecto Fertilizantes ronda los US$2.700 millones, cifra que en el expediente oficial se detalla con mayor precisión en US$2.693 millones en activos computables. El cronograma contempla dos etapas: ingeniería y procura hasta fines de 2027, y montaje y puesta en marcha hasta diciembre de 2029.

El contrato quedó estructurado bajo la modalidad EPC llave en mano, con suma global fija, algo habitual en proyectos de esta escala porque traslada al contratista buena parte de los riesgos de diseño y construcción. La licitación internacional tuvo un solo oferente válido: el consorcio Tecnimont-SACDE, que firmó el acuerdo el 17 de julio pasado.

Casi la mitad de esa inversión, un 46%, corresponde a equipos y tecnología importados de licenciatarios como KBR, Topsoe y Stamicarbon, nombres que dominan el negocio mundial de plantas de urea. El resto, la parte on-shore, se contratará con proveedores argentinos, con SACDE como socio local del consorcio.

Por qué importa que Argentina deje de importar urea

El dato que más repiten en el sector es este: la Argentina importa hoy 1,3 millones de toneladas de urea por año porque no produce lo suficiente para su propio campo. Con una capacidad proyectada de 2.100.000 toneladas anuales, la planta de Fértil Pampa no solo cubriría ese déficit sino que dejaría margen para exportar.

Ese argumento fue central en la presentación ante el Comité Evaluador de Proyectos RIGI, que en su Acta 25 recomendó aprobar la solicitud tras revisar los informes técnicos de la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento y del Banco Central. El BCRA no encontró elementos que pudieran distorsionar el mercado cambiario local.

La fecha de adhesión al régimen quedó fijada en el 3 de agosto de 2026, cuando Fértil Pampa completó la información pedida por el área técnica. Desde ese día empiezan a correr los plazos y beneficios fiscales que otorga el RIGI a los proyectos de exportación estratégica.

Pampa Energía sigue impulsando el crecimiento de Rincón de Aranda.

Los beneficios y las obligaciones que trae el RIGI

La resolución también aprobó el mecanismo de resolución de disputas propuesto por la empresa: arbitraje bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, con el Panel RIGI como instancia adicional prevista en el decreto 749/2024. Es la vía que suelen pedir las compañías extranjeras antes de comprometer inversiones de esta magnitud.

Fértil Pampa deberá acreditar, durante el primer y el segundo año desde la notificación, un avance de inversión de al menos el 20% del monto mínimo exigido. La fecha límite para completar el total comprometido en activos computables quedó establecida en el 1° de diciembre de 2029.

El Estado también le encomendó a la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento el control y la fiscalización del cumplimiento de la ley 27.742 a lo largo de toda la vida del proyecto. La ARCA, por su parte, deberá generar una CUIT especial para el vehículo de proyecto único.

El comunicado que la compañía remitió a la CNV, firmado por su responsable de Relaciones con el Mercado, confirma los mismos números que figuran en el Boletín Oficial y ratifica que las obras seguirán el plan de inversión aprobado por el Ministerio de Economía.

Vicuña Argentina ya es parte del RIGI: oficializan beneficios para el megaproyecto de cobre en San Juan

La adhesión de Vicuña Argentina al RIGI quedó oficialmente confirmada. El Ministerio de Economía publicó este jueves la Resolución 1154/2026, que incorpora al megaproyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un paso esperado por la industria tras el reciente aval a su plan de infraestructura eléctrica.

La decisión llegó apenas días después de que el Directorio del ENREGE aprobara la expansión del sistema eléctrico que abastecerá a la operación y rechazara todas las impugnaciones presentadas durante el proceso. Con ese obstáculo superado, el Gobierno avanzó con la aprobación definitiva del régimen de promoción.

La inversión de Vicuña Argentina asciende a US$9.737 millones, de los cuales U$S 9.024 millones corresponden a activos computables. El desembolso se ejecutará en dos etapas que se extenderán hasta diciembre de 2031 y posiciona a la iniciativa entre los mayores desarrollos mineros en marcha en el país.

Un proyecto que apuesta al cobre, el oro y la plata

El objetivo de Vicuña Argentina es desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, para producir y exportar cobre, oro y plata. La iniciativa fue encuadrada como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría reservada para inversiones con fuerte impacto sobre el perfil exportador del país.

Según la resolución, el proyecto busca consolidar a Argentina como un proveedor de largo plazo de cobre y doré para los mercados internacionales. En un escenario donde la demanda mundial de cobre crece impulsada por la transición energética, el Gobierno considera que la iniciativa puede convertirse en uno de los pilares de la minería nacional.

Las proyecciones oficiales estiman que el emprendimiento generará exportaciones mineras por más de U$S 2.600 millones anuales y alrededor de 31.700 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, durante las distintas etapas de construcción y operación.

Distrito Vicuña es la esperanza del cobre argentino. San pica en punta. Lundin descubrió un nuevo yacimiento de cobre. Rio Tinto pone primera

 

Qué contempla la inversión

El plan aprobado va mucho más allá de la explotación de los yacimientos. Incluye operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, sistemas de abastecimiento de agua, infraestructura eléctrica, caminos internos y campamentos para el personal.

Además, la empresa incorporó dentro del programa activos vinculados a la prospección y campañas de perforación para identificar nuevas fuentes de agua. También continuará con tareas de exploración en otras concesiones mineras que forman parte del mismo bloque geológico en San Juan.

Los beneficios que recibirá con el RIGI

Con la incorporación al RIGI, Vicuña Argentina accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen. Entre ellos figura la libre disponibilidad de una parte de las divisas provenientes de las exportaciones, luego de que el Gobierno concluyera que el proyecto no generará distorsiones en el mercado cambiario local.

La resolución también aprobó un listado de bienes y servicios que la compañía podrá importar bajo franquicias especiales para avanzar con la construcción del complejo minero. El objetivo es facilitar el ingreso de equipos e insumos necesarios para una inversión de esta magnitud.

Como condición para mantener los beneficios, Vicuña Argentina deberá acreditar una inversión equivalente, como mínimo, al 20% del monto comprometido durante los dos primeros años. La fecha límite para cumplir con el requisito de inversión mínima en activos computables quedó fijada para el 31 de diciembre de 2028.

Rincón de Aranda fue declarado como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo

La aprobación del RIGI para el proyecto de Pampa Energía en Rincón de Aranda marca un paso decisivo para uno de los desarrollos de Vaca Muerta que más creció durante el último año. El Ministerio de Economía oficializó la adhesión mediante la Resolución 1025/2026 y calificó la iniciativa como Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo.

La iniciativa contempla una inversión estimada de U$S 4.522 millones que se ejecutará hasta 2041. El plan incluye la perforación y completación de 259 pozos horizontales, una nueva planta de tratamiento para petróleo y gas, además de la infraestructura necesaria para transportar la producción desde el área.

El proyecto fue presentado por la sucursal dedicada de Pampa Energía para Rincón de Aranda y, de acuerdo con la normativa vigente, únicamente los nuevos pozos que se perforen después de la adhesión quedarán alcanzados por los beneficios del régimen. Los pozos actualmente en producción permanecen excluidos.

El proyecto apunta a acelerar la producción de shale oil

El desarrollo se llevará adelante sobre un bloque de 237 kilómetros cuadrados ubicado en Vaca Muerta. La planificación contempla ramas laterales de hasta 3.000 metros distribuidas en tres niveles productivos, una configuración que busca maximizar el aprovechamiento del reservorio.

Además de los pozos, el plan incorpora una planta con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios de petróleo y 800.000 metros cúbicos diarios de gas. También prevé la construcción de oleoductos, gasoductos y las instalaciones necesarias para la disposición del agua utilizada durante las operaciones de fractura hidráulica.

Desde Pampa Energía destacaron que: “La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción“.

Rincón de Aranda es la gran apuesta de Pampa Energía en Vaca Muerta.

Exportaciones por U$S 17.000 millones y nuevos empleos

Según la presentación realizada por la compañía ante la Comisión Nacional de Valores, el objetivo es destinar el 100% del petróleo producido al mercado internacional. Bajo ese escenario, las exportaciones acumuladas durante la vida útil del proyecto alcanzarían unos U$S 17.000 millones.

La aprobación llega cuando Rincón de Aranda atraviesa una etapa de fuerte expansión. Durante 2025, el bloque pasó de producir menos de 1.000 barriles diarios a acercarse a los 20.000 barriles diarios, convirtiéndose en el principal motor del crecimiento petrolero de Pampa Energía.

Para 2026, la empresa prevé destinar alrededor de U$S 770 millones exclusivamente al desarrollo del área. El programa contempla perforar 20 nuevos pozos y completar otros 35, apoyado en un costo de extracción cercano a los U$S 10 por barril, uno de los más competitivos de Vaca Muerta.

Las proyecciones de la compañía apuntan a elevar la producción desde los actuales 19.000 barriles diarios hasta unos 25.000 barriles diarios durante los primeros meses del año y alcanzar cerca de 28.000 barriles diarios con la incorporación de una planta de procesamiento temporal. El objetivo de largo plazo es consolidar una meseta cercana a 45.000 barriles diarios hacia 2027.

 

Del litio a la inteligencia artificial: qué propone el Súper RIGI que debate el Congreso

La Cámara de Diputados inició el debate en comisión del proyecto que crea el Súper RIGI, una nueva herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo para captar grandes inversiones en actividades que todavía no tienen desarrollo en el país o que permanecen en etapas experimentales y piloto. La iniciativa fue presentada durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología.

La exposición principal estuvo a cargo de Daniel González, coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, quien definió al esquema como una evolución del régimen aprobado en la Ley Bases. Según explicó, el objetivo es generar condiciones para atraer proyectos que hoy no contemplan a Argentina entre sus posibles destinos de inversión.

El funcionario sostuvo que el nuevo régimen busca posicionar al país dentro del grupo de jurisdicciones más competitivas para desarrollos tecnológicos e industriales de gran escala. En ese sentido, señaló que muchos de los emprendimientos a los que apunta la iniciativa todavía no tienen una localización definida a nivel global.

Un esquema distinto al RIGI original

Durante su presentación, González destacó que el Súper RIGI tendrá una vigencia superior a la del régimen actualmente en marcha. Mientras el RIGI cuenta con una duración de dos años más una prórroga adicional ya aplicada, el nuevo esquema propone un período de cinco años con la posibilidad de extenderlo por un año más.

El funcionario remarcó que la diferencia principal radica en el tipo de proyectos que podrán acceder a los beneficios. Según indicó, el régimen vigente buscó acelerar decisiones de inversión en emprendimientos ya identificados, mientras que la nueva propuesta apunta a iniciativas que aún no existen en el país.

Asimismo, explicó que el programa será más restrictivo porque excluye expresamente a los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, sectores que sí forman parte del alcance del RIGI actual. La intención oficial es concentrar los incentivos en actividades asociadas a procesos de industrialización y desarrollo tecnológico.

Daniel González adelantó que Nación ampliará el RIGI a los proyectos incrementales de petróleo y gas.

Más valor agregado y mayores exigencias

De acuerdo con González, el nuevo esquema apunta a generar un impacto superior sobre la cadena de valor industrial, promoviendo la transformación de recursos y la creación de actividades de mayor complejidad productiva. Bajo esa lógica, sostuvo que el régimen podría traducirse en una mayor generación de empleo respecto de los proyectos tradicionales.

Otra de las diferencias centrales es el nivel mínimo de inversión requerido. El proyecto establece un umbral de US$1.000 millones, muy por encima de los US$200 millones exigidos por el régimen original. Además, no podrán incorporarse ampliaciones de emprendimientos existentes, una posibilidad contemplada actualmente por el RIGI.

Durante su exposición, González defendió los resultados obtenidos por el régimen vigente. Indicó que hasta el momento se registraron 39 proyectos y estimó que la cifra podría ubicarse entre 50 y 60 iniciativas antes del vencimiento previsto para julio de 2027.

El balance oficial del RIGI

Al detallar la composición de los proyectos adheridos, el funcionario señaló que 20 corresponden al sector minero, 13 a petróleo y gas, tres a energía eléctrica, dos a industria y uno a logística e infraestructura.

Según los datos presentados ante los legisladores, las iniciativas alcanzadas por el régimen se distribuyen en 13 provincias y representan inversiones por aproximadamente US$138.000 millones, con una proyección de 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.

González aseguró que estos desarrollos tienen capacidad para incrementar significativamente las exportaciones argentinas. También sostuvo que, una vez consolidada la explotación de los recursos naturales, el país podrá avanzar hacia procesos de integración industrial que permitan multiplicar la generación de valor agregado y empleo.

Tecpetrol sumó un perforador para Vaca Muerta.

Vaca Muerta y las perspectivas de inversión

En otro tramo de la presentación, el coordinador de Energía y Minería destacó el crecimiento de las inversiones en Vaca Muerta. Según expresó, los desembolsos actuales en la formación no convencional son aproximadamente un 50% superiores a los registrados tres años atrás.

Además, proyectó que el ritmo de expansión continuará durante los próximos años y estimó que las inversiones podrían volver a crecer entre un 50% y un 100% en el mediano plazo, impulsadas por el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de infraestructura vinculada a la producción hidrocarburífera.

Las declaraciones fueron parte de la defensa oficial del régimen de incentivos y de la estrategia económica orientada a fortalecer la llegada de capitales para sectores considerados estratégicos por el Gobierno.

Críticas de la oposición

Durante el debate también surgieron cuestionamientos por parte de la oposición. El diputado nacional Martín Lousteau consideró que la iniciativa implica una selección de sectores favorecidos y cuestionó los criterios utilizados para definir las actividades incluidas dentro del nuevo esquema.

El legislador sostuvo que algunos de los proyectos anunciados en los últimos años ya estaban previstos con anterioridad a la implementación del RIGI. Desde su perspectiva, el régimen pudo haber acelerado determinadas decisiones de inversión, pero no necesariamente fue el factor determinante para su concreción.

Lousteau también manifestó reparos sobre la continuidad de mecanismos de promoción sectorial mediante beneficios especiales y planteó que el país debería avanzar hacia instrumentos más amplios y menos focalizados.

Se puso en funcionamiento la planta compresora Mercedes.

Qué industrias podrán acceder al Súper RIGI

La iniciativa apunta a sectores vinculados con la industrialización de minerales críticos, la fabricación de baterías, el desarrollo de hidrógeno verde, la producción de vehículos eléctricos y la elaboración de componentes para energías renovables.

También contempla actividades relacionadas con reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas y otros desarrollos tecnológicos considerados de frontera.

Para estos proyectos, el régimen propone una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Entre los incentivos previstos se incluyen una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una tasa unificada del 10% para contribuciones patronales.

Además, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que descenderá al 3,5% luego de cuatro años. El proyecto también contempla exenciones de derechos de importación y exportación, la eliminación de restricciones operativas y un esquema progresivo de acceso a divisas que permitirá disponer del 100% de los dólares generados por exportaciones una vez transcurridos tres años de adhesión al régimen.

Cóndor Cliff y La Barrancosa: cómo sigue las represas de Santa Cruz

Autoridades nacionales y provinciales realizaron una recorrida por las represas Cóndor Cliff y La Barrancosa en medio del proceso de reorganización administrativa del proyecto hidroeléctrico y de las expectativas por la reactivación de la actividad laboral vinculada a las obras.

Las obras hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz volvieron a ocupar un lugar relevante dentro de la agenda de infraestructura energética nacional. Durante el domingo y el lunes, representantes del Gobierno provincial y funcionarios nacionales encabezaron inspecciones técnicas en el complejo hidroeléctrico, en el marco de la reactivación parcial de los trabajos y de los cambios administrativos definidos para el proyecto.

La actividad incluyó recorridos por distintos sectores de obra, visitas a campamentos y reuniones técnicas enfocadas en el estado actual del emprendimiento, considerado uno de los proyectos de generación eléctrica más importantes del país y con impacto directo en la economía de Santa Cruz.

Nueva estructura para las represas

La recorrida se llevó adelante luego de las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional en relación con la administración de las obras. A partir de la nueva disposición, las represas dejarán de depender de ENARSA y pasarán a estar bajo la órbita de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Economía de la Nación, que asumirá el rol de comitente.

En representación del Gobierno provincial participaron el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario de Estado de Recursos Hídricos, Emilio Rivera; y el secretario de Estado de Fiscalización y Control Ambiental Energético y Minero, Gastón Farías.

La delegación nacional estuvo integrada por Vicente Heredia, director nacional de Obras Hídricas; Liliana Guerrero, directora nacional de Aprovechamiento Multipropósito; Magali Montedoro, directora de Políticas y Programación; Romina Zaniratto, asesora legal; Lucía Olivieri, gerente financiera; Valentina Guanca, asistente técnica; Daniel Coroli, asesor; representantes de ENARSA y de la Universidad Nacional de La Plata; además del diputado nacional Jairo Guzmán.

Empleo, financiamiento y continuidad del proyecto

Durante la recorrida, el ministro Jaime Álvarez se refirió a la necesidad de sostener la actividad vinculada a las represas y señaló la importancia de priorizar la contratación de trabajadores locales mediante la aplicación de la Ley 90/10.

“El crecimiento de la provincia debe estar acompañado por empleo genuino para los santacruceños”, expresó el funcionario al referirse a la posibilidad de recuperar puestos de trabajo asociados al proyecto hidroeléctrico.

Álvarez también indicó que la continuidad de las obras está vinculada al acuerdo de financiamiento entre el Estado nacional y la República Popular China. Además, mencionó las gestiones realizadas para avanzar en la resolución de las diferencias económicas existentes entre ENARSA y la UTE encargada del desarrollo de las represas.

Las represas del río Santa Cruz y su impacto energético

Desde el Gobierno provincial señalaron que la continuidad de Cóndor Cliff y La Barrancosa mantiene relevancia por el aporte proyectado a la matriz energética nacional y por el movimiento económico que podría generar en la provincia.

Además del incremento previsto en la generación de energía eléctrica, el proyecto hidroeléctrico es considerado una obra de impacto para distintos sectores de la actividad económica regional, incluyendo empleo, infraestructura y servicios vinculados al desarrollo productivo de Santa Cruz.

Con el RIGI, Rio Tinto invertirá US$251 millones para ampliar Fénix

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó, mediante la Resolución 431/2026, una nueva adhesión de un proyecto minero al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). La empresa Minera del Altiplano, subsidiaria de Rio Tinto, obtuvo el aval oficial para su plan de inversiones denominado “Expansión Fase 1B”, que busca ampliar la capacidad productiva del yacimiento Fénix, ubicado estratégicamente en el Salar del Hombre Muerto, dentro de la provincia de Catamarca.

La resolución firmada por Luis Caputo destaca que estos incentivos aportan certidumbre y seguridad jurídica a los inversores extranjeros y nacionales. El objetivo prioritario es garantizar la prosperidad económica mediante el incremento de exportaciones de mercaderías y servicios, favoreciendo la creación genuina de empleo en regiones estratégicas.

Las metas de producción de Rio Tinto

El proyecto de Minera del Altiplano contempla una expansión significativa en la producción de carbonato de litio. Según el documento oficial, la capacidad instalada pasará de veintiocho mil quinientas toneladas anuales a un total de treinta y ocho mil toneladas. Este incremento de nueve mil quinientas toneladas refuerza el perfil exportador.

Para alcanzar estos objetivos, el plan de inversiones asciende a un total de doscientos cincuenta y un millones de dólares estadounidenses. Los activos computables incluyen la construcción de una nueva Planta de Adsorción Selectiva y una Planta de Carbonato, además de infraestructura clave para el procesamiento del mineral extraído.

El RIGI aprobó dos nuevos proyectos.

El Ministerio de Economía, en su resolución, detalló la justificación oficial del régimen para este tipo de desembolsos industriales: “El RIGI tiene como objetivos prioritarios incentivar las Grandes Inversiones nacionales y extranjeras a fin de garantizar la prosperidad del país, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos e incrementar las exportaciones”.

Infraestructura y desarrollo de proveedores

La obra civil no se limita exclusivamente a la extracción en el salar catamarqueño. El proyecto incluye la perforación de nuevos pozos de salmuera y la instalación de tuberías complejas. También se prevé la edificación de instalaciones auxiliares para apoyar la operación y administración de la nueva producción proyectada.

Un componente esencial es la construcción de una planta compresora de gas natural en Olacapato, provincia de Salta. Esta instalación permitirá ampliar la capacidad de transporte de los gasoductos La Puna y Fénix. Dichas obras son vitales para asegurar el suministro energético constante que requiere la producción de litio.

Respecto al impacto en la cadena de valor, la empresa se comprometió a que el sesenta por ciento de su inversión en proveedores sea local. Esta cifra supera ampliamente el mínimo del veinte por ciento exigido por la ley vigente. Así, el Ministerio de Economía busca potenciar la industria nacional.

Beneficios fiscales y horizonte productivo

La adhesión al RIGI otorga a Minera del Altiplano beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios de gran relevancia para la viabilidad financiera. El Ministerio de Economía aprobó un listado de mercaderías que podrán importarse bajo franquicias especiales. Estas medidas buscan reducir los costos de capital y acelerar la ejecución productiva.

El cronograma de obras estipula que la construcción del proyecto finalizará en noviembre del año 2026. Sin embargo, se prevé que el inicio de las operaciones comerciales ocurra en julio de ese mismo año. Para entonces, la firma deberá haber acreditado el cumplimiento de los montos mínimos de inversión.

El salvavidas del Comahue: las empresas pagaron las concesiones por las represas

Luis Caputo consiguió un poco de aire. La nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue son una realidad y el Gobierno nacional consiguió fondos frescos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, las arcas del Gobierno nacional se engrosaron en un poco más de los 700 millones de dólares que implicó la operación por las represas hidroeléctricas.

Cómo siguen las represas del Comahue

Ahora, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. Según el Boletín Oficial, el acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

Central Puerto y Aluar se anotan por las represas.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.

Nación oficializó nuevas condiciones para la privatización de las represas

El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de nuevas condiciones al pliego de licitación para la venta de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. La medida quedó plasmada en la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La norma aprueba la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. Esta licitación abarca la venta del paquete accionario de las sociedades titulares de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Un paso clave en el proceso de privatización

El texto oficial recuerda que, en abril de 2024, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a conformar estructuras societarias para asumir de manera transitoria la operación de estas centrales. De esa instrucción surgieron cuatro nuevas sociedades anónimas, con participación mayoritaria de ENARSA.

Posteriormente, por el Decreto 718/2024 se otorgó la concesión a esas sociedades para operar los aprovechamientos hidroeléctricos, aunque la entrada en vigencia quedó supeditada al resultado del proceso licitatorio y a la transferencia de acciones.

En agosto de 2025, el Gobierno avanzó con la autorización para privatizar totalmente ENARSA, separando sus actividades por unidad de negocio. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía de la Nación quedó facultada para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional que permitirá transferir las acciones de las represas a operadores privados.

Las centrales involucradas en esta licitación son estratégicas para el sistema eléctrico nacional. Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fueron creadas específicamente para canalizar la transición de la gestión pública a la privada.

La privatización se realizará bajo las modalidades previstas en la Ley 23.696, con un concurso nacional e internacional sin base. Esto significa que el precio se definirá en el marco de la competencia entre oferentes, sin un valor mínimo preestablecido.

Nación y las provincias todavía no ponen fechas para la licitación de las represas del Comahue.

Cambios en los pliegos y respuestas a consultas

Desde la apertura del concurso, el 20 de agosto de 2025, distintos interesados realizaron consultas técnicas y jurídicas sobre las condiciones de participación. Estas inquietudes fueron canalizadas a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía.

Como resultado de este proceso, se introdujeron aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, así como a sus anexos y subanexos. Según detalla la resolución, las modificaciones apuntan a “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” aspectos que surgieron del intercambio con los potenciales oferentes.

La Circular Modificatoria N° 4 incorpora formalmente estos cambios y actualiza las reglas del concurso. La medida lleva la firma del ministro de Economía, Mariano Cúneo Libarona.

La resolución dispone que la circular modificatoria se publique durante tres días en el Boletín Oficial, así como en el portal electrónico de contrataciones públicas CONTRAT.AR, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en la página de la Secretaría de Energía.

Esta difusión busca garantizar la máxima transparencia y acceso a la información para todos los interesados en participar en el proceso. La norma también establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación.

Un proceso observado de cerca

La privatización de estas represas marca un hito en la política energética del país. Se trata de activos estratégicos que, en conjunto, representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina. Su futuro será definido por el resultado de esta licitación.

Los pliegos licitatorios y las sucesivas modificaciones son observados de cerca por empresas nacionales e internacionales. La dinámica de este proceso también es seguida por las provincias involucradas, especialmente aquellas que albergan las centrales hidroeléctricas.

La resolución publicada se apoya en un entramado legal y regulatorio que incluye la Ley 15.336, la Ley 24.065 y la Ley 27.742, entre otras normas. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y coordina el procedimiento junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

En este contexto, el Gobierno busca completar en los próximos meses el proceso de transferencia de acciones, con la expectativa de atraer inversiones privadas para la modernización y operación eficiente de las represas.

Con la Circular Modificatoria N° 4 ya vigente, los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las nuevas disposiciones antes de la apertura formal de sobres. La definición de adjudicatarios marcará un cambio estructural en el mapa energético nacional.

La publicación en los portales oficiales garantiza que los documentos estén disponibles para todos los interesados, en línea con los estándares de transparencia y competencia.

La Resolución 1569/2025 se inscribe así como un nuevo paso en la avanzada privatizadora del sector hidroeléctrico, en un contexto de cambios profundos en la política energética nacional.

La privatización de Nucleoeléctrica será parcial

El Gobierno nacional oficializó mediante decreto la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), compañía encargada de operar las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. La medida, publicada en el Boletín Oficial, establece un esquema mixto de participación público-privada, con el Estado manteniendo la mayoría accionaria.

El texto define la venta de un 44% del capital social mediante licitación pública, de alcance nacional e internacional. Al mismo tiempo, se organiza un Programa de Propiedad Participada para destinar un 5% de las acciones a trabajadores. El 51% de la compañía quedará bajo control estatal, repartido entre la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

A diferencia de versiones anteriores, el nuevo decreto elimina la obligación de que la CNEA se desprenda de su participación accionaria, que actualmente equivale al 20% del capital social. De esta manera, el organismo continuará como accionista relevante dentro de la compañía.

Una privatización parcial

La norma se enmarca en la Ley de Bases 27.742 y en la Ley de Reforma del Estado 23.696, que autorizan procesos de privatización. El Poder Ejecutivo argumentó que la apertura al capital privado permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y garantizar el financiamiento de proyectos estratégicos en curso.

Según el Boletín Oficial, Nucleoeléctrica recibió durante 2023 transferencias de capital no reintegrables por $700 millones del Estado nacional. El Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal y limitar la intervención estatal en sectores que pueden desarrollarse con participación privada.

El esquema prevé que el Estado mantenga la mayoría de las acciones y, por lo tanto, el control de la empresa. Además, la CNEA continuará dentro del paquete accionario, lo que asegura su presencia institucional en la toma de decisiones sobre la actividad nuclear.

Proyectos estratégicos

El decreto destaca que en 2024 Nucleoeléctrica alcanzó un récord histórico de generación, con 10.449.015 MWh netos y un factor de carga del 73,3%, lo que demuestra la capacidad operativa de sus centrales bajo estándares internacionales de seguridad.

No obstante, la empresa requiere financiamiento adicional para encarar proyectos clave. Entre ellos figuran la extensión de vida de la Central Atucha I, prevista para volver al sistema eléctrico en 2027, y el proyecto de Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados II en Atucha II.

El Gobierno considera que la incorporación de capital privado permitirá diversificar riesgos, asegurar la continuidad de las operaciones y reforzar la competitividad de la compañía frente a otros generadores del mercado eléctrico.

Lo que viene para Nucleoeléctrica

El Ministerio de Economía, junto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, será el encargado de llevar adelante el procedimiento de privatización. El proceso incluirá la licitación pública internacional y la implementación del Programa de Propiedad Participada.

El decreto instruye además a Nucleoeléctrica a transferir el 0,01% de sus acciones en poder de Energía Argentina S.A. (Enarsa) al Estado nacional, y a Enarsa a traspasar el 1% de las acciones de NASA a la Secretaría de Energía antes de la licitación.

Con esta estructura, el Estado conservará el 51% de la compañía y garantizará que la CNEA mantenga su participación accionaria. El objetivo oficial es atraer inversiones para financiar los proyectos de largo plazo, sin perder el control estatal de una empresa estratégica en materia energética y nuclear.