Transener: Genneia y Edison ganan la pulseada por la red eléctrica nacional

La privatización de Transener entró en su fase decisiva y terminó con un ganador claro. El consorcio integrado por Genneia y Edison Energía se impuso en la licitación para adquirir una participación accionaria estratégica en la principal transportista eléctrica del país, un activo central para el funcionamiento del sistema nacional.

La definición no pasó inadvertida en el mercado. Se trata de una operación sensible porque Transener administra buena parte de la red de alta tensión argentina y es considerada una pieza crítica para garantizar abastecimiento, estabilidad operativa y conexión entre generación y consumo en todo el territorio.

La Comisión Evaluadora había habilitado previamente a tres oferentes para competir en la instancia económica. Allí quedaron en carrera Genneia, Central Puerto y Edenor, tres jugadores de peso que buscaron quedarse con uno de los negocios más relevantes del sector energético.

Una disputa millonaria por un activo estratégico

La propuesta presentada por Genneia S.A., junto a Edison Transmisión, alcanzó los 356 millones de dólares, superando las ofertas de Central Puerto, que propuso 301 millones de dólares, y de Edenor, que ofertó 230 millones de dólares. La diferencia marcó una ventaja contundente.

El monto ofrecido expone además una lectura compartida por el sector privado: la transmisión eléctrica dejó de ser vista como un negocio secundario. Con tarifas pendientes de recomposición y necesidad de expansión de redes, el segmento vuelve a captar interés inversor.

No es casual. La infraestructura administrada por Transener incluye más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV, además de una red troncal que une desde Jujuy hasta Santa Cruz, formando la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión.

El retiro del Estado y un nuevo mapa energético

Con esta adjudicación, el Gobierno avanza en la salida total del Estado de la participación accionaria en la compañía. El proceso encaja dentro del plan oficial de desprendimiento de activos controlados por ENARSA, bajo la premisa de reducir presencia pública en empresas energéticas.

La decisión abre interrogantes políticos y regulatorios. Aunque la operación se presenta como una modernización del esquema eléctrico, también implica transferir un activo estratégico a manos privadas en un contexto donde persisten cuellos de botella e inversiones pendientes.

Desde el Ejecutivo sostienen que el servicio continuará bajo regulación estatal. Sin embargo, en el mercado energético persiste una vieja discusión: hasta qué punto alcanza la regulación cuando el control operativo queda concentrado en grandes grupos privados.

Genneia y Edison se asocian con Pampa Energía

Tras la compra, Genneia y Edison Energía asumirán el co-control de la operación a través de Citelec, junto con Pampa Energía, actor ya instalado en la estructura accionaria de la transportista.

Para Genneia, líder en renovables, el movimiento implica diversificación y acceso directo a un segmento clave para evacuar futura generación eólica y solar. Para Edison, en tanto, significa fortalecer presencia en generación, distribución y ahora transmisión.

La adjudicación prevista para mayo cerrará formalmente una de las operaciones más relevantes del año. Pero más allá del resultado económico, deja una señal contundente: el negocio de la infraestructura eléctrica volvió al centro de la escena argentina.

El salvavidas del Comahue: las empresas pagaron las concesiones por las represas

Luis Caputo consiguió un poco de aire. La nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue son una realidad y el Gobierno nacional consiguió fondos frescos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, las arcas del Gobierno nacional se engrosaron en un poco más de los 700 millones de dólares que implicó la operación por las represas hidroeléctricas.

Cómo siguen las represas del Comahue

Ahora, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. Según el Boletín Oficial, el acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

Central Puerto y Aluar se anotan por las represas.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.