El salvavidas del Comahue: las empresas pagaron las concesiones por las represas

Luis Caputo consiguió un poco de aire. La nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue son una realidad y el Gobierno nacional consiguió fondos frescos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, las arcas del Gobierno nacional se engrosaron en un poco más de los 700 millones de dólares que implicó la operación por las represas hidroeléctricas.

Cómo siguen las represas del Comahue

Ahora, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. Según el Boletín Oficial, el acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

Central Puerto y Aluar se anotan por las represas.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.

Nueve empresas compiten por quedarse con las represas del Comahue

El futuro de las principales represas hidroeléctricas de la Patagonia se empieza a definir: el Gobierno confirmó que nueve empresas se presentaron para participar del proceso de licitación destinado a reprivatizar la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

La adjudicación implicará la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que administran estas centrales, en lo que constituye un movimiento estructural dentro del sector energético.

La iniciativa se desarrolla bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) junto con la Secretaría de Energía. El proceso busca concluir antes de fin de año con la definición de los nuevos operadores.

IPS Renewal SA, Central Puerto, Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (conformado por Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora SAU, Enel Argentina, AES Argentina Generación, Pampa Energía y Edison Inversiones SAU son las empresas que se disputarán las represas del Comahue.

La reprivatización fue formalizada mediante la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco de la segunda fase de desinversión de ENARSA dispuesta por el Decreto 286/2025.

Desde el Gobierno destacaron que el lanzamiento de la licitación generó un fuerte interés tanto local como internacional. Solo en la etapa de consultas se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas de potenciales oferentes, lo que fue interpretado como una señal de confianza del mercado.

Para las autoridades, se trata de un activo atractivo por su rol estratégico en el sistema eléctrico y su impacto en la seguridad energética del país.

Una nueva modalidad

Una de las características más novedosas del proceso es que, por primera vez en este tipo de licitaciones, todo se realizará de manera digital a través de la plataforma Contrat.Ar. La Oficina Nacional de Contrataciones será la responsable del sistema, que permite gestionar los procesos con trazabilidad completa y elimina la tradicional modalidad de sobres físicos, incluso en un procedimiento que podría involucrar ofertas millonarias.

El Gobierno asegura que este esquema digital garantiza mayor transparencia y competencia, pilares fundamentales para un proceso que busca atraer inversiones privadas en infraestructura energética de gran escala. También representa un cambio de paradigma respecto del modelo de gestión estatal que predominó en los últimos años, con un enfoque más orientado hacia la eficiencia operativa y la capacidad de financiamiento del sector privado.

Central Puerto consolidó su posición en el mercado.

Las exigencias para quedarse con las represas

El pliego licitatorio establece exigencias técnicas que restringen la participación a compañías con experiencia comprobada. Los postulantes deberán acreditar operación en centrales hidroeléctricas de al menos 100 MW tanto en promedio histórico como en los últimos dos años, junto con una disponibilidad técnica superior al 90% en ese período. Además, se requiere un historial de al menos cinco años de gestión continua en activos de generación hidroeléctrica de gran potencia.

La Secretaría de Energía explicó que dicho pliego fue elaborado junto a la ATEP y en coordinación con las provincias de Neuquén y Río Negro, que albergan estos complejos clave para el sistema interconectado nacional. El objetivo es asegurar que la transición hacia nuevos operadores no afecte la seguridad del suministro y preserve estándares elevados en la gestión de infraestructura crítica.

La licitación continuará ahora con la evaluación de la calificación técnica de los interesados. En una etapa posterior se realizará la apertura de las ofertas económicas, donde se definirá finalmente quiénes asumirán el control operativo de las represas. Desde el Gobierno remarcan que el Estado dejará de tener el rol de operador directo, pero conservará la función de regulador y supervisor del servicio.

Mientras se avanza en la definición de los futuros concesionarios, la reprivatización de las represas del Comahue se consolida como uno de los procesos más relevantes del año en materia energética. Su impacto se proyecta no solo en términos de eficiencia y competitividad, sino también en la capacidad de atraer nuevas inversiones para una matriz eléctrica que requiere más generación y una infraestructura moderna para sostener la demanda futura.

Nación oficializó nuevas condiciones para la privatización de las represas

El Ministerio de Economía formalizó la incorporación de nuevas condiciones al pliego de licitación para la venta de las acciones de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en la Patagonia. La medida quedó plasmada en la Resolución 1569/2025, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del proceso de privatización de la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA).

La norma aprueba la Circular Modificatoria N° 4 al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Nacional e Internacional N° 504/2-0001-CPU25. Esta licitación abarca la venta del paquete accionario de las sociedades titulares de los complejos hidroeléctricos Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila.

Un paso clave en el proceso de privatización

El texto oficial recuerda que, en abril de 2024, la Secretaría de Energía instruyó a ENARSA y a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) a conformar estructuras societarias para asumir de manera transitoria la operación de estas centrales. De esa instrucción surgieron cuatro nuevas sociedades anónimas, con participación mayoritaria de ENARSA.

Posteriormente, por el Decreto 718/2024 se otorgó la concesión a esas sociedades para operar los aprovechamientos hidroeléctricos, aunque la entrada en vigencia quedó supeditada al resultado del proceso licitatorio y a la transferencia de acciones.

En agosto de 2025, el Gobierno avanzó con la autorización para privatizar totalmente ENARSA, separando sus actividades por unidad de negocio. A partir de esa decisión, la Secretaría de Energía de la Nación quedó facultada para llevar adelante el Concurso Público Nacional e Internacional que permitirá transferir las acciones de las represas a operadores privados.

Las centrales involucradas en esta licitación son estratégicas para el sistema eléctrico nacional. Alicurá Hidroeléctrica Argentina S.A., El Chocón Hidroeléctrica Argentina S.A., Cerros Colorados Hidroeléctrica Argentina S.A. y Piedra del Águila Hidroeléctrica Argentina S.A. fueron creadas específicamente para canalizar la transición de la gestión pública a la privada.

La privatización se realizará bajo las modalidades previstas en la Ley 23.696, con un concurso nacional e internacional sin base. Esto significa que el precio se definirá en el marco de la competencia entre oferentes, sin un valor mínimo preestablecido.

Nación y las provincias todavía no ponen fechas para la licitación de las represas del Comahue.

Cambios en los pliegos y respuestas a consultas

Desde la apertura del concurso, el 20 de agosto de 2025, distintos interesados realizaron consultas técnicas y jurídicas sobre las condiciones de participación. Estas inquietudes fueron canalizadas a través de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” y la Secretaría de Energía.

Como resultado de este proceso, se introdujeron aclaraciones y modificaciones al Pliego de Bases y Condiciones, así como a sus anexos y subanexos. Según detalla la resolución, las modificaciones apuntan a “aclarar, mejorar, ampliar y corregir” aspectos que surgieron del intercambio con los potenciales oferentes.

La Circular Modificatoria N° 4 incorpora formalmente estos cambios y actualiza las reglas del concurso. La medida lleva la firma del ministro de Economía, Mariano Cúneo Libarona.

La resolución dispone que la circular modificatoria se publique durante tres días en el Boletín Oficial, así como en el portal electrónico de contrataciones públicas CONTRAT.AR, en el sitio DGMARKET del Banco Mundial y en la página de la Secretaría de Energía.

Esta difusión busca garantizar la máxima transparencia y acceso a la información para todos los interesados en participar en el proceso. La norma también establece que la medida entra en vigencia desde el día de su publicación.

Un proceso observado de cerca

La privatización de estas represas marca un hito en la política energética del país. Se trata de activos estratégicos que, en conjunto, representan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina. Su futuro será definido por el resultado de esta licitación.

Los pliegos licitatorios y las sucesivas modificaciones son observados de cerca por empresas nacionales e internacionales. La dinámica de este proceso también es seguida por las provincias involucradas, especialmente aquellas que albergan las centrales hidroeléctricas.

La resolución publicada se apoya en un entramado legal y regulatorio que incluye la Ley 15.336, la Ley 24.065 y la Ley 27.742, entre otras normas. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación y coordina el procedimiento junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria.

En este contexto, el Gobierno busca completar en los próximos meses el proceso de transferencia de acciones, con la expectativa de atraer inversiones privadas para la modernización y operación eficiente de las represas.

Con la Circular Modificatoria N° 4 ya vigente, los oferentes deberán ajustar sus propuestas a las nuevas disposiciones antes de la apertura formal de sobres. La definición de adjudicatarios marcará un cambio estructural en el mapa energético nacional.

La publicación en los portales oficiales garantiza que los documentos estén disponibles para todos los interesados, en línea con los estándares de transparencia y competencia.

La Resolución 1569/2025 se inscribe así como un nuevo paso en la avanzada privatizadora del sector hidroeléctrico, en un contexto de cambios profundos en la política energética nacional.

Central Puerto y Aluar van a competir por las represas del Comahue

La licitación de las cinco centrales hidroeléctricas del Comahue entró en su etapa decisiva. La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó que el próximo 23 de octubre se conocerán las ofertas de las empresas interesadas en adquirir los paquetes accionarios y operar las represas durante las próximas tres décadas.

El proceso incluye las concesiones de El Chocón-Arroyito, Alicurá, Piedra del Águila y Planicie Banderita, que en conjunto representan alrededor del 25% de la generación hidroeléctrica del país. La reprivatización se enmarca en el decreto 564/25, que definió la salida al mercado de las concesiones vencidas en 2023, originalmente privatizadas en 1993.

Durante la apertura del Renewables & Electricity Day, organizado por EconoJournal, Tettamanti expresó que su objetivo es que la licitación sea “muy exitosa, con mucha competencia y buenos operadores privados al frente de las centrales”.

Aluar evalúa los términos del proceso

Entre los actores interesados en el proceso aparece Aluar, la principal productora de aluminio del país y una de las grandes consumidoras de energía eléctrica del sistema. Su gerente de Recursos Energéticos, Gabriel Vendrell, valoró los esfuerzos del Gobierno por normalizar el sector eléctrico y destacó la claridad del marco regulatorio de la licitación.

“Creo que la legislación está bien armada, mejor que la de los años noventa, porque el régimen tarifario está incluido en el contrato de concesión. Eso le da mayor fortaleza jurídica para definir los ingresos y la valorización de las centrales”, sostuvo durante su participación en el panel.

Vendrell explicó que la posibilidad de participar del mercado a término contractual es uno de los atractivos del nuevo esquema, ya que habilita progresivamente a los adjudicatarios a vender hasta el 100% de su producción. No obstante, advirtió que la duración del plazo de concesión puede influir en el nivel de competencia y de inversión.

“Cuanto menor es el plazo, mayor la incertidumbre y más alta la tasa que se exige a los proyectos. Eso impacta en una menor recaudación. Pero entiendo las necesidades políticas de caja y que los fondos ingresen lo antes posible”, señaló.

A pesar de las tensiones propias del proceso, el ejecutivo se mostró optimista: “Los pliegos están bien armados, hay interesados y seguramente va a ser una licitación exitosa. Solo unos días de prórroga nos hubieran venido bien”.

Central Puerto confirmó su participación

Por su parte, Central Puerto, que actualmente tiene a su cargo la operación de Piedra del Águila, también confirmó su participación en el proceso. Su director comercial, Gabriel Ures, aseguró que la empresa competirá por continuar operando en el Comahue.

“Vamos a participar en ese proceso sin lugar a dudas”, afirmó Ures, destacando la alineación de la compañía con los objetivos planteados por la Secretaría de Energía para avanzar en la modernización del mercado eléctrico.

Central Puerto es uno de los principales generadores del país y el mayor consumidor de gas natural de la Argentina, con un consumo diario de alrededor de 15 millones de metros cúbicos. Ures subrayó la importancia de poder contratar libremente combustible y energía con grandes usuarios, y celebró las medidas del Gobierno orientadas a liberalizar el mercado.

“Queremos tener la gestión del combustible porque tenemos mucha eficiencia para aplicar en ese segmento. Los objetivos de la Secretaría están cien por ciento alineados con lo que venimos solicitando desde hace años”, sostuvo.