El futuro de las principales represas hidroeléctricas de la Patagonia se empieza a definir: el Gobierno confirmó que nueve empresas se presentaron para participar del proceso de licitación destinado a reprivatizar la operación de los complejos Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
La adjudicación implicará la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades concesionarias que administran estas centrales, en lo que constituye un movimiento estructural dentro del sector energético.
La iniciativa se desarrolla bajo la supervisión de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP) junto con la Secretaría de Energía. El proceso busca concluir antes de fin de año con la definición de los nuevos operadores.
IPS Renewal SA, Central Puerto, Central Costanera, Hidroeléctrica Futaleufú (conformado por Genneia, Aluar y Futaleufú), BML Inversora SAU, Enel Argentina, AES Argentina Generación, Pampa Energía y Edison Inversiones SAU son las empresas que se disputarán las represas del Comahue.
La reprivatización fue formalizada mediante la Resolución 1200/2025 del Ministerio de Economía, en el marco de la segunda fase de desinversión de ENARSA dispuesta por el Decreto 286/2025.
Desde el Gobierno destacaron que el lanzamiento de la licitación generó un fuerte interés tanto local como internacional. Solo en la etapa de consultas se recibieron más de 300 presentaciones técnicas y administrativas de potenciales oferentes, lo que fue interpretado como una señal de confianza del mercado.
Para las autoridades, se trata de un activo atractivo por su rol estratégico en el sistema eléctrico y su impacto en la seguridad energética del país.
Una nueva modalidad
Una de las características más novedosas del proceso es que, por primera vez en este tipo de licitaciones, todo se realizará de manera digital a través de la plataforma Contrat.Ar. La Oficina Nacional de Contrataciones será la responsable del sistema, que permite gestionar los procesos con trazabilidad completa y elimina la tradicional modalidad de sobres físicos, incluso en un procedimiento que podría involucrar ofertas millonarias.
El Gobierno asegura que este esquema digital garantiza mayor transparencia y competencia, pilares fundamentales para un proceso que busca atraer inversiones privadas en infraestructura energética de gran escala. También representa un cambio de paradigma respecto del modelo de gestión estatal que predominó en los últimos años, con un enfoque más orientado hacia la eficiencia operativa y la capacidad de financiamiento del sector privado.
Las exigencias para quedarse con las represas
El pliego licitatorio establece exigencias técnicas que restringen la participación a compañías con experiencia comprobada. Los postulantes deberán acreditar operación en centrales hidroeléctricas de al menos 100 MW tanto en promedio histórico como en los últimos dos años, junto con una disponibilidad técnica superior al 90% en ese período. Además, se requiere un historial de al menos cinco años de gestión continua en activos de generación hidroeléctrica de gran potencia.
La Secretaría de Energía explicó que dicho pliego fue elaborado junto a la ATEP y en coordinación con las provincias de Neuquén y Río Negro, que albergan estos complejos clave para el sistema interconectado nacional. El objetivo es asegurar que la transición hacia nuevos operadores no afecte la seguridad del suministro y preserve estándares elevados en la gestión de infraestructura crítica.
La licitación continuará ahora con la evaluación de la calificación técnica de los interesados. En una etapa posterior se realizará la apertura de las ofertas económicas, donde se definirá finalmente quiénes asumirán el control operativo de las represas. Desde el Gobierno remarcan que el Estado dejará de tener el rol de operador directo, pero conservará la función de regulador y supervisor del servicio.
Mientras se avanza en la definición de los futuros concesionarios, la reprivatización de las represas del Comahue se consolida como uno de los procesos más relevantes del año en materia energética. Su impacto se proyecta no solo en términos de eficiencia y competitividad, sino también en la capacidad de atraer nuevas inversiones para una matriz eléctrica que requiere más generación y una infraestructura moderna para sostener la demanda futura.
