La producción de petróleo convencional viene sufriendo una caída sostenida en los últimos años, afectada por el agotamiento natural de los reservorios, el aumento de los costos operativos y la pérdida de competitividad frente a Vaca Muerta. Este declino golpea con fuerza a las cuencas como la del Golfo San Jorge, donde la actividad resulta clave para sostener empleo, inversiones y economías regionales.
En ese contexto, el Gobierno nacional decidió avanzar con una modificación del esquema de derechos de exportación al crudo convencional, con el objetivo de mejorar los márgenes de las compañías y frenar la caída productiva. La medida quedó formalizada a través del Decreto 59/2026, publicado en el Boletín Oficial, que introduce cambios relevantes en la forma de calcular las retenciones aplicables al sector.
La medida se apoya en un diagnóstico compartido por provincias productoras y empresas operadoras, que vienen alertando sobre la situación crítica de los yacimientos maduros. Campos con décadas de explotación enfrentan menores niveles de productividad, mayores requerimientos de inversión y un contexto internacional que presiona sobre los precios y la rentabilidad del negocio convencional.
En los últimos años, las provincias implementaron distintos esquemas de alivio fiscal, reducción de regalías y flexibilización de compromisos para sostener la actividad. Sin embargo, esos esfuerzos encontraron un límite sin una adecuación del marco nacional, especialmente en materia de derechos de exportación, que impactan directamente sobre el flujo de caja de los proyectos.
La baja de retenciones aparece así como una herramienta clave para mejorar la competitividad del crudo convencional frente a otras alternativas de inversión. El Gobierno busca evitar el cierre de campos, preservar el nivel de actividad y sostener los puestos de trabajo en regiones donde el petróleo sigue siendo un pilar central del entramado productivo local.
Un esquema diferencial para el convencional
El decreto establece una actualización de los valores que determinan la alícuota de los derechos de exportación para el petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales. A partir de ahora, el Valor Base se fija en 65 dólares por barril y el Valor de Referencia en 80 dólares, ambos calculados sobre el precio internacional del Brent de primera línea.
Con este nuevo esquema, cuando el precio internacional del crudo sea igual o inferior al Valor Base, la alícuota de retenciones será del 0%. En tanto, si el precio alcanza o supera el Valor de Referencia, se aplicará una tasa del 8%. Entre ambos valores, la alícuota se determinará mediante una fórmula específica prevista en la normativa.
La medida apunta a proteger a la producción convencional en escenarios de precios internacionales bajos o intermedios, donde los márgenes se ven más comprometidos. De este modo, se busca reducir el impacto fiscal sobre campos maduros que operan con costos más elevados y menor productividad en comparación con los desarrollos no convencionales.
Otro punto central del decreto es el mecanismo de control de los volúmenes alcanzados por el beneficio. La Secretaría de Energía será la encargada de definir las pautas para determinar la proporción de crudo convencional dentro de cada área de concesión, asegurando que el esquema se aplique únicamente a la producción que efectivamente provenga de esos yacimientos.
La resolución también deja sin efecto, para el crudo convencional, la alícuota prevista en el Decreto 488/2020, que regía hasta ahora. Además, encomienda a la Secretaría de Energía el dictado de las normas complementarias necesarias para la implementación del nuevo régimen, en un plazo máximo de sesenta días desde su publicación en el Boletín Oficial.
