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TGN presentó su propuesta de actualización de tarifas

En el marco de la Audiencia Pública N°106, convocada por el ENARGAS con el objeto de tratar los resultados de la Revisión Tarifaria Quinquenal, TGN dio a conocer hoy su propuesta de cuadros tarifarios para la “Prestación del servicio regulado de transporte de gas natural por gasoductos”, y su plan de inversiones, que asciende a los 80 mil millones pesos anuales.

La compañía indicó que si bien el ajuste tarifario aprobado en abril de 2024 mejoró sensiblemente la ecuación económica del servicio, TGN viene operando en los últimos cinco años con tarifas que estuvieron de manera sistemática por debajo de los índices que representan sus costos, producto del proceso inflacionario y devaluación del peso registrados.

La propuesta de adecuación en la tarifa de transporte presentada por TGN para el próximo quinquenio permitirá a la Compañía contar con los ingresos suficientes para satisfacer todos los costos aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, según indicó.

En cuanto a los impactos que tendrá dicho incremento tarifario en la factura final del usuario, y a modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio de Tucumán Nivel 1 y sin bonificación por zona fría, que hoy paga $14.889 por mes, tendrá un aumento en concepto de servicio de transporte de $636, lo que representa un incremento del 4,3%. Por otro lado, un consumidor residencial promedio de la provincia de Santa Fe de Nivel 1 y sin bonificación por zona fría que hoy paga $26.423 por mes, tendrá un aumento en concepto de servicio de transporte de $2.566, lo que representa un incremento del 9,7%.

Asimismo, en relación con el mecanismo de actualización tarifaria para mantener el valor real de las tarifas durante el quinquenio, TGN propone la aplicación de la fórmula polinómica de ajuste prevista en la Resolución ENARGAS N° 113/2024, con una frecuencia mensual, en base al índice de precios internos mayoristas (IPIM), el índice de la construcción (ICC) y el índice de salarios (IS) del INDEC.

El desarrollo de TGN

Desde el inicio de sus actividades hasta la fecha, las inversiones en el sistema de transporte operado por TGN totalizan 2.803 millones de dólares. Estas inversiones permitieron prácticamente triplicar la capacidad de transporte de su sistema, que hoy cuenta con 62 millones de m3/día. Ello, permitió la incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios, dando además trabajo directo e indirecto a miles de personas. En esta oportunidad, TGN presentó un plan de inversiones a ejecutar durante el próximo quinquenio, que promedia 80.000 millones de pesos por año.

“Para promover el desarrollo económico, industrial y social del país, es necesario transportar el gas desde lugares ubicados en los confines de la República y entregarlo a industrias, usinas, comercios y hogares argentinos las 24 horas del día, los 365 días del año, en condiciones seguras y confiables. Para ello es necesario contar con un marco de reglas estables que brinden seguridad jurídica y previsibilidad económica”, señaló la empresa, a través de un comunicado.

Y agregó que “la revisión tarifaria quinquenal permitirá normalizar el régimen tarifario, promoviendo un proceso de inversión sostenida para atender el crecimiento de la demanda local, el abastecimiento de la industria del litio en el noroeste argentino, el reemplazo de GNL y combustibles líquidos importados por gas de origen nacional, y para llevar el gas de Vaca Muerta a Brasil, Chile, Uruguay y Bolivia”.

TGN opera y mantiene 11.256 km de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras y es la responsable de transportar el 40% de gas inyectado en gasoductos troncales argentinos a través de los Gasoductos Norte y Centro Oeste. Su ubicación geográfica estratégica en el país y en la región la convierte en el único operador que vincula sus gasoductos a nivel regional con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

“Tarifas focalizada”: el nuevo objetivo del Gobierno

María Tettamanti trazó un extenso panorama de la situación energética del país donde el punto central estuvo puesto en las tarifas de los servicios públicos. La secretaria de Energía de la Nación explicó los objetivos que se delinearon para lograr un esquema más eficiente y equitativo.

En el marco del Energy Day, organizado por Econojournal, la funcionaria reconoció que en el último año hubo un salto importante en las tarifas. Sin embargo, destacó que este proceso se dio sin los problemas judiciales ni las medidas cautelares que complicaron iniciativas similares en el pasado.

“Yo creo que es porque la sociedad en general entendió que lo que no se paga por un lado, se paga por el otro. Lo que estamos viendo es que, si bien las tarifas son más altas, la contracara de eso es bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, en definitiva. Entonces, pagamos más por las tarifas, pero pagamos menos impuestos. ¿Qué impuesto? El impuesto inflacionario”, subrayó.

“Más adelante espero sean otros impuestos. Hoy por lo menos nos contentamos con que el impuesto inflacionario que nos ataca el bolsillo haya bajado”, agregó.

Tarifas en el centro de la escena

Uno de los ejes de la política tarifaria que Tettamanti explicó con detalle es la segmentación de las tarifas de electricidad y gas, que busca ser más focalizada en quienes realmente necesitan ayuda estatal.

“La idea final es ir a una tarifa focalizada, que es lo más parecido a una tarifa social. Pero, en definitiva, es decir: estas personas no necesitan ayuda del Estado para pagar la energía, y estas personas sí. Y las personas que lo necesitan, que el esquema que simplemente, que es el que ya está en marcha, sea un esquema en el que fomente la eficiencia en el uso”.

Para lograr este objetivo, explicó que se trabajará con un bloque mínimo subsidiado, mientras que el consumo que exceda ese límite reflejará el costo real de producción, transporte y distribución. Este esquema ya tiene avances significativos en el gas natural, pero en energía eléctrica aún falta ajustar las tarifas según las diferencias geográficas y climáticas que afectan el consumo.

“En energía eléctrica no [hay diferenciación], se fijó un promedio anual y ahí sí estamos trabajando para que refleje un poco mejor las diferencias de necesidad de consumo que tienen las familias en las distintas geografías argentinas debido al tema climático”, explicó.

Una transición para el equilibrio

Respecto al futuro inmediato, la secretaria anticipó que antes de la implementación definitiva del esquema focalizado, habrá un período de transición de segmentación. Este proceso se extenderá hasta abril, como establece un decreto vigente. “Después ya iremos a una tarifa focalizada”, indicó.

El esquema de transición actual establece tres niveles: N1, N2 y N3. Según Tettamanti, se busca simplificar este sistema. “Queremos cambiar un poco lo que hoy existe. Un periodo como una transición más de estos pocos meses, pero todo en la dirección de ir a una tarifa focalizada. Como siempre fue un esquema típico de un bloque de tarifa social donde tiene algún tipo de bonificación”, aseveró

En el debate sobre la relación entre tarifas e inflación, Tettamanti expresó su visión monetarista del problema y cómo las tarifas encajan dentro del panorama macroeconómico. “Estoy convencida, y lo estamos viendo, que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, con lo cual no creo que un aumento de tarifa aumente la inflación”, consideró.

“Lo que sí obviamente pasa es que un aumento de tarifa va a aumentar el costo de la canasta básica y eso va a tener, más que nada, un impacto social y político, no tanto económico en términos inflacionarios”, agregó.

La funcionaria también reconoció que este impacto debe ser manejado con cuidado para evitar tensiones sociales, aunque insistió en que corregir los precios relativos es una necesidad urgente.

“Pagamos más tarifas, pero pagamos menos impuestos. Y la inflación, que es el impuesto inflacionario, afecta mucho más a los sectores vulnerables. Por eso, esta corrección es una de las claves para avanzar en un esquema sustentable”, destacó.

El desafío de la sustentabilidad

Al ser consultada sobre los planes de revisión tarifaria integral, Tettamanti destacó la importancia de mantener un equilibrio entre los costos y la capacidad de pago de los usuarios. Aunque aseguró que el objetivo es claro, reconoció las limitaciones que impone la macroeconomía.

“Está claro, el objetivo es que las tarifas tienen que estar determinadas de acuerdo a los principios de la ley: la tarifa es justa y razonable, cubrir los costos, la amortización para que las empresas inviertan y tener una rentabilidad justa y razonable. Eso es lo que tiene que suceder. Yo creo que vamos a poder lograrlo”, afirmó.

Además, remarcó que la previsibilidad en las políticas tarifarias es fundamental para atraer inversiones al sector energético. “El sector va a invertir no solamente si ve que hoy las reglas son buenas para invertir, sino que esto sea perdurable en el tiempo. Y eso es lo que no ha sucedido en el pasado”.

La secretaria de Energía se mostró optimista respecto a los avances logrados en su gestión, pero enfatizó que el cambio requiere tiempo y paciencia. “A veces uno tiene muy claro dónde quiere llegar, pero no siempre las condiciones son ideales. Hay que ir un poco más despacio, pero llegar ahí. Estamos convencidos de que podemos hacerlo”.

“Los precios son las señales que tienen las empresas para invertir”

La secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, dijo que es necesario concretar una revisión tarifaria y afirmó que esto sería una señal para que las empresas “se animen a invertir”.

“Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que se concrete y darles una señal a las empresas reguladas”, dijo la secretaria, en sus primeras declaraciones públicas desde que asumió en la cartera.

Al participar del evento por el 20 aniversario del Mercado Electrónico de Gas (MEGSA), Tettamanti sostuvo que “la tarifa es un precio y los precios son las señales que tienen las empresas para invertir y los usuarios para consumir, sin esa señal los mercados no funcionan”.

Aseguró que los entes reguladores del sector, el ENARGAS y el ENRE, trabajan para concluir la revisión “en los plazos previstos, cuanto antes mejor” y remarcó: “Lo ideal sería llegar a una revisión tarifaria para que se concrete y darle una señal a las empresas reguladas por los próximos cinco años para que se animen a invertir”.

Precios razonables

Por otra parte, sostuvo que “próximamente ya vamos a poder anunciar algunas medidas” destinadas a “tratar de que esos problemas que se resuelven en el mediano y largo plazo, que es mayor transporte de energía en alta tensión o mayor generación eléctrica, puedan empezar a haber inversiones en esos sectores”.

Dijo que dará continuidad a la política energética que inició Eduardo Rodríguez Chirillo y analizó que “el gran error de todos los gobiernos ha sido querer resolver los problemas de la macroeconomía atacando los mercado micro”.

“El caso de la energía es muy claro, es decir, como hay exceso de gasto, los impuestos no alcanzan, hay que recurrir al endeudamiento del impuesto inflacionario, y como recurrimos al impuesto inflacionario y queremos controlar esa inflación que no sabemos cómo, entonces empezamos a congelar tarifas, congelar precios, ahí nos metemos a destruir mercados”, agregó.

El Poder Ejecutivo Nacional emitió el Decreto 1023/2024 que prorroga hasta el 9 de julio de 2025 la emergencia en el sector energético, inicialmente establecida por el Decreto 55/2023, y que abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural.

La normativa pospone hasta esa fecha la vigencia de los cuadros tarifarios resultantes de los procesos de revisión iniciados en 2023.

Patagonia: hay facturas de gas bordean los 500 mil pesos

Silvina mira la pantalla una vez y no lo puede creer. Está atónita. Vuelve a mirar para comprobar que no se trataba de un error. El valor de la factura era el mismo. Decidió cerrar la pestaña de su explorador y volver a iniciar sesión en la oficina virtual de Camuzzi Gas del Sur.

Los minutos para loguearse se hicieron eternos. El número era el mismo. Repitió la acción un par de veces más, pero el valor no se modificaba. En la pantalla figuraba que debía abonar 493.575,90 pesos por el servicio de gas. Entró en pánico. Pidió ayuda. Nadie podía darle una mano.

Buscó un número de atención al cliente. Agarró su teléfono celular y marcó. Del otro lado solo escuchó una computadora que le repetía como loro que debía hacer para hacer un reclamo. Un dolor en el estómago se apoderó de su cuerpo. La angustia crecía con el correr de los minutos.

La administración de Javier Milei propuso eliminar progresivamente los subsidios energéticos. Los tarifazos son evidentes en las facturas de luz y gas.

“Facturas impagables”

En Comodoro, las boletas de Camuzzi comenzaron a llegar con un 100% de aumento, pero hay casos donde esa cifra se multiplica varias veces. En el caso de Silvina pasó de pagar 15.451,90 pesos a deber 493.575,90 pesos. Esto implica un ajuste del 3.094%.

El panorama se repite en cada una de las localidades del país. Lo grave de los tarifazos en Comodoro Rivadavia es que las oficinas de la prestadora de servicio están cerradas.

En la pandemia, Camuzzi decidió que su sede ubicada en Saavedra y Dorrego permaneciera cerrada acoplándose a las medidas de restricción para evitar la propagación del COVID-19. Nunca más volvieron a abrirse.

Un pedido de apertura

El Concejo Deliberante emitió diversos comunicados pidiéndole a la prestadora de servicio que abra nuevamente sus oficinas ya que hay muchas personas que están fuera de la era digital y que necesitan que una persona las asesore en sus trámites y consultas. La respuesta nunca llegó.

Los reclamos contra los tarifazos de Camuzzi se multiplican. Día a día se pueden ver como decenas de ciudadanos se encuentran con la puerta cerrada y sus facturas en la mano. Insultan, gesticulan, sacan fotos y se van. La escena se repite una y otra vez. Lo único que queda es la resignación y una máquina que te da opciones por teléfono.

Cómo es el paso a paso del tramite para mantener los subsidios

El Gobierno nacional decidió llevar a cabo una reorganización de las tarifas por lo que informó que la fecha límite para inscribirse o modificar los datos el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) es el 4 de agosto.

Para hacerlo deben ingresar a la página web www.argentina.gob.ar/subsidios y seguir los pasos necesarios para completar los formularios.

Qué se necesita

A la hora de realizar el tramite es necesario tener a mano el DNI, el número del CUIL e información respecto de los ingresos de bolsillo de cada uno de los mayores de 18 años que componen el hogar y la dirección de correo electrónico personal.

Además, se les solicitará el número de medidor y de cliente, servicio, cuenta, contrato o Número de Identificación del Suministro (NIS) que están en las facturas de energía eléctrica y gas natural por red.

Cómo inscribirse

La Secretaría de Energía de la Nación elaboró una guía para anotarse en el RASE.

  • Paso 1

Ingresar a www.argentina.gob.ar/subsidios o a través de la app Mi Argentina. Hacer click en el botón “Inscribirse al RASE”.

  • Paso 2

Aceptar que los datos que se van a cargar tienen carácter de declaración jurada.

  • Paso 3

Cargar los datos personales, laborales y económicos. Presionar siguiente.

  • Paso 4

Ingresar los datos de los servicios como figuran en tu factura, solo números, sin guiones, barras y/o letras. Solo incluir los datos del servicio para el que estás solicitando subsidio.

  • Paso 5

Cargar los datos de cómo está compuesto tu hogar. Poner los datos de todos los que conviven en el hogar:

  • Si vivís solo, marcar esa opción y cargar la cantidad de inmuebles que tenés.
  • Si no vivís solo, cargar los datos de los convivientes y sus ingresos.

Luego la cantidad de inmuebles que posee el grupo familiar.

  • Paso 6

Luego de finalizar, los usuarios recibirán un mail confirmando su inscripción y con un número de trámite. Para poder realizar cualquier modificación es necesario contar con ese número de trámite, la dirección de mail que se registró en tu inscripción y el DNI.

El pedido de mantener los subsidios

Tras el fuerte aumento registrado en las boletas, la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) pidió que se prorrogue por 60 días el periodo de inscripción para acceder a los subsidios en las tarifas de luz y gas.

En ese sentido, el titular de la Defensoría del Pueblo de Avellaneda, Daniel Garcia, señaló que “es fundamental informar adecuadamente a la población sobre qué es la segmentación y la importancia de inscribirse para no perder el subsidio”.

Asimismo, ADPRA instó al Gobierno nacional a ampliar el plazo de inscripción del RASE, acompañado de una “mayor cantidad de campañas de información a la ciudadanía”.

“El plazo establecido para la inscripción resulta exiguo, especialmente considerando que coincide con el receso invernal, un período durante el cual muchos ciudadanos se encuentran fuera de sus residencias habituales y podrían tener dificultades para completar el trámite a tiempo”, agregó la entidad.

En esa línea, ADPRA remarcó que “esta situación pone en riesgo a un gran número de usuarios que, de no poder inscribirse antes del vencimiento del plazo, podrían ser considerados como usuarios de altos ingresos y verse obligados a pagar la tarifa plana, lo que sería una carga económica significativa e injusta para muchas familias”.

Nación elimina los subsidios de la clase media y alta

El Gobierno puso en marcha un “Período de Transición” para implementar un nuevo régimen tarifario, con el objetivo de reducir gradualmente los subsidios en las boletas de luz y gas, mediante el Decreto 465/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial.

La medida, que se extenderá por seis meses y podrá ser ampliada por única vez, busca contribuir al paso de un esquema de subsidios generalizados hacia otro de subsidios focalizados para propiciar la puesta en funcionamiento de la Canasta Básica Energética (CBE).

Los objetivos del nuevo esquema son: trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.

En la argumentación del documento oficial, se expuso que “los regímenes de subsidios generalizados no distinguen entre usuarios residenciales y comerciales, y benefician a quienes no necesitan tal apoyo en perjuicio de los más vulnerables, además de fomentar un consumo ineficiente y de dilapidar los recursos naturales y económicos del Estado Nacional, con emisión monetaria”.

Mientras que “en cambio, los subsidios focalizados buscan garantizar el acceso al consumo indispensable sólo a aquellos hogares que realmente lo requieran y lo necesiten, a la par que incentivan un consumo eficiente, en la medida en que el exceso al consumo indispensable se debe pagar a costo pleno, todo lo cual también redunda en eficiencias para el gasto público”.

Ante esto, el Ejecutivo consideró que “resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura”.

De esta manera, la Secretaría de Energía avanzará con la reducción de los subsidios para los hogares Nivel 2 (N2, ingresos bajos) y Nivel 3 (N3, ingresos medios), con el fin de “trasladar progresivamente a los usuarios los costos reales de la energía y promover la eficiencia energética, a la vez que se asegure a los usuarios residenciales el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica y gas”.

Hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para “establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía”.

Las facultades de Energía durante el “Periodo de Transición”:

  1. Establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas.
  2. Aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial.
  3. Disponer que las cantidades consumidas en exceso a los volúmenes máximos subsidiables sean abonadas a los precios mayoristas de gas natural y energía eléctrica establecidos por la Secretaría de Energía o resultantes de la interacción de los agentes del mercado, conforme a los cuadros tarifarios aprobados por las autoridades competentes en cada jurisdicción, con la posibilidad de mantener escalones graduales de bonificación para los volúmenes excedentes en el caso de los usuarios Nivel 2.
  4. Revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
  5. Modificar la denominación y/o el criterio de segmentación de las categorías de usuarios residenciales, incorporados en el RASE, incluyendo la revisión de los indicadores patrimoniales de manifestación de ingresos, así como la posibilidad de su unificación para establecer una única categoría de usuarios residenciales que requieran asistencia para acceder al consumo indispensable de energía.
  6. Calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el Período de Transición.
  7. Invitar a los usuarios residenciales a reempadronarse en el RASE y realizar los cruces de información con otras bases de datos nacionales o provinciales, a fin de actualizar el padrón de beneficiarios y minimizar los errores de inclusión y exclusión.
  8. Determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del Período de Transición.

Transener advirtió que si no se le pagan las tarifas adeudas no podrá pagar salarios

El déficit cero que tiene como meta el Gobierno nacional ya presenta sus complicaciones. Las empresas vienen reclamando que la falta del pago pone en jaque su funcionamiento y piden que la Casa Rosada trate de cambiar su estrategia para no tener complicaciones. Las tarifas en el centro de la discusión.

eolomedia viene informando que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) ha manifestado su preocupación por la falta de pago de los incentivos del Plan Gas.Ar y solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que lleve a cabo un plan para cancelar las deudas. La respuesta todavía está en veremos.

Ahora, una empresa Transener informó al mercado que si el Estado no abona las tarifas que corresponden no podrá pagar los salarios. El dato que sobresale es que el accionista del 45% de la compañía es el Ejecutivo.

En un comunicado que lleva la firma de José Santiago Refort, responsable de Relaciones con el Mercado de la principal transportadora de energía del país, sostuvo que la reunión del comité ejecutivo de Cammesa no se “obtuvieron certezas” sobre los futuros pagos de los subsidios.

“La falta de recursos en Cammesa para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados”, afirmaron desde Transener.

“A la fecha están pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses, estando próxima a vencer la factura de enero 2024, y sin certeza respecto a los futuros pagos”, describieron.

“Teniendo en consideración que el 95% de los recursos financieros de Transener S.A. provienen del pago de CAMMESA, este incumplimiento se traduce en el desfinanciamiento de la Sociedad”, afirmaron.

“Cabe destacar que, si bien desde el punto de vista económico las necesidades de Transener del año se encuentran razonablemente cubiertas y con cierta previsibilidad respecto a los ingresos futuros, producto de la vigencia de la Resolución ENRE Nº 104/24 que ha aprobado el incremento tarifario para la Sociedad desde febrero 2024, es indispensable el cumplimiento por parte de CAMMESA del pago en término, de lo contrario obliga a la sociedad a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en un muy corto plazo; de mantenerse tendrá impacto en la normal capacidad de atención del Sistema de Transporte, con el consecuente riesgo operativo”, subrayaron.

Pese a esta situación, desde Transener manifestaron que las autoridades de ENRE, Cammesa y Secretaría de Energía de la Nación no se obtuvieron respuestas sobre el pago de las tarifas adeudadas y advirtieron que si el panorama no cambia no se podrán abonar los salarios en tiempo y forma.

Un panorama similar vive la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal SA (TRANSBA).

Asimismo, desde Transener adelantaron que analizan “los reclamos administrativos y judiciales que correspondan a efectos de perseguir el cobro de las mencionadas acreencias”.

“Es importante mencionar que la situación crítica a la que se ve expuesta la Sociedad corresponde a menos del 2% del total de los costos del MEM que administra Cammesa, o sea unos 20 millones de dólares mensuales y representa aproximadamente 150 pesos en la factura de un cliente residencial”, destacaron.

Transportadoras piden aumentos de hasta 255,7%

En el marco de la segunda audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE), las empresas transportadoras de energía eléctrica solicitaron una readecuación de ingresos de hasta el 255,7%, con una incidencia en la tarifa final de no más del 3,8%, además de reclamar un actualización mensual y automática y que no se incurran en demoras en los pagos que les realiza la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

Los pedidos fueron formulados como paso previo a los ajustes tarifarios que tomará la Secretaría de Energía, que por su parte advirtió sobre subsidios que consideró “escandalosos” y un sistema de transporte que está “saturado”.

La audiencia tuvo lugar este lunes luego de la que se realizó el viernes pasado, en la que las distribuidoras metropolitanas Edenor y Edesur solicitaron incrementos que tendrían una incidencia promedio del 89% en el usuario final.

A los aumentos en las etapas de distribución y transporte deben añadírsele los derivados de los recortes a los subsidios que el Estado otorga a la fase de generación y que la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljansky, calificó como “escandalosos”.

La funcionaria sostuvo que “el nivel de subsidios es escandaloso” y que en los últimos años “fueron del 65% al 89%” del Precio Estacional de la Energía (PEST), uno de los principales componentes de la tarifa final del servicio.

Luego de dar repaso a una situación de “agotamiento de un modelo que llegó a su fin”, Beljansky advirtió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) “está saturado y hoy no permite evacuar toda la energía adicional, actúa como un cuello de botella”, al no facilitar el transporte de nuevos emprendimientos de generación, en especial de energía eólica y solar.

Si bien el sistema de transporte es el que menos incidencia tiene en la tarifa final (1,5% o menos del total, según estimaciones de las diferentes compañías), su rol es decisivo para conectar la oferta (generación) con la demanda, en un país en el que ambos extremos se encuentran a distancias considerables.

Al respecto, tras recordar que la Argentina es el octavo país del mundo en cuanto a superficie, indicó que el 60% de la demanda se concentra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el sur del Litoral, en tanto la generación se distribuye en varias regiones.

Al referirse al “cuello de botella” que implica el retraso relativo del transporte respecto tanto de la generación como de la demanda, indicó que el crecimiento del sistema no acompañó a ninguna de las dos variables y que “los mecanismos de ampliaciones y renovaciones del transporte han resultado insuficientes”.

Asimismo, remarcó que “los transportistas perciben sus ingresos a través de pagos mensuales de Cammesa”, pero que “la mayor parte de estos pagos no se han realizado en tiempo y forma”.

Por otra parte, indicó que “los costos del transporte fueron trasladados sólo en forma parcial a los usuarios, lo que generó subsidios en este segmento” y que “el Estado nacional se encuentra quebrado y sin posibilidad de abordar el costo de inversión requerido en el sistema de transporte”.

En ese sentido, resaltó la “necesidad de generar señales para que operadores puedan realizar nuevas inversiones” y que “el Estado está considerando instrumentos de iniciativa privada” para obras de interconexión regional.

Las ocho empresas que expusieron en la audiencia coincidieron en resaltar el retraso en la evolución de la remuneración de sus ingresos, que en los últimos cuatro años fue en promedio la mitad de la inflación y que derivó en la obsolescencia de las instalaciones y los recortes en una serie de inversiones.

Por tal razón, solicitaron una readecuación de ingresos previa a la aplicación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que deberá comenzar el 1° de enero de 2025.

Sobre los valores resultantes, que remarcaron no tienen en cuenta ampliaciones necesarias, reclamaron la aplicación de un índice de actualización mensual y automático, teniendo en cuenta que el plazo promedio de pago de Cammesa es de unos 60 días y, al respecto, también pidieron que esa compañía no incurra en demoras para esos desembolsos.

El detalle por empresa de las readecuaciones solicitadas y el porcentaje de aumento resultante es el siguiente:

Transener: $ 256.349 millones, equivalentes a un aumento del 209%, con una incidencia en la tarifa final de aproximadamente 3,1%.

Distrocuyo: $ 29.265 millones (249% y una incidencia cercana al 3,7%).

Transnea: $ 20.243,91 millones (114% y 1,7% de incidencia).

Transba: $ 122.920 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transpa: $ 28.818 millones (255,7% y 3,8% de incidencia).

Transnoa: $ 59.512,4 millones (207% y 3,1% de incidencia).

Transcomahue: no especificó montos ni porcentajes, pero aseguró que la incidencia en la tarifa del aumento requerido es del 0,5%.

Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN): no dio precisiones sobre montos ni porcentajes.

Un proyecto de ley para declarar de orden público al Régimen de Zona Fría

La Ley Ómnibus no para de sumar escándalos. Las provincias habían negociado modificaciones como dar marcha atrás con la eliminación del Régimen de Zonas Frías en las tarifas de gas y cambios en la Ley de Hidrocarburos, pero nada de eso ocurrió.

El documento que obtuvo dictamen por parte de la Cámara baja del Congreso de la Nación estableció que esas reformas no fueran incluidas y peligra el apoyo de los legisladores. Según pudo saber eolomedia, las provincias evalúan sacarle el apoyo a la batería de leyes que impulsa la Casa Rosada por lo que correría peligro la hoja de ruta de la gestión de Javier Milei.

En este marco, la diputada nacional por Chubut, Eugenia Alianiello, presentó un proyecto de ley para declarar de orden público al Régimen de Zona Fría en busca que millones de habitantes puedan seguir accediendo a la reducción de las tarifas de gas.

“¿Sabías que, si se aprueba la Ley Ómnibus, millones de habitantes de Zonas Frías podrían pagar entre 30/50% más de gas? Por la eliminación de fondos fiduciarios al sector energético que propone esta ley, distintas provincias perderían el subsidio solidario que hoy perciben”, sostuvo la legisladora nacional en su cuenta de X (exTwitter).

“Por este motivo, junto a compañeras y compañeros diputados presentamos un proyecto para que se declare de orden público el Régimen de Zona Fría y su ampliación, limitando modificaciones arbitrarias y garantizando el derecho a un servicio digno para el pueblo argentino”, consideró.

La iniciativa recibió el apoyo de su par de Santa Cruz, Ana María Ianni. “Acompaño este Proyecto de la compañera Eugenia Alianiello para defender el derecho de acceder al servicio de gas a un precio justo”, afirmó.

“Son más de 4 millones de argentinos que viven en zonas de bajas temperaturas y que si se aprueba la Ley Ómnibus abonarían entre 30 y 50% más”, destacó.

Convocan a audiencias para definir los aumentos de luz

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) convocó a dos audiencias públicas para analizar las propuestas de las concesionarias del servicio de distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires para “obtener una adecuación transitoria en la tarifa” y, en el mismo sentido, escuchar las posturas de las empresas encargadas del servicio de transporte de energía eléctrica en todo el país.

Las convocatorias se formalizaron por medio de las resoluciones 2/2023 y 3/2023, ambas publicadas este martes en el Boletín Oficial, en atención a “la evolución que tuvieron los índices de precios” y “garantizar la sostenibilidad del servicio público” de distribución y de transporte “con los estándares de calidad requeridos”.

La primera de las audiencias será el viernes 26 de enero a las 8:30 y en ella se escucharán las propuestas de readecuación tarifaria de Edenor y Edesur, en tanto el lunes 29, a la misma hora, se evaluarán las propuestas de las transportistas Transener, Transba, Transpa, Transco, Transnea, Transnoa, Distrocuyo y el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN).

Ambas audiencias se realizarán en modalidad virtual y su desarrollo se trasmitirá en simultáneo a través de una plataforma de streaming, que será informada en la página web https://www.argentina.gob.ar/enre dos horas antes del inicio de las exposiciones.

Los interesados en exponer en las audiencias deberán inscribirse en la misma página entre la hora cero del lunes 8 de enero y las 23:59 del martes 23, mientras que quienes quieran consultar los expedientes podrán hacerlo a partir del lunes 8 en el apartado “Documentación oficial”.

En ese mismo apartado se publicarán los respectivos órdenes de exposición: el miércoles 24 el de la audiencia para las distribuidoras del AMBA y el sábado 27 para las transportadoras.

Se admite un solo representante por persona jurídica y la duración máxima de su exposición será de 10 minutos, el doble que el habilitado para las personas físicas.

Las audiencias se llevarán a cabo en un contexto marcado por la decisión del gobierno del presidente Javier Milei de reducir los subsidios, que en el caso de la energía – electricidad y gas- representan casi las dos terceras partes de las transferencias del Estado nacional a sectores económicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que ese proceso de eliminación de subsidios se concretará de manera gradual a lo largo de tres años, a razón de recortes equivalentes al 0,5% del PBI anual en el caso de la energía y del 0,2% en el del transporte público.