Los Azules alertó que una resolución del ENRE podría afectar su acceso a energía

Andes Corporación Minera S.A., titular del Proyecto Minero Los Azules, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026, para exponer su oposición fundada a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.

La compañía explicó que Los Azules no es un proyecto en etapa conceptual, sino que cuenta con estudios eléctricos presentados ante TRANSENER, habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía, y un cronograma de inversión aprobado por el propio Estado Nacional. En ese contexto, la resolución afecta directamente su acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal que requiere para su puesta en marcha.

Con argumentos técnicos y jurídicos, Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, señaló que “asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”.

Asimismo, durante la audiencia se identificó tres quiebres sucesivos en la estructura motivacional del acto administrativo: el informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE no realizó un análisis independiente, sino que reprodujo lo informado por CAMMESA; el Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas; y el propio artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo —por la naturaleza de su carga— mientras que sobre el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.

Los Azules es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo.

El pedido de Los Azules

En ese marco, Los Azules solicitó al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial. La compañía espera que, con la audiencia pública, el ente regulador tenga la oportunidad concreta de corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio.

Nuestra oposición no busca obstaculizar el desarrollo de ningún emprendimiento. Por el contrario, promovemos un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar los distintos proyectos, asignando capacidad en función de demanda real, liberando capacidad no utilizada y estableciendo revisiones periódicas. La planificación eléctrica debe sustentarse en fundamentos técnicos plenamente transparentes, con trazabilidad de modelos, supuestos y escenarios regionales.

Defender el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica no es una disputa empresarial. Es una cuestión de previsibilidad regulatoria, de respeto por los recursos públicos invertidos y de protección del desarrollo productivo futuro de San Juan. Los Azules continuará impulsando, por las vías institucionales correspondientes, una solución equilibrada que garantice competencia, transparencia y crecimiento sostenible para toda la provincia.

Transener: Genneia y Edison ganan la pulseada por la red eléctrica nacional

La privatización de Transener entró en su fase decisiva y terminó con un ganador claro. El consorcio integrado por Genneia y Edison Energía se impuso en la licitación para adquirir una participación accionaria estratégica en la principal transportista eléctrica del país, un activo central para el funcionamiento del sistema nacional.

La definición no pasó inadvertida en el mercado. Se trata de una operación sensible porque Transener administra buena parte de la red de alta tensión argentina y es considerada una pieza crítica para garantizar abastecimiento, estabilidad operativa y conexión entre generación y consumo en todo el territorio.

La Comisión Evaluadora había habilitado previamente a tres oferentes para competir en la instancia económica. Allí quedaron en carrera Genneia, Central Puerto y Edenor, tres jugadores de peso que buscaron quedarse con uno de los negocios más relevantes del sector energético.

Una disputa millonaria por un activo estratégico

La propuesta presentada por Genneia S.A., junto a Edison Transmisión, alcanzó los 356 millones de dólares, superando las ofertas de Central Puerto, que propuso 301 millones de dólares, y de Edenor, que ofertó 230 millones de dólares. La diferencia marcó una ventaja contundente.

El monto ofrecido expone además una lectura compartida por el sector privado: la transmisión eléctrica dejó de ser vista como un negocio secundario. Con tarifas pendientes de recomposición y necesidad de expansión de redes, el segmento vuelve a captar interés inversor.

No es casual. La infraestructura administrada por Transener incluye más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV, además de una red troncal que une desde Jujuy hasta Santa Cruz, formando la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión.

El retiro del Estado y un nuevo mapa energético

Con esta adjudicación, el Gobierno avanza en la salida total del Estado de la participación accionaria en la compañía. El proceso encaja dentro del plan oficial de desprendimiento de activos controlados por ENARSA, bajo la premisa de reducir presencia pública en empresas energéticas.

La decisión abre interrogantes políticos y regulatorios. Aunque la operación se presenta como una modernización del esquema eléctrico, también implica transferir un activo estratégico a manos privadas en un contexto donde persisten cuellos de botella e inversiones pendientes.

Desde el Ejecutivo sostienen que el servicio continuará bajo regulación estatal. Sin embargo, en el mercado energético persiste una vieja discusión: hasta qué punto alcanza la regulación cuando el control operativo queda concentrado en grandes grupos privados.

Genneia y Edison se asocian con Pampa Energía

Tras la compra, Genneia y Edison Energía asumirán el co-control de la operación a través de Citelec, junto con Pampa Energía, actor ya instalado en la estructura accionaria de la transportista.

Para Genneia, líder en renovables, el movimiento implica diversificación y acceso directo a un segmento clave para evacuar futura generación eólica y solar. Para Edison, en tanto, significa fortalecer presencia en generación, distribución y ahora transmisión.

La adjudicación prevista para mayo cerrará formalmente una de las operaciones más relevantes del año. Pero más allá del resultado económico, deja una señal contundente: el negocio de la infraestructura eléctrica volvió al centro de la escena argentina.

Nación reglamentará el Decreto Chevron para todas las operadoras

El Día Nacional del Petróleo dejó un par de sorpresas, pero un anuncio de Daniel González sacudió a toda la industria. El secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación informó que la administración de Javier Milei reglamentará el Decreto 929/2013, conocido como Decreto Chevron.

Esta iniciativa fue aprobada en 2013, pero nunca aplicado en su totalidad y, según el funcionario nacional, será finalmente efectivo a partir del año 2025.

El impacto del Decreto Chevron

¿Qué permitirá esto? Las empresas del sector podrán exportar el 20% de su producción (y no pagar impuestos sobre ese total) y mantener en el exterior las divisas generadas por esas exportaciones, siempre y cuando cumplan con haber invertido más de 250 millones de dólares en los 3 años siguientes a 2013.

“De esta forma, estamos logrando que el Estado nacional cumpla con los acuerdos preexistentes y con sus obligaciones”, sostuvo González durante el almuerzo del Día Nacional del Petróleo, organizado por IAPG, en el hotel Sheraton de Retiro.

Entre las empresas que cumplen con los requisitos se encuentran Shell, Chevron y Petronas.

La venta de Transener

Otro de los anuncios de González fue la venta del paquete accionario estatal en Transener. Energía Argentina S.A. (ENARSA) comunicó el inicio del proceso para desprenderse de la totalidad de su participación accionaria en Transener S.A., la principal empresa de transporte de energía eléctrica de alta tensión del país.

La participación del Estado se encuentra en manos de Citelec S.A., que posee el 51% de las acciones clase A de Transener. La compañía opera una red nacional que incluye cerca de 12.400 kilómetros de líneas de transmisión.

“Este anuncio se alinea con la política del Gobierno Nacional de avanzar en un modelo donde el Estado deje de cumplir roles de empresario, promoviendo la participación privada en sectores estratégicos”, sostuvo el secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación.

Transener advirtió que si no se le pagan las tarifas adeudas no podrá pagar salarios

El déficit cero que tiene como meta el Gobierno nacional ya presenta sus complicaciones. Las empresas vienen reclamando que la falta del pago pone en jaque su funcionamiento y piden que la Casa Rosada trate de cambiar su estrategia para no tener complicaciones. Las tarifas en el centro de la discusión.

eolomedia viene informando que la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) ha manifestado su preocupación por la falta de pago de los incentivos del Plan Gas.Ar y solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que lleve a cabo un plan para cancelar las deudas. La respuesta todavía está en veremos.

Ahora, una empresa Transener informó al mercado que si el Estado no abona las tarifas que corresponden no podrá pagar los salarios. El dato que sobresale es que el accionista del 45% de la compañía es el Ejecutivo.

En un comunicado que lleva la firma de José Santiago Refort, responsable de Relaciones con el Mercado de la principal transportadora de energía del país, sostuvo que la reunión del comité ejecutivo de Cammesa no se “obtuvieron certezas” sobre los futuros pagos de los subsidios.

“La falta de recursos en Cammesa para atender los compromisos habituales es consecuencia de la demora en los pagos por parte de los distribuidores -que a la fecha han cancelado solamente el 49% de lo adeudado, conjuntamente con la falta de los necesarios aportes del Tesoro Nacional para cubrir los subsidios otorgados”, afirmaron desde Transener.

“A la fecha están pendientes de pago el 50% de la factura de los servicios prestados en noviembre y el total de la de diciembre 2023, por un total de $ 11.900 millones más intereses, estando próxima a vencer la factura de enero 2024, y sin certeza respecto a los futuros pagos”, describieron.

“Teniendo en consideración que el 95% de los recursos financieros de Transener S.A. provienen del pago de CAMMESA, este incumplimiento se traduce en el desfinanciamiento de la Sociedad”, afirmaron.

“Cabe destacar que, si bien desde el punto de vista económico las necesidades de Transener del año se encuentran razonablemente cubiertas y con cierta previsibilidad respecto a los ingresos futuros, producto de la vigencia de la Resolución ENRE Nº 104/24 que ha aprobado el incremento tarifario para la Sociedad desde febrero 2024, es indispensable el cumplimiento por parte de CAMMESA del pago en término, de lo contrario obliga a la sociedad a mantener los egresos reducidos a un mínimo operativo que solo es aceptable en un muy corto plazo; de mantenerse tendrá impacto en la normal capacidad de atención del Sistema de Transporte, con el consecuente riesgo operativo”, subrayaron.

Pese a esta situación, desde Transener manifestaron que las autoridades de ENRE, Cammesa y Secretaría de Energía de la Nación no se obtuvieron respuestas sobre el pago de las tarifas adeudadas y advirtieron que si el panorama no cambia no se podrán abonar los salarios en tiempo y forma.

Un panorama similar vive la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal SA (TRANSBA).

Asimismo, desde Transener adelantaron que analizan “los reclamos administrativos y judiciales que correspondan a efectos de perseguir el cobro de las mencionadas acreencias”.

“Es importante mencionar que la situación crítica a la que se ve expuesta la Sociedad corresponde a menos del 2% del total de los costos del MEM que administra Cammesa, o sea unos 20 millones de dólares mensuales y representa aproximadamente 150 pesos en la factura de un cliente residencial”, destacaron.