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Andes Corporación Minera S.A., titular del Proyecto Minero Los Azules, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026, para exponer su oposición fundada a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.

La compañía explicó que Los Azules no es un proyecto en etapa conceptual, sino que cuenta con estudios eléctricos presentados ante TRANSENER, habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía, y un cronograma de inversión aprobado por el propio Estado Nacional. En ese contexto, la resolución afecta directamente su acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal que requiere para su puesta en marcha.

Con argumentos técnicos y jurídicos, Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, señaló que “asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”.

Asimismo, durante la audiencia se identificó tres quiebres sucesivos en la estructura motivacional del acto administrativo: el informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE no realizó un análisis independiente, sino que reprodujo lo informado por CAMMESA; el Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas; y el propio artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo —por la naturaleza de su carga— mientras que sobre el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.

El pedido de Los Azules

En ese marco, Los Azules solicitó al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial. La compañía espera que, con la audiencia pública, el ente regulador tenga la oportunidad concreta de corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio.

Nuestra oposición no busca obstaculizar el desarrollo de ningún emprendimiento. Por el contrario, promovemos un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar los distintos proyectos, asignando capacidad en función de demanda real, liberando capacidad no utilizada y estableciendo revisiones periódicas. La planificación eléctrica debe sustentarse en fundamentos técnicos plenamente transparentes, con trazabilidad de modelos, supuestos y escenarios regionales.

Defender el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica no es una disputa empresarial. Es una cuestión de previsibilidad regulatoria, de respeto por los recursos públicos invertidos y de protección del desarrollo productivo futuro de San Juan. Los Azules continuará impulsando, por las vías institucionales correspondientes, una solución equilibrada que garantice competencia, transparencia y crecimiento sostenible para toda la provincia.