Vicuña Argentina ya es parte del RIGI: oficializan beneficios para el megaproyecto de cobre en San Juan

La adhesión de Vicuña Argentina al RIGI quedó oficialmente confirmada. El Ministerio de Economía publicó este jueves la Resolución 1154/2026, que incorpora al megaproyecto minero al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un paso esperado por la industria tras el reciente aval a su plan de infraestructura eléctrica.

La decisión llegó apenas días después de que el Directorio del ENREGE aprobara la expansión del sistema eléctrico que abastecerá a la operación y rechazara todas las impugnaciones presentadas durante el proceso. Con ese obstáculo superado, el Gobierno avanzó con la aprobación definitiva del régimen de promoción.

La inversión de Vicuña Argentina asciende a US$9.737 millones, de los cuales U$S 9.024 millones corresponden a activos computables. El desembolso se ejecutará en dos etapas que se extenderán hasta diciembre de 2031 y posiciona a la iniciativa entre los mayores desarrollos mineros en marcha en el país.

Un proyecto que apuesta al cobre, el oro y la plata

El objetivo de Vicuña Argentina es desarrollar los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, para producir y exportar cobre, oro y plata. La iniciativa fue encuadrada como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP), una categoría reservada para inversiones con fuerte impacto sobre el perfil exportador del país.

Según la resolución, el proyecto busca consolidar a Argentina como un proveedor de largo plazo de cobre y doré para los mercados internacionales. En un escenario donde la demanda mundial de cobre crece impulsada por la transición energética, el Gobierno considera que la iniciativa puede convertirse en uno de los pilares de la minería nacional.

Las proyecciones oficiales estiman que el emprendimiento generará exportaciones mineras por más de U$S 2.600 millones anuales y alrededor de 31.700 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, durante las distintas etapas de construcción y operación.

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Qué contempla la inversión

El plan aprobado va mucho más allá de la explotación de los yacimientos. Incluye operaciones de minería a cielo abierto, una planta concentradora para el procesamiento de minerales, instalaciones de lixiviación, sistemas de abastecimiento de agua, infraestructura eléctrica, caminos internos y campamentos para el personal.

Además, la empresa incorporó dentro del programa activos vinculados a la prospección y campañas de perforación para identificar nuevas fuentes de agua. También continuará con tareas de exploración en otras concesiones mineras que forman parte del mismo bloque geológico en San Juan.

Los beneficios que recibirá con el RIGI

Con la incorporación al RIGI, Vicuña Argentina accederá a incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos por el régimen. Entre ellos figura la libre disponibilidad de una parte de las divisas provenientes de las exportaciones, luego de que el Gobierno concluyera que el proyecto no generará distorsiones en el mercado cambiario local.

La resolución también aprobó un listado de bienes y servicios que la compañía podrá importar bajo franquicias especiales para avanzar con la construcción del complejo minero. El objetivo es facilitar el ingreso de equipos e insumos necesarios para una inversión de esta magnitud.

Como condición para mantener los beneficios, Vicuña Argentina deberá acreditar una inversión equivalente, como mínimo, al 20% del monto comprometido durante los dos primeros años. La fecha límite para cumplir con el requisito de inversión mínima en activos computables quedó fijada para el 31 de diciembre de 2028.

Josemaría logró un respaldo clave: el Gobierno aprobó su plan eléctrico y blindó la inversión

El proyecto Josemaría consiguió uno de los avales regulatorios más importantes desde que comenzó su desarrollo. El Gobierno nacional aprobó el plan de expansión del sistema de transporte eléctrico que permitirá abastecer a la futura mina de cobre y rechazó todas las impugnaciones presentadas por provincias y otras empresas mineras durante el proceso administrativo.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 330/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí, el Directorio del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) otorgó el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) para un paquete de obras estratégicas que se ejecutarán en San Juan y serán financiadas íntegramente por la compañía.

Con esta resolución, el organismo también confirmó que Vicuña Argentina tendrá prioridad sobre el 90% de la capacidad adicional de transporte que generen las nuevas instalaciones durante 25 años, un plazo equivalente a la vida útil estimada del emprendimiento minero.

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Las obras que abastecerán a Josemaría

El plan aprobado contempla la expansión eléctrica necesaria para acompañar la demanda inicial de 260 MW del proyecto. Entre las obras previstas figura la adecuación de la Estación Transformadora Nueva San Juan para su vinculación en 500 kV con Rodeo, la construcción de la playa de 500 kV de esa estación y una nueva Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV entre Rodeo y Chaparro.

A ese paquete se suma la construcción de la nueva Estación Transformadora Chaparro, que operará en 500/220 kV y será el punto de conexión desde donde se alimentará el proyecto Josemaría. En conjunto, las inversiones sumarán una línea de aproximadamente 167 kilómetros que fortalecerá la red eléctrica de la región.

En los fundamentos de la resolución, el ENREGE sostuvo que el esquema responde al criterio de que “el beneficiario paga”, ya que el inversor privado asume el ciento por ciento del costo de construcción y del riesgo financiero, evitando trasladar esa carga al Estado o a los usuarios residenciales.

El proyecto minero Josemaría consiguió la aprobación ambiental en San Juan, con cambios en agua, producción y vida útil que redefinen su desarrollo.

El Gobierno rechazó las impugnaciones

Uno de los puntos centrales de la resolución fue el rechazo de todas las oposiciones presentadas durante la audiencia pública realizada el 3 de junio. Entre ellas figuraban los planteos del EPRE de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y distintas compañías mineras que cuestionaban el alcance de la prioridad otorgada a Vicuña Argentina.

Las provincias argumentaban que la iniciativa afectaba la planificación regional y los derechos sobre la infraestructura eléctrica. Sin embargo, el regulador respondió que el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) es de jurisdicción federal exclusiva y que las provincias no tienen facultades para impedir este tipo de obras.

También fueron desestimadas las presentaciones realizadas por empresas como Andes Corporación Minera, desarrolladora del proyecto Los Azules, y Golden Mining, vinculada al proyecto Hualilán. Ambas sostenían que la prioridad del 90% podía limitar el acceso de futuros emprendimientos a la capacidad de transporte.

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Una inversión privada con prioridad por 25 años

En la resolución, el ENREGE consideró que reconocer derechos prioritarios temporales constituye una herramienta necesaria para incentivar inversiones que difícilmente se ejecutarían sin un mecanismo de este tipo. Además, sostuvo que las obras no sólo beneficiarán a Josemaría, sino que también fortalecerán el sistema eléctrico nacional.

El organismo remarcó que el 10% de capacidad remanente será suficiente para atender nuevas demandas intermedias y destacó que la infraestructura incrementará la confiabilidad de la red de alta tensión en una zona donde se concentran algunos de los principales proyectos cupríferos del país.

Con el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública ya otorgado, la transportista Transener quedará a cargo de la operación y el mantenimiento de las nuevas instalaciones una vez concluidas las obras. Por su parte, Vicuña Argentina deberá gestionar las servidumbres administrativas de electroducto y cumplir con los requisitos técnicos exigidos para garantizar la estabilidad del sistema interconectado.

Los Azules alertó que una resolución del ENRE podría afectar su acceso a energía

Andes Corporación Minera S.A., titular del Proyecto Minero Los Azules, participó de la audiencia pública convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en el marco de la Resolución 79/2026, para exponer su oposición fundada a la asignación de prioridad de capacidad de transporte solicitada por Vicuña Argentina S.A. en la línea de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo.

La compañía explicó que Los Azules no es un proyecto en etapa conceptual, sino que cuenta con estudios eléctricos presentados ante TRANSENER, habilitación firme como agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) emitida por la Secretaría de Energía, y un cronograma de inversión aprobado por el propio Estado Nacional. En ese contexto, la resolución afecta directamente su acceso a la capacidad de transporte en el corredor troncal que requiere para su puesta en marcha.

Con argumentos técnicos y jurídicos, Miguel Gil, gerente de Ingeniería de Los Azules, señaló que “asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable”.

Asimismo, durante la audiencia se identificó tres quiebres sucesivos en la estructura motivacional del acto administrativo: el informe técnico del Área de Análisis Regulatorio del ENRE no realizó un análisis independiente, sino que reprodujo lo informado por CAMMESA; el Dictamen Jurídico se autoexcluyó de ponderar cuestiones técnicas o fácticas; y el propio artículo 12 de la resolución aplicó un estándar técnico riguroso para excluir el grupo transformador de la Estación Rodeo —por la naturaleza de su carga— mientras que sobre el tramo troncal en 500 kV empleó criterios notoriamente más laxos.

Los Azules es uno de los depósitos de cobre más grandes del mundo.

El pedido de Los Azules

En ese marco, Los Azules solicitó al ENRE que ejerza las facultades revocatorias previstas en el artículo 17 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y revise el artículo 9 de la Resolución 79/2026 antes de que el expediente derive en una instancia judicial. La compañía espera que, con la audiencia pública, el ente regulador tenga la oportunidad concreta de corregir el acto y preservar la coherencia del sistema regulatorio.

Nuestra oposición no busca obstaculizar el desarrollo de ningún emprendimiento. Por el contrario, promovemos un esquema técnico, proporcional y multiusuario que permita compatibilizar los distintos proyectos, asignando capacidad en función de demanda real, liberando capacidad no utilizada y estableciendo revisiones periódicas. La planificación eléctrica debe sustentarse en fundamentos técnicos plenamente transparentes, con trazabilidad de modelos, supuestos y escenarios regionales.

Defender el acceso abierto y la utilización equitativa de infraestructura estratégica no es una disputa empresarial. Es una cuestión de previsibilidad regulatoria, de respeto por los recursos públicos invertidos y de protección del desarrollo productivo futuro de San Juan. Los Azules continuará impulsando, por las vías institucionales correspondientes, una solución equilibrada que garantice competencia, transparencia y crecimiento sostenible para toda la provincia.