El escándalo por los caños del proyecto de GNL de Southern Energy volvió a instalar el debate sobre los costos reales de las obras energéticas. La polémica se originó tras declaraciones del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, que comparó los costos del Gasoducto Perito Moreno (exGasoducto Néstor Kirchner) y el proyecto de GNL de Southern Energy, señalando una diferencia de 4.000 dólares/tn versus 1.400 dólares/tn respectivamente.
Un informe elaborado por la Fundación Encuentro advirtió sobre la existencia de omisiones metodológicas en la comparación entre proyectos públicos y privados. Según el documento, el debate quedó reducido a cifras aisladas, sin considerar variables clave que inciden directamente en la estructura de costos.
Bajo el nombre “La Falacia del Enfrentamiento: infraestructura pública vs beneficios fiscales”, el trabajo pone el foco en las diferencias entre el Gasoducto Perito Moreno (GPM) y el proyecto de Southern Energy (SESA), señalando que no pueden analizarse bajo los mismos parámetros. La organización cuestiona que se construyó una narrativa simplificada que enfrenta inversión pública con capital privado, sin atender al contexto económico, regulatorio y financiero.
Además, el informe remarca que las cifras difundidas por el Ministerio de Economía de la Nación se basaron en información parcial. Al tratarse de un proyecto privado y confidencial, no existen documentos públicos que permitan validar técnicamente las condiciones reales del contrato de Southern Energy.
GNL: precios internacionales, impuestos y logística
Uno de los principales puntos del análisis es la evolución del precio internacional del acero. La Fundación Encuentro señala que entre 2022 y 2025 se registró una caída cercana al 35%, producto de la normalización posterior al conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que impactó directamente en los costos de producción.
El informe destaca que el GPM fue licitado en un contexto de alta volatilidad, con insumos energéticos y siderúrgicos en niveles históricos. En cambio, el proyecto de Southern Energy se adjudicó cuando los precios ya se habían estabilizado, lo que explica gran parte de la diferencia en los valores por tonelada.
Otro aspecto central es el régimen fiscal. La iniciativa de SESA opera bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que incluye exenciones impositivas, estabilidad tributaria y beneficios cambiarios. En tanto, el GPM tributó bajo el esquema general, aportando impuestos nacionales, provinciales y municipales.
Además, el informe sostiene que, si ambos proyectos hubieran compartido el mismo marco fiscal, el costo del gasoducto se habría reducido de manera significativa. Bajo condiciones equivalentes, la brecha entre ambas iniciativas sería considerablemente menor, desarmando el argumento basado exclusivamente en la eficiencia operativa.
La logística también aparece como una variable determinante. El valor del GPM incluye traslado, almacenamiento y entrega en múltiples puntos del país. En el caso del proyecto de GNL, no está claro si el precio informado corresponde a entrega en puerto o en obra, lo que puede representar hasta un 25% del costo total.
A esto se suma la diferencia en proveedores. Mientras el GPM fue adjudicado a Techint, con producción local, el proyecto de SESA recayó en Welspun, una firma internacional con otra estructura de costos y financiamiento.
Impacto económico y debate pendiente
Otro de los puntos que aborda el informe subraya que la comparación de Caputo omite el impacto económico generado por la infraestructura pública. El GPM permitió reducir importaciones, mejorar la balanza energética y generar superávit fiscal, con beneficios directos para el Estado y los consumidores.
Según los datos recopilados, en su primer año de operación la obra permitió ahorrar miles de millones de dólares en compras externas de energía. Además, contribuyó a consolidar el superávit energético de 2024, el más alto en casi dos décadas.
El informe también advierte sobre el llamado “subsidio fiscal implícito” del RIGI. Las exenciones impositivas, especialmente en el impuesto a las Ganancias, representan un costo para el Estado que no suele incorporarse en los análisis comparativos tradicionales.
De acuerdo con las estimaciones, si el proyecto de SESA genera utilidades sostenidas durante tres décadas, el beneficio fiscal acumulado podría superar los mil millones de dólares en valor presente. Este monto, sostiene la Fundación, debería considerarse como parte del costo real del emprendimiento.
Para la Fundación, la discusión no se limita al precio de los caños, sino al modelo de desarrollo energético que se busca consolidar. Infraestructura pública y project finance privado responden a lógicas distintas, con riesgos, objetivos y beneficiarios diferentes.
El documento subraya que una evaluación responsable debe incorporar contexto internacional, tratamiento impositivo, logística, impacto macroeconómico y retorno social. Sin estos elementos, cualquier comparación resulta incompleta y puede inducir a interpretaciones erróneas.
