Río Negro consolida el cobro por el uso de sus ríos para generar electricidad

La promulgación de una nueva norma provincial marcó un paso relevante para la política energética de Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck oficializó la ley que establece el canon por el uso del agua, una herramienta que permitirá a la provincia percibir ingresos por el aprovechamiento de sus recursos hídricos en la generación de electricidad.

La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura y ratifica el derecho de Río Negro a recibir una compensación económica por la utilización de sus ríos en las centrales del Comahue. La medida consolida un reclamo histórico de la provincia.

“Acabo de promulgar una ley sancionada por la Legislatura importantísima que tiene que ver con la defensa de los intereses de Río Negro, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con la Patagonia, que es el uso del canon de agua a aquellas empresas privadas y al Estado nacional que utilizan nuestros ríos para generar electricidad”, afirmó Weretilneck.

Un reclamo histórico de Río Negro

Durante décadas, los ríos de Río Negro aportaron energía al desarrollo económico del país sin que la provincia recibiera una compensación equivalente por el uso de ese recurso. La discusión volvió a tomar impulso durante el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, Río Negro y Neuquén llevaron adelante negociaciones conjuntas para incorporar el reconocimiento económico por el uso del agua. El acuerdo alcanzado estableció un esquema de distribución que contempla ingresos para ambas jurisdicciones por la explotación de sus recursos naturales.

“Nunca lo habíamos cobrado; estaba en la Constitución Nacional, estaba en la Constitución Provincial, pero nunca lo habíamos podido lograr. En un trabajo en conjunto con la hermana provincia de Neuquén, con su gobernador, con Rolo Figueroa, logramos que la Nación y las empresas privadas empiecen a pagar por nuestra agua para generar electricidad”, sostuvo el mandatario.

Río Negro busca cobrar un canon por el uso del agua en las represas del Limay

Cómo funcionará el nuevo canon

La ley promulgada establece que Río Negro recibirá un porcentaje equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias hidroeléctricas. Ese monto forma parte de un esquema total del 2%, distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén.

Para el Gobierno provincial, la norma brinda seguridad jurídica y consolida en el marco legal un mecanismo de ingresos que había sido acordado durante las negociaciones por las represas. Además, define el destino institucional de esos recursos para futuras inversiones.

“Esta ley de alguna manera nos da el marco legal para poder cobrarla y para darle destino a esas regalías en beneficio de todas y de todos los rionegrinos. Como lo decimos y lo hacemos, defendemos Río Negro para lograr nuestros intereses”, expresó Weretilneck.

El gobernador agregó que esos intereses están vinculados al crecimiento provincial y al aprovechamiento de los recursos propios. “¿Y nuestros intereses cuáles son? Que la provincia crezca, que la provincia tenga futuro y que todos estemos un poco mejor”, aseveró al referirse al alcance de la nueva legislación y al destino de los fondos que comenzarán a percibirse a partir de este esquema.

Río Negro busca cobrar un canon por el uso del agua en las represas del Limay

La provincia de Río Negro avanzó en la puesta en marcha de un esquema destinado a cobrar por la utilización de los recursos hídricos empleados para la generación de energía. La propuesta, promovida por el gobernador Alberto Weretilneck, establece que las futuras concesionarias de las represas emplazadas sobre el río Limay deberán realizar un aporte económico por el uso del agua como insumo productivo.

La medida se inscribe dentro de las negociaciones que se desarrollan en torno al nuevo régimen de concesiones de los complejos hidroeléctricos del Comahue, entre los que se encuentran El Chocón, Alicurá y Piedra del Águila, obras consideradas fundamentales para el abastecimiento energético nacional.

De acuerdo con lo informado por el gobierno provincial, la intención es que Río Negro perciba una compensación adicional por el aprovechamiento de un recurso natural que se encuentra bajo su jurisdicción. La iniciativa toma como fundamento el criterio incorporado en la reforma constitucional de 1994, que reconoció el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

La propuesta establece que las futuras operadoras de las centrales hidroeléctricas abonen a la provincia un valor equivalente al 1% de la facturación obtenida por la comercialización de energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ese ingreso se sumaría a las regalías hidroeléctricas que actualmente reciben las provincias productoras.

Desde la administración provincial remarcan que se trata de una iniciativa sin antecedentes en Argentina, ya que implicaría reconocer de manera explícita el derecho de una provincia a percibir un canon por el uso del agua destinada a la producción de electricidad. Además, el entendimiento alcanzado con el Gobierno nacional prevé herramientas para ampliar la participación provincial en la gestión y fiscalización de los recursos hídricos.

Las estimaciones oficiales indican que la implementación de este mecanismo podría traducirse en un incremento importante de los ingresos asociados a la actividad hidroeléctrica. El resultado final dependerá del nivel de generación y de la evolución de los precios de la energía, aunque las proyecciones sugieren una recaudación superior a la obtenida actualmente.

El planteo se desarrolla en simultáneo con el proceso de licitación y renovación de las concesiones de las represas del Comahue, instalaciones que aportan cerca del 25% de la generación hidroeléctrica del país. En ese escenario, Río Negro y Neuquén buscan fortalecer su participación en los beneficios económicos derivados del aprovechamiento de los recursos hídricos de la región.

El salvavidas del Comahue: las empresas pagaron las concesiones por las represas

Luis Caputo consiguió un poco de aire. La nueva concesión de las represas hidroeléctricas del Comahue son una realidad y el Gobierno nacional consiguió fondos frescos para afrontar los vencimientos de deuda previstos para el 9 de enero.

Según informaron desde la Secretaría de Energía de la Nación, las empresas pagaron los fondos comprometidos por las centrales Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, un bloque estratégico para el abastecimiento del sistema eléctrico nacional.

De esta manera, las arcas del Gobierno nacional se engrosaron en un poco más de los 700 millones de dólares que implicó la operación por las represas hidroeléctricas.

Cómo siguen las represas del Comahue

Ahora, la Secretaría de Energía deberá notificar formalmente a las concesionarias salientes la fecha de toma de posesión. Según el Boletín Oficial, el acto está fijado para el 8 de enero de 2026, con coordinación entre empresas, provincias y el Estado nacional.

Ese momento marcará el traspaso efectivo del control operativo de las represas. A partir de allí, los nuevos concesionarios asumirán la generación eléctrica y las obligaciones contractuales.

Central Puerto y Aluar se anotan por las represas.

Un proceso que llevó tiempo

La privatización de las represas del Comahue atravesó un extenso recorrido que demandó más de un año de trabajo. Luego de la finalización de las concesiones originales, el Estado implementó un esquema de administración provisoria y, más tarde, puso en marcha una licitación pública de alcance nacional e internacional.

Ese procedimiento culminó con la adjudicación definitiva y, finalmente, con la acreditación de los fondos correspondientes. Con el pago ya realizado, el traspaso del control de los complejos hidroeléctricos quedó formalmente cerrado.

El Gobierno había definido un esquema estricto para evitar demoras o eventuales incumplimientos. Por ese motivo, estableció un lapso reducido entre la adjudicación y la cancelación de los montos comprometidos, en coincidencia con el inicio del año calendario.

El monto de la operación

El ingreso total para el Estado superó los 700 millones de dólares. Ese monto resultó de la sumatoria de las propuestas económicas ganadoras presentadas para cada una de las centrales incluidas en el concurso.

Por la represa Alicurá, el consorcio liderado por Edison Holding desembolsó 162 millones de dólares. En El Chocón, el grupo BML junto a sus socios transfirió 235,6 millones de dólares.

En el caso de Cerros Colorados, la cifra abonada alcanzó los 64,1 millones de dólares, mientras que Central Puerto concretó un pago de 245 millones de dólares para quedarse con la concesión de Piedra del Águila.

Los pagos se realizaron mediante transferencias únicas, tal como lo establecía el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación, sin contemplar instancias de prórroga.

Quiénes se quedan con las represas del Comahue: ofertas, montos y el avance de los grupos argentinos

Los grupos empresarios argentinos dieron un paso decisivo en el negocio hidroeléctrico. El Gobierno abrió este viernes las ofertas económicas para privatizar cuatro represas clave del Comahue y recibió propuestas que totalizan US$ 684,3 millones, en un proceso que definirá quién administrará estos activos durante los próximos 30 años.

Las centrales involucradas —Alicurá, Piedra del Águila, El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados— conforman un bloque estratégico sobre los ríos Limay y Neuquén, esencial para el suministro eléctrico nacional. La apertura de sobres confirmó una tendencia: los grupos locales avanzan con fuerza sobre espacios históricamente dominados por multinacionales energéticas, reconfigurando el mapa del poder en la generación hidroeléctrica argentina.

Objetivo represas

La represa Alicurá (1.000 MW) tuvo la oferta más alta de Edison Inversiones, que puso US$ 162 millones y superó a AES, que pretendía conservar la concesión con US$ 130 millones. La propuesta abre la puerta al desembarco de Edison en el negocio hidroeléctrico y consolida su estrategia de crecimiento acelerado dentro del sector energético.

Con US$ 245 millones, Central Puerto retuvo la represa Piedra del Águila (1.400 MW), uno de los activos más relevantes del sistema. La continuidad en la operación fortalece su posición como uno de los jugadores dominantes del mercado eléctrico, con presencia en generación térmica, renovable e hidráulica.

El complejo El Chocón–Arroyito (1.320 MW) registró una competencia ajustada. BML Inversora lideró con US$ 235,6 millones, seguida por Hidroeléctrica Futaleufú, que presentó US$ 223,8 millones, dentro del margen que habilita un desempate. Más atrás quedó Enel, actual operador, con US$ 172,2 millones, lo que deja abierta la posibilidad de una instancia definitoria adicional.

En Cerros Colorados–Planicie Banderita (450 MW), la oferta más alta también fue de BML Inversora, con US$ 41,7 millones. Edison Inversiones quedó segunda con US$ 38 millones, diferencia insuficiente para evitar otra ronda de competencia. Según la Secretaría de Energía, solo esta concesión requerirá mejora de ofertas; en las demás, el mínimo establecido ya quedó cubierto.

Las represas salen a la venta

Los grupos que ganan terreno y el retroceso de las multinacionales

El avance de siete consorcios habilitados traza un nuevo escenario. BML Inversora, controlada por Manuel Santos Uribelarrea, emerge como uno de los jugadores más agresivos, con las mejores ofertas en El Chocón–Arroyito y Cerros Colorados, en línea con su expansión en energía y agroindustria.

Edison Inversiones también acelera su presencia. El consorcio que reúne a los Neuss, al dúo Cherñajovsky–Galli de Newsan y a Inverlat suma un nuevo paso tras su ingreso a la distribución eléctrica en Tucumán y Jujuy, y se posiciona para convertirse en un actor relevante del segmento hidroeléctrico.

Central Puerto, respaldada por Guillermo Reca, la familia Miguens–Bemberg y Eduardo Escasany, mantiene su influencia al conservar Piedra del Águila, la represa más potente del proceso.

En paralelo, Hidroeléctrica Futaleufú —integrada por Aluar, Genneia y la provincia de Chubut— irrumpe como un aspirante sólido con la segunda mejor oferta en El Chocón–Arroyito, dentro del margen de definición.

Mientras los grupos locales avanzan, las multinacionales retroceden. AES quedó fuera de Alicurá, una de sus centrales emblemáticas, y Enel perdió terreno en El Chocón–Arroyito, en un repliegue que marca el fin de una era de protagonismo extranjero en la generación hidroeléctrica.

Lo que viene

Tras la revisión técnica que dejó afuera solo al grupo guatemalteco IPS Renewal S.A., ahora comienza un período de observaciones y posibles desempates. El Gobierno definirá si adjudica directamente o convoca a una instancia adicional para las dos centrales donde la diferencia entre las ofertas quedó dentro del umbral del 10%.

El resultado final determinará quién operará, durante tres décadas, algunas de las represas más importantes del país. Pero la tendencia ya es clara: el control de la energía hidroeléctrica argentina comienza a migrar hacia manos locales con creciente capacidad financiera y ambición de expansión.