Santa Cruz: Nación dictó conciliación obligatoria al paro petrolero

El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el conflicto que enfrenta al Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz con las cámaras empresarias, luego de una serie de medidas de fuerza que comenzaban a impactar en la actividad hidrocarburífera.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Ley 14.786, con el objetivo de desactivar el conflicto y evitar una escalada que pudiera afectar la producción de petróleo y gas, un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Según la resolución oficial, la medida comenzó a regir a partir de las 20 horas del 10 de abril de 2026 e involucra tanto al sindicato petrolero como a las empresas agrupadas en la CEPH y la CASEPE, que concentran gran parte de la actividad del sector.

Alcance de la medida

La disposición establece que durante el período de conciliación obligatoria las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, lo que implica suspender cualquier acción que altere el normal funcionamiento de la actividad petrolera.

En ese sentido, se intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas de fuerza, tanto las que se encontraban en curso como las previstas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en los yacimientos y servicios asociados.

Por su parte, las empresas deberán abstenerse de aplicar represalias laborales contra los trabajadores involucrados en el conflicto, asegurando las condiciones habituales de trabajo mientras se desarrolla la instancia de negociación.

Riesgo de sanciones y convocatoria

La normativa también advierte que el incumplimiento de la conciliación obligatoria podrá derivar en sanciones, conforme a lo establecido en la legislación vigente, lo que eleva la presión sobre ambas partes para acatar la disposición oficial.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la medida es preservar la paz social y evitar una mayor escalada en un sector clave, cuya paralización podría generar impactos tanto en la producción como en el abastecimiento energético.

En paralelo, la autoridad laboral confirmó que convocará a una audiencia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias, con el propósito de avanzar en una solución que permita encauzar el conflicto dentro de los plazos establecidos.

Vaca Muerta y 15 días para desactivar el paro petrolero

La secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, dispuso este martes dictar la conciliación obligatoria para suspender el paro de Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Según comunicó la cartera que conduce Sandra Pettovello, el objetivo es “promover una solución pacífica y garantizar la continuidad del servicio”. En ese sentido, “se dispuso el inicio de un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días”, detallaron.

La medida rige desde las 9 de este miércoles 30 de julio del 2025, “a fines de preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país, como es la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta”, precisa el comunicado publicado en los canales oficiales del Gobierno.

Por último, desde Capital Humano explicaron que “durante este período, deberán cesar toda medida de acción directa y asegurar la normal prestación de servicios”.

Las razones detrás del paro en Vaca Muerta

Tal como informó eolomedia, la reunión que mantuvieron el lunes la cúpula del gremio y los representantes de las distintas empresas que están vinculadas al shale en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Según denunció el gremio, la reunión duró menos de una hora y no hubo acuerdo, por lo que el paro quedó confirmado.

Las partes no lograron acercar posiciones y se espera que el Gobierno nacional dicte conciliación obligatoria para que no se vea perjudicada la producción. Es que el gremio denunció que el ajuste en las dotaciones por parte de las operadoras ya dejó fuera del sistema a más de 1.200 trabajadores, mientras otros 2.000 se encuentran suspendidos, sin tareas y percibiendo solo el salario básico.

La respuesta del sindicato no se hizo esperar. El 23 de julio confirmó un paro general afectando directamente la producción del shale. Ese mismo día también se realizó la denuncia formal por conflicto colectivo ya fue presentada ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. La medida de fuerza implicaba paralizar las actividades desde el miércoles 30 de julio a las 20 horas —coincidiendo con el cambio de turno— hasta el viernes 1 de agosto.