Santa Cruz: Nación dictó conciliación obligatoria al paro petrolero

El Gobierno nacional dispuso la conciliación obligatoria por un plazo de 15 días en el conflicto que enfrenta al Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz con las cámaras empresarias, luego de una serie de medidas de fuerza que comenzaban a impactar en la actividad hidrocarburífera.

La decisión fue adoptada por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Ley 14.786, con el objetivo de desactivar el conflicto y evitar una escalada que pudiera afectar la producción de petróleo y gas, un sector considerado estratégico para la economía nacional.

Según la resolución oficial, la medida comenzó a regir a partir de las 20 horas del 10 de abril de 2026 e involucra tanto al sindicato petrolero como a las empresas agrupadas en la CEPH y la CASEPE, que concentran gran parte de la actividad del sector.

Alcance de la medida

La disposición establece que durante el período de conciliación obligatoria las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto, lo que implica suspender cualquier acción que altere el normal funcionamiento de la actividad petrolera.

En ese sentido, se intimó al gremio a dejar sin efecto las medidas de fuerza, tanto las que se encontraban en curso como las previstas, con el fin de garantizar la continuidad de las operaciones en los yacimientos y servicios asociados.

Por su parte, las empresas deberán abstenerse de aplicar represalias laborales contra los trabajadores involucrados en el conflicto, asegurando las condiciones habituales de trabajo mientras se desarrolla la instancia de negociación.

Riesgo de sanciones y convocatoria

La normativa también advierte que el incumplimiento de la conciliación obligatoria podrá derivar en sanciones, conforme a lo establecido en la legislación vigente, lo que eleva la presión sobre ambas partes para acatar la disposición oficial.

Desde el Gobierno señalaron que el objetivo central de la medida es preservar la paz social y evitar una mayor escalada en un sector clave, cuya paralización podría generar impactos tanto en la producción como en el abastecimiento energético.

En paralelo, la autoridad laboral confirmó que convocará a una audiencia de negociación entre el gremio y las cámaras empresarias, con el propósito de avanzar en una solución que permita encauzar el conflicto dentro de los plazos establecidos.

Rucci: “Hay que llevar la capacitación petrolera a todas las localidades”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, participó este lunes de la inauguración del Instituto Vaca Muerta, una iniciativa conjunta de YPF, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén capital destinada a formar y capacitar trabajadores para la industria hidrocarburífera no convencional.

Rucci valoró el lanzamiento como un avance clave para la región y subrayó la importancia de que la formación llegue a la mayor cantidad posible de neuquinos y trabajadores de las provincias vecinas. “Tomo esto como un primer paso… Creo que hay un paso más que tiene que dar toda esta gente que estamos acá de poder trasladar esto a otras localidades”, expresó.

Y agregó: “Es muy difícil que se puedan trasladar hasta acá y costearse el traslado… Entonces, poder ir a otro lugar y darle la oportunidad a todos los neuquinos. Somos muy federales en ese sentido, queremos que todos tengan la oportunidad”. “En un segundo paso creo que nos tenemos que trasladar a otras zonas que la gente también está esperando esta oportunidad… Ser federales, ser equitativos, que todos tengan la oportunidad”.

En esa línea, vinculó el federalismo con la prioridad de generar empleo local: “Aporta mucho. Nosotros tenemos que formar a nuestra gente y darle la oportunidad por sobre todas las cosas, no solamente formarlo, sino que tengan la oportunidad de trabajo los regionales”. “Hoy vemos que viene mucha gente de afuera. Y nosotros tenemos en nuestra provincia y en las provincias de la región desocupación, así que qué bueno que formemos nuestra gente y que le demos la oportunidad de trabajar en una industria tan importante como es el petróleo”.

Celebró también el diálogo permanente con el gobernador: “Esto coincido y lo hemos charlado muchísimas veces con Horacio, de poder capacitar, de poder darle oportunidades a nuestra gente, de poder sostener en una tarea tan importante que es la de ser petrolero y de lo que significa hoy un activo tan importante como Vaca Muerta para el país”.

Rucci insistió en que la capacitación debe ser integral, con la seguridad como prioridad absoluta: “Hay que preparar a la gente para una actividad de riesgo, no solamente en lo práctico y técnico, sino en la seguridad… Es muy importante que la gente vaya, trabaje, pero también vuelva sana y salva a su casa”. “La industria es importante, pero la vida de la gente es mucho más importante”.

Destacó el esfuerzo conjunto de empresas, municipio y gobierno provincial, y reafirmó el compromiso del sindicato para sumar desde su lugar: “Poderlo hacer en conjunto, tener la humildad de hacer las cosas en conjunto” y “Acompañando y tratando también de sumar en lo que nosotros podamos ser útil”.

En paralelo, anunció avances propios del gremio en materia de formación con un enfoque regional: “Nosotros tenemos nuestro propio instituto… estimamos que antes de fin de año vamos a tener también resultados del trabajo que están haciendo con gente que va a salir también de nuestro centro de formación”.

Con estas palabras, Rucci resaltó que el Instituto Vaca Muerta representa un gran comienzo para fortalecer las capacidades locales, y que, con una mirada federal, se puede ampliar aún más el alcance para que todos los trabajadores de la región –en cada localidad– puedan acceder a estas oportunidades y ser protagonistas del crecimiento de Vaca Muerta.

“Lo que es de los trabajadores es de los trabajadores”

Luego de intensas negociaciones con las cámaras empresariales del sector, retomadas tras la implementación de una medida de fuerza, el Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), informó la normalización de la actividad luego de concretar un acuerdo de recomposición salarial para las y los trabajadores del sector.

El entendimiento alcanzado contempla el pago de una asignación mensual de 380.000 pesos de carácter no remunerativo a partir de febrero de 2026, junto con un bono extraordinario total de 500.000 pesos, que será abonado en dos cuotas de 250.000 pesos cada una, previstas para los meses de abril y junio.

La resolución del conflicto permitió descomprimir un escenario de tensión y aportar previsibilidad a la actividad, en un contexto atravesado por la salida de YPF y las dificultades que enfrenta la industria hidrocarburífera en la provincia. La negociación se desarrolló con múltiples actores involucrados y requirió un proceso de diálogo sostenido que permitió alcanzar un entendimiento.

En este sentido, Rafael Güenchenen, titular de SIPGER, señaló que “Santa Cruz atraviesa una de las etapas más difíciles de la historia de su industria hidrocarburífera. En un contexto en el que el Gobierno nacional frena aumentos u homologaciones, desde el gremio seguimos peleando para que el trabajador no pierda poder adquisitivo”.

En relación con la reactivación de la actividad, el dirigente gremial sostuvo que “acompañamos a las empresas que apuestan a invertir y volver a poner en marcha los yacimientos, siempre que se cuide el salario y el trabajo. El ordenamiento del sector tiene que servir para sostener el empleo y dar previsibilidad, sin que el ajuste recaiga sobre los trabajadores”.

Y dejó una definición clara “lo que es de los trabajadores es de los trabajadores. Se lo ganan de buena ley y se respeta”.

En relación con el escenario laboral, Güenchenen puso el acento en la unidad de los trabajadores y en el rol del sindicato para acompañar cada situación. Señaló que “en los momentos difíciles los trabajadores nos cuidamos entre nosotros” y reafirmó que “la dignidad está en poder salir a trabajar todos los días”, remarcando la presencia del gremio en los yacimientos y el fortalecimiento de la representación sindical.

Crisis en el Golfo San Jorge: gremios advierten sobre empleos en riesgo y reclaman respuestas

La Cuenca del Golfo San Jorge atraviesa un momento de tensión creciente. Dirigentes sindicales de los gremios petroleros, camioneros y la construcción denunciaron una fuerte caída de inversiones. El temor principal es el riesgo sobre miles de empleos directos e indirectos que dependen de la actividad.

En paralelo, trabajadores despedidos de empresas de servicios anunciaron una movilización hacia la sede del sindicato petrolero. El reclamo apunta al incumplimiento en el pago de compensaciones acordadas, especialmente el 120% correspondiente a quienes se acogieron a planes de retiro. El malestar se suma a una serie de críticas hacia la dirigencia gremial por su rol en la crisis.

El encuentro sindical se realizó en la sede de la UOCRA, donde confluyeron Jorge Ávila, José Llugdar, Jorge Taboada y Raúl Silva. Allí se evaluó la situación de los yacimientos vendidos por YPF en el último año y se alertó sobre la falta de inversiones en otras áreas clave. Según los gremios, la reestructuración ya impacta de manera directa en contratistas y trabajadores.

La falta de inversión en el Golfo San Jorge

En un comunicado conjunto, los dirigentes aseguraron que la caída de inversiones durante 2024 y 2025 derivó en reestructuración de servicios y reducción de personal en cada yacimiento de la región. A pesar de los incentivos fiscales, como la reducción de regalías, la producción se encuentra en mínimos históricos y no se vislumbran señales de recuperación.

El documento incluyó un relevamiento sobre las principales operadoras. En el caso de Crown Point se espera cuál será el rol de la operadora en la región. Mientras YPF aplicó retiros voluntarios en Manantiales Behr sin aclarar el destino final del yacimiento, lo que genera incertidumbre sobre el futuro laboral de cientos de trabajadores.

Otras operadoras también fueron cuestionadas. En algunos casos, se denunciaron equipos paralizados durante más de 60 días, retrasos en traspasos de contratos y de personal, así como deudas con contratistas que ponen en riesgo el pago de salarios. A esto se suman reducciones de inversión de Capsa en áreas como Diadema Argentina, Bella Vista Oeste y Pampa del Castillo, claves para el empleo local.

Reclamos cruzados y promesas incumplidas

Los gremios reconocieron que en el último año aceptaron “sacrificios” para sostener la producción, preservar empleos y atraer inversiones que, según denunciaron, nunca se concretaron. Aseguraron que del otro lado solo recibieron “recortes y promesas vacías”, lo que agrava la situación de una cuenca que ya enfrenta el declino natural de sus yacimientos maduros.

La tensión también se refleja en la relación con los trabajadores despedidos. Estos sostienen que el sindicato no los acompañó en su reclamo por los pagos adeudados. Por eso, anunciaron una movilización hacia el barrio Kilómetro 5 para exigir respuestas. “No podemos seguir sosteniendo la paz social en soledad”, remarcaron los gremios en el comunicado.

El malestar se extiende a otros sectores vinculados a la cadena de valor. Camioneros denuncian que gran parte del personal se encuentra en stand by, sin certezas de continuidad, mientras que la UOCRA espera la reactivación de obras paralizadas en distintos yacimientos. La sensación general es que la actividad petrolera se encuentra en una situación de parálisis preocupante.

Convocatoria al Gobernador

Asimismo, los gremios adelantaron que convocarán al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para presentarle el informe elaborado por cada sector. El objetivo es exigir explicaciones sobre los planes de inversión de las operadoras, tanto para lo que resta del año como para 2026. También pidieron un encuentro con el ministro de Hidrocarburos para conocer detalles de las negociaciones en curso.

El reclamo incluye la exigencia de que las compañías cumplan con las actas firmadas en mayo y junio de este año, que establecían compromisos de reconversión productiva y garantías de empleo. Los sindicatos advierten que el incumplimiento de esos acuerdos podría derivar en un conflicto social de magnitud en la región.