Rucci: “Hay que llevar la capacitación petrolera a todas las localidades”

El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Marcelo Rucci, participó este lunes de la inauguración del Instituto Vaca Muerta, una iniciativa conjunta de YPF, el Gobierno de la Provincia del Neuquén y la Municipalidad de Neuquén capital destinada a formar y capacitar trabajadores para la industria hidrocarburífera no convencional.

Rucci valoró el lanzamiento como un avance clave para la región y subrayó la importancia de que la formación llegue a la mayor cantidad posible de neuquinos y trabajadores de las provincias vecinas. “Tomo esto como un primer paso… Creo que hay un paso más que tiene que dar toda esta gente que estamos acá de poder trasladar esto a otras localidades”, expresó.

Y agregó: “Es muy difícil que se puedan trasladar hasta acá y costearse el traslado… Entonces, poder ir a otro lugar y darle la oportunidad a todos los neuquinos. Somos muy federales en ese sentido, queremos que todos tengan la oportunidad”. “En un segundo paso creo que nos tenemos que trasladar a otras zonas que la gente también está esperando esta oportunidad… Ser federales, ser equitativos, que todos tengan la oportunidad”.

En esa línea, vinculó el federalismo con la prioridad de generar empleo local: “Aporta mucho. Nosotros tenemos que formar a nuestra gente y darle la oportunidad por sobre todas las cosas, no solamente formarlo, sino que tengan la oportunidad de trabajo los regionales”. “Hoy vemos que viene mucha gente de afuera. Y nosotros tenemos en nuestra provincia y en las provincias de la región desocupación, así que qué bueno que formemos nuestra gente y que le demos la oportunidad de trabajar en una industria tan importante como es el petróleo”.

Celebró también el diálogo permanente con el gobernador: “Esto coincido y lo hemos charlado muchísimas veces con Horacio, de poder capacitar, de poder darle oportunidades a nuestra gente, de poder sostener en una tarea tan importante que es la de ser petrolero y de lo que significa hoy un activo tan importante como Vaca Muerta para el país”.

Rucci insistió en que la capacitación debe ser integral, con la seguridad como prioridad absoluta: “Hay que preparar a la gente para una actividad de riesgo, no solamente en lo práctico y técnico, sino en la seguridad… Es muy importante que la gente vaya, trabaje, pero también vuelva sana y salva a su casa”. “La industria es importante, pero la vida de la gente es mucho más importante”.

Destacó el esfuerzo conjunto de empresas, municipio y gobierno provincial, y reafirmó el compromiso del sindicato para sumar desde su lugar: “Poderlo hacer en conjunto, tener la humildad de hacer las cosas en conjunto” y “Acompañando y tratando también de sumar en lo que nosotros podamos ser útil”.

En paralelo, anunció avances propios del gremio en materia de formación con un enfoque regional: “Nosotros tenemos nuestro propio instituto… estimamos que antes de fin de año vamos a tener también resultados del trabajo que están haciendo con gente que va a salir también de nuestro centro de formación”.

Con estas palabras, Rucci resaltó que el Instituto Vaca Muerta representa un gran comienzo para fortalecer las capacidades locales, y que, con una mirada federal, se puede ampliar aún más el alcance para que todos los trabajadores de la región –en cada localidad– puedan acceder a estas oportunidades y ser protagonistas del crecimiento de Vaca Muerta.

Ley de Glaciares: aval del Senado y fuerte debate por el impacto en la minería

El Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 41 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La senadora neuquina Julieta Corroza fue la única en no definirse, reflejando un escenario político dividido.

El resultado evidenció un respaldo transversal que incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y parte del interbloque kirchnerista. Entre los apoyos se destacaron Lucía Corpacci y Sergio Uñac. Tras la votación, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La sesión marcó un punto de inflexión en el debate entre protección ambiental y desarrollo productivo. Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa busca fortalecer el cuidado de los recursos hídricos sin frenar inversiones. En cambio, sectores críticos advirtieron sobre posibles vacíos normativos y riesgos de fragmentación en la aplicación de criterios ambientales.

El Gobierno Nacional defendió la reforma como una herramienta para ordenar el marco legal vigente y reducir la conflictividad judicial. Según sus impulsores, la actualización permitirá brindar previsibilidad a proyectos productivos, especialmente en minería, sin resignar estándares ambientales. Sin embargo, organizaciones y legisladores opositores manifestaron preocupación por el impacto futuro.

Reforma a la Ley de Glaciares: qué cambia y por qué genera polémica

Argumentos a favor: federalismo, eficiencia y desarrollo

Durante el debate, senadores oficialistas y aliados sostuvieron que la reforma fortalece el federalismo ambiental. El fueguino Agustín Coto afirmó que la norma preserva las reservas hídricas permanentes y armoniza la legislación con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, sin eliminar protecciones existentes.

Coto explicó que el nuevo texto incorpora áreas al inventario del IANIGLA sin modificar su estatus jurídico. En ese sentido, sostuvo que el sistema mantiene su carácter preventivo y evita interpretaciones discrecionales. “Todo sigue protegido”, resumió, al defender el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

Desde San Juan, Bruno Olivera Lucero destacó que la Nación fija presupuestos mínimos que no anulan las autonomías provinciales. Rechazó la idea de una confrontación entre agua y minería y cuestionó los criterios actuales del inventario, basados principalmente en imágenes satelitales.

Olivera Lucero consideró que el enfoque vigente paraliza proyectos por presunciones técnicas. Además, planteó que Argentina es uno de los pocos países que categoriza jurídicamente el ambiente periglacial, lo que genera restricciones singulares. Según su visión, una revisión metodológica permitirá mayor precisión sin debilitar controles.

La senadora salteña Flavia Royón respaldó la reforma con datos sobre el uso del agua. Señaló que en San Juan el 94% se destina al agro, el 4% al consumo humano y apenas el 1,2% a la industria, incluida la minería, lo que relativiza su impacto hídrico.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich sostuvo que el país necesita compatibilizar crecimiento y ambiente. Cuestionó la dicotomía entre empleo y preservación y afirmó que el desarrollo responsable es una condición indispensable para reducir la pobreza estructural.

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Críticas, advertencias y reacción del sector minero

Desde la oposición, surgieron cuestionamientos sobre la descentralización de criterios técnicos. El pampeano Pablo Bensusán alertó que la reforma puede generar hasta doce interpretaciones diferentes. Calificó el proyecto como anticientífico e irresponsable, y advirtió sobre el debilitamiento del sistema nacional de protección.

El bonaerense Maximiliano Abad afirmó que la iniciativa no soluciona los problemas existentes y abre nuevos conflictos. Señaló que permitir a las provincias modificar inventarios invierte la jerarquía normativa y anticipó una posible ola de judicializaciones.

Abad sostuvo que la inseguridad jurídica puede desalentar inversiones. Según explicó, un marco fragmentado transmite incertidumbre a empresas interesadas en proyectos de largo plazo. En ese contexto, consideró que la norma podría generar efectos contrarios a los buscados por el Gobierno.

Desde el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti remarcó el carácter irreversible del daño ambiental. Advirtió que la explotación de glaciares implica pérdidas irreparables y denunció que la reforma genera incertidumbre donde antes existía previsibilidad normativa.

En paralelo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras celebró la aprobación. En un comunicado, destacó que la reforma fortalece la protección hídrica y habilita un desarrollo responsable, promoviendo inversiones y empleo de calidad bajo estándares ambientales exigentes.

La entidad resaltó el rol de las provincias como administradoras de recursos naturales y valoró el consenso político alcanzado. Además, sostuvo que la actualización permitirá identificar con mayor precisión áreas protegidas y zonas aptas para actividades productivas, reduciendo conflictos legales y demoras en proyectos.

La reforma transfiere facultades a los distritos para identificar glaciares con función hídrica, basándose en criterios técnico-científicos. Defensores aseguran que no existen vicios constitucionales y recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El futuro del proyecto dependerá ahora del debate en Diputados.

Reforma a la Ley de Glaciares: el Ejecutivo apunta a reglas claras y desarrollo productivo

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639), con el objetivo de corregir lo que considera deficiencias estructurales de la norma vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación y busca reducir la incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, frena proyectos productivos en distintas provincias.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que la legislación actual genera superposición de competencias, discrecionalidad en su aplicación y conflictos con las jurisdicciones provinciales, que por mandato constitucional son dueñas de los recursos naturales. En ese sentido, el proyecto apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Según el comunicado oficial, la reforma establece criterios más precisos para identificar qué glaciares deben ser protegidos por cumplir una función hídrica efectiva. Además, refuerza estándares ambientales ya vigentes y elimina interpretaciones amplias que, a juicio del Gobierno, bloquearon inversiones bajo fundamentos ideológicos.

Más rol para las provincias y evaluación técnica

El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige preservar el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

En esa línea, la propuesta fortalece el rol de los gobiernos provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. También promueve la integración de capacidades técnicas y científicas locales, y una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y confiable al momento de tomar decisiones.

Desde el Ejecutivo destacan que el proyecto se inscribe en un esquema de “federalismo ambiental responsable”, que busca reglas claras y previsibles para todos los actores. La iniciativa responde, además, a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a reclamos históricos de provincias mineras y productoras de recursos estratégicos.

Entre ellas se encuentran Catamarca, Jujuy y Salta, que integran la Mesa del Litio, y Mendoza y San Juan, vinculadas al desarrollo cuprífero. El Gobierno solicitó al Congreso un tratamiento rápido del proyecto durante las sesiones extraordinarias.

El respaldo del sector minero

La propuesta fue bien recibida por el sector minero, que considera clave una actualización normativa para destrabar inversiones. Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, sostuvo que la definición sobre la Ley de Glaciares será determinante para el futuro de los proyectos anunciados.

“Lo que está en discusión hoy es cómo se define la Ley de Glaciares. Eso va a determinar si los anuncios de inversión se convierten en proyectos concretos o quedan solo en anuncios”, afirmó en diálogo con +E.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado en el que remarcó que existe consenso en proteger los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el artículo 1° de la ley vigente.

Sin embargo, la entidad planteó la necesidad de aclarar que no todos los glaciares cumplen esa función, y que las definiciones deben realizarse caso por caso, con sustento técnico y participación de especialistas. También reclamó una delimitación precisa del rol de las provincias, en línea con lo establecido por la Constitución.

Desde CAEM subrayaron que una redacción clara y previsible permitiría compatibilizar el desarrollo productivo y la infraestructura con el cuidado ambiental, al tiempo que generaría empleo y contribuiría al crecimiento económico del país.