Zona Fría: crece el temor por facturas de gas de hasta $200.000 en la Patagonia

La Cámara de Diputados aprobó la reforma al régimen de Zona Fría y el proyecto abrió un nuevo debate sobre el futuro de las tarifas de gas en la Patagonia. La iniciativa modifica el sistema de subsidios vigente y redefine la forma en que se aplicarán las bonificaciones para usuarios residenciales en las regiones de bajas temperaturas.

El texto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones. Ahora deberá ser tratado por el Senado. Aunque las provincias patagónicas continuarán dentro de la denominada “zona fría histórica”, la reforma introduce cambios en la estructura de cálculo de los beneficios tarifarios.

Uno de los puntos centrales es que el subsidio dejará de aplicarse sobre el total de la factura y pasará a calcularse únicamente sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). De esta manera, quedarán excluidos componentes vinculados al transporte, la distribución y los impuestos.

El Gobierno estableció los nuevos diseños los subsidios.

Las estimaciones sobre las nuevas facturas

Según proyecciones difundidas por legisladores patagónicos, el impacto promedio sobre las facturas podría ubicarse entre el 40% y el 60% para gran parte de los usuarios residenciales de la región. En determinados casos, especialmente en hogares que pierdan completamente el beneficio, los incrementos podrían ser mayores.

En Neuquén, por ejemplo, las estimaciones indican que facturas que actualmente rondan entre 60.000 y 70.000 pesos podrían pasar a valores cercanos a 115.000 o 130.000 pesos. En La Pampa, los cálculos difundidos muestran un impacto similar sobre el gasto mensual de los hogares.

En Tierra del Fuego, legisladores provinciales señalaron que los usuarios pasarían de pagar aproximadamente el 50% de la factura a cubrir cerca del 80% del valor total. También advirtieron sobre un posible efecto indirecto en las tarifas eléctricas, ya que buena parte de la generación provincial depende del consumo de gas.

Las tarifas vuelven al centro de la escena.

Las provincias con mayores tarifas energéticas

Las cifras del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet muestran que la Patagonia ya concentra algunas de las tarifas energéticas más elevadas del país, tanto en usuarios con subsidios como en aquellos que pagan tarifa plena.

Entre los usuarios sin subsidio, las facturas promedio de gas más altas registradas en mayo correspondieron a Tierra del Fuego, con 209.502 pesos; Santa Cruz, con 200.941 pesos; Chubut Sur, con 128.359 pesos; y Neuquén, con 104.503 pesos.

Entre los usuarios que todavía reciben asistencia estatal, el ranking también estuvo encabezado por provincias patagónicas. Tierra del Fuego registró boletas promedio de 127.893 pesos, seguida por Santa Cruz, con 123.423 pesos; Chubut Sur, con 82.665 pesos; y Neuquén, con 82.564 pesos.

Los cambios en el esquema de subsidios

La reforma reemplaza el artículo 3 de la Ley 27.637 y establece que los beneficios tarifarios serán determinados por el Gobierno nacional o por la autoridad de aplicación. De esta manera, el porcentaje de descuento dejará de estar fijado directamente por ley.

El nuevo esquema también incorpora un sistema de segmentación y topes de consumo subsidiado. El Estado nacional definirá bloques máximos mensuales y el excedente deberá abonarse a tarifa plena. Ese punto es seguido de cerca por provincias donde las bajas temperaturas obligan a sostener altos niveles de calefacción durante varios meses al año.

En Chubut, las estimaciones indican que la bonificación efectiva sobre la factura total podría reducirse al 25%, debido a que el subsidio ya no abarcaría costos de transporte y distribución. En Río Negro, legisladores recordaron que la provincia representa el 6% del consumo nacional de gas pese a concentrar solo el 1,6% de la población.

Tras la aprobación en Diputados, el debate se trasladará ahora al Senado, donde las provincias patagónicas buscarán introducir modificaciones al proyecto. Gobernadores y legisladores provinciales ya comenzaron a analizar el alcance de los cambios y el posible impacto sobre usuarios residenciales, comercios y pequeñas empresas.

Paolo Rocca deja de ser CEO de Tenaris en medio de tensiones con el Gobierno

Después de más de dos décadas al frente de la gestión operativa de Tenaris, Paolo Rocca dejará de ser CEO de la compañía líder en tubos de acero sin costura. Sin embargo, el empresario mantendrá su rol como presidente del Grupo Techint y continuará encabezando el directorio de la firma industrial más relevante de la Argentina.

La decisión comenzó a tomar forma hace aproximadamente tres años y responde a un proceso interno de reorganización y sucesión ejecutiva. Desde la compañía remarcaron que el cambio forma parte de una estrategia diseñada para garantizar continuidad en el liderazgo y preservar la expansión internacional del grupo.

El nuevo responsable de la conducción diaria será Gabriel Podskubka, actual Director de Operaciones de la empresa. La designación, según explicó la compañía en un comunicado oficial, representa la culminación de una planificación de largo plazo orientada a consolidar una transición ordenada dentro de la estructura corporativa.

Un ejecutivo formado dentro de la compañía

El desembarco de Gabriel Podskubka en la máxima posición ejecutiva no sorprende dentro del mercado energético e industrial. El directivo ingresó a Tenaris en 1995 y construyó una carrera internacional con responsabilidades en Estados Unidos, Italia, Rumania y Emiratos Árabes Unidos.

El futuro CEO es ingeniero industrial egresado del ITBA y posee un MBA de Harvard Business School. En la compañía destacan su perfil técnico y su experiencia operativa, atributos que serán determinantes en una empresa que tiene presencia en 17 países y abastece a gran parte de la industria petrolera mundial.

La transición ocurre además en un contexto político complejo para el sector industrial argentino. En los últimos meses, Paolo Rocca quedó en el centro de fuertes cuestionamientos públicos por parte del presidente Javier Milei, especialmente tras una licitación vinculada a la provisión de caños para la industria energética.

Tensiones políticas y desafíos industriales

Durante una exposición pública, Milei llegó a referirse al empresario como “Don Chatarrín de los tubos caros”, en medio de críticas por los costos de producción de la industria nacional. El episodio profundizó la tensión entre el Gobierno y uno de los grupos industriales más importantes del país.

En febrero, Rocca había defendido la estrategia de la compañía tras perder una licitación frente a una empresa india. “Lo hicimos solo para preservar la operación industrial a largo plazo, aunque no resulte rentable para este negocio en particular”, explicó el empresario al justificar la postura de la firma.

Pese al cambio en la conducción ejecutiva, Tenaris mantiene un peso decisivo en el mercado global de energía. La compañía reportó durante 2025 ventas por 12.000 millones de dólares y cuenta con alrededor de 25.000 empleados distribuidos en distintos continentes.

¿Privatizar o no? Qué dijo Horacio Marín sobre el futuro de YPF

El debate sobre la posible privatización de YPF reapareció durante la presentación de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei. En su versión inicial, la empresa figuraba entre las compañías sujetas a privatización, aunque luego fue retirada del proyecto ante la falta de apoyos legislativos. En ese contexto, Horacio Marín fue consultado sobre su posición personal.

El presidente y CEO de YPF contó que la misma pregunta surgió internamente cuando asumió la conducción. Pero aclaró que su rol no es intervenir en decisiones que corresponden a la política. Según explicó, su prioridad es exclusivamente la generación de valor para la compañía y sus accionistas.

En diálogo con radio Splendid, Marín recordó que las modificaciones estructurales de YPF requieren un amplio consenso institucional y que los empleados no son quienes deben involucrarse en ese tipo de definiciones.

Horacio Marín: “no soy quien decide su futuro”

Durante la entrevista, el ejecutivo relató cómo respondió cuando sus propios equipos le preguntaron por la eventual privatización. “¿A vos te parece que yo puedo opinar si tu amigo tiene que vender o comprar acciones? No. Yo soy un empleado de YPF y mi trabajo es generar valor para YPF”, afirmó.

El CEO remarcó que cualquier discusión sobre privatizar o no la compañía es una decisión que corresponde al Ejecutivo y al Congreso. Recordó que, por ley, un cambio de ese tipo exige más de dos tercios de aprobación en ambas cámaras, lo que lo convierte en un debate estrictamente político.

“Es una discusión del Estado, no de los empleados”

Marín insistió en que no le corresponde influir sobre decisiones de propiedad estatal. “Si el presidente Milei piensa que hay que privatizar, está en todo su derecho porque es el accionista. Es una discusión del Estado, no de los empleados de YPF. Todos los días tengo que venir a generar valor para YPF. Ese es mi trabajo”, aseguró.

Paolo Rocca habló de la volatilidad global y defendió la oportunidad energética de Argentina

En medio de su disputa pública con Javier Milei, quien lo tildó de “empresario prebendario”, el CEO de Techint, Paolo Rocca, participó este lunes en un panel de la CERAWeek, la conferencia energética más influyente del mundo, donde analizó la volatilidad global y las oportunidades a largo plazo para la Argentina. Durante su intervención evitó referirse al cruce con el Presidente, y se enfocó en la estrategia corporativa ante un escenario internacional marcado por tensiones crecientes.

Rocca señaló que la compañía busca identificar sectores con una perspectiva sólida de inversión, incluso en entornos fragmentados. “La fragmentación y los conflictos pueden volverse parte intrínseca del sistema; aun así, a largo plazo veo oportunidades claras, especialmente en la producción de petróleo y la energía en Argentina, y es allí donde estamos concentrando nuestra atención e invirtiendo”, afirmó el ejecutivo, frente a una sala colmada de referentes de la industria.

La exposición tuvo lugar en el panel “Estrategia energética global: convergencia y competencia”, donde compartió escenario con el presidente de Google Cloud, Matt Renner, y el director ejecutivo adjunto de Repsol, Luis Cabra. La moderación estuvo a cargo del vicepresidente senior de S&P Global Energy, Atul Arya.

La visión de Paolo Rocca

El ejecutivo profundizó en el impacto de la fragmentación global sobre la industria de servicios y, en particular, en cómo afecta los precios y la disponibilidad de energía. Mencionó la disparidad entre el precio del gas en Europa, en comparación con Estados Unidos, Argentina u otros mercados, lo que obliga a las empresas a ampliar su capacidad operativa para sostener cadenas de suministro robustas. “A veces es necesario duplicar inversiones en distintos escenarios geográficos para garantizar nuestra capacidad de prestación”, indicó.

El CEO subrayó que la volatilidad se ha convertido en el rasgo dominante del mercado energético, lo que obliga a replantear estrategias de abastecimiento. “La fragmentación de las rutas comerciales y otros eventos disruptivos exigen un sistema capaz de responder en todos los eslabones de la cadena”, sostuvo.

Durante la primera parte de su exposición, Rocca analizó el primer año del segundo mandato de Donald Trump y sus impactos globales. Señaló que las políticas arancelarias y el giro en la estrategia de descarbonización introdujeron un nivel de incertidumbre que afecta a todo el ecosistema energético. “Esto ha debilitado a varias organizaciones globales y ha modificado por completo las reglas del juego”, remarcó.

Competitividad industrial

Rocca también se refirió a la relación entre Canadá, México y Estados Unidos, un triángulo clave para la competitividad industrial del continente. Describió un escenario de negociaciones tensas, condicionado por los cambios arancelarios impulsados por la administración estadounidense. “Todo esto deriva en mayor volatilidad e incertidumbre”, advirtió, sumando además la escalada en el conflicto en Medio Oriente.

En el cierre del panel, el titular de Techint planteó la necesidad de redefinir cómo se mide la competitividad industrial en un contexto energético globalizado. Explicó que, para una compañía con operaciones que abarcan desde el mineral de hierro hasta servicios para la industria del petróleo y el gas, cualquier falla en un eslabón compromete el resultado final. “Por eso abordamos la estrategia desde una visión integrada”, precisó.

Al referirse específicamente a las cadenas de suministro, Rocca describió los desafíos derivados de la ruptura de relaciones comerciales y la dificultad para acceder a equipos fabricados en China o a materiales críticos. “La volatilidad actual nos obliga a diseñar alternativas y nuevos caminos para garantizar la provisión de servicios. Nuestra estrategia se adapta a esta realidad”, concluyó.

El CEO de Chevron ponderó que Milei mejoró el clima de inversión en Vaca Muerta

El CEO global de Chevron, Mike Wirth, utilizó el escenario de CERAWeek, el evento energético más relevante a nivel mundial, para expresar su respaldo al rumbo económico de Argentina y al potencial de Vaca Muerta.

Durante una conversación con Daniel Yergin, vicepresidente de S&P Global, el ejecutivo destacó la calidad de los recursos no convencionales del país, pero señaló que históricamente el principal obstáculo no fue la geología sino el entorno de inversión.

“La geología es excelente. El problema de Argentina siempre estuvo en la superficie”, afirmó Wirth, al referirse a factores como las restricciones a las importaciones, las limitaciones para exportar petróleo y las rigideces laborales, que durante años frenaron el desarrollo de Vaca Muerta.

Un cambio de escenario para Vaca Muerta

El CEO de Chevron marcó un punto de inflexión con la actual gestión de Javier Milei, al asegurar que esos obstáculos comienzan a ser abordados. “Con el presidente Milei vemos que estas barreras se están tratando de manera sistemática y hay avances concretos”, sostuvo.

En la misma línea, Daniel Yergin coincidió en que el atractivo de Vaca Muerta para la inversión extranjera empieza a mejorar, en un contexto de mayor previsibilidad.

“Estamos muy conformes con la geología y esperamos que, con estas mejoras, la producción en Argentina continúe creciendo”, agregó Wirth.

Sinergia tecnológica con el Permian

Más allá del análisis macroeconómico, Chevron avanza en la optimización de sus operaciones en el segmento upstream. La compañía reorganizó sus activos de shale bajo una estructura global unificada, lo que permite transferir tecnología, conocimiento y equipos entre distintas cuencas.

En ese marco, la empresa comenzó a aplicar químicos avanzados y técnicas de recuperación mejorada que ya fueron probadas en el Permian de Estados Unidos, uno de los desarrollos más productivos del mundo.

Estas innovaciones ya se implementan en áreas clave de Vaca Muerta, como Loma Campana, el principal desarrollo que Chevron lleva adelante junto a YPF, con el objetivo de reducir costos y mejorar la productividad.

Expectativas de inversión en Neuquén

En paralelo, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó tras su participación en el evento Argentina Week en Nueva York que Chevron comprometió inversiones para la provincia.

Chevron nunca había garantizado inversiones en ningún lugar del mundo y lo hizo en Neuquén”, aseguró el mandatario, subrayando la importancia del contexto actual para atraer capitales a Vaca Muerta.

Chubut: los gremios meten presión por la minería

La profunda crisis que atraviesa la industria petrolera en Chubut volvió a poner en agenda el debate sobre la minería como alternativa productiva. En los últimos dos años, la baja en la actividad dejó miles de trabajadores sin empleo, migración de empresas y cierre de históricas pymes.

En ese contexto, distintas organizaciones sindicales comenzaron a manifestar públicamente la necesidad de habilitar la actividad minera en Chubut. Consideran que el desarrollo de nuevos proyectos permitiría amortiguar el impacto social provocado por la caída del petróleo.

El reclamo se fortaleció tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en la apertura de sesiones del Congreso de la Nación afirmó que “la minería se desplegará por toda la Cordillera generando cientos de miles de puestos de trabajo”.

Las palabras del mandatario fueron interpretadas por los gremios como una señal política favorable a la expansión del sector. Para los dirigentes sindicales, ese respaldo nacional debe traducirse ahora en decisiones concretas a nivel provincial.

Este lunes, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut y el Sindicato de Camioneros se movilizarán hacia Rawson. El objetivo es exigirle al gobernador Ignacio Torres que habilite el debate sobre la actividad minera.

Alerta permanente en Chubut

Días atrás, el Sindicato de Petroleros realizó un plenario de comisión directiva y cuerpo de delegados para analizar la situación laboral en la provincia.

Durante el encuentro, los dirigentes destacaron la caída de la recaudación provincial producto del retroceso en la producción y exportación de crudo. Según plantearon, esta situación obliga a buscar nuevas fuentes de actividad económica.

En ese marco, se resaltaron gestiones vinculadas a la reducción de impuestos a la exportación de petróleo, que generarían ingresos por más de 220 millones de dólares. Para el gremio, esos fondos deberían destinarse a promover empleo y desarrollo productivo.

Los dirigentes también remarcaron la necesidad de avanzar en un estatuto minero que permita regular la actividad. Consideran que, ante el agotamiento de los yacimientos maduros, la extracción de minerales aparece como una alternativa viable.

La minería exige acuerdos para evitar conflictos entre las provincias.

La postura de los camioneros y el reclamo provincial

El secretario general de Camioneros, Jorge Taboada, reforzó el reclamo al advertir sobre la crisis económica regional. “De la actividad petrolera quedó poco y nada”, sostuvo, y anticipó que no habrá una recuperación inmediata.

Según el dirigente, la provincia enfrenta un escenario complejo, con sectores tradicionales en retroceso. También cuestionó la derogación de la ley minera durante la gestión de Mariano Arcioni, a quien responsabilizó por frenar alternativas laborales.

Taboada afirmó que la minería es una “necesidad” para generar empleo formal bajo convenios colectivos. Si bien destacó el potencial del turismo, advirtió que no alcanza para absorber la demanda laboral existente.

La movilización del lunes tendrá como eje central la habilitación de la actividad minera y la reapertura del debate político. Los gremios buscan que el Gobierno provincial asuma un rol activo en la reconversión productiva.

El upstream de Neuquén ingresa al RIGI

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, informó sobre la incorporación de las inversiones vinculadas al upstream de gas y petróleo al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el marco de gestiones realizadas ante el Ministerio de Economía de la Nación, a cargo de Luis Caputo.

La medida habilita a los proyectos hidrocarburíferos a acceder a los beneficios previstos en el régimen, que incluye incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios. El objetivo central es mejorar las condiciones de inversión para iniciativas de gran escala en el sector energético.

Según indicó el mandatario provincial, el acuerdo contó con el aval del presidente Javier Milei y permitirá avanzar en un esquema con mayor previsibilidad normativa. Desde el gobierno neuquino señalaron que el marco busca favorecer el desarrollo de nuevos proyectos productivos.

El RIGI establece reglas específicas para inversiones superiores a determinados montos, con beneficios en materia de impuesto a las ganancias, IVA y acceso al mercado de cambios. Estas condiciones apuntan a reducir los costos operativos y financieros de las empresas involucradas.

Antecedentes y alcance del régimen

La inclusión del upstream en el RIGI es el resultado de gestiones iniciadas meses atrás por el Ejecutivo provincial. En diciembre del año pasado, Figueroa había formalizado el pedido ante el Ministerio de Economía, con foco en proyectos destinados a incrementar la producción de gas y petróleo.

Desde una perspectiva técnica, el régimen busca generar un entorno más estable para inversiones de largo plazo, en un contexto marcado por la volatilidad macroeconómica. La previsibilidad tributaria y regulatoria es uno de los ejes centrales del esquema.

El gobernador también señaló la necesidad de avanzar en la monetización de los recursos hidrocarburíferos, con el objetivo de fortalecer distintas actividades económicas. En este sentido, remarcó la importancia de atraer capitales destinados a infraestructura, producción y servicios asociados.

Asimismo, la medida apunta a contribuir al saldo de la balanza energética, incrementar la recaudación fiscal y fortalecer los vínculos comerciales con países de la región, como Chile, Brasil y Uruguay.

Las proyecciones en Neuquén

Figueroa destacó que el desarrollo del petróleo y el gas natural, en especial el no convencional, tiene un peso significativo en la economía nacional, por su aporte en generación de divisas, empleo y actividad industrial asociada.

En declaraciones ante la prensa, explicó que la incorporación del upstream al RIGI permitirá reducir la carga impositiva efectiva de las empresas y mejorar las condiciones de rentabilidad de los proyectos. Según sostuvo, esto podría derivar en un aumento de la actividad económica vinculada al sector.

El mandatario también mencionó que existe una ventana temporal limitada para el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos, estimada en alrededor de 30 años. En ese marco, consideró necesario acelerar las decisiones de inversión.

Desde el punto de vista estratégico, la inclusión en el régimen se presenta como una herramienta para facilitar el desarrollo de proyectos de gran escala en Neuquén, en un contexto de competencia regional e internacional por capitales destinados a la energía.

Reforma Laboral y petróleo: las alertas del sindicalismo sobre el impacto en los trabajadores

La Reforma Laboral es uno de los proyectos centrales impulsados por el Gobierno de Javier Milei y una de las promesas incluidas en la hoja de ruta presentada ante el Fondo Monetario Internacional. La iniciativa propone cambios estructurales en jornadas, vacaciones, derecho a huelga y salarios.

En ese contexto, Jorge Ávila, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, cuestionó con dureza el contenido del proyecto. “Creo que no hay ningún punto favorable a los trabajadores”, afirmó y advirtió que la reforma está orientada a beneficiar al sector empresarial sin ofrecer compensaciones reales para quienes sostienen la actividad.

El dirigente sostuvo que la industria petrolera ya cuenta con convenios colectivos actualizados. “Nosotros hemos actualizado el convenio, los diagramas de trabajo, la posibilidad de establecer campamentos y varias cosas más”, explicó, y remarcó que esos cambios fueron acordados con las empresas para mejorar las condiciones laborales sin poner en riesgo la seguridad.

En diálogo con La Voz del Sindicato, Ávila cuestionó la idea de modificar ese esquema. “No queremos cambiar por cambiar”, expresó, y agregó que cualquier reforma debe generar “un valor extra para el trabajador”, no solo para la empresa.

El titular del gremio también se preguntó cuál es la posibilidad real de recuperar trabajadores en un escenario sin grandes inversiones. Es que para Ávila, flexibilizar derechos no genera empleo si no existe demanda productiva. “No hay una gran inversión para hacer grandes proyectos de trabajo”, apuntó.

 

Vacaciones, jornada y organización del trabajo

Uno de los puntos más cuestionados por Ávila es el régimen de vacaciones. El dirigente gremial explicó que el trabajador hoy tiene entre 21, 28 y 35 días de descanso según la antigüedad, y que muchas veces se dividen en dos fracciones para no perder ingresos. “Indudablemente lo que está sacando es días de descanso a los trabajadores”, cuestionó.

Según afirmó, el fraccionamiento y la modificación del período legal solo benefician al empleador. “No hay ningún reconocimiento para el trabajador, ni económico ni salarial”, remarcó.

Ávila también se refirió a la flexibilización de la jornada laboral y consideró contradictorio que se hable de descanso entre turnos cuando se avanza en esquemas más exigentes. “Nosotros vivimos las 24 horas atentos al trabajo”, explicó.

En ese sentido, subrayó que se trata de un trabajo con instalaciones eléctricas y explosivas. “Si pasa una desgracia, seguramente se lleva la vida humana”, sostuvo. Por ese motivo, rechazó que la actividad pueda analizarse con los mismos criterios que otros sectores menos expuestos.

El dirigente también cuestionó el salario por productividad individual. “Nuestro trabajo es colectivo”, afirmó, y explicó que la presión por rendimiento puede derivar en errores con consecuencias graves.

Jorge Ávila pidió mantener los puestos de trabajo en Chubut.

 

Derecho a huelga y servicios esenciales

Otro eje central de la crítica sindical es la regulación del derecho a huelga. La reforma establece porcentajes mínimos de actividad en servicios esenciales. Para Ávila, esta medida limita la capacidad real de protesta. “Siempre cuidamos las cuencas”, afirmó y detalló que históricamente los paros se organizaron de manera fraccionada. “O paraban los convencionales o trabajaban los jerárquicos, o al revés”, afirmó.

En este marco, sostuvo que nunca se abandonó la cuenca, porque el propio sector entiende la importancia de preservar la producción. “Esto que dicen que paramos todos al 100% es mentira”, manifestó y apuntó que el nuevo esquema busca disciplinar al movimiento sindical más que ordenar el funcionamiento de los servicios esenciales.

Los trabajadores son el nuevo cuello de botella de Vaca Muerta.

Salarios, paritarias y escenario laboral

En materia salarial, Ávila cuestionó la lógica del mérito individual. “Nosotros dependemos del trabajo en equipo”, insistió, y remarcó que la inflación real impacta con más fuerza en el bolsillo del trabajador de lo que reflejan los índices oficiales.

Además, el dirigente advirtió que la reforma laboral puede poner en riesgo derechos históricos. “Se está hablando de perder la indemnización”, señaló y sentenció que, en la Reforma Laboral, “no hay ningún punto donde el trabajador salga ganando”.

El proyecto Vicuña presentará un informe técnico en el primer trimestre de 2026

En el marco de la presentación de megaproyectos minerales para la Argentina, el presidente Javier Milei recibió a los ejecutivos del proyecto Vicuña, que explotará una de las mayores reservas de cobre, oro y plata del mundo, en la provincia de San Juan.

La empresa incluye una alianza de dos gigantes de la minería como BHP -la más grande del mundo- y Lundin Mining, y aplicaron al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Vicuña trabaja a más de 4.200 metros de altura sobre el nivel del mar en los depósitos Josemaria y Filo del Sol.

Ahora, busca que el Gobierno lo declare como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) para proteger jurídicamente su actividad y destinar unos 2.000 millones de dólares en los primeros dos años a partir de que se apruebe su solicitud de RIGI.

El total de la inversión garantizada rondaría los US$ 15.000 millones, una de las mayores inversiones extranjeras directas de la historia argentina, pero el número certero se conocerá a lo largo de este año.

En el primer trimestre de 2026, Vicuña presentará un informe técnico donde se definirá cómo funcionará el proyecto, las campañas de perforación, los objetivos, la infraestructura necesaria y otros servicios asociados.

En 2025, las mineras BHP (Australia) y Lundin Mining (Canadá) desembolsaron unos US$ 400 millones en San Juan, cifra que aproximadamente duplicó lo del año anterior y que en 2026 podría volver a duplicarse.

Los fondos serán destinados a campañas de perforación; trabajos previos necesarios antes de comenzar la pre-construcción, como, por ejemplo, caminos hacia la mina y el campamento-; y la contratación de proveedores, en gran parte locales, como el servicio de catering, que fue adjudicado a la sanjuanina Caterwest, del empresario Martín Ossa.

Junto a Milei en Casa Rosada estuvo el canciller, Pablo Quirno, y por parte de las empresas participaron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP de la Joint Venture Vicuña y presidente del Directorio; Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.; y José Morea, director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.

Según se comunicó, “durante el encuentro se destacó la importancia de continuar avanzando con la agenda de reformas para acelerar inversiones de gran escala, con previsibilidad y reglas claras”.

Entre ellas está la adaptación de la “Ley de Glaciares”, cuya discusión se reactivará en el Congreso a partir de febrero.

Reforma a la Ley de Glaciares: el Ejecutivo apunta a reglas claras y desarrollo productivo

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639), con el objetivo de corregir lo que considera deficiencias estructurales de la norma vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación y busca reducir la incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, frena proyectos productivos en distintas provincias.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que la legislación actual genera superposición de competencias, discrecionalidad en su aplicación y conflictos con las jurisdicciones provinciales, que por mandato constitucional son dueñas de los recursos naturales. En ese sentido, el proyecto apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Según el comunicado oficial, la reforma establece criterios más precisos para identificar qué glaciares deben ser protegidos por cumplir una función hídrica efectiva. Además, refuerza estándares ambientales ya vigentes y elimina interpretaciones amplias que, a juicio del Gobierno, bloquearon inversiones bajo fundamentos ideológicos.

Más rol para las provincias y evaluación técnica

El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige preservar el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

En esa línea, la propuesta fortalece el rol de los gobiernos provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. También promueve la integración de capacidades técnicas y científicas locales, y una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y confiable al momento de tomar decisiones.

Desde el Ejecutivo destacan que el proyecto se inscribe en un esquema de “federalismo ambiental responsable”, que busca reglas claras y previsibles para todos los actores. La iniciativa responde, además, a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a reclamos históricos de provincias mineras y productoras de recursos estratégicos.

Entre ellas se encuentran Catamarca, Jujuy y Salta, que integran la Mesa del Litio, y Mendoza y San Juan, vinculadas al desarrollo cuprífero. El Gobierno solicitó al Congreso un tratamiento rápido del proyecto durante las sesiones extraordinarias.

El respaldo del sector minero

La propuesta fue bien recibida por el sector minero, que considera clave una actualización normativa para destrabar inversiones. Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, sostuvo que la definición sobre la Ley de Glaciares será determinante para el futuro de los proyectos anunciados.

“Lo que está en discusión hoy es cómo se define la Ley de Glaciares. Eso va a determinar si los anuncios de inversión se convierten en proyectos concretos o quedan solo en anuncios”, afirmó en diálogo con +E.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado en el que remarcó que existe consenso en proteger los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el artículo 1° de la ley vigente.

Sin embargo, la entidad planteó la necesidad de aclarar que no todos los glaciares cumplen esa función, y que las definiciones deben realizarse caso por caso, con sustento técnico y participación de especialistas. También reclamó una delimitación precisa del rol de las provincias, en línea con lo establecido por la Constitución.

Desde CAEM subrayaron que una redacción clara y previsible permitiría compatibilizar el desarrollo productivo y la infraestructura con el cuidado ambiental, al tiempo que generaría empleo y contribuiría al crecimiento económico del país.