¿Privatizar o no? Qué dijo Horacio Marín sobre el futuro de YPF

El debate sobre la posible privatización de YPF reapareció durante la presentación de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei. En su versión inicial, la empresa figuraba entre las compañías sujetas a privatización, aunque luego fue retirada del proyecto ante la falta de apoyos legislativos. En ese contexto, Horacio Marín fue consultado sobre su posición personal.

El presidente y CEO de YPF contó que la misma pregunta surgió internamente cuando asumió la conducción. Pero aclaró que su rol no es intervenir en decisiones que corresponden a la política. Según explicó, su prioridad es exclusivamente la generación de valor para la compañía y sus accionistas.

En diálogo con radio Splendid, Marín recordó que las modificaciones estructurales de YPF requieren un amplio consenso institucional y que los empleados no son quienes deben involucrarse en ese tipo de definiciones.

Horacio Marín: “no soy quien decide su futuro”

Durante la entrevista, el ejecutivo relató cómo respondió cuando sus propios equipos le preguntaron por la eventual privatización. “¿A vos te parece que yo puedo opinar si tu amigo tiene que vender o comprar acciones? No. Yo soy un empleado de YPF y mi trabajo es generar valor para YPF”, afirmó.

El CEO remarcó que cualquier discusión sobre privatizar o no la compañía es una decisión que corresponde al Ejecutivo y al Congreso. Recordó que, por ley, un cambio de ese tipo exige más de dos tercios de aprobación en ambas cámaras, lo que lo convierte en un debate estrictamente político.

“Es una discusión del Estado, no de los empleados”

Marín insistió en que no le corresponde influir sobre decisiones de propiedad estatal. “Si el presidente Milei piensa que hay que privatizar, está en todo su derecho porque es el accionista. Es una discusión del Estado, no de los empleados de YPF. Todos los días tengo que venir a generar valor para YPF. Ese es mi trabajo”, aseguró.

Qué dice la nueva Ley Ómnibus sobre el proyecto de GNL

Una nueva Ley Ómnibus está en camino. El Gobierno nacional quiere reflotar el proyecto que no logró consenso en el Congreso por lo que deberá acordar con las provincias. La buena noticia es que el capítulo de energía cuenta con el visto bueno de todos los actores de la industria.

La primera versión del nuevo proyecto mantiene el espíritu de la iniciativa que había logrado quorum en la Cámara baja del Congreso de la Nación: desregulación de mercado, libertad de precios, maximización de renta, eliminación de autoabastecimiento y del interés público – nacional, la limitación de prórrogas de concesiones y fomento a grandes inversiones o RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones).

“El capítulo de energía es muy parecido con todas las normas relativas a la regulación y libre fijación de precios en el mercado interno y el no requerimiento de autorización para importación y exportación. Esa matriz continúa. Lo mismo que la privatización de empresas públicas”, sostuvo Juan José Carbajales, titular de Consultora Paspartú, en diálogo con eolomedia.

Para el especialista, la novedad que ofrece la versión que circula del nuevo proyecto de Ley Ómnibus es que se autorizarán las exportaciones en firme de GNL (gas natural licuado) por 30 años. “Es bastante parecido al proyecto de ley que logró media sanción en el Congreso durante la administración anterior”, consideró.

Una de las dudas que existía en el proyecto que cuenta con media sanción es si hacer un gasoducto especial por cada una de las plantas de licuefacción que tendrían las empresas o hacer uno entre todas las compañías para que abastezca a todas las terminales. En esta iniciativa, la promoción de la industria del GNL estaría comprendida entre la libre exportación y el RIGI y esa discusión quedaría totalmente saldada.

“Lo que se apunta es a tener un régimen que es general, que dice que podrá aplicarse a los siguientes sectores y ahí aparece hidrocarburos, minería y otros. Pero después va a quedar sujeto a la reglamentación, cómo va a ser al interior de cada sector. Ahí lo que hay es una serie de beneficios, extensiones fiscales e impositivos aduaneros, pero no hay definiciones sobre este campo en particular. El otro proyecto de ley tenía varias disposiciones, igual había incertidumbre, pero en este todavía no estamos hablando de GNL, sino en general de grandes inversiones en infraestructura”, analizó Carbajales.

El exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación también manifestó que, independientemente de que se apruebe la Ley Ómnibus, las compañías solicitarán un marco regulatorio para tener previsibilidad.

“Tal y como todas las leyes, después va a necesitar un decreto reglamentario. Ahí falta todavía la letra fina. Entiendo que va a ser un reclamo de las compañías para ahondar en la previsibilidad. Las famosas reglas claras y la seguridad jurídica. De la mano, por ejemplo, de una noticia que salió estos días, es que YPF y Petronas traspasaron a 2025 la fecha para la toma de la decisión final del proyecto, que iba a estar a fines de 2024 y se pasó a mediados de 2025”, aseveró el especialista.

El beneficio de Zona Fría no sería eliminado

La Ley Ómnibus ofreció una polémica más. La eliminación de la Zona Fría encendió las alarmas de todos los sectores. Las críticas se hicieron escuchar cuando los diputados recibieron el lunes el último texto de la Ley Ómnibus que le daba facultades al Ejecutivo de modificar, redestinar y eliminar fondos fiduciarios vinculados con la energía.

El texto dejaba abierta la posibilidad de incrementar sensiblemente las tarifas de gas en las provincias patagónicas.

La poca cantidad de legisladores nacionales obligó a la gestión de Javier Milei a tender acuerdos. Esto implicó obtener el dictamen de la Ley Ómnibus, pero borrar el Artículo 292 que se refería al manejo de los fondos fiduciarios.

Los diputados nacionales Osvaldo Llancafilo de Neuquén, y Agustín Domingo de Río Negro fueron quienes encabezaron las negociaciones con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, el asesor presidencial en Asuntos Estratégicos, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para detener el avance de la eliminación de Zona Fría.

“Como parte de las disidencias con el oficialismo se logró el compromiso de retrotraer la redacción del Artículo 292 del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, mediante el cual se interpretaba una disminución de los beneficios a la tarifa de gas en las zonas frías como es el caso de las Patagonia”, consideraron los legisladores.

Los diputados alcanzaron un acuerdo legislativo para que en la reasignación de subsidios a efectuar por el poder ejecutivo se “comprendan los beneficios previstos en el art. 75 de la Ley 25.565 y la Ley 27.637”.

“De esta manera queda claro que el beneficio de subsidios a las tarifas para aquellas zonas consideradas frías como la Patagonia se mantendrán”, aseguraron.