La Cámara de Diputados inició el debate en comisión del proyecto que crea el Súper RIGI, una nueva herramienta impulsada por el Poder Ejecutivo para captar grandes inversiones en actividades que todavía no tienen desarrollo en el país o que permanecen en etapas experimentales y piloto. La iniciativa fue presentada durante un plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología.
La exposición principal estuvo a cargo de Daniel González, coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, quien definió al esquema como una evolución del régimen aprobado en la Ley Bases. Según explicó, el objetivo es generar condiciones para atraer proyectos que hoy no contemplan a Argentina entre sus posibles destinos de inversión.
El funcionario sostuvo que el nuevo régimen busca posicionar al país dentro del grupo de jurisdicciones más competitivas para desarrollos tecnológicos e industriales de gran escala. En ese sentido, señaló que muchos de los emprendimientos a los que apunta la iniciativa todavía no tienen una localización definida a nivel global.
Un esquema distinto al RIGI original
Durante su presentación, González destacó que el Súper RIGI tendrá una vigencia superior a la del régimen actualmente en marcha. Mientras el RIGI cuenta con una duración de dos años más una prórroga adicional ya aplicada, el nuevo esquema propone un período de cinco años con la posibilidad de extenderlo por un año más.
El funcionario remarcó que la diferencia principal radica en el tipo de proyectos que podrán acceder a los beneficios. Según indicó, el régimen vigente buscó acelerar decisiones de inversión en emprendimientos ya identificados, mientras que la nueva propuesta apunta a iniciativas que aún no existen en el país.
Asimismo, explicó que el programa será más restrictivo porque excluye expresamente a los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, sectores que sí forman parte del alcance del RIGI actual. La intención oficial es concentrar los incentivos en actividades asociadas a procesos de industrialización y desarrollo tecnológico.
Más valor agregado y mayores exigencias
De acuerdo con González, el nuevo esquema apunta a generar un impacto superior sobre la cadena de valor industrial, promoviendo la transformación de recursos y la creación de actividades de mayor complejidad productiva. Bajo esa lógica, sostuvo que el régimen podría traducirse en una mayor generación de empleo respecto de los proyectos tradicionales.
Otra de las diferencias centrales es el nivel mínimo de inversión requerido. El proyecto establece un umbral de US$1.000 millones, muy por encima de los US$200 millones exigidos por el régimen original. Además, no podrán incorporarse ampliaciones de emprendimientos existentes, una posibilidad contemplada actualmente por el RIGI.
Durante su exposición, González defendió los resultados obtenidos por el régimen vigente. Indicó que hasta el momento se registraron 39 proyectos y estimó que la cifra podría ubicarse entre 50 y 60 iniciativas antes del vencimiento previsto para julio de 2027.
El balance oficial del RIGI
Al detallar la composición de los proyectos adheridos, el funcionario señaló que 20 corresponden al sector minero, 13 a petróleo y gas, tres a energía eléctrica, dos a industria y uno a logística e infraestructura.
Según los datos presentados ante los legisladores, las iniciativas alcanzadas por el régimen se distribuyen en 13 provincias y representan inversiones por aproximadamente US$138.000 millones, con una proyección de 179.000 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos.
González aseguró que estos desarrollos tienen capacidad para incrementar significativamente las exportaciones argentinas. También sostuvo que, una vez consolidada la explotación de los recursos naturales, el país podrá avanzar hacia procesos de integración industrial que permitan multiplicar la generación de valor agregado y empleo.
Vaca Muerta y las perspectivas de inversión
En otro tramo de la presentación, el coordinador de Energía y Minería destacó el crecimiento de las inversiones en Vaca Muerta. Según expresó, los desembolsos actuales en la formación no convencional son aproximadamente un 50% superiores a los registrados tres años atrás.
Además, proyectó que el ritmo de expansión continuará durante los próximos años y estimó que las inversiones podrían volver a crecer entre un 50% y un 100% en el mediano plazo, impulsadas por el desarrollo de nuevos proyectos y la ampliación de infraestructura vinculada a la producción hidrocarburífera.
Las declaraciones fueron parte de la defensa oficial del régimen de incentivos y de la estrategia económica orientada a fortalecer la llegada de capitales para sectores considerados estratégicos por el Gobierno.
Críticas de la oposición
Durante el debate también surgieron cuestionamientos por parte de la oposición. El diputado nacional Martín Lousteau consideró que la iniciativa implica una selección de sectores favorecidos y cuestionó los criterios utilizados para definir las actividades incluidas dentro del nuevo esquema.
El legislador sostuvo que algunos de los proyectos anunciados en los últimos años ya estaban previstos con anterioridad a la implementación del RIGI. Desde su perspectiva, el régimen pudo haber acelerado determinadas decisiones de inversión, pero no necesariamente fue el factor determinante para su concreción.
Lousteau también manifestó reparos sobre la continuidad de mecanismos de promoción sectorial mediante beneficios especiales y planteó que el país debería avanzar hacia instrumentos más amplios y menos focalizados.
Qué industrias podrán acceder al Súper RIGI
La iniciativa apunta a sectores vinculados con la industrialización de minerales críticos, la fabricación de baterías, el desarrollo de hidrógeno verde, la producción de vehículos eléctricos y la elaboración de componentes para energías renovables.
También contempla actividades relacionadas con reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, paneles solares, turbinas eólicas y otros desarrollos tecnológicos considerados de frontera.
Para estos proyectos, el régimen propone una estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. Entre los incentivos previstos se incluyen una reducción de la alícuota del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y una tasa unificada del 10% para contribuciones patronales.
Además, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, mientras que los dividendos tributarán una alícuota del 7%, que descenderá al 3,5% luego de cuatro años. El proyecto también contempla exenciones de derechos de importación y exportación, la eliminación de restricciones operativas y un esquema progresivo de acceso a divisas que permitirá disponer del 100% de los dólares generados por exportaciones una vez transcurridos tres años de adhesión al régimen.
