Uso del agua y glaciares: la minería pide reglas claras

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) reafirmó su compromiso con la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con función hídrica relevante, y planteó la necesidad de llevar certezas técnicas a la discusión en torno a la Ley de Glaciares. El objetivo, señalaron, es despejar temores genuinos y evitar interpretaciones que no mejoran la protección ambiental.

Desde la entidad remarcaron que la minería moderna en Argentina se desarrolla bajo criterios de sustentabilidad, con controles técnicos exigentes y un uso eficiente de los recursos naturales. En ese marco, subrayaron el impacto positivo del sector en términos de empleo y desarrollo productivo en distintas regiones del país.

Actualmente, la actividad minera genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Según proyecciones del sector, esa cifra podría duplicarse en los próximos años si se consolidan nuevos proyectos, siempre bajo estándares ambientales rigurosos y marcos normativos claros.

El uso del agua en la minería

Uno de los puntos que más interés genera en el debate público es el uso del agua. Desde CAEM explicaron que la minería representa una fracción mínima del consumo hídrico total. En las regiones donde hay actividad minera, aproximadamente el 93% del agua se destina a la agricultura, mientras que la industria utiliza el 7% restante.

Dentro de ese porcentaje industrial, la minería ocupa apenas el 1%. Esta proporción, señalaron, suele ser desconocida o malinterpretada en el debate público, lo que alimenta preocupaciones que no siempre se corresponden con los datos reales del uso del recurso.

En los yacimientos metalíferos, el agua cumple múltiples funciones operativas, desde la perforación segura hasta la separación de minerales. Sin embargo, a diferencia de lo que suele suponerse, la mayor parte del agua utilizada no se pierde.

Recirculación y eficiencia hídrica

Entre el 70% y el 90% del agua empleada en los procesos mineros se mantiene dentro de circuitos cerrados, donde se recircula de manera continua. Esto permite reducir significativamente la necesidad de nuevas captaciones y minimizar el impacto sobre las fuentes naturales.

Desde la cámara destacaron que esta eficiencia no es solo el resultado de tecnología, sino también de planificación, ingeniería y monitoreo permanente. La minería moderna, aseguraron, puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas estratégicas.

Experiencias internacionales en países con larga tradición minera, como Canadá o Suecia, muestran que es posible combinar desarrollo productivo con resguardo ambiental, aplicando estándares técnicos avanzados y controles estrictos.

Los Azules uno de los proyectos de cobre más grande del mundo.

Controles ambientales y marco regulatorio

Además de la eficiencia operativa, la actividad minera en Argentina está sujeta a un marco regulatorio riguroso. Para operar, cada proyecto debe presentar un Informe de Impacto Ambiental, regulado por la Ley 24.585, que evalúa de forma integral su interacción con el entorno, incluido el recurso hídrico.

Estos estudios se actualizan cada dos años y son evaluados y auditados por autoridades provinciales. En muchos casos, participan organismos técnicos, universidades y comunidades locales a través de esquemas de monitoreo ambiental participativo.

A estos controles oficiales se suman auditorías permanentes y la adopción de estándares internacionales de sostenibilidad, como HMS/TSM, ICMM, ISO o IRMA. Estas certificaciones agregan capas adicionales de control y contribuyen a mejorar la eficiencia en el uso del agua.

La necesidad de aclaraciones técnicas

En el contexto del debate sobre la Ley de Glaciares, desde CAEM plantearon la importancia de incorporar aclaraciones técnicas más precisas, especialmente en lo referido a las zonas periglaciares. El objetivo es evitar que crioformas sin función hídrica relevante sean consideradas áreas estratégicas.

Según la entidad, estas interpretaciones generan restricciones innecesarias que no fortalecen la protección ambiental y, al mismo tiempo, limitan el desarrollo productivo y la generación de empleo. “Proteger el ambiente requiere leyes claras”, sostuvieron.

Reforma a la Ley de Glaciares: el Ejecutivo apunta a reglas claras y desarrollo productivo

El Gobierno nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (N° 26.639), con el objetivo de corregir lo que considera deficiencias estructurales de la norma vigente desde 2010. La iniciativa forma parte de la agenda de desregulación y busca reducir la incertidumbre jurídica que, según el Ejecutivo, frena proyectos productivos en distintas provincias.

Desde la Oficina del Presidente señalaron que la legislación actual genera superposición de competencias, discrecionalidad en su aplicación y conflictos con las jurisdicciones provinciales, que por mandato constitucional son dueñas de los recursos naturales. En ese sentido, el proyecto apunta a compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico.

Según el comunicado oficial, la reforma establece criterios más precisos para identificar qué glaciares deben ser protegidos por cumplir una función hídrica efectiva. Además, refuerza estándares ambientales ya vigentes y elimina interpretaciones amplias que, a juicio del Gobierno, bloquearon inversiones bajo fundamentos ideológicos.

Más rol para las provincias y evaluación técnica

El texto enviado al Congreso reafirma los principios del artículo 41 de la Constitución Nacional, que exige preservar el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y del artículo 124, que reconoce el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.

En esa línea, la propuesta fortalece el rol de los gobiernos provinciales en los procesos de evaluación de impacto ambiental. También promueve la integración de capacidades técnicas y científicas locales, y una articulación más eficiente con el Inventario Nacional de Glaciares, para contar con información actualizada y confiable al momento de tomar decisiones.

Desde el Ejecutivo destacan que el proyecto se inscribe en un esquema de “federalismo ambiental responsable”, que busca reglas claras y previsibles para todos los actores. La iniciativa responde, además, a compromisos asumidos en el Pacto de Mayo y a reclamos históricos de provincias mineras y productoras de recursos estratégicos.

Entre ellas se encuentran Catamarca, Jujuy y Salta, que integran la Mesa del Litio, y Mendoza y San Juan, vinculadas al desarrollo cuprífero. El Gobierno solicitó al Congreso un tratamiento rápido del proyecto durante las sesiones extraordinarias.

El respaldo del sector minero

La propuesta fue bien recibida por el sector minero, que considera clave una actualización normativa para destrabar inversiones. Agustín Del Castillo, gerente de Asuntos Institucionales y Comunicación de Cerro Vanguardia, sostuvo que la definición sobre la Ley de Glaciares será determinante para el futuro de los proyectos anunciados.

“Lo que está en discusión hoy es cómo se define la Ley de Glaciares. Eso va a determinar si los anuncios de inversión se convierten en proyectos concretos o quedan solo en anuncios”, afirmó en diálogo con +E.

En la misma línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) emitió un comunicado en el que remarcó que existe consenso en proteger los glaciares y el ambiente periglacial que constituyan reservas estratégicas de recursos hídricos, tal como establece el artículo 1° de la ley vigente.

Sin embargo, la entidad planteó la necesidad de aclarar que no todos los glaciares cumplen esa función, y que las definiciones deben realizarse caso por caso, con sustento técnico y participación de especialistas. También reclamó una delimitación precisa del rol de las provincias, en línea con lo establecido por la Constitución.

Desde CAEM subrayaron que una redacción clara y previsible permitiría compatibilizar el desarrollo productivo y la infraestructura con el cuidado ambiental, al tiempo que generaría empleo y contribuiría al crecimiento económico del país.

Vicuña pidió ingresar al RIGI y proyecta la mayor inversión extranjera en la historia argentina

Vicuña Argentina S.A. avanzó esta semana con un paso clave para su desarrollo minero en San Juan: la compañía presentó formalmente su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), dentro de la categoría destinada a Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo. La firma, integrada por BHP y Lundin Mining, definió un plan inicial de inversión que supera los US$ 2.000 millones entre 2026 y 2028 solo para la primera etapa de construcción de infraestructura.

Ese desembolso representa apenas una fracción del verdadero alcance económico del Distrito Vicuña, cuyo potencial total estimado ronda los US$ 15.000 millones. De concretarse, se transformaría en la mayor inversión extranjera directa registrada en Argentina y en uno de los proyectos cupríferos más importantes de la región.

Un distrito binacional con impacto local

El proyecto integra dos depósitos de cobre considerados de clase mundial: Josemaría, controlado en su totalidad por Vicuña, y Filo del Sol, administrado en una proporción 70%-30% entre Lundin Mining y BHP. Ambos yacimientos están ubicados en la cordillera sanjuanina, en el departamento Iglesia, cerca del paso internacional que conecta con Chile.

A pesar del carácter binacional del distrito, la producción correspondiente al lado argentino utilizará infraestructura local para acceder tanto a puertos del Pacífico como del Atlántico. Este esquema permitirá maximizar el valor agregado en el país y generar un impacto económico directo en la región andina.

Ron Hochstein, CEO de Vicuña, resaltó que la presentación ante el RIGI expresa “la magnitud de la inversión requerida y nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”. También destacó que el régimen “ofrece el marco estable necesario para un desarrollo responsable y beneficios económicos compartidos”.

Desde BHP, Brandon Craig, presidente de la unidad Américas, subrayó la oportunidad global del cobre. “El mundo necesita 10 millones de toneladas adicionales en la próxima década. Vicuña es uno de los mejores descubrimientos de los últimos 30 años y Argentina puede capturar una parte significativa de una oportunidad de US$ 250.000 millones”, afirmó.

Los beneficios del régimen y su impacto en la competitividad

El RIGI se consolidó como una herramienta determinante para proyectos de gran escala, especialmente en minería y energía. Entre sus principales incentivos figuran la estabilidad fiscal y regulatoria durante 40 años, una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias, la eliminación progresiva de las retenciones a las exportaciones a partir del cuarto año, la exención de derechos de importación para bienes de capital y un mecanismo acelerado de devolución del IVA.

El régimen también habilita acceso a arbitraje internacional, un punto muy valorado por los inversores frente a un escenario global con fuerte competencia por capital minero. Para proyectos de cobre con horizontes de producción de varias décadas, estos beneficios resultan decisivos.

Próximos hitos y definiciones regulatorias

Mientras avanza su ingreso al RIGI, Vicuña trabaja en los estudios de prefactibilidad integrados del distrito. La compañía anticipó que publicará el Informe Técnico 43-101 consolidado durante el primer trimestre de 2026, paso esencial para delinear el diseño final de la operación y el cronograma de construcción.

En paralelo, el sector minero espera que el Congreso trate una modificación a la Ley de Glaciares que permita a las provincias asumir la gestión ambiental de las áreas periglaciares. La medida, reclamada por San Juan, apunta a armonizar el cuidado de los recursos hídricos con el desarrollo de proyectos estratégicos en zonas cordilleranas.

Empleo, proveedores y el rol del cobre en la transición energética

Una vez en operación, el Distrito Vicuña generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos, además de expandir la red de proveedores especializados en San Juan y provincias vecinas. Su escala lo convertiría en un actor relevante del mercado cuprífero regional, en un contexto donde la transición energética impulsa la demanda global del mineral.

El cobre es indispensable para redes eléctricas, parques renovables, baterías de litio, vehículos eléctricos y sistemas de telecomunicaciones 5G. Con un horizonte de consumo internacional en crecimiento, proyectos como Vicuña aparecen como una oportunidad histórica para que Argentina capture valor agregado y consolide su perfil exportador.

La presentación ante el RIGI marca un hito para la compañía y para el país. Vicuña ratifica su compromiso de largo plazo con Argentina y abre un nuevo capítulo en la llegada de grandes inversiones mineras. En ese escenario, el cobre argentino se prepara para tener un rol protagónico en el mapa energético global.