Senadores nacionales conocieron Loma Campana y el Instituto Vaca Muerta en Neuquén

Una comitiva de senadores nacionales realizó una visita técnica a la provincia de Neuquén para conocer el desarrollo productivo de Vaca Muerta. La agenda incluyó un recorrido por Loma Campana, el yacimiento emblema del shale oil que opera YPF, y el Instituto Vaca Muerta (IVM).

Los legisladores observaron operaciones de producción y perforación en el principal desarrollo no convencional de YPF. Además, participaron de reuniones informativas sobre tecnología, eficiencia, infraestructura y perspectivas para la industria hidrocarburífera.

La jornada comenzó a las 7:15 en Loma Campana, área operada por YPF. Allí, los senadores observaron el funcionamiento de un pozo de extracción no convencional.

La delegación también recorrió un equipo de perforación de última generación. Durante la visita, recibió información sobre los procesos utilizados para incrementar la productividad del desarrollo.

El encuentro incluyó datos sobre los niveles actuales de producción y las mejoras de eficiencia asociadas con nuevas tecnologías.

Los representantes de la industria también explicaron las perspectivas de crecimiento para los próximos años. Actualmente, más de 30 empresas locales e internacionales participan de las actividades vinculadas con Vaca Muerta.

La visita permitió a los legisladores observar directamente parte de la infraestructura utilizada para desarrollar los recursos no convencionales.

El Plan 4×4 y la infraestructura de evacuación

Uno de los temas abordados durante el recorrido fue el Plan 4×4 de YPF. La estrategia apunta a acelerar el crecimiento de la producción y mejorar la productividad.

El programa también contempla el desarrollo de infraestructura vinculada con el transporte de hidrocarburos. Entre los proyectos mencionados aparecen el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Argentina LNG.

El desarrollo de nueva infraestructura busca ampliar la capacidad de evacuación de petróleo y gas producido en la cuenca neuquina. La ampliación de los sistemas de transporte constituye uno de los aspectos vinculados con el crecimiento de la producción. También resulta relevante para incrementar la capacidad exportadora del sector.

Según las proyecciones presentadas durante la jornada, las exportaciones energéticas podrían superar los u$s 40.000 millones anuales hacia 2031.

El objetivo contempla una mayor participación de los hidrocarburos argentinos en los mercados internacionales. También requiere inversiones en producción, transporte y procesamiento.

Capacitación para acompañar el crecimiento

Durante la tarde, la comitiva se trasladó al Instituto Vaca Muerta. El centro desarrolla programas de formación profesional y capacitación técnica para la industria del oil & gas. Allí, los legisladores conocieron las iniciativas destinadas a formar trabajadores para las distintas actividades de la cadena hidrocarburífera.

Durante la visita también se analizó la demanda creciente de mano de obra especializada. Es que la formación de capital humano constituye otro de los componentes asociados con la expansión de Vaca Muerta. La industria necesita incorporar trabajadores mientras aumenta la actividad productiva y la infraestructura.

La capacitación adquiere relevancia ante el crecimiento de la actividad en la Cuenca Neuquina. El desarrollo de nuevos proyectos requiere trabajadores con conocimientos específicos para tareas operativas y técnicas.

Una delegación con representantes de diez provincias

La comitiva estuvo integrada por legisladores de distintas provincias vinculadas con la actividad energética y productiva. Por Neuquén participaron Nadia Márquez y Pablo Cervi. También integraron la delegación María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán Coraita, ambos de Salta.

La lista incluyó además a Romina Almeida, de Entre Ríos; Bruno Olivera, de San Juan; y Juan Cruz Godoy, de Chaco. En representación de Río Negro participó Enzo Fullone. La delegación también contó con Bartolomé Abdala, de San Luis, y Carmen Silvia Álvarez, de Córdoba.

El recorrido por Loma Campana y el Instituto Vaca Muerta permitió a los senadores conocer ambos aspectos de manera directa, dentro de una agenda centrada en el desarrollo energético e industria.

Márquez destacó los cambios en el esquema energético

La senadora nacional por Neuquén, Nadia Márquez, vinculó el desarrollo de Vaca Muerta con los cambios regulatorios implementados durante la administración de Javier Milei. “Se pasó de un sistema caracterizado por regulaciones, restricciones y fuerte intervención estatal hacia uno que busca generar condiciones de mercado, atraer inversiones, promover la competencia y recuperar la capacidad exportadora”, expresó.

Márquez también mencionó la Ley Bases y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La senadora incluyó además la liberalización progresiva de las exportaciones de hidrocarburos. Según explicó, durante 2026 el Gobierno avanzó hacia un régimen de exportación de hidrocarburos líquidos basado en la libertad de exportar.

La representante neuquina en la Cámara Alta señaló que ese esquema mantiene una intervención estatal excepcional por razones vinculadas con el abastecimiento interno.

Ley de Glaciares: aval del Senado y fuerte debate por el impacto en la minería

El Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 41 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La senadora neuquina Julieta Corroza fue la única en no definirse, reflejando un escenario político dividido.

El resultado evidenció un respaldo transversal que incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y parte del interbloque kirchnerista. Entre los apoyos se destacaron Lucía Corpacci y Sergio Uñac. Tras la votación, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La sesión marcó un punto de inflexión en el debate entre protección ambiental y desarrollo productivo. Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa busca fortalecer el cuidado de los recursos hídricos sin frenar inversiones. En cambio, sectores críticos advirtieron sobre posibles vacíos normativos y riesgos de fragmentación en la aplicación de criterios ambientales.

El Gobierno Nacional defendió la reforma como una herramienta para ordenar el marco legal vigente y reducir la conflictividad judicial. Según sus impulsores, la actualización permitirá brindar previsibilidad a proyectos productivos, especialmente en minería, sin resignar estándares ambientales. Sin embargo, organizaciones y legisladores opositores manifestaron preocupación por el impacto futuro.

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Argumentos a favor: federalismo, eficiencia y desarrollo

Durante el debate, senadores oficialistas y aliados sostuvieron que la reforma fortalece el federalismo ambiental. El fueguino Agustín Coto afirmó que la norma preserva las reservas hídricas permanentes y armoniza la legislación con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, sin eliminar protecciones existentes.

Coto explicó que el nuevo texto incorpora áreas al inventario del IANIGLA sin modificar su estatus jurídico. En ese sentido, sostuvo que el sistema mantiene su carácter preventivo y evita interpretaciones discrecionales. “Todo sigue protegido”, resumió, al defender el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

Desde San Juan, Bruno Olivera Lucero destacó que la Nación fija presupuestos mínimos que no anulan las autonomías provinciales. Rechazó la idea de una confrontación entre agua y minería y cuestionó los criterios actuales del inventario, basados principalmente en imágenes satelitales.

Olivera Lucero consideró que el enfoque vigente paraliza proyectos por presunciones técnicas. Además, planteó que Argentina es uno de los pocos países que categoriza jurídicamente el ambiente periglacial, lo que genera restricciones singulares. Según su visión, una revisión metodológica permitirá mayor precisión sin debilitar controles.

La senadora salteña Flavia Royón respaldó la reforma con datos sobre el uso del agua. Señaló que en San Juan el 94% se destina al agro, el 4% al consumo humano y apenas el 1,2% a la industria, incluida la minería, lo que relativiza su impacto hídrico.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich sostuvo que el país necesita compatibilizar crecimiento y ambiente. Cuestionó la dicotomía entre empleo y preservación y afirmó que el desarrollo responsable es una condición indispensable para reducir la pobreza estructural.

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Críticas, advertencias y reacción del sector minero

Desde la oposición, surgieron cuestionamientos sobre la descentralización de criterios técnicos. El pampeano Pablo Bensusán alertó que la reforma puede generar hasta doce interpretaciones diferentes. Calificó el proyecto como anticientífico e irresponsable, y advirtió sobre el debilitamiento del sistema nacional de protección.

El bonaerense Maximiliano Abad afirmó que la iniciativa no soluciona los problemas existentes y abre nuevos conflictos. Señaló que permitir a las provincias modificar inventarios invierte la jerarquía normativa y anticipó una posible ola de judicializaciones.

Abad sostuvo que la inseguridad jurídica puede desalentar inversiones. Según explicó, un marco fragmentado transmite incertidumbre a empresas interesadas en proyectos de largo plazo. En ese contexto, consideró que la norma podría generar efectos contrarios a los buscados por el Gobierno.

Desde el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti remarcó el carácter irreversible del daño ambiental. Advirtió que la explotación de glaciares implica pérdidas irreparables y denunció que la reforma genera incertidumbre donde antes existía previsibilidad normativa.

En paralelo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras celebró la aprobación. En un comunicado, destacó que la reforma fortalece la protección hídrica y habilita un desarrollo responsable, promoviendo inversiones y empleo de calidad bajo estándares ambientales exigentes.

La entidad resaltó el rol de las provincias como administradoras de recursos naturales y valoró el consenso político alcanzado. Además, sostuvo que la actualización permitirá identificar con mayor precisión áreas protegidas y zonas aptas para actividades productivas, reduciendo conflictos legales y demoras en proyectos.

La reforma transfiere facultades a los distritos para identificar glaciares con función hídrica, basándose en criterios técnico-científicos. Defensores aseguran que no existen vicios constitucionales y recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El futuro del proyecto dependerá ahora del debate en Diputados.