Río Negro consolida el cobro por el uso de sus ríos para generar electricidad

La promulgación de una nueva norma provincial marcó un paso relevante para la política energética de Río Negro. El gobernador Alberto Weretilneck oficializó la ley que establece el canon por el uso del agua, una herramienta que permitirá a la provincia percibir ingresos por el aprovechamiento de sus recursos hídricos en la generación de electricidad.

La iniciativa había sido aprobada por la Legislatura y ratifica el derecho de Río Negro a recibir una compensación económica por la utilización de sus ríos en las centrales del Comahue. La medida consolida un reclamo histórico de la provincia.

“Acabo de promulgar una ley sancionada por la Legislatura importantísima que tiene que ver con la defensa de los intereses de Río Negro, que tiene que ver con el federalismo, que tiene que ver con la Patagonia, que es el uso del canon de agua a aquellas empresas privadas y al Estado nacional que utilizan nuestros ríos para generar electricidad”, afirmó Weretilneck.

Un reclamo histórico de Río Negro

Durante décadas, los ríos de Río Negro aportaron energía al desarrollo económico del país sin que la provincia recibiera una compensación equivalente por el uso de ese recurso. La discusión volvió a tomar impulso durante el proceso de renovación de las concesiones hidroeléctricas impulsado por el Gobierno nacional.

En ese marco, Río Negro y Neuquén llevaron adelante negociaciones conjuntas para incorporar el reconocimiento económico por el uso del agua. El acuerdo alcanzado estableció un esquema de distribución que contempla ingresos para ambas jurisdicciones por la explotación de sus recursos naturales.

“Nunca lo habíamos cobrado; estaba en la Constitución Nacional, estaba en la Constitución Provincial, pero nunca lo habíamos podido lograr. En un trabajo en conjunto con la hermana provincia de Neuquén, con su gobernador, con Rolo Figueroa, logramos que la Nación y las empresas privadas empiecen a pagar por nuestra agua para generar electricidad”, sostuvo el mandatario.

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Cómo funcionará el nuevo canon

La ley promulgada establece que Río Negro recibirá un porcentaje equivalente al 1% de la energía comercializada por las concesionarias hidroeléctricas. Ese monto forma parte de un esquema total del 2%, distribuido en partes iguales entre Río Negro y Neuquén.

Para el Gobierno provincial, la norma brinda seguridad jurídica y consolida en el marco legal un mecanismo de ingresos que había sido acordado durante las negociaciones por las represas. Además, define el destino institucional de esos recursos para futuras inversiones.

“Esta ley de alguna manera nos da el marco legal para poder cobrarla y para darle destino a esas regalías en beneficio de todas y de todos los rionegrinos. Como lo decimos y lo hacemos, defendemos Río Negro para lograr nuestros intereses”, expresó Weretilneck.

El gobernador agregó que esos intereses están vinculados al crecimiento provincial y al aprovechamiento de los recursos propios. “¿Y nuestros intereses cuáles son? Que la provincia crezca, que la provincia tenga futuro y que todos estemos un poco mejor”, aseveró al referirse al alcance de la nueva legislación y al destino de los fondos que comenzarán a percibirse a partir de este esquema.

Ley de Glaciares: aval del Senado y fuerte debate por el impacto en la minería

El Senado de la Nación aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, con 41 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención. La senadora neuquina Julieta Corroza fue la única en no definirse, reflejando un escenario político dividido.

El resultado evidenció un respaldo transversal que incluyó a legisladores de La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y parte del interbloque kirchnerista. Entre los apoyos se destacaron Lucía Corpacci y Sergio Uñac. Tras la votación, el proyecto fue girado a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

La sesión marcó un punto de inflexión en el debate entre protección ambiental y desarrollo productivo. Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa busca fortalecer el cuidado de los recursos hídricos sin frenar inversiones. En cambio, sectores críticos advirtieron sobre posibles vacíos normativos y riesgos de fragmentación en la aplicación de criterios ambientales.

El Gobierno Nacional defendió la reforma como una herramienta para ordenar el marco legal vigente y reducir la conflictividad judicial. Según sus impulsores, la actualización permitirá brindar previsibilidad a proyectos productivos, especialmente en minería, sin resignar estándares ambientales. Sin embargo, organizaciones y legisladores opositores manifestaron preocupación por el impacto futuro.

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Argumentos a favor: federalismo, eficiencia y desarrollo

Durante el debate, senadores oficialistas y aliados sostuvieron que la reforma fortalece el federalismo ambiental. El fueguino Agustín Coto afirmó que la norma preserva las reservas hídricas permanentes y armoniza la legislación con la Constitución y los fallos de la Corte Suprema, sin eliminar protecciones existentes.

Coto explicó que el nuevo texto incorpora áreas al inventario del IANIGLA sin modificar su estatus jurídico. En ese sentido, sostuvo que el sistema mantiene su carácter preventivo y evita interpretaciones discrecionales. “Todo sigue protegido”, resumió, al defender el equilibrio entre desarrollo productivo y preservación ambiental.

Desde San Juan, Bruno Olivera Lucero destacó que la Nación fija presupuestos mínimos que no anulan las autonomías provinciales. Rechazó la idea de una confrontación entre agua y minería y cuestionó los criterios actuales del inventario, basados principalmente en imágenes satelitales.

Olivera Lucero consideró que el enfoque vigente paraliza proyectos por presunciones técnicas. Además, planteó que Argentina es uno de los pocos países que categoriza jurídicamente el ambiente periglacial, lo que genera restricciones singulares. Según su visión, una revisión metodológica permitirá mayor precisión sin debilitar controles.

La senadora salteña Flavia Royón respaldó la reforma con datos sobre el uso del agua. Señaló que en San Juan el 94% se destina al agro, el 4% al consumo humano y apenas el 1,2% a la industria, incluida la minería, lo que relativiza su impacto hídrico.

En el cierre del debate, Patricia Bullrich sostuvo que el país necesita compatibilizar crecimiento y ambiente. Cuestionó la dicotomía entre empleo y preservación y afirmó que el desarrollo responsable es una condición indispensable para reducir la pobreza estructural.

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Críticas, advertencias y reacción del sector minero

Desde la oposición, surgieron cuestionamientos sobre la descentralización de criterios técnicos. El pampeano Pablo Bensusán alertó que la reforma puede generar hasta doce interpretaciones diferentes. Calificó el proyecto como anticientífico e irresponsable, y advirtió sobre el debilitamiento del sistema nacional de protección.

El bonaerense Maximiliano Abad afirmó que la iniciativa no soluciona los problemas existentes y abre nuevos conflictos. Señaló que permitir a las provincias modificar inventarios invierte la jerarquía normativa y anticipó una posible ola de judicializaciones.

Abad sostuvo que la inseguridad jurídica puede desalentar inversiones. Según explicó, un marco fragmentado transmite incertidumbre a empresas interesadas en proyectos de largo plazo. En ese contexto, consideró que la norma podría generar efectos contrarios a los buscados por el Gobierno.

Desde el kirchnerismo, Anabel Fernández Sagasti remarcó el carácter irreversible del daño ambiental. Advirtió que la explotación de glaciares implica pérdidas irreparables y denunció que la reforma genera incertidumbre donde antes existía previsibilidad normativa.

En paralelo, la Cámara Argentina de Empresas Mineras celebró la aprobación. En un comunicado, destacó que la reforma fortalece la protección hídrica y habilita un desarrollo responsable, promoviendo inversiones y empleo de calidad bajo estándares ambientales exigentes.

La entidad resaltó el rol de las provincias como administradoras de recursos naturales y valoró el consenso político alcanzado. Además, sostuvo que la actualización permitirá identificar con mayor precisión áreas protegidas y zonas aptas para actividades productivas, reduciendo conflictos legales y demoras en proyectos.

La reforma transfiere facultades a los distritos para identificar glaciares con función hídrica, basándose en criterios técnico-científicos. Defensores aseguran que no existen vicios constitucionales y recuerdan que los recursos naturales pertenecen a las provincias. El futuro del proyecto dependerá ahora del debate en Diputados.