La aprobación definitiva de PSJ Cobre Mendocino dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) marcó un nuevo paso para el desarrollo minero de Mendoza. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 801/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y habilita el acceso del proyecto a los beneficios previstos por la Ley 27.742.
La decisión convierte a la iniciativa en uno de los primeros emprendimientos mineros de la provincia en ingresar formalmente al régimen impulsado por el Gobierno nacional. La aprobación había sido anticipada a mediados de mayo tras la evaluación realizada por el Comité encargado de analizar los proyectos presentados bajo el esquema de incentivos.
El desarrollo será ejecutado por Minera San Jorge S.A., la firma constituida como Vehículo de Proyecto Único (VPU) para llevar adelante la explotación del yacimiento San Jorge. El depósito se encuentra en la precordillera mendocina, en el distrito de Uspallata, departamento Las Heras, a unos 110 kilómetros de la capital provincial.
Un proyecto de cobre y oro en la precordillera
El emprendimiento contempla la explotación de minerales sulfurados de cobre, con recuperación de oro como subproducto. Para ello se prevé la construcción de una mina a cielo abierto y una planta concentradora que utilizará procesos de flotación convencional para separar los minerales de interés.
De acuerdo con la documentación aprobada, la instalación tendrá capacidad para procesar hasta 10 millones de toneladas anuales de mineralización de cobre y oro, una escala que posiciona al proyecto entre las iniciativas mineras más relevantes actualmente en desarrollo dentro de Mendoza.
La aprobación del RIGI también representa un paso clave para avanzar hacia las etapas de financiamiento y construcción. La resolución fijó el 13 de mayo de 2026 como fecha oficial de adhesión al régimen, luego de que la empresa completara la presentación de la información requerida por las autoridades nacionales.
Más de U$S 613 millones de inversión comprometida
El plan de inversión aprobado contempla desembolsos por US$613,4 millones en activos computables, un monto que supera ampliamente los requisitos mínimos establecidos para el sector minero dentro del régimen de promoción de grandes inversiones.
Según el cronograma presentado, durante el primer año posterior a la aprobación se invertirán más de US$40 millones. En el segundo año, los desembolsos ascenderán a aproximadamente US$148 millones, acumulando cerca de US$189 millones durante los primeros dos ejercicios del proyecto.
La empresa prevé iniciar la construcción de las instalaciones en junio de 2027, mientras que el comienzo de las operaciones productivas está programado para enero de 2029. Además, el compromiso establece que el monto mínimo exigido por el régimen deberá completarse antes del 1° de septiembre de 2028.
El RIGI como herramienta para atraer financiamiento
Durante su participación en Argentina Rocks 2026, el CEO de PSJ Cobre Mendocino, Fabián Gregorio, destacó la importancia que tiene el régimen para la búsqueda de capitales destinados al desarrollo del proyecto.
“El RIGI brinda seguridades jurídicas, fortalece al proyecto y le da un marco de estabilidad fiscal. A la hora de sentarse a cerrar financiamiento internacional, contar con esa herramienta es muy valioso”, afirmó el ejecutivo al referirse al proceso de captación de inversiones.
Gregorio también resaltó el conocimiento que el instrumento ha ganado entre los inversores internacionales. “Hoy el RIGI es internacionalmente conocido y es muy bien mirado por quienes desean poner capital en riesgo en territorio argentino”, sostuvo durante su exposición.
Con la aprobación formal, el proyecto accede a los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios contemplados en los capítulos IV y V del régimen. La resolución también instruyó a los organismos nacionales competentes a implementar las herramientas necesarias para la aplicación de esos incentivos.
Entre los compromisos asumidos por la empresa aparece la participación de proveedores locales dentro de la cadena de valor. El plan prevé que el 27% de las contrataciones vinculadas a bienes, servicios y obras de infraestructura se realicen con empresas locales, superando el piso mínimo exigido por la normativa vigente.
La iniciativa también incorpora estimaciones de generación de empleo directo e indirecto durante las etapas de construcción y operación. Según la documentación presentada, una parte significativa de esos puestos de trabajo estará vinculada a mano de obra mendocina y a empresas radicadas en la provincia.
