Tettamanti ratificó que las industrias deberán asegurarse el gas o enfrentar cortes este invierno

La secretaria de Energía, María Tettamanti, aseguró que Argentina no enfrentará este invierno problemas significativos desde el punto de vista físico para garantizar el abastecimiento de gas natural, aunque advirtió que el escenario será diferente al de años anteriores porque el sector privado tendrá un papel central en la contratación y gestión del suministro energético.

Durante su participación en el evento “Midstream & Gas Day”, organizado por EconoJournal, la funcionaria sostuvo que las condiciones de infraestructura y disponibilidad de gas son similares a las del año pasado. Sin embargo, remarcó que el cambio más importante radica en la forma en que se administrará la comercialización del combustible.

“Desde el punto de vista físico, no veo demasiadas diferencias respecto al año pasado. Tenemos la misma capacidad de transporte, igual o más producción de gas en Neuquén y una cantidad similar de barcos de GNL para regasificar. El gas va a estar. Lo que cambió es cómo se gestiona esa comercialización y cómo los privados se hacen de ese gas”, afirmó Tettamanti.

Un cambio de paradigma

La funcionaria explicó que la estrategia oficial apunta a consolidar un modelo donde las señales económicas determinen las decisiones de inversión y consumo. Según indicó, el Estado debe limitarse a garantizar el cumplimiento de las normas, mientras que las empresas deben asumir la responsabilidad de planificar sus necesidades energéticas.

En ese sentido, defendió la decisión del Gobierno de eliminar mecanismos que, en los últimos años, garantizaron el abastecimiento mediante intervenciones estatales y subsidios que permitían cubrir faltantes con gas importado o regasificado.

“La eficiencia se logra cuando los precios reflejan los costos y, en base a esas señales de precios, es el sector privado el que toma decisiones sobre cuánto producir, cuánto invertir y cuánto consumir”, señaló la secretaria de Energía ante empresarios y ejecutivos del sector.

Tettamanti consideró que algunos actores aún esperan una intervención estatal similar a la de años anteriores. A su juicio, esa expectativa ya no se corresponde con las reglas vigentes y obliga a las compañías a modificar su forma de operar dentro del mercado.

“La gestión privada es posible y además es lo mejor. El Estado tiene que garantizar el cumplimiento de las normas y el sector privado, conociendo esas normas, tiene que jugar. Las reglas ya están claras y las empresas tienen que salir a actuar en función de ellas”, agregó.

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El rol del GNL y el fin de los subsidios implícitos

Otro de los ejes de su exposición estuvo vinculado al uso del GNL durante los meses de mayor demanda. La funcionaria sostuvo que la importación y regasificación del combustible tiene costos concretos que deben ser asumidos por quienes lo utilizan y no por el conjunto de la sociedad mediante subsidios generalizados.

Según explicó, cuando el Estado absorbe esos costos se distorsionan las señales económicas que deberían orientar las decisiones empresariales respecto de cuánto gas contratar y bajo qué condiciones hacerlo.

“La importación y regasificación del GNL alguien la paga. Cuando el Estado subsidia no está claro quién lo hace y no se dan las señales adecuadas. El sector privado tiene que ver esas señales y tomar la mejor decisión de acuerdo con su situación particular”, afirmó.

La secretaria también rechazó la idea de que los mayores costos energéticos sean el principal problema que enfrentan determinados sectores productivos. En ese sentido, destacó la competitividad de la energía producida en Argentina y relativizó el impacto local de las tensiones internacionales sobre los precios.

“No es la energía la culpable de algún problema que tiene el sector privado. La energía en este país es muy competitiva. Hay que atacar las causas de los problemas económicos y no las consecuencias”, sostuvo.

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Advertencia sobre cortes para industrias

Uno de los mensajes más contundentes del encuentro estuvo dirigido a las industrias que no aseguren contratos firmes de abastecimiento para atravesar los períodos de máxima demanda invernal.

Tettamanti explicó que las distribuidoras y transportistas cuentan ahora con un marco regulatorio definido y deberán hacer cumplir las restricciones cuando resulte necesario para garantizar el suministro de la demanda prioritaria, integrada principalmente por hogares y servicios esenciales.

“Las licencias de transporte y distribución tienen derechos y obligaciones. Ahora tienen los recursos y las tarifas para cumplirlas. También tienen la obligación de hacer cumplir el corte de las industrias cuando se emite una orden de restricción”, aseguró.

La funcionaria recordó que los contratos de GNC siempre fueron interrumpibles y señaló que tanto estaciones de servicio como industrias cuentan con herramientas para planificar alternativas que reduzcan el riesgo de interrupciones en los próximos inviernos.

“Si las estaciones de GNC o las industrias no quieren interrupciones, tienen que empezar a gestionar con transportistas y distribuidoras para tener más capacidad firme en los inviernos que vienen. Lo importante es que todos conocen las reglas y pueden planificar”, indicó.

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Los precios y el futuro del mercado del gas

Consultada sobre la evolución futura de los precios del gas, Tettamanti evitó hacer proyecciones y reiteró que la formación de valores deberá quedar en manos de la competencia entre productores y compradores.

La secretaria recordó además que el Plan Gas finalizará en 2028 y que la administración nacional no tiene previsto extenderlo, por lo que las empresas deberán adaptarse progresivamente a un esquema de contratación plenamente comercial.

“Lo que nosotros tenemos que hacer para garantizar que el gas abastezca el mercado local es que los locales lo contraten. El que se duerma quizás consiga los peores precios. Los privados tienen que salir y contractualizar”, afirmó.

También destacó que las distribuidoras cuentan ahora con mayor previsibilidad regulatoria para diseñar estrategias comerciales de largo plazo y ampliar oportunidades de negocio más allá del abastecimiento residencial tradicional.

“Las distribuidoras ya tienen las reglas claras. Pueden planificar a futuro y empezar a pensar no solamente cómo abastecer la demanda prioritaria, sino también cómo desarrollar nuevos negocios con la industria”, aseveró Tettamanti.

El Gobierno desarma el Plan Gas.Ar y corre al Estado del negocio del gas

El Gobierno nacional dio un paso clave en la reconfiguración del mercado del gas natural al modificar el funcionamiento del Plan Gas.Ar y avanzar en la salida del Estado como intermediario en los contratos de compraventa. La medida quedó plasmada en la Resolución 606/2025 de la Secretaría de Energía, que redefine el rol de Energía Argentina (EA) y acelera el retorno a relaciones contractuales directas entre privados.

La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de la participación estatal en actividades consideradas propias del sector privado. En ese marco, el Ejecutivo busca ordenar el esquema heredado del Plan Gas.Ar, lanzado en un contexto macroeconómico distinto y con un fuerte protagonismo del Estado en la administración del mercado.

Uno de los ejes centrales de la resolución es la cesión de los contratos de compraventa de gas natural que Energía Argentina firmó con los productores. Esos acuerdos, destinados al abastecimiento de la demanda prioritaria, pasarán ahora a manos de las distribuidoras de gas por redes, eliminando la intermediación estatal.

Con este cambio, los productores cobrarán directamente de las distribuidoras el precio del gas incorporado en las tarifas, mientras que el Estado mantendrá el esquema de compensaciones previsto en el Plan Gas.Ar para cubrir la porción subsidiada del precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El objetivo oficial es que el precio del gas refleje, de manera progresiva, la libre interacción entre oferta y demanda.

La resolución también se vincula con el proceso de privatización total de Energía Argentina, iniciado por decreto en abril de este año. En ese contexto, el Gobierno considera necesario “reconducir” las relaciones contractuales vigentes y evitar intermediaciones que, según el diagnóstico oficial, ya no resultan justificadas.

los subsidios en el centro de la escena.

Menos controles y alivio regulatorio para los productores

Además de la cesión de contratos, la norma introduce cambios relevantes en las obligaciones que pesaban sobre los productores adheridos al Plan Gas.Ar. Entre ellos, se elimina la obligación de informar trimestralmente el avance de los planes de inversión comprometidos, aunque se mantiene la exigencia de cumplir con esas inversiones.

La Secretaría de Energía conservará la facultad de solicitar información puntual si lo considera necesario, pero el alivio administrativo apunta a reducir cargas regulatorias en un contexto de normalización del mercado. Esta flexibilización no alcanza a los compromisos asumidos en las rondas más recientes del plan, que seguirán bajo el régimen vigente.

Otro cambio técnico de peso es la eliminación del factor de división por 0,7 en el cálculo de los compromisos de inyección de gas para los productores que adhieran a la resolución. Esta modificación impacta directamente en las obligaciones de entrega y es vista por el sector como una señal de mayor previsibilidad operativa.

En paralelo, el Gobierno elevó al 90% el porcentaje de pago provisorio de las compensaciones que perciben los productores por las entregas realizadas, sobre la base de las declaraciones juradas mensuales. El ajuste busca mejorar el flujo financiero del sector sin alterar los objetivos centrales del esquema.

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Nuevo esquema contractual y rol del ENARGAS

La resolución también ordena la asignación de volúmenes correspondientes a la Ronda 4.2 del Plan Gas.Ar. En este proceso, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) tendrá un rol de supervisión, garantizando que la transición contractual se realice de manera ordenada.

Energía Argentina deberá informar a los productores cómo se distribuirán los volúmenes entre las distintas distribuidoras y, eventualmente, CAMMESA. La prioridad será asegurar el abastecimiento del denominado “Gas de Pico” para los años 2024 y 2025, clave para cubrir la demanda invernal.

La adhesión al nuevo esquema será voluntaria, tanto para productores como para distribuidoras, pero no admitirá condiciones parciales. Quienes acepten deberán formalizar nuevos contratos directos, que deberán ser presentados ante la Secretaría de Energía y el ENARGAS.

Según el Gobierno, los cambios no implican un impacto directo en las tarifas finales de los usuarios, ya que se trata de modificaciones instrumentales. Sin embargo, la resolución marca un punto de inflexión: el inicio del desarme del Plan Gas.Ar tal como fue concebido y un paso más en la salida del Estado del negocio del gas.