La Legislatura de la provincia del Chubut aprobó el jueves el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial y la empresa YPF por la reversión del bloque petrolero Restinga Alí, ubicado en la zona costera y marítima del Golfo San Jorge, frente al barrio homónimo de Comodoro Rivadavia.
El convenio contempla el traspaso del área a la administración del Estado chubutense, al tiempo que establece una serie de condiciones respecto al tratamiento de pozos e instalaciones en tierra y en el mar, así como sobre pasivos ambientales generados en décadas anteriores.
El bloque Restinga Alí incluye un total de 559 pozos: 216 en tierra (onshore) y 343 en el mar (offshore). De estos últimos, 84 han sido identificados como “a abandonar”, aunque el artículo 4.1 del acuerdo establece que YPF no deberá realizar tareas de abandono en esos casos. La decisión se basa en recomendaciones técnicas, que sugieren que una intervención podría generar mayores riesgos ambientales, debido a las condiciones actuales de esos pozos.
Además, el convenio incluye 250 pozos offshore que ya fueron clasificados como “abandonados permanentes”. En conjunto, las instalaciones marítimas suman 334 pozos que no serán modificados por la operadora.
En cuanto a los pasivos ambientales, el acuerdo libera a YPF de tareas de remediación sobre instalaciones off shore, como residuos acumulados o tierras empetroladas. Estas situaciones se encuentran identificadas en anexos del acuerdo.
A cambio, YPF abonará a la provincia una compensación de 25 millones de dólares. Según se establece en el convenio, esta cifra representa una cláusula de indemnidad: la provincia renuncia a futuros reclamos contra la empresa por esos pozos y pasivos, excepto en casos de pasivos ocultos o que no hayan sido relevados.
Qué ocurre con los pozos en tierra
Dentro del área onshore se relevaron 216 pozos: 121 ya fueron abandonados en forma permanente, y 95 aún requieren trabajos de abandono en el futuro. El convenio exige que YPF complete el abandono de nueve pozos (siete en tierra y dos en el mar), con un plazo de 90 días desde el inicio de cada tarea, sujeto a disponibilidad de equipos.
También se prevé que el área sea entregada directamente al Estado provincial, que asumirá su administración y definirá el futuro operador.

Posiciones y reacciones en Chubut
Durante la sesión en la Legislatura, se registraron posturas encontradas. El diputado Gustavo Fita, del PJ, expresó preocupación por los pasivos ambientales y sociales que deja la salida de YPF. En su intervención advirtió que la ciudad de Comodoro Rivadavia atraviesa un contexto complejo, con miles de puestos de trabajo perdidos en la industria, y sostuvo que el monto de la compensación no contempla el verdadero alcance del pasivo ambiental.
Por su parte, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, envió una carta formal al vicegobernador Gustavo Menna expresando su preocupación por la falta de información oficial y por la no participación del municipio en el debate. La nota, ingresada el mismo jueves por la mañana, plantea la necesidad de preservar la autonomía municipal y garantizar acceso a información completa y oportuna en temas ambientales.
Desde el Gobierno provincial, el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, explicó que se trata de una zona intermarial con características únicas que requieren cuidados específicos. Afirmó que el acuerdo incluye una garantía de 25 millones de dólares para cubrir posibles contingencias ambientales futuras. Según Ponce, se siguieron recomendaciones técnicas de consultoras especializadas, que aconsejaron no intervenir los pozos clasificados como “a abandonar”.
Qué se discute sobre el uso de los fondos
Uno de los puntos que generó debate es el destino de los 25 millones de dólares. Mientras el gobernador Ignacio Torres señaló que una parte de esos fondos podría destinarse a obras necesarias en Comodoro Rivadavia, dirigentes como el exdiputado Javier Touriñan recordaron que la normativa indica que estos fondos deben utilizarse exclusivamente en la remediación ambiental del área revertida.
También hubo voces que alertaron sobre la necesidad de definir mecanismos de control para el uso de ese dinero y garantizar que se respeten los fines ambientales para los cuales fue entregado.
El acuerdo fue aprobado con 15 votos a favor y 8 en contra, en un contexto de fuerte discusión sobre el futuro del área y el rol de la provincia en la gestión de pasivos ambientales. Desde Comodoro Rivadavia ya se anticipa una revisión de la normativa ambiental municipal, con el objetivo de elevar las exigencias para tareas de remediación y garantizar un mayor control sobre áreas revertidas.
La reversión del bloque Restinga Alí marca el cierre de una etapa para YPF en la zona y el inicio de una nueva responsabilidad para el Estado chubutense. El desafío estará en asegurar la gestión ambiental, el cumplimiento de los compromisos asumidos y la articulación con los municipios afectados.
