El diputado nacional José Glinski presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca establecer presupuestos mínimos ambientales para la remediación de pasivos ambientales hidrocarburíferos y promover una transición energética justa. La iniciativa apunta a regular las obligaciones de las empresas cuando abandonan áreas petroleras y a generar mecanismos para financiar las tareas de saneamiento.
La propuesta busca cubrir un vacío normativo que, según sus impulsores, persiste desde hace décadas en Argentina. Actualmente, existen diversas leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales, pero ninguna regula específicamente la gestión de los pasivos generados por la actividad hidrocarburífera una vez finalizada la explotación de los yacimientos.
“Argentina tiene 12 leyes nacionales de presupuestos mínimos ambientales. Ninguna regula los pasivos hidrocarburíferos. Es el vacío más caro de la historia ambiental argentina”, sostuvo Glinski al presentar la iniciativa en el Congreso.
Un marco legal para el cierre de pozos y la reparación ambiental
El proyecto establece que las empresas deberán asumir las responsabilidades derivadas del abandono de pozos petroleros, la recomposición ambiental y el monitoreo posterior de las áreas intervenidas. La propuesta se encuadra dentro del artículo 41 de la Constitución Nacional y mantiene las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
Entre sus principales herramientas figura la creación de un Fondo Federal de Recomposición de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, que sería financiado mediante aportes obligatorios de las compañías titulares de concesiones. El objetivo es garantizar recursos para ejecutar tareas de reparación ambiental cuando resulten necesarias.
La iniciativa también contempla la puesta en marcha de un Registro Nacional de Pasivos Ambientales Hidrocarburíferos, de acceso público, gratuito e irrestricto. El sistema permitiría identificar áreas afectadas, monitorear su evolución y brindar información sobre las acciones de saneamiento realizadas por las operadoras.
Garantías financieras y responsabilidades de las operadoras
Otro de los puntos centrales del proyecto es la exigencia de garantías financieras obligatorias destinadas a cubrir los costos de abandono, cierre de pozos, remediación y seguimiento ambiental posterior. La propuesta busca evitar que esas obligaciones recaigan sobre los estados provinciales o sobre el Estado nacional.
Además, establece un régimen de responsabilidad objetiva y solidaria para las empresas operadoras. Según el texto, las obligaciones ambientales subsistirán incluso en casos de cesión de activos, quiebra, disolución societaria o cambios en la titularidad de las concesiones.
“El proyecto sostiene que las petroleras no pueden llevarse los beneficios de la actividad y dejarle a las comunidades, a las provincias y al Estado los costos ambientales y económicos del cierre de los yacimientos”, planteó Glinski durante la presentación de la iniciativa.
La propuesta incorpora además un régimen específico para la transferencia de áreas hidrocarburíferas. En esos casos se exigirían auditorías técnicas independientes y la acreditación de solvencia económica por parte de quienes asuman la operación de los yacimientos.
El contexto de los cambios en las cuencas convencionales
La presentación del proyecto se produce en un escenario marcado por la reconfiguración de la actividad en distintas cuencas petroleras del país. En varias provincias se registran procesos de salida de operadoras de áreas convencionales y transferencias de activos hacia nuevas empresas.
Entre los antecedentes mencionados por el legislador aparecen los cambios registrados en Comodoro Rivadavia, donde YPF avanzó en acuerdos vinculados con áreas maduras y pasivos ambientales. También se mencionan las transferencias de concesiones que incluyen obligaciones ambientales asociadas a décadas de actividad productiva.
“Comodoro Rivadavia es la capital del petróleo desde 1907. Después de 118 años de hospitalidad con la industria, lo mínimo que podemos pedir es que cuando se vayan, tapen los pozos”, expresó el diputado nacional.
Para los impulsores de la iniciativa, la discusión sobre los pasivos ambientales cobra relevancia en un contexto en el que varias compañías redefinen sus estrategias de inversión y concentran recursos en desarrollos no convencionales, especialmente en Vaca Muerta.
La remediación ambiental como fuente de empleo
Uno de los aspectos distintivos del proyecto es la incorporación del concepto de transición energética justa. El texto propone que las tareas de cierre, abandono y remediación ambiental sean consideradas parte del proceso productivo y se transformen en una fuente de empleo para las comunidades vinculadas históricamente a la actividad petrolera.
La iniciativa plantea que los trabajos de sellado, monitoreo, restauración ecosistémica y seguimiento técnico puedan ser realizados por trabajadores con experiencia en la industria hidrocarburífera, aprovechando capacidades ya desarrolladas en las distintas cuencas productivas del país.
“El cierre de un pozo no es el final del trabajo, es trabajo en sí mismo. Implica ingeniería, monitoreo técnico, sellado, restauración ecosistémica y seguimiento durante años”, argumentó Glinski al fundamentar la propuesta legislativa.
El diputado sostuvo además que el objetivo es evitar que los costos derivados de la remediación sean absorbidos por el sector público y garantizar que las empresas financien las obligaciones surgidas de su actividad. “Si la riqueza salió de la Cuenca, los pasivos no pueden quedarse en la Cuenca”, afirmó durante la presentación del proyecto.
