Los diputados nacionales Lorena Villaverde (La Libertad Avanza – Río Negro) y Martín Maquieyra (PRO – La Pampa) presentaron en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley 3503-D-2025, que propone la creación de un régimen especial para promover inversiones en la industria del hidrógeno renovable y de bajas emisiones. La iniciativa declara la actividad como de interés nacional y establece un marco normativo con beneficios fiscales, previsibilidad y seguridad jurídica para atraer capitales y desarrollar un nuevo sector productivo en el país.
La propuesta adapta el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), establecido en la Ley 27.742, a las particularidades de la industria del hidrógeno. De ese modo, se extiende a cinco años el plazo para adherirse al régimen y se otorgan tres años para cumplir con los requisitos de inversión mínima, reconociendo que este tipo de proyectos requieren plazos más extensos de maduración técnica y financiera. Además, se garantiza estabilidad tributaria por 30 años.
La Patagonia, en el centro
Villaverde, autora del proyecto, destacó el potencial de la región: “Nuestra Patagonia cuenta con vastas extensiones de tierra, excelentes recursos eólicos y solares, y condiciones excepcionales para el desarrollo de esta industria. Este proyecto le da a los inversores las reglas claras y los incentivos necesarios para generar empleo y desarrollo regional sostenible”.
En la misma línea, el proyecto reconoce que provincias como Río Negro ya lideran propuestas de vanguardia vinculadas a la transición energética, lo que convierte al sur argentino en una plataforma ideal para la producción y exportación de hidrógeno verde.
Uno de los pilares del proyecto es la previsibilidad a largo plazo. Para ello, se propone una cláusula de estabilidad fiscal por 30 años: los proyectos aprobados no podrán ser alcanzados por nuevos tributos ni por aumentos de impuestos existentes. Este blindaje busca evitar vaivenes normativos que en el pasado afectaron iniciativas estratégicas.
Asimismo, se establece que los proyectos vinculados al hidrógeno gozarán de los mismos derechos de servidumbre que hoy se aplican a obras de infraestructura eléctrica y gasífera, facilitando el despliegue de redes de transporte e instalaciones industriales.

Una oportunidad para el hidrógeno
Según datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), el hidrógeno y sus derivados podrían abastecer hasta el 14% de la demanda energética mundial hacia 2050. Alemania, Japón y Corea del Sur ya anticipan que deberán importar gran parte de su consumo, lo que abre una ventana de oportunidad para países con capacidad productiva como Argentina.
A nivel global, la producción de hidrógeno de bajas emisiones debería multiplicarse por cinco en los próximos 25 años. En este contexto, Argentina cuenta con ventajas competitivas: abundantes recursos renovables, disponibilidad de agua para electrólisis y territorio apto para grandes desarrollos industriales.
Un régimen adaptado
A diferencia de otras industrias, el hidrógeno requiere etapas prolongadas de planificación, factibilidad, acuerdos comerciales y ejecución. Los diputados proponen ampliar los tiempos establecidos por el RIGI original: de dos a cinco años para adherirse al régimen, y de dos a tres años para cumplir con los niveles mínimos de inversión, que pueden llegar a 2.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de exportación.
La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias atribuciones: desde la formulación de la Estrategia Nacional del Hidrógeno hasta la implementación de un sistema de certificación con estándares internacionales y la coordinación con actores públicos, privados, académicos y científicos.
La presentación del proyecto por parte de Villaverde y Maquieyra apunta a sentar las bases para una industria emergente, con alto potencial exportador y capacidad de generación de empleo. “Queremos evitar que se repitan los errores del pasado: la falta de acuerdos, las políticas erráticas y los cambios de reglas que alejaron inversiones. Este régimen ofrece una plataforma sólida para que Argentina lidere la transición energética”, señalaron los legisladores en los fundamentos.


