Torres: “un grupo de jubilados fueron quienes me pidieron que cierre la boya”

En hecho histórico para Chubut, Ignacio Torres reclamó la banca N° 28 de la Legislatura provincial para afirmar que recurrirá “a la vía judicial” en la disputa que Chubut tiene con Nación por la coparticipación. El gobernador ratificó su postura de diálogo, pero remarcó que no se dejará atropellar por la administración de Javier Milei.

La agenda marca que el gobernador se volverá a reunir este martes con sus pares de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de La Pampa, Sergio Ziliotto; y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en el Senado de la Nación. La cumbre buscará darle más respaldo a Torres en su lucha con Nación.

En este sentido, Torres cuestionó que desde el Gobierno nacional consideran que Chubut es una provincia de “cabotaje”, pero advirtió que el distrito “se sabe defender” y que “se va a seguir defendiendo independientemente de los embates que sigamos recibiendo”.

“No nos tenemos que callar, tenemos que ser respetuosos y la pelea la vamos a dar siempre garantizando el bienestar de la provincia. Yo nunca pondría en riesgo a ningún chubutense, ni el trabajo de ningún chubutense, porque ahora me quieren hacer quedar como que ‘Nacho va a cortar todo’. Muchachos, somos grandes. Si nosotros no ganábamos la centralidad que ganamos por esta discusión, les puedo asegurar que nos iban a joder, nos iban a pisar la cabeza. Ganamos la centralidad que ganamos porque hicimos valer lo nuestro y porque le contamos a toda la Argentina lo que producimos, lo que valemos”, subrayó.

Torres salió fortalecido de la Legislatura de Chubut: los diputados aprobaron un proyecto de ley que le permite al Ejecutivo provincial a realizar las acciones administrativas, judiciales, necesarias para “hacer cesar la ilegalidad y el atropello del Gobierno nacional”.

 

 

El gobernador ponderó que la Patagonia representa la mitad de las divisas que “dilapidan los gobiernos nacionales históricamente” y que Chubut “es la cuarta provincia exportadora”.

Nosotros no vivimos de la coparticipación. Somos una provincia muy rica y con mucho potencial. Tenemos un problema financiero que resolver, que ya hablamos de esto y lo vamos a hacer, pero mucho del dinero que tiene la Nación y que malgasta, es producto del esfuerzo, del sudor, de los chubutenses”, afirmó.

La confrontación con Nación dejó que varios “analistas políticos” quedaran en offside en cuestiones petroleras. Torres aprovechó para recalcar que “hay un nivel de ignorancia muy grande, porque no se conoce el interior de la Argentina”.

Asimismo, el gobernador contó cómo surgió la idea de cortar las exportaciones de petróleo desde la parte norte de la Cuenca del Golfo San Jorge. “La idea de cerrar la boya, de cerrar la válvula, no fue de un sindicalista, un orco, un ogro, como muchos dicen ¿Saben quiénes nos vinieron a pedir que no nos dejemos pisotear y cerremos la válvula? Los jubilados que se autoconvocaron. Más de 1.000 jubilados exypefianos, que conocen de primera mano la historia de nuestra provincia, y saben muy bien cómo todos los gobiernos nacionales nos pisotearon, que se quedaron con nuestros recursos”, destacó.

“El año que viene vencen las concesiones de las hidroeléctricas ¿Y por qué cuento esto? Porque la discusión es más profunda que una deuda con el Gobierno nacional, que es una deuda que tienen muchas provincias. La discusión es qué modelo de país queremos, y no lo tenemos que discutir, porque ya lo tenemos. Mal que les pese a algunos, vivimos en una Argentina federal, y a las provincias hay que respetarlas, y a los representantes, democráticamente elegidos por el pueblo, hay que respetarlos”, afirmó Torres.

El retraso de los pagos del Plan Gas genera incertidumbre

Enero significó alcanzar un superávit económico. El primer objetivo de Nación fue completado con éxito, pero hay ciertas cuestiones que comienzan a mirarse de reojo. Una de ellas es el atraso en el pago de los incentivos del Plan Gas.Ar. La demora comenzó a generar recelo en las empresas del sector y ya se evalúan medidas.

Si bien el Gobierno nacional anunció una y otra vez que se respetarían todos los contratos firmados, en la industria hidrocarburífera empiezan con desconfianza ciertas actitudes por parte de los funcionarios de la gestión de Javier Milei.

Según pudo saber +e, las compañías esperan los pagos comprometidos del Plan Gas.Ar para poder tener un poco de previsibilidad con respecto al futuro. “Nos deben a todos”, sostuvieron desde la actividad ante la consulta de este medio.

Los equipos técnicos comienzan a hacer cálculos de la deuda registrada para avanzar en un reclamo por parte de todas las operadoras. “Estamos evaluando hacer un reclamo formal por parte de todo el sector”, consideraron.

En el programa de incentivos se establece que las productoras se comprometen a producir gas para tres destinos: dos bajo contratos y uno libre. El primero instituye contratos con las distribuidoras y Cammesa. Mientras que el último permite que las empresas negocien entre sí.

El problema de la falta de pagos se da con Cammesa o, en menor medida, con Enarsa, ya que las distribuidoras pagan directamente y no deberían registrarse consecuencias mientras se recaude mediante los usuarios.

“El tema son las transferencias del Estado, que pueden venir por dos vías. Una es el pago directo que hacen, que es el diferencial de precio que no pagan las distribuidoras y que se lo da directamente el Estado a las empresas y también a las provincias. Y, otro punto, es vía Cammesa y, en menor medida, vía Enarsa, para las últimas rondas. Entonces, hay que ver si se frenó solo la transferencia directa o también los pagos de Cammesa, que paga el 100% del precio del gas”, explicó Juan José Carbajales, en diálogo con +e.

Las consecuencias

El esquema del Plan Gas.Ar tiene previstos ciertos plazos de pago y, si bien no hay una tasa de interés que se pueda ir acumulando, existe la posibilidad de que los productores reclamen un certificado de créditos fiscales para pagar sus contribuciones. Para el director de la consultora Paspartú, es difícil activar esa cláusula. “Nadie quiere hacerlo, porque además todos dejan en evidencia que el Estado no está pagando y se crea un clima de inestabilidad en el sector. Es una herramienta que tienen a mano”, subrayó.

Asimismo, los productores tienen contratos firmados con distribuidores y Cammesa que implican fuertes penalidades si se rompe la cadena de pagos. “La producción tendría que seguir estando, pero podrían llegar a alegar una fuerza mayor. Es complicado hacerlo si el Estado no les paga, pero las empresas están acostumbradas a esa pulseada histórica”, detalló el exsubsecretario de Hidrocarburos de la Nación.

El esquema originario del Plan Gas.Ar establece que los productores cobran el 85% del precio mediante la presentación de una declaración jurada y el otro 15% se cobra cuando se hacen todas las mediciones.

“Este segundo pago siempre se demoró mucho más, a veces más de la cuenta. Pero es menor, es un 15%. La clave está en el 85% que las empresas ven inmediatamente”, aseveró.

“El Gobierno anunció un superávit durante enero y eso no es sostenible durante mucho tiempo, sumado a que hay una disputa con los gobernadores. Si no les pagan a las empresas, tampoco les pagan a las provincias ese 15%. Para Neuquén es sumamente importante, pero también están involucradas las provincias de la Cuenca del Golfo San Jorge y de la Cuenca Austral. Si esto se profundiza, las empresas tienen la posibilidad de dejar de invertir y, por ende, dejar de producir. Pero va a ser difícil que lo hagan con los volúmenes contractualizados. Lo pueden hacer con el volumen que sobra”, detalló.

“De hecho, lo hemos visto este verano. Sobraba gas, el precio spot bajó, empiezan a cerrar pozos y quieren exportar más. Va a haber licitaciones de Cammesa y el precio baja y quieren meter la producción donde sea. Pero son volúmenes incrementales, todo lo que es adicional. Pero no lo que está contractualizado”, aseguró Carbajales.

El beneficio de Zona Fría no sería eliminado

La Ley Ómnibus ofreció una polémica más. La eliminación de la Zona Fría encendió las alarmas de todos los sectores. Las críticas se hicieron escuchar cuando los diputados recibieron el lunes el último texto de la Ley Ómnibus que le daba facultades al Ejecutivo de modificar, redestinar y eliminar fondos fiduciarios vinculados con la energía.

El texto dejaba abierta la posibilidad de incrementar sensiblemente las tarifas de gas en las provincias patagónicas.

La poca cantidad de legisladores nacionales obligó a la gestión de Javier Milei a tender acuerdos. Esto implicó obtener el dictamen de la Ley Ómnibus, pero borrar el Artículo 292 que se refería al manejo de los fondos fiduciarios.

Los diputados nacionales Osvaldo Llancafilo de Neuquén, y Agustín Domingo de Río Negro fueron quienes encabezaron las negociaciones con el secretario de Energía de la Nación, Eduardo Rodríguez Chirillo, el asesor presidencial en Asuntos Estratégicos, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, para detener el avance de la eliminación de Zona Fría.

“Como parte de las disidencias con el oficialismo se logró el compromiso de retrotraer la redacción del Artículo 292 del proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, mediante el cual se interpretaba una disminución de los beneficios a la tarifa de gas en las zonas frías como es el caso de las Patagonia”, consideraron los legisladores.

Los diputados alcanzaron un acuerdo legislativo para que en la reasignación de subsidios a efectuar por el poder ejecutivo se “comprendan los beneficios previstos en el art. 75 de la Ley 25.565 y la Ley 27.637”.

“De esta manera queda claro que el beneficio de subsidios a las tarifas para aquellas zonas consideradas frías como la Patagonia se mantendrán”, aseguraron.

Ley Ómnibus y las garantías para el proyecto de GNL de YPF y Petronas

El proyecto de ley de GNL de Sergio Massa quedó estancado en el Congreso de la Nación. Si bien cuenta con media sanción, todo indica que la gestión de Javier Milei apunta todos sus cañones a la Ley Ómnibus.

Según el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, la normativa brindará “seguridad jurídica” y permitirá fomentar “este tipo de inversiones en infraestructura a mediano y largo plazo.

En este marco, los funcionarios nacionales se reunieron en Casa Rosada con diversos ejecutivos de las petroleras YPF y Petronas, donde la compañía malaya mostró su interés en avanzar con el proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) anunciado en 2022, el cual permitirá al país convertirse en un exportador estructural de gas.

En el encuentro, realizado este miércoles en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, participaron por parte de YPF su presidente, Horacio Marín, y el vicepresidente ejecutivo de Gas y Energía, Santiago Martínez Tanoira.

En tanto, por parte de Petronas estuvieron presentes el director de operaciones (COO) y vicepresidente ejecutivo del área de gas de la compañía, Adnan Zainal Abidin; el vicepresidente senior de activos de GNL, Abang Yusuf Abang Puteh; el vicepresidente de activos internacionales de upstream, Mark Fitzgerald; y el CEO de la empresa en la Argentina, Nazri Idzlan Malek.

En 2022, YPF y Petronas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto para un proyecto integrado de Gas Natural Licuado (GNL) en la Argentina que abarcará la producción de gas no convencional, el desarrollo de gasoductos e infraestructura de licuefacción y portuaria.

En un plazo de 10 años, cuando el proyecto esté finalizado, se podrán producir y exportar más de 25 millones de toneladas/año de GNL.

En la actualidad el país importa, en el pico de consumo de invierno, alrededor de 35 barcos de GNL por año; por el contrario, cuando la planta de GNL alcance su capacidad máxima, Argentina exportará más de 460 barcos anuales, convirtiendo al GNL en uno de los principales generadores de divisas para el país, señalaron las firmas al anunciar el acuerdo en 2022.

En la reunión, Petronas mostró su interés en realizar una inversión de US$ 180 millones para la fase de ingeniería del proyecto, el cual, una vez finalizado permitirá duplicar la producción actual de GNL del país.

El proyecto –indicó el Gobierno- generará un “impacto positivo en la economía argentina, a partir de la creación de miles de empleos y el desarrollo de productos de exportación”.

Una vez realizados los trabajos de ingeniería –con un plazo de un año- se realizarán las licitaciones correspondientes para el proyecto.

La primera fase prevé la llegada de un barco, ya construido, que permitiría comenzar a exportar en el orden de los 6 millones de metros cúbicos diarios a partir de 2027, mientras se avanza con las fases siguientes.

El proyecto global involucraría para 2031 inversiones del orden de US$ 20.000 millones para GNL, US$ 20.000 millones para pozos nuevos en Vaca Muerta y US$ 10.000 millones en infraestructura.

Una vez terminado, generaría unos US$ 16.000 millones de dólares anuales de facturación en exportaciones de gas.

Petronas es una de las compañías más importantes del mundo en el sector hidrocarburífero, con vasta experiencia en la fase de exploración y extracción (upstream) y también en el mercado de GNL.

“La combinación de esfuerzos de YPF y Petronas busca generar operaciones más eficientes que permitan optimizar las inversiones y captar mejores oportunidades de mercado”, destacaron fuentes del Gobierno.

Nación confirmó que no se tocará la Ley Corta

La Ley Ómnibus genera muchas dudas en las provincias patagónicas y los gobernadores no temen en salir a marcarle la cancha a Nación. Tal como sucedió con la modificación de la Ley de Pesca, los mandatarios levantaron bandera sobre la defensa del manejo de los recursos naturales.

Es que a través del artículo 98 del proyecto de ley, Nación se atribuía “otorgar permisos, concesiones y autorizaciones” en los yacimientos que hoy están en manos de las provincias. La iniciativa generó la reacción de las provincias y llevó a que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, saliera a pedirle explicaciones Eduardo Rodríguez Chirillo.

El secretario de Energía de la Nación le transmitió al mandatario neuquino que se trató de un error de redacción y que no se tocaría la Ley Corta.

“Copiaron y pegaron la ley anterior a la sanción de la ley corta y la modificación de la Constitución. Eso es lo que me dijo, que se equivocaron. Pero yo, si pasa, pasa, no, entonces por eso alcé la voz con este tema”, señaló Figueroa en diálogo con LMN.

En el marco de la defensa de la Ley Ómnibus en el Congreso de la Nación, Rodríguez Chirillo confirmó que la modificación del artículo 98 de la Ley 17319 de Hidrocarburos se trató de un error y que Nación no tiene intenciones de modificar la normativa.

“No hay ninguna intención de volver a nacionalizarlos recursos naturales que corresponden a provincias. Ya está rectificado dentro de los cambios que estamos haciendo y conversado con los gobernadores”, afirmó el titular de la cartera energética.

Hay que recordar que lo que proponía la Ley Ómnibus era que el Ejecutivo nacional pueda determinar las zonas del país en las cuales interese promover las actividades regidas por esta ley; otorgar permisos, concesiones y autorizaciones; y autorizar sus cesiones; estipular soluciones arbitrales y designar árbitros; anular concursos; determinas las zonas vedades al reconocimiento superficial; fijar las compensaciones reconocidas a los propietarios superficiarios; y declarar la caducidad o nulidad de permisos, concesiones y autorizaciones.

“No hace falta ninguna reforma laboral impulsada por el Estado”

El impuesto a las Ganancias, la reforma laboral y la pérdida del poder adquisitivo fueron los temas que se abordaron en la reunión entre la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) y el secretario de Trabajo de la Nación, Omar Yasín.

Tras el encuentro, el presidente de Catheda, Guillermo Pereyra, dijo que el pleno de organización estuvo presente en el encuentro y cada sindicato pudo plantear su situación en el contexto del país.

Independientemente de la descripción de cada representación, hubo temas que hacen a toda la actividad, entre ellos la posibilidad de reimponer el Impuesto a las Ganancias (IIGG) a la cuarta categoría. “Planteamos que no pueden ser los trabajadores los que financien los déficits de las provincias y dejamos muy claro que vamos a tomar todas las medidas necesarias y tendremos todo el diálogo que haga falta para resistir a ese impuesto tan injusto”, afirmó.

 

 

Además, se puso sobre la mesa el tema de la “reforma laboral“. Sobre el tópico, y ante el argumento del Gobierno de que hay que terminar con el 40% de informalidad laboral,  Pereyra aseguró que “está muy claro que no hace falta ninguna reforma impulsada desde el Estado porque son las organizaciones y las empresas quienes están habilitados a negociar los cambios que hagan falta en los Convenios Colectivos de Trabajo y así cumplir con la legislación nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que tienen rango constitucional”.

En ese sentido, el dirigente aseguró que “los principales generadores de trabajo informal son los diferentes estamentos del estado que promueven contratos precarios con monotributistas, que no tienen los aportes necesarios para sostener el sistema provisional y de salud”.

“Hace falta trabajar en capacitación de los trabajadores para que se puedan incorporar al sistema de trabajo formal”, agregó Pereyra. Y añadió que invitaron a Yasín a recorrer la Cuenca Neuquina para que vea de primera mano el sacrifico de los trabajadores del petróleo y gas para generar ingresos con viajes de horas, jornadas extenuantes y alto riesgo de vida, que luego son confiscados por el Estado a través del impuesto a las Ganancias.

Del encuentro participaron, entre otros, Jorge Taboada (Camioneros), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Manuel García (estaciones de servicio), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (gas), Fabián Hermoso (químicos), Juan Carlos Crespi (Supeh) y Julio Schiantarelli (Federación del Gas).

El proyecto de Áreas Maduras fue enviado al Congreso

El Gobierno remitió este viernes al Congreso el proyecto de ley para la creación de un régimen de incentivos, por los próximos 10 años, a la inversión para la producción de gas y petróleo en yacimientos convencionales, en procura de revertir el declino natural que vienen registrando las cuencas maduras en la última década.

Tal como informó eolomedia, Nación tenía pensado enviar el proyecto al Parlamento para que sea tratado en comisión en los próximos días.

La iniciativa busca “establecer un régimen jurídico específico para la promoción de la producción de hidrocarburos con los objetivos de impulsar la realización de inversiones en reservorios convencionales en todas las cuencas del territorio nacional”.

El objetivo es mantener e incrementar el nivel de actividad de las compañías y el empleo en las distintas cuencas maduras, las que vieron en los últimos años una retracción de las inversiones de las petroleras en detrimento del auge del desarrollo del no convencional de Vaca Muerta.

El proyecto de promoción abarcará las reservas maduras de la Cuenca Austral, del Golfo San Jorge, la Cuyana y la del Noroeste argentino, de manera que “tengan la oportunidad de aumentar sus niveles de inversión y mejorar sus niveles de producción sobre la base de una reducción de impuestos”.

El nuevo marco jurídico busca obtener producción incremental de hidrocarburos líquidos en áreas maduras y con pozos de media o baja productividad o previamente inactivos o cerrados, por métodos tradicionales, con aplicación de nuevas tecnologías o mediante sistemas o mecanismos móviles de extracción y transporte.

 

 

El proyecto consta de 14 artículos entre los cuales se establece el nuevo régimen por un plazo de 10 años, y se definen los sujetos alcanzados y la forma de acceder a los beneficios promovidos.

También se dispone que los titulares del proyecto de inversión autorizado podrán comercializar libremente en el mercado externo, el 50% de la producción incremental de hidrocarburos líquidos obtenidos como consecuencia de las inversiones promovidas, quedando alcanzadas con una alícuota del Derecho de Exportación de 0%.

A la vez, se dispone que la alícuota del Derecho de Importación de polímeros identificados como insumos sustanciales de los proyectos beneficiados por el Régimen será también del 0 %.

El proyecto también contempla que los titulares de los proyectos de inversión autorizados, como así también quienes sean contratados por ellos, podrán gozar del beneficio de amortización acelerada de los bienes de uso afectados a las actividades en el Impuesto a las Ganancias y la acreditación o devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Por el carácter federal del proyecto, en tanto las provincias son las propietarias de los recursos, la normativa invita a los estados provinciales a adherir a la ley, a través de la sanción de una ley provincial correspondiente.

Represas: Nación emitió una nueva prórroga

La Secretaría de Energía de la Nación prorrogó por 100 días corridos los contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas Alicurá, El Chocón Arroyito y Cerros Colorados, ubicadas en el norte de la región patagónica, así como la continuidad de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) como veedor para las tres represas.

La medida se dispuso a través de la resolución 815/2023, publicada este lunes en el Boletín Oficial, por la que se prorroga el plazo de 60 días corridos establecidos en la resolución 574 del 10 de julio.

También precisa que “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en la Cuenca, las concesionarias deberán continuar a cargo del Complejo Hidroeléctrico correspondiente y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del contrato durante el referido período”.

Las concesionarias a las que se les vencen los contratos son AES (Alicurá), ENEL Generación (El Chocón Arroyito), Orazul Energy (Cerros Colorados).

La prórroga se dispuso en base a informes de Enarsa y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) “a los fines de realizar un traspaso ordenado tanto de los bienes, como de la operación y mantenimiento de las centrales”, se aclaró en los considerandos de la norma, en la que también se advierte que la Secretaría de Energía mantiene la facultad de ampliarla “hasta el plazo máximo fijado en los contratos”.

Por otra parte, la resolución reseñó que “como resultado de las reformas efectuadas en el sector eléctrico en la década de 1990 a partir de la sanción de la Ley N° 24.065, se estableció la división vertical de la industria eléctrica y se declararon sujetas a privatización las actividades de generación, transporte y distribución de energía eléctrica”, entre las que figuraba Hidroeléctrica Norpatagónica (Hidronor).

Mediante el decreto 287 del 22 de febrero de 1993, se dispuso, a los fines de la reorganización y privatización de HIdronor, la constitución de una serie de sociedades, entre las que estaban Alicurá, El Chocón y Cerros Colorados, para los complejos hidroeléctricos homónimos.

Las concesiones tienen una duración de treinta años y sus vencimientos operan en el curso de 2023.

La disputa por las represas

Hay que recordar que Nación había retomado su intención de quedarse con el control de las represas hidroeléctricas. La iniciativa quedó plasmada en el presupuesto enviado por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, al Congreso Nacional.

La decisión generó cuestionamientos por parte de las autoridades de la región. Elías Sapag, representante de Neuquén en la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), salió con los tapones de punta y catalogó la medida como “una actitud centralista absoluta, desconociendo la Constitución y las leyes”.

“Hace dos años nosotros con los gobiernos de Río Negro y Neuquén hicimos un informe donde pretendíamos hacer una empresa tripartita entre la Nación y las provincias de Río Negro y Neuquén para administrar, explotar y mantener estas represas y con el resultado económico de ellas un fideicomiso con fines específicos para construir alguna represa sobre el Río Neuquén”, subrayó.

“A Nación solamente le interesa la energía limpia, firme y sobre todo barata porque la energía hidroeléctrica es la más barata de todas”, aseguró.

En este sentido, Sapag manifestó que los dichos contradicen a los hechos. “El ministro Massa eleva a este presupuesto a la Nación y decide que la administración de las represas sea a través de la creación de una empresa que se llama Energías Hidroeléctricas S.A.U. Esa ‘U’ quiere decir unipersonal, es decir que solo puede haber un solo socio. Las provincias aquí no tienen ningún lugar como no lo tuvieron en estos últimos dos años”, cuestionó.

Hidrógeno: la meta de producir 5 millones de toneladas anuales

El Gobierno nacional presentó la Estrategia Nacional de Hidrógeno (ENH) en Comodoro Rivadavia. La iniciativa establece los lineamientos para industrializar el hidrógeno de bajas emisiones en la Argentina, a partir de la integración de los recursos naturales y las capacidades industriales, científicas y tecnológicas.

El objetivo trazado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos junto con diferentes áreas del Poder Ejecutivo, las provincias, los sindicatos y el sector privado es el aprovechamiento de la transición energética como una oportunidad para un desarrollo productivo justo y sostenible, que promueva la generación de empleo con perspectiva federal.

La ENH proyecta que Argentina alcanzará una producción de 5 millones de toneladas anuales de hidrógeno de bajas emisiones hacia 2050. Las estimaciones oficiales prevén que el desarrollo de la actividad impulsará la creación de más de 80 mil puestos de trabajo calificados.

En este marco, el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, resaltó el potencial desarrollo de una economía del hidrógeno de bajas emisiones en la provincia de Chubut y el aporte para el desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica. “Se necesitan certezas y seguridad jurídica para lograr políticas públicas de Estado que trasciendan cualquier tipo de gestión”, remarcó.

“Chubut y sobre todo nuestra cuenca tienen una diversificación de matriz energética que es muy importante. Fuimos pioneros con hidrocarburos, gas, petróleo y hoy estamos siendo pioneros nuevamente también con el hidrógeno”, agregó.

El mandatario chubutense consideró que “se necesitan certezas y seguridad jurídica para lograr políticas públicas de Estado que trasciendan cualquier tipo de gestión. Para lograr las inversiones se necesita además una hoja de ruta y planificación. Eso lo vamos a tener en la ley que esperamos que traten”.

“Esta transición energética que vamos a querer lograr entre todos en la famosa descarbonización, pero para eso necesitamos el gas y el petróleo. Somos pioneros en hidrocarburos, en gas, producimos el 25%, estamos en 140, 150 mil barriles día, tenemos 23 parques eólicos, 365 generadores de 1.400 megavatios. Y ante esta proyección que tenemos y de las inversiones que se están haciendo en matriz energética, la provincia del Chubut no está ajena a esas inversiones”.

En otro tramo de su discurso, el mandatario sostuvo que “tenemos que posicionar a la Argentina en el lugar que se merece y obviamente la Provincia del Chubut tiene una diversificación que no la tienen otros. Y ahí es donde tenemos que apuntalar, trabajar y donde tenemos que estar todos juntos para el crecimiento de la provincia”.

“Sin energía y sin obras de infraestructura no hay desarrollo, y cuando se habla del federalismo, las provincias patagónicas -que durante tanto tiempo han quedado relegadas- hoy están siendo tenidas en cuenta como el futuro de la Argentina”, subrayó.

Asimismo, Arcioni aseguró que “vamos a seguir trabajando y vamos a seguir acompañando en este caso al gobernador electo en próxima gestión, en todas estas medidas y esta planificación de infraestructura energética que tenemos en la provincia, lo vamos a seguir acompañando porque es en el beneficio absoluto de todos nosotros”.

 

Una hoja de ruta para el hidrógeno

Por su parte, la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, manifestó que “nuestro país tiene la bendición de estar dotado con numerosos recursos en materia energética, tenemos gas, energías renovables, eléctrica, nuclear, biocombustible, bioenergía, y por eso necesitábamos tener una hoja de ruta, donde se fijen lineamientos para el desarrollo de nuestro territorio”.

Con respecto al hidrógeno, “Argentina es reconocida por sus capacidades y ventajas comparativas y competitivas, el cual contempla el hidrógeno verde, rosa y el azul”. En el caso del verde, Royón señaló que “tiene una importancia en la Patagonia, donde tenemos de los mejores lugares del mundo para producir energía eólica, los factores de carga que se encuentran acá son entre el 55% y el 60% cuando a nivel mundial es el 35%. El recurso acá es privilegiado”.

“Cuando se discute el desarrollo de los recursos naturales, también hay que discutir cómo hacerlo, y nosotros tenemos una mirada de la misma de forma sustentable, que tenga un equilibrio en lo económico, social y ambiental, y este proyecto de ley contempla esto. Por eso necesitamos que sean tratado este proyecto de ley porque tenemos inversiones comprometidas que necesitan de este marco regulatorio y jurídico”, afirmó.

La secretaria de Energía de la Nación indicó que “esta hoja de ruta habla de una producción de 5 millones de toneladas anuales de hidrógeno bajo irrupciones, y que puede lograr un costo competitivo de un dólar con 40, por tonelada de hidrogeno verde. Este valor es altamente competitivo, por eso estamos convencidos de la posibilidad que tiene este sector, para el desarrollo de la Argentina, y en particular de la Patagonia, contemplando la inversión cercana de 90 mil millones de dólares con la generación 82 mil puestos de trabajo directos e indirectos”.

En su alocución, la secretaria de Asuntos Estratégicos de la Nación, Mercedes Marcó del Pont, manifestó que “el desarrollo de la economía del hidrógeno ofrece una agenda de futuro para Argentina. La irrupción de este nuevo vector productivo representa una oportunidad para la industrialización, generación de empleo, agregado de valor y desarrollo territorial. Lograrlo requiere evitar las recetas de libre mercado y apostar un Estado activo que oriente el proceso”.

La funcionaria nacional se refirió a que “tenemos que definir cómo queremos participar en la transición energética. La receta del libre mercado cristaliza un rol pasivo del país como mero exportador de recursos naturales. Nosotros tenemos claro que son necesarias políticas públicas y un Estado presente para fijar prioridades y desarrollar nuestros recursos naturales con perspectiva federal”.

Marcó del Pont remarcó que “la hoja de ruta trazada tiene todas las condiciones para ser una política de Estado que impulse el desarrollo, es un sendero posible, no hay voluntarismo en el recorrido propuesto. Sabemos que lo que planteamos es un modelo de país y eso es lo que está en disputa en las elecciones”.

La hidroeléctrica Río Grande estará bajo control del Estado

La central hidroeléctrica Río Grande vuelve a manos del Estado. Así quedó establecido tras la firma del convenio que demanda una inversión de 100 millones de dólares para recuperar la plena capacidad de 750 megatavios (MW) de la represa ubicada en la provincia de Córdoba.

El acuerdo fue firmado por la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royon, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti.

Asimismo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) suscribió junto con la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (EPEC) once contratos de energías renovables por un total de 28,5 MW adjudicados en el marco de la licitación Ren-MDI, informó la Secretaría de Energía de la Nación.

“La gestión del ministro Sergio Massa tiene una mirada federal y así se refleja en cada uno los hechos de nuestra política energética, una mirada participativa, que llega a cada región de la Argentina”, afirmó Royon tras suscribir el acuerdo que recuperará el 100% de la potencia de la central que hoy está en la mitad de su capacidad.

La secretaria remarcó que “hoy se habla del rol del Estado, si debería apartarse o no, pero claramente estas cosas no son posibles sin un Estado Nacional que las piense, las diagrame y las ejecute”.

El plan de trabajo previsto permitirá recuperar la capacidad total de generación de la central en un plazo de cinco años, además de brindarle una extensión de vida de al menos 40.

Royon se refirió además a la firma de los contratos de energías renovables.

“Hoy en Córdoba estamos firmando once acuerdos, siendo la EPEC la empresa provincial que más proyectos está llevando adelante en esta licitación. Eso también habla de un Estado Nacional que fija una política y que permite que estas cosas sean posibles”, afirmó la funcionaria.

Estos contratos incluyen proyectos de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, solar fotovoltaico y bioenergías.

De esta manera se incorpora generación renovable en puntos de la red cuyo aporte disminuye o elimina restricciones de abastecimiento y generación forzada, logrando un sistema eléctrico nacional más sostenible.

Conocida como La Catedral, por poseer una sala de máquinas ubicada en una caverna creada a 180 metros de profundidad para contenerla por debajo del nivel de sus dos embalses, la Central Hidroeléctrica Río Grande fue inaugurada en 1986 y constituye un hito de la ingeniería en su tipo.

Luego de 34 años de funcionamiento con su equipamiento original la central genera actualmente el 50% de su potencia.

Al respecto, Yanotti explicó que “esta central tiene algunas particularidades”, y señaló que “por un lado está dentro de una montaña, está tallada la piedra de la montaña a 180 metros de profundidad”.

Además, añadió que “es la primera central con almacenamiento para equilibrar las energías renovables”, y precisó que “de día genera energía y después hace el proceso inverso, revirtiendo las mismas turbinas esa misma agua para subirla y rellenar el nivel del estanque”.

Junto con la ubicación de su sala de máquinas, el otro factor que distingue a la central de Río Grande es la operación de bombeo que eleva agua desde el embalse inferior hasta el superior.

Este mecanismo acumula una reserva energética de 100 gigavatios hora con un rendimiento superior al 70%.

De esta forma el sistema cuenta con un respaldo al que recurrir en casos de emergencia de carácter equivalente a una generación de base en su potencia plena (750 MW) durante cinco días.